POLITICA
Tensión en La Rioja: la UCR denuncia una “persecución política” contra su vicepresidenta a nivel nacional

CÓRDOBA.- El radicalismo denunció la existencia de una “persecución política” en La Rioja contra su vicepresidenta nacional y exintendenta Inés Brizuela y Doria, quien fue detenida en esa ciudad durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos la semana pasada.
En diálogo con , Brizuela y Doria aseguró que “este es un atropello más del que vivimos muy a menudo en una provincia que parece estar lejos del imperio de la ley. No había pasado antes que un abogado sea detenido en ejercicio de la profesión; esto quiebra el orden de convivencia democrático”.
A través de un comunicado, los senadores nacionales de la UCR indicaron que el procedimiento fue “arbitrario e ilegal» y que “vulneró garantías constitucionales básicas». Advirtieron que resulta inadmisible que, en plena democracia, se recurra a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial con fines de “hostigamiento político».
Desde la UCR insisten en que la detención se produjo por una “supuesta obstrucción a la Justicia, dispuesta por orden verbal» del fiscal Luis González, sin intervención de juez competente.
“Todo el proceso está plagado de vicios y hechos de notable gravedad, y constituye una nueva arbitrariedad que evidencia un patrón de inseguridad jurídica, atropello institucional y persecución política» por parte del gobierno de Ricardo Quintela.
Brizuela y Doria fue detenida el jueves pasado junto con Jorge Bordón, vocal del Colegio de Farmacéuticos de quien es defensora. La presidenta de la entidad, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, lo denunció por presunta violencia de género. Esa causa fue archivada pero, rige una medida genérica de protección, la que fue recurrida por la abogada aunque la resolución está pendiente.
El jueves pasado hubo una sesión ordinaria del Colegio Farmacéutico. Brizuela Ledesma no reconoce su validez pero fue con dos abogados. Bordón participó, aunque no habló ni se le acercó, según indican allegados a Brizuela y Doria.
Hubo un llamado a la Policía alegando que estaba “violando una perimetral” y por eso llegó Brizuela y Doria, quien encontró detenido a su cliente acusado de estar en flagrancia por incumplimiento de la perimetral. Exhibió la documentación, los agentes hicieron fotos y se las pasaron al fiscal González, quien ordenó continuar con la detención de Bordón y pidió también la de la abogada, al alegar una supuesta obstrucción de la Justicia.
Brizuela y Doria interpuso un hábeas corpus invocando los artículos 43 y 18 de la Constitución Nacional, alegando que Bordón fue detenido sin orden escrita de autoridad competente. “A mí me dejaron en libertad ese mismo día, pero mi cliente quedó en prisión domiciliaria”, detalló.
La Cámara Tercera en lo Criminal declaró ilegítima y arbitraria la detención de Bordón, ordenó la liberación inmediata de Bordón y criticó el operativo como “plagado de vicios”.
La abogada adelantó a este diario que realizará un pedido de jury de enjuiciamiento tanto para González como para el fiscal general, Javier Vallejo, “a quien le pedí que arbitrara los medios para evitar esta grave situación. Lo llamé como abogada litigante, no como política”.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron en un comunicado que durante la detención de Bordón “se hizo presente una profesional del derecho que manifestó intervenir como defensora del imputado. No obstante, su accionar excedió el marco del ejercicio técnico de la defensa, desplegando una conducta de oposición activa que implicó un entorpecimiento concreto del procedimiento, incluyendo resistencia a la continuidad del traslado dispuesto y contacto físico con el personal policial interviniente, generando una situación de tensión que impedía el normal desarrollo de las medidas ordenadas”.
“En este sentido, frente a dicha situación, y con el objetivo de garantizar la efectiva aplicación de las medidas de protección vigentes y evitar cualquier riesgo para la víctima, el Ministerio Público Fiscal dispuso una intervención inmediata de carácter preventivo y momentáneo respecto de la profesional -añade-. Una vez superado el incidente y asegurado el normal desenvolvimiento del procedimiento, la medida adoptada perdió razón de ser, motivo por el cual no se impulsó una acción penal autónoma respecto de la profesional interviniente”.
Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Con el foco en las pensiones por invalidez, el Gobierno retomará el debate en el Congreso con una nueva ley de discapacidad

El oficialismo busca cambiar el eje del debate en el Congreso con la apertura de dos discusiones que ya marcaron la agenda en 2024 y 2025. El Gobierno impulsa nuevas iniciativas: una ingresó el último viernes, la Emergencia en Discapacidad bajo la denominación de proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez; la otra, ya en condiciones de ser tratada, es el financiamiento para las universidades nacionales.
El proyecto de financiamiento universitario está en el Congreso desde febrero y en las próximas semanas comenzará a tratarse en las comisiones de Educación y de Presupuesto, presididas por Alicia Fregonese (PRO) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza).
El Ejecutivo busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades —gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes— con las previsiones reales del Presupuesto de este año. A diferencia de la norma impulsada por la oposición, la iniciativa oficial no hace referencia a ejercicios anteriores.
El Gobierno detalló que las partidas del Presupuesto 2026 deberán destinarse a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad estudiantil; garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos; y fortalecer la enseñanza en todas sus modalidades mediante mayor inversión en tecnología y en la formación del personal.
La iniciativa también garantiza el acceso a la educación superior gratuita a través de un refuerzo en programas de becas estratégicas. Además, establece una recomposición para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades en el marco del Presupuesto vigente y prevé una actualización para los hospitales universitarios, con el objetivo de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario.
La postura de la oposición
Un grupo de legisladores de distintas fuerzas exhortó al Poder Ejecutivo a actualizar de forma inmediata los salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. También le solicitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
La norma sancionada el año pasado —impulsada por la oposición e insistida tras el veto presidencial— buscó aumentar el presupuesto universitario, asegurar su financiamiento y actualizar las partidas de funcionamiento, además de mejorar los salarios del sector.
En ese contexto, el Poder Judicial falló y emplazó al Ejecutivo a actualizar los sueldos. La ley establece que los incrementos no pueden ser inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. También ordena recomponer las becas en línea con la inflación acumulada.
Por ahora, la administración de Javier Milei apeló la decisión judicial, presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la ley y promueve el debate de un nuevo proyecto de financiamiento universitario en el Congreso.
Emergencia en discapacidad
La situación de la ley de emergencia en discapacidad, también sancionada en 2025 a instancias de la oposición, sigue un recorrido similar: presión para su cumplimiento, fallos judiciales que instan a implementarla y, en paralelo, la apelación oficial junto con el envío de un nuevo proyecto al Senado.
El proyecto contra el fraude de pensiones por invalidez señala que entre 2003 y 2023 las pensiones no contributivas crecieron de manera exponencial: pasaron de 76.000 a 1.200.000. Distintas publicaciones remarcaron que ni siquiera países en guerra registraron incrementos similares.
La iniciativa propone garantizar un financiamiento sostenible de estas pensiones y fortalecer a los prestadores mediante un régimen de emergencia que incluya regularización de deudas tributarias, condonación de intereses y refinanciación de planes de pago.
También prevé recursos para implementar de forma ágil la compensación arancelaria, actualizar los valores del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, sostener las pensiones cuando corresponda al Estado nacional e impulsar políticas de inclusión y prevención.
Tensión por el informe de Adorni
En paralelo, La Libertad Avanza se prepara para la sesión informativa de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados el 29 de abril. La oposición aguarda su presentación desde hace un mes, en medio de denuncias e investigaciones judiciales por sus viajes en aviones privados a Punta del Este, el viaje de su esposa a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial y un presunto incremento patrimonial a través de la compra de departamentos.
Diputados del interbloque Unidos lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito y por sospechas sobre el financiamiento de viajes al exterior.
Desde el oficialismo sostienen que el jefe de Gabinete responderá únicamente sobre su gestión. “Será una sesión picante, compren pochoclos”, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Los legisladores enviaron cerca de 4800 preguntas a la Jefatura de Gabinete. No todas refieren a la gestión: algunas también apuntan a la situación judicial del funcionario. En ese escenario, cada bloque define su estrategia en un tema que ya fue abordado en la última reunión de la mesa política encabezada por Adorni en la Casa Rosada.
Discapacidad, universidades públicas, Manuel Adorni
POLITICA
Ricardo Gil Lavedra busca retener el Colegio de la Abogacía y dos expresidentes quieren regresar al poder

El martes y miércoles de esta semana, la abogacía de la Ciudad de Buenos Aires volverá a las urnas para definir a las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
En una votación que renueva los mandatos del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados, el oficialismo actualmente en manos de Ricardo Gil Lavedra buscará la continuidad frente a una oposición que se presenta fuertemente fragmentada.
Las elecciones se desarrollarán de 8 a 18 horas en Av. Corrientes 1441 y hay más de 86.500 profesionales empadronados que podrán emitir su voto presentando su credencial o DNI. Hace dos años, la participación alcanzó los 13.660 votantes.
Estas elecciones son de autoridades del Colegio, pero preanuncian las que se realizarán a fin de año para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la magistratura, poderoso órgano político que es el que tiene la misión de elegir y remover a los jueces.
Los candidatos que se proponen ahora se postulan en cinco listas diferentes, atravesadas por la política. En dos de ellas, dos expresidentes del Colegio buscan regresar al poder. Son Jorge Rizzo, histórico líder de Gente de Derecho, y Eduardo Awad, que se escindió de su lista.
El oficialismo va con la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que propone la continuidad de la actual gestión de Ricardo Gil Lavedra. Lleva como candidata a presidenta a Alejandra García.
De ganar, García (con más de 30 años de ejercicio y actual Coordinadora Legal y Técnica del Colegio) se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en más de cuatro décadas de historia.
La acompañan el propio Gil Lavedra encabezando la Asamblea y José María Figuerero para el Tribunal de Disciplina.
Es una amplia coalición que retiene el poder hace cuatro años. Está integrada por radicales, miembros del PRO, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.
Daniel Angelici ex presidente de Boca e influyente operador judicial y político, tiene sus fichas puestas en esta elección pues en la lista figuran hombres de su riñón como Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI y hombre muy cercano a Angelici) y Daniel Presti.
La de Angelici -explican fuentes del oficialismo- es una de las 12 agrupaciones que integran la lista y que participa en el frente electoral desde la primera vez que se presentó. “No es una representación mayoritaria”, dijeron en el Colegio.
Por “Gente de Derecho”, que intenta regresar al control del Colegio de la Abogacía, se propone para la presidencia Jorge Rizzo, quien busca recuperar ejercer su quinto mandato.
Lo secundan Gregorio Corach como candidato al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. En su armado también resalta el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Si bien en el pasado cerró acuerdos electorales tanto con el peronismo porteño como con el macrismo, hoy se presenta como la principal fuerza opositora tradicional, aunque sufrió fugas internas recientes.
Una escisión de su agrupación es Eduardo Awad, que fue presidente del Colegio y ahora se postula por la lista “Los que vemos el Colegio”. Awad, que es ciego y por eso el nombre de su lista, decidió romper filas con Gente de Derecho para presentar batalla con una lista propia por primera vez.
Lo acompañan Carlos Codoro (al Tribunal) y Nelly Díaz (a la Asamblea). Representa a un sector de la abogacía independiente que se desencantó de las estructuras de Gente de Derecho. Rizzo amenazó con impugnar su candidatura durante el cierre de listas.
La pata kirchnerista de esta elección “Por Más Abogacía” que encabeza Eduardo Javier Lema Castillo como postulante a presidente, acompañado por Casiano Highton para el Tribunal y Valeria Carreras en la Asamblea. Está conformada por una alianza entre las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero.
En tanto, la lista “Espacio Abierto de la Abogacía”, propone a Rubén Ramos para la presidencia; Cristian Dellepiane buscará un lugar en el Tribunal de Disciplina y Sebastián Saez en la Asamblea.
Ramos es el secretario general de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). Su lista tiene una fuerte base transversal y nuclea abogados que ejercen en el sector público, pero también otros independientes, en defensa de las condiciones de trabajo y honorarios. Plantean una “alternativa plural y diferente” con un proyecto concreto de modernización del colegio.
Hernán Cappiello,Poder Judicial,Conforme a,,Tercera gira a Israel. Milei renovó sus ataques a la prensa: «Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal»,,Internas, economía y gestión. El Gobierno perdió el impulso y el rumbo,,Solo en Off. Las grietas abiertas de la Casa Rosada, en los rincones por donde no pasa Milei,Poder Judicial,,Alejandra García. “La abogacía enfrenta muchos riesgos y es necesario defender la profesión”,,Nuevo revés para Burford. La Cámara de Nueva York suspende todas las apelaciones del juicio YPF,,»Soy feliz». Puma Goity celebró el anuncio oficial de su propia serie, Zambrano, un spin-off de El encargado
POLITICA
CIPPEC reúne al “círculo rojo” en su cena anual, con la consigna “Crecer o crecer”

La cena anual de CIPPEC se realizará esta noche en la Ciudad de Buenos Aires y volverá a funcionar como uno de los principales puntos de encuentro de la dirigencia política, económica y social en un contexto atravesado por la discusión sobre el rumbo del país. Con más de mil invitados confirmados y una consigna que condensa el clima de época —“Crecer o crecer”—, el evento buscará instalar un diagnóstico compartido: la Argentina enfrenta una crisis estructural que exige acuerdos que excedan la lógica de la confrontación partidaria.
El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunirá a referentes de todo el arco político, gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios, sindicalistas, diplomáticos y académicos. Entre los asistentes confirmados estarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la ministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La amplitud de la convocatoria, característica de este evento, adquiere en esta edición un peso particular por el momento político y económico.

La cena será encabezada por Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, y José Orlando, presidente del Consejo de Administración de la entidad, quienes serán los anfitriones del encuentro. Los discursos centrales están previstos para las 21, en un tramo que suele concentrar las definiciones políticas más relevantes de la jornada. Aunque se trata de un evento institucional, la cena de CIPPEC funciona cada año como una instancia de señalización política y de construcción de agenda.
CIPPEC llega a esta nueva edición con una trayectoria consolidada como uno de los think tanks más influyentes del país. En 26 años de trabajo, la organización participó en más de 1300 proyectos vinculados a la implementación de políticas públicas y produjo más de 1200 documentos técnicos, además de intervenir en iniciativas clave como el impulso del debate presidencial obligatorio, la promoción de la Boleta Única de Papel —finalmente sancionada a nivel nacional en 2024— y el desarrollo de políticas de transparencia y acceso a la información pública . Ese recorrido le permitió construir una posición singular en el sistema político: una institución con capacidad de diálogo transversal y con incidencia concreta en decisiones de gobierno.
En esta oportunidad, la agenda implícita del encuentro estará atravesada por las denominadas “cuatro avenidas para el desarrollo” que promueve la organización: transformación del Estado, finanzas públicas sostenibles con foco en la productividad, inclusión social y educación vinculada al mundo del trabajo . Se trata de un esquema que dialoga de manera directa con los dilemas actuales de la gestión de Javier Milei, en particular con el equilibrio entre el ajuste fiscal, la necesidad de crecimiento y la contención social.
La presencia de gobernadores de distintos signos políticos y de referentes del oficialismo nacional anticipa una escena donde el diálogo —aunque sea en términos informales— aparece como un insumo relevante. En un contexto donde el Gobierno avanza con reformas estructurales y enfrenta tensiones en el Congreso y en las provincias, la posibilidad de construir consensos mínimos se vuelve un tema central, incluso en ámbitos que no están diseñados formalmente para la negociación política.
Laspina, que asumió recientemente la conducción ejecutiva de CIPPEC tras años de protagonismo en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, llega a esta cena con la intención de reposicionar a la entidad como un espacio de articulación entre conocimiento técnico y toma de decisiones. Desde ese lugar, intenta correrse de la lógica estrictamente partidaria sin abandonar el núcleo del debate económico.
En la antesala del evento, el economista planteó que la consigna de este año no debe leerse como un eslogan, sino como un diagnóstico. “Crecer o crecer”, definió, es un “rezo laico” que sintetiza el problema estructural de la Argentina: la incapacidad de generar empleo, reducir la pobreza y sostener un sendero de desarrollo en el tiempo. La frase, que funciona como eje conceptual de la cena, busca interpelar tanto al oficialismo como a la oposición.
A partir de ese diagnóstico, Laspina propone desplazar el eje del debate político tradicional. Antes de discutir modelos económicos —más Estado o más mercado—, sostiene que el país necesita construir acuerdos básicos que eviten la repetición de crisis cíclicas. Los define como consensos “preideológicos” y los ordena en tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central como herramienta de financiamiento del Tesoro.
Ese enfoque, que apunta a establecer condiciones mínimas de estabilidad, dialoga con las discusiones que atraviesan hoy al sistema político. La tensión entre el ajuste fiscal y la reactivación, el impacto social de las reformas y la dificultad para consolidar mayorías legislativas configuran un escenario donde la construcción de acuerdos aparece como un desafío persistente.
En ese marco, la cena de CIPPEC no se limita a su carácter institucional. Funciona como un espacio donde se cruzan diagnósticos, se testean posibles puntos de convergencia y se construyen vínculos entre actores que, en otros ámbitos, operan en lógica de confrontación. La diversidad de los invitados —que incluye desde gobernadores hasta referentes sindicales y empresarios— refuerza esa dinámica.
Con ese telón de fondo, el encuentro de esta noche se proyecta como algo más que una reunión protocolar. Será, en los hechos, una fotografía del poder en movimiento y un termómetro del momento político. En un país atravesado por la urgencia económica y la fragilidad institucional, la pregunta por el crecimiento deja de ser una consigna para convertirse en una condición de posibilidad para cualquier estrategia de gobierno.
Luciano Laspina,CIPPEC,economía,Argentina,política,políticas públicas,análisis,desarrollo,institución
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