Como parte de su campaña antimigrantes, el gobierno de Donald Trump ha deportado a miles de cubanos. A algunos los ha enviado a México e incluso a países africanos, y a otros de regreso a Cuba.

Ahora, funcionarios estadounidenses están cerca de asegurar un nuevo destino: Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica, que ya tiene una población relativamente grande de residentes que emigraron de Cuba.

El Departamento de Estado, bajo el mando del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha estado discutiendo la propuesta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay durante meses, según funcionarios de ambos países.

Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores migrantes, y en parte para ganarse el favor del gobierno de Trump, afirmó un alto funcionario uruguayo.

Pero a medida que Estados Unidos busca países dispuestos a recibir a cubanos, también está empeorando las circunstancias que, en primer lugar, obligaron a muchos cubanos a huir de su país.

En los últimos meses, la campaña de presión económica del gobierno de Trump ha bloqueado los envíos de petróleo a la isla caribeña, que ya estaba devastada por años de sanciones estadounidenses y el mal gobierno de sus líderes autoritarios.

Rubio dijo que Estados Unidos tenía muchas preocupaciones sobre Cuba, que está a 145 kilómetros de Florida, incluida “la amenaza de una migración masiva”.

Ese es “siempre un riesgo que se corre cuando los países están tan profundamente desestabilizados como Cuba”, dijo a los periodistas que viajaban con él en Manila la semana pasada.

En Uruguay, el gobierno busca regularizar a los migrantes cubanos para que puedan encontrar oportunidades de trabajo y acceder a servicios sociales. Muchos solicitan asilo inicialmente.

Algunos funcionarios estadounidenses piensan que eso podría ayudar a garantizar que los deportados no intenten regresar a Estados Unidos, al mismo tiempo que les permite vivir fuera de Cuba, dijeron los funcionarios.

Un acuerdo escrito con Uruguay podría no especificar a los cubanos en el texto, dijo un funcionario, aunque en la práctica ellos serían el foco de las deportaciones a ese país.

Algunos de los cubanos en Estados Unidos podrían tener familiares en Uruguay, y los gobiernos están discutiendo la posibilidad de reunir a las familias, dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay. Al igual que otros funcionarios entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato para discutir negociaciones delicadas.

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El gobierno de Trump le dijo a un tribunal federal en marzo que había enviado a 6000 cubanos a México, donde muchos tienen dificultades para encontrar trabajo. También ha enviado migrantes cubanos a África, incluso a Esuatini, anteriormente conocido como Suazilandia, y a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, donde los migrantes han sido recluidos en centros de detención.

La política es parte de un amplio esfuerzo del gobierno de Trump para encontrar naciones dispuestas a aceptar migrantes deportados de Estados Unidos.

El Departamento de Estado ha sido criticado por enviar a algunos deportados a países distantes donde no tienen conexiones, o donde los gobiernos tienen antecedentes de abusos contra los derechos humanos.

Los gobiernos de Sudamérica se han mostrado reacios a aceptar deportados. Pero Paraguay firmó un acuerdo con el Departamento de Estado el año pasado y ha aceptado vuelos de deportados de varias nacionalidades. Ecuador también firmó un acuerdo el año pasado, y entre los deportados enviados allí se incluyen cubanos.

Uruguay, una nación de 3,4 millones de habitantes, ha tenido durante mucho tiempo una política migratoria relativamente abierta.

Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay, afirmó que en su país tienen la tradición de dar la bienvenida a las personas que llegan de otras naciones, añadiendo que Uruguay nació como un país de inmigrantes. La mayoría de los uruguayos descienden de colonos y migrantes de España e Italia.

Aunque los grupos defensores de los derechos de los migrantes han criticado la política de deportación de Trump, algunos han dicho que para los deportados cubanos, terminar en Uruguay sería mejor que ser enviados a muchos otros países.

En marzo, Leydis Aguilera, quien emigró a Uruguay desde Cuba hace 16 años, se convirtió en miembro del parlamento nacional. Ha descrito la cálida bienvenida que recibió en Uruguay y cómo finalmente encontró oportunidades educativas y laborales allí.

Uruguay necesita expandir su fuerza laboral para compensar su población pequeña y envejecida. La opinión pública sigue estando mayoritariamente a favor de la migración, y las deportaciones son poco frecuentes. Incluso a aquellos que ingresan sin visa a menudo se les permite quedarse legalmente.

El año pasado, Uruguay tuvo casi 24.000 solicitantes de asilo de Cuba, según las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre las conversaciones con Uruguay. “La implementación de las políticas de inmigración del gobierno de Trump es una máxima prioridad para el Departamento de Estado”, dijo en un comunicado. “Como ha dicho el secretario Rubio, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva, y de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay declinó hacer comentarios.

Durante gran parte de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos recibió a personas de la Cuba gobernada por los comunistas y les ofreció un camino rápido hacia la residencia permanente y la ciudadanía. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 ha obligado a los gobiernos demócratas y republicanos a mantener esta política.

Pero a partir del gobierno de Bill Clinton, los funcionarios estadounidenses han encontrado formas de eludir o debilitar los requisitos de la ley para intentar evitar recibir una afluencia de migrantes.

El presidente Trump ha acelerado eso. Su gobierno ha bloqueado varias vías hacia el estatus de residencia permanente y la ciudadanía para los cubanos.

Eso pone a 600.000 cubanos en riesgo de deportación, según María José Espinosa, directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, que analiza datos de deportación.

Ada Ferrer, profesora de Historia en Princeton y autora de un libro sobre la historia de Cuba, dijo: “Hubo un tiempo en el que no perseguían a los cubanos debido a la Ley de Ajuste Cubano, pero ya nadie está cumpliendo con eso”.

“Si hiciste campaña con deportaciones masivas, vas a intentar hacer deportaciones masivas”, agregó. “Pero los cubanoestadounidenses pensaron que estarían protegidos”.

Un abuelo cubano de Rubio que voló a Estados Unidos en 1962 sin visa recibió una orden de deportación, pero se le permitió permanecer en el país después de que se le otorgara el estatus de refugiado, según una biografía de Marco Rubio escrita por Manuel Roig-Franzia.

Yael Schacher, directora para América y Europa en Refugees International, dijo que todos los planes de deportación eran “malas opciones”, especialmente aquellos dirigidos a personas que han vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo.

Aun así, dijo, un país latinoamericano “con un sistema de asilo que funcione bien y que sea seguro es, digamos, la opción menos mala”.

A pesar de la relativa tolerancia de Uruguay, los migrantes a menudo tienen dificultades. Uruguay es caro en comparación con otras naciones sudamericanas. Muchos cubanos viven inicialmente en pensiones mientras trabajan como repartidores o conductores de Uber, cuidadores y guardias de seguridad.

*Por Edward Wong y Emma Bubola. Hamed Aleaziz y Eileen Sullivan colaboraron con reportería desde Washington y Tomer Urwicz colaboró con reportería desde Montevideo, Uruguay.

Senator John Fetterman, D-Pa., branded Michigan Democratic Senate candidate Abdulrahman El-Sayed «Pontiac Platner» after the left-wing upstart called for the «ogre» to be put on a «pike» at a campaign event, in comments widely understood to reference the Pennsylvania lawmaker.

A recording from a Zoom call with donors obtained by Politico appeared to depict El-Sayed railing against those who have criticized his far-left policy platform, while singling out Fetterman and allegedly envisioning his head on a stake.

Fetterman later responded to CNBC’s Joe Kernen by blessing El-Sayed with a new nickname:

«I never worked out in male modeling, you know you could call me «Senator Shrek» — whatever — but this guy is really the Pontiac Platner, and now he’s really running to be, be the head of our emerging pro-Hamas wing here in the party,» Fetterman said of El-Sayed.

DEM SENATE HOPEFUL UNDER FIRE FOR RESURFACED COMMENTS CALLING COPS ‘OPPORTUNISTIC COWARDS’

Pontiac is a well-known name in Michigan, stemming from the 18th-century Odawa chief to his namesake city and the now-defunct General Motors brand that was discontinued following the 2008 financial crisis.

El-Sayed has routinely criticized the Israeli government, and some of his policy positions overlap with those of Maine oyster farmer Graham Platner, who dropped his Senate bid after a series of allegations of sexual misconduct involving women.

«Politically, some of the things that he said or done are unacceptable to me. I’m not really sure what I’ve really done or voted for that that has offended the little guy so much,» Fetterman went on.

BERNIE SANDERS, DSA REVEAL DEMANDS FOR DEM PARTY AFTER SOCIALISTS SWEEP NEW YORK ELECTIONS

Sen. John Fetterman, D-Pa., left; Michigan Senate candidate Abdul El-Sayed, right. (Anna Moneymaker/Getty Images; Sarah Rice/Getty Images)

He added that Democrats are engaging in a «serious game» by allowing people in the «Bernie Sanders» wing of the party who «created the Platner disaster» some policy oxygen.

During El-Sayed’s Zoom call, the millennial left-winger spoke out specifically against Fetterman:

«In the interim need to be organizing downward and outward. So, a big pickup for us could be that John Fetterman seat [in Pennsylvania]. I’m like a lot of folks — they’re going to ‘F’ around and give me carte blanche to go take them out,» El-Sayed said.

«Y’all came at me so now I get to come at you and primary people like John Fetterman, and I have no problem with that — I’m looking forward to it.»

El-Sayed dismissed the longstanding custom against primarying sitting senators, a norm recently broken in the GOP when Texas Attorney General Ken Paxton defeated incumbent Republican Sen. John Cornyn in their primary.

«Then, what happens is, ideally, you put one ogre on a pike, and then everyone else gets the message, and all of a sudden starts to sound a lot different,» El-Sayed said.

The 6-foot-9 Fetterman took the insult in stride in his interview with Kernen, alluding to El-Sayed’s barb being his latest comparison to Mike Myers’ beloved green ogre that have cropped up in memes and elsewhere over the years.

«It’s incumbent on us, Republican and Democrat [alike], to police your own ranks. So that’s what I’m willing to do,» Fetterman said, adding that he is warning fellow lawmakers against eliminating the filibuster in one example.

El-Sayed and Platner also share several policy positions, including support for a single-payer, government-run Medicare-for-all system, anti-corporate housing policies, higher taxes on wealthy Americans and alignment with Sanders, a Vermont socialist.

While El-Sayed says he is neither a Democratic Socialists of America member nor a democratic socialist, he has a history of speaking at DSA events.

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Between 2017 and 2020, El-Sayed attended and spoke at six events held by the DSA, including a 2019 fundraiser which he headlined. Despite the longstanding relationship, El-Sayed has distanced himself from the DSA when interviewed by the press and outright rejected being labeled as a «socialist.»

«I’m not technically or practically DSA,» El-Sayed told the Wall Street Journal earlier this month. In an interview with CNN, he similarly stated that «I am not somebody who is a socialist. I believe in capitalism, I just believe that capitalism has to be regulated.»

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Fox News Digital reached out to Fetterman and El-Sayed for comment.

Fox News Digital’s Robert Schmad contributed to this report.

Las visitas de creadores de contenido a la vivienda donde se realizó la Operación Némesis, en la que fue detenido Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, han encendido alertas entre las autoridades de Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió que quienes ingresan a la casa ubicada en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, y difunden videos en redes sociales, pueden enfrentarse a consecuencias legales y riesgos contra su integridad.

La advertencia la realizó el director interino del OIJ, Michael Soto, tras la circulación en Internet de imágenes del interior del inmueble, escenario de un violento enfrentamiento armado.

Según informó Teletica, los creadores de contenido han publicado grabaciones donde muestran los daños causados por los disparos y las pertenencias que aún se encuentran dentro de la propiedad.

Las imágenes evidencian los rastros de la operación que llevó a la captura de Arias Monge y de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”. El operativo, ejecutado el viernes 24 de julio por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y agentes contra el crimen organizado, culminó con la muerte de una persona identificada como “Coco Guácimo” y dejó agentes heridos.

La publicación de estos recorridos ha provocado la reacción del OIJ. Michael Soto calificó la acción como “irresponsable” y solicitó máxima prudencia a quienes buscan contenido viral en este tipo de escenarios.

“Irresponsable desde dos puntos de vista: estamos hablando de que ya no es una casa de interés policial, pero que tiene propietario y que podría acusarlo de violación de domicilio y, segundo, que esta estructura criminal es una de las más peligrosas que hay en el país y todavía hay personas de este grupo libres, están en procesos de investigación y que, tal vez, no les guste el video y puedan hacer algo contra esta persona”, declaró Soto, según Teletica.

El titular del OIJ subrayó que el inmueble ya fue inspeccionado por los agentes, quienes recolectaron todas las pruebas necesarias posterior al enfrentamiento a balazos. Tras las diligencias, la vivienda “ya no reviste interés policial”, pero permanece bajo la titularidad de un particular. Soto explicó que, de acuerdo con la investigación, la casa no pertenece ni a Arias Monge ni a los demás integrantes del grupo criminal.

“Ellos se movían constantemente de una casa a otra, cambiaban de casa cada semana, cierta cantidad de días, a veces 15 días,” afirmó Soto, citado por Teletica. Agregó que la propiedad fue alquilada por un tercero, quien aparentemente se dedica a gestionar viviendas para el grupo.

La incursión de creadores de contenido en este tipo de espacios puede derivar en denuncias por violación de domicilio, ya que el propietario podría presentar cargos aunque no tenga relación con los involucrados en la operación. Además, el riesgo personal se extiende al ámbito criminal, dado que existen miembros de la organización aún prófugos o bajo investigación.

“Debe tener mucha prudencia porque estamos hablando de algo muy serio y muy delicado, y por ganarse unos ‘likes’, puede poner en riesgo su libertad, desde el punto de vista legal, y su integridad, desde el punto de vista de la estructura criminal”, indicó Soto, según recogió Teletica.

El impacto de la Operación Némesis y la posterior viralización de imágenes del sitio han puesto en el centro del debate la responsabilidad de quienes generan contenido digital a costa de su seguridad y de las normas legales. El OIJ reiteró que las inspecciones policiales concluyeron y que cualquier acceso posterior al inmueble no cuenta con aval de la institución. Hasta el momento, no se ha reportado la presencia del propietario durante el operativo ni en las horas siguientes.

La vivienda, situada en una zona rural de Heredia, fue uno de los puntos clave del operativo dirigido a desarticular una de las estructuras criminales consideradas más peligrosas de Costa Rica. El OIJ recomendó a la población abstenerse de intentar ingresar o grabar material en lugares que han sido escenario de hechos violentos o investigaciones policiales, tanto por motivos legales como de seguridad personal.