Días después de que se conoció el informe anual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, habló sobre los accidentes trágicos en las rutas y cuestionó la falta de conciencia a la hora de tomar el volante.

El funcionario bonaerense participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y está organizado por la cartera que dirige junto a la Fundación Estrellas Amarillas, que tiene como objetivo generar un espacio de debate, formación e intercambio para fortalecer las políticas vinculadas a la prevención de siniestros viales.

Todo se dio después del informe anual de la ANSV en el que se reportó que la provincia de Buenos Aires fue el lugar en el que se registraron 1.281 fallecimientos producto de accidentes de tránsito. Además, junto a San Juan y Neuquén, tienen una tasa de mortalidad en siniestros viales de 7,3 mientras que la más baja es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 2,7.

El congreso abrió sus puertas este miércoles en el Museo MAR de Mar del Plata y continuará hasta el jueves 12 de junio con la participación de funcionarios, especialistas, legisladores y referentes de todo el país. Marinucci encabezó la apertura del encuentro y destacó la necesidad de que los distintos actores involucrados trabajen de manera conjunta para avanzar en soluciones concretas.

En ese marco, el ministro subrayó la dimensión política del problema: “Estamos todos comprometidos con una causa. El mensaje es claro: desde la política tenemos responsabilidades de hacer propio el dolor ajeno. Nos tienen que marcar el camino quienes tomamos decisiones”, expresó según la información difundida por la organización del evento.

Marinucci también apuntó al núcleo del problema con una de las frases más directas de su intervención: “Puede haber una cantidad de leyes enormes, pero si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”. En esa línea, remarcó que la reducción de la siniestralidad exige una transformación cultural que va más allá del marco normativo vigente.

El funcionario amplió su postura al señalar que la seguridad vial no se resuelve únicamente con controles: “Necesita educación, infraestructura, señalización, mantenimiento de rutas y un Estado presente que asuma la responsabilidad de cuidar la vida de cada vecino y vecina”, afirmó. Agregó que el objetivo del congreso era que sus participantes se llevaran “sensibilidad y empatía” para trasladar esa conciencia a quienes circulan por la vía pública.

En ese contexto, Marinucci destacó que la provincia de Buenos Aires fue pionera en la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante y señaló que los controles, la educación vial y la inversión en infraestructura conforman una estrategia integral para reducir los siniestros y preservar vidas.

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, también tomó la palabra durante la apertura y subrayó el carácter transversal del problema: “La seguridad vial es un tema de todos, no hay diferencias de ningún tipo. La inseguridad vial nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, sostuvo. González valoró además el trabajo territorial que permitió avanzar en políticas como la Ley de Alcohol Cero y el acompañamiento del Ministerio de Transporte bonaerense en las acciones de prevención.

Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, señaló: “Sin una traza mantenida hay riesgo, hay siniestros. Lo que planteamos es avanzar en obras intensas y estar en todo tipo de evento de control”. El funcionario subrayó que la participación de la empresa en el congreso respondía a un compromiso con el aprendizaje y el intercambio entre los distintos actores del sistema vial.

El encuentro se desarrolla bajo la consigna “Señales de ausencias eternas”, en referencia a las estrellas amarillas que mantienen viva la memoria de las víctimas de siniestros y promueven mayor conciencia al circular. Durante los días siguientes se desarrollarán paneles, exposiciones y mesas de trabajo sobre legislación, educación vial, infraestructura, justicia, salud mental y estrategias de prevención, además de actividades abiertas a la comunidad.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el intendente de Colón, Waldemar Giordano; el senador provincial Marcos Pisano; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; la titular de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone; y el diputado provincial Roberto Vázquez, entre otras autoridades. También participaron los subsecretarios del Ministerio de Transporte bonaerense Damián Contreras, Eduardo Feijoo, Sandra Mayol, Patricio D’Angelo y Marcela Passo, junto a los directores provinciales Jorge Orzali, Facundo Coudannes, Sibila Botti y Cristian Vázquez.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y el senador bonaerense Carlos Kikuchi encabezaron este miércoles en La Plata el encuentro “Argentina Productiva”, una jornada de debate político y económico que reunió a economistas, empresarios y referentes de distintos sectores bajo el lema “Producción, trabajo y futuro”. El evento, realizado en el Hotel Brizo, se inscribió en la construcción de un nuevo espacio político de centro y convocó a actores públicos y privados en torno a una agenda común orientada al desarrollo de largo plazo.

La elección de La Plata como sede no fue casual. La ciudad, corazón administrativo de la provincia de Buenos Aires, concentra una densidad de poder político y económico que la convierte en escenario natural para este tipo de iniciativas. El encuentro buscó trascender las disputas coyunturales y poner el foco en lo que sus organizadores describieron como los pilares de una estrategia de crecimiento sostenida: inversión, competitividad y generación de oportunidades en todo el territorio nacional. El diálogo entre legisladores nacionales, provinciales, técnicos y actores del sector productivo marcó el tono de una jornada que se presentó como una apuesta al consenso por encima de las diferencias partidarias.

Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, y Kikuchi, presidente del bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense, coincidieron en el diagnóstico: la Argentina atraviesa un momento de tensión entre las señales macroeconómicas del gobierno nacional y las condiciones reales que enfrentan las familias y las empresas. Esa brecha entre los datos agregados y la experiencia cotidiana de la mayoría de la población fue el eje sobre el que giró gran parte del debate.

Pichetto trazó un cuadro preciso del estado de la economía popular. “La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno”, señaló el legislador. Fue más lejos al describir el vínculo de las familias con el sistema financiero: “Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia”. El diagnóstico apuntó a una economía con indicadores macroeconómicos que no se traducen en mejoras concretas para amplios sectores de la sociedad.

Kikuchi, por su parte, planteó el encuentro como una expresión del tipo de política que, a su juicio, requiere el país. “Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, afirmó el senador provincial. En ese marco, presentó la jornada como una muestra del compromiso legislativo con la construcción de “una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población”.

El economista Eduardo Setti aportó el análisis técnico más directo de la tarde. Ante los presentes, cuestionó la estructura del modelo económico vigente y advirtió sobre sus límites: “Es un modelo con ganadores y perdedores. La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo. Hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo”.

Setti también apuntó contra la política cambiaria: “Es un modelo de atraso cambiario sostenido en base a endeudamiento. Ya tuvimos un blanqueo, FMI, el Tesoro de Estados Unidos y ahora deuda privada, ingreso de dólares por ON emitidas”. El economista trazó un paralelo con la gestión anterior del ministro Luis Caputo y advirtió que en “el 2027 se espera un año con fuerte tensión cambiaria”, con lo que proyectó un escenario de presión sobre el tipo de cambio en el mediano plazo.

Ante ese diagnóstico, Pichetto anunció dos proyectos de ley que presentará en el Congreso Nacional. El primero, es la Ley de Salvataje para las MiPyMES, justificada en que “las pymes son el 98% de las firmas empleadoras del país y sostienen la mitad del empleo registrado”. El segundo, es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, orientado a aliviar la carga financiera de los hogares. “No hay mercado interno posible si los hogares destinan cada vez más ingreso a pagar deudas cada vez menos sostenibles”, fundamentó el diputado nacional.

El panel fue moderado por el senador bonaerense Sergio Vargas, quien sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Es fundamental promover una agenda de consenso centrada en los desafíos que enfrenta la Argentina para recuperar competitividad, impulsar la inversión y fortalecer el entramado productivo nacional”.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, valoró el reciente acercamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, que permitió destrabar parcialmente un conflicto que lleva más de dos años. Sin embargo, aclaró que la situación está lejos de resolverse definitivamente y remarcó que el reclamo central sigue vigente: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En una entrevista con el programa “No vale arrugar”, que se emite por radio Splendid, el dirigente universitario sostuvo que el entendimiento alcanzado representa un avance importante, aunque rechazó la idea de que se haya llegado a un acuerdo definitivo.

“No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley y la ley recompone la pérdida salarial de los profesores universitarios y el resto de trabajadores”, afirmó.

Pese a ello, reconoció el impacto positivo de la propuesta oficial. “Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico que es casi el 60 % de lo que reclama la ley, es algo que nos permite seguir dialogando”, explicó.

El conflicto entre las universidades nacionales y la administración de Javier Milei se convirtió en uno de los principales focos de tensión política desde el inicio de la gestión libertaria. Los reclamos por la caída de los salarios docentes, el deterioro presupuestario y la falta de actualización de partidas derivaron en multitudinarias movilizaciones en todo el país y en la sanción de una ley de financiamiento que posteriormente fue judicializada.

En ese contexto, Yacobitti destacó un cambio en la actitud oficial. “Hay que destacar la voluntad del diálogo del gobierno con las universidades nacionales que es una novedad en todo lo que fue el conflicto hasta ahora”, señaló.

Según el dirigente radical, la mejora salarial anunciada representa un alivio para un sistema que venía atravesando una situación crítica. “Recibir en un mes el 21 % de aumento no deja de ser importante”, sostuvo, al tiempo que explicó que los incrementos previstos para los próximos meses permitirán evitar que la inflación siga deteriorando el poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.

Para Yacobitti, el nuevo escenario marca un punto de inflexión. “Podemos decir que salimos de la emergencia para empezar a discutir con el gobierno muchas otras cosas”, afirmó.

No obstante, aclaró que la cuestión de fondo sigue pendiente y depende ahora de una definición judicial. Las universidades mantienen vigente la presentación realizada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.

“Estamos a la espera de que la Corte defina que la ley de financiamiento el gobierno la tiene que cumplir. La Corte Suprema no puede mirar para otro lado”, advirtió.

El vicerrector de la UBA explicó que la continuidad de esa estrategia judicial nunca fue una condición de negociación con el Ejecutivo. “El gobierno no pidió que desistiéramos de la presentación en la Corte, en un principio sí, pero la ley se tiene que cumplir igual”, sostuvo.

Además, cuestionó la demora de la Justicia para resolver una cuestión que considera fundamental para el funcionamiento institucional del país. “La justicia tiene que cumplir un rol y lo tiene que hacer en menor tiempo. Hace 200 días que esto se votó y se judicializó, ¿cuánto tiempo vas a esperar para ver si una ley se tiene que cumplir o no? En el medio te queda la mitad de los docentes de las universidades, y ni hablar los chicos con la actualización de las becas”, planteó.

Consultado sobre las razones que llevaron al Gobierno a modificar su postura, Yacobitti consideró que las masivas movilizaciones universitarias tuvieron un impacto significativo. “El gobierno pagó un costo con lo de las universidades, la última movilización fue muy masiva y mucha gente decidió alzar la voz respecto al tema. Quiero pensar que el gobierno cambió de posición y quiere trabajar con las universidades nacionales”, afirmó.

Otro de los puntos de conflicto durante estos meses estuvo relacionado con las auditorías y los controles sobre el uso de los fondos universitarios. Desde el oficialismo se impulsaron reiterados cuestionamientos sobre la administración de recursos en las casas de estudio.

Frente a esas críticas, Yacobitti fue contundente. “Las auditorías están y siempre estuvieron, el gobierno tuvo acéfala la auditoría casi dos años. Estoy tranquilo que controlen los fondos. Los que trabajamos en las universidades no nos adherimos a los blanqueos para justificar de qué vivimos”, disparó.

El dirigente universitario también hizo un balance de las consecuencias que dejó el prolongado conflicto presupuestario. Según explicó, los daños exceden ampliamente la discusión salarial.

“En estos dos años de conflicto perdimos alumnos, profesores, pero sobre todo una fuga muy grande con la investigación y la ciencia”, lamentó.

En ese sentido, advirtió que la pérdida de investigadores y docentes constituye uno de los principales desafíos para el futuro de las universidades nacionales, especialmente en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.

Por eso insistió en que el conflicto todavía no puede darse por cerrado. “El conflicto no terminó, hoy queda menos por discutir”, aseguró.

Más allá de la cuestión universitaria, Yacobitti también se refirió a la situación política nacional y cuestionó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorno, en medio de las polémicas generadas por distintas controversias dentro del Gobierno. “Un Jefe de Gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, no puede ser bueno para el gobierno”, sostuvo.

En paralelo, analizó el escenario de la oposición y planteó la necesidad de construir una alternativa política con propuestas concretas y no simplemente basada en el rechazo al oficialismo. “Hay que armar un frente político que garantice una alternativa, lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Hay que ver cuáles son las propuestas que se van a llevar al Congreso”, afirmó.

Consultado sobre los posibles liderazgos de ese espacio, evitó pronunciarse por nombres propios y defendió el mecanismo de las elecciones primarias. “Los líderes de las alternativas los tiene que definir la gente en las PASO, lo importante es qué los une. No se puede seguir haciendo gobierno para ganarle al otro”, señaló.

Finalmente, volvió sobre el eje que atravesó toda la entrevista: la relación entre el Gobierno y la educación pública. Yacobitti consideró que la gestión libertaria aún no ha colocado al sistema universitario entre sus prioridades, aunque expresó expectativas de que la situación cambie. “Hasta ahora la educación no fue una prioridad para el gobierno, ojalá cambie”, concluyó.

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