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POLITICA

Toviggino reclama sanciones a un periodista de LA NACION por hablar de las causas de la AFA

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La defensa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, reclamó que se tomen medidas legales y sanciones económicas contra Nicolás Pizzi, periodista de , por haber disertado en un foro en Miami sobre las causas de corrupción que involucran a las autoridades de la entidad deportiva.

La presentación la radicó el abogado Gregorio Dalbón en el juzgado de Walter Saettone, de Pilar, un magistrado conocido por haber expresado en público su simpatía con el kirchnerismo. Saettone le había otorgado una polémica medida cautelar a Toviggino a partir de la cual prohibió a una serie de periodistas -entre ellos a Pizzi- y a dirigentes políticos acercarse al domicilio del denunciante y reproducir “datos personales, imágenes o información del ámbito privado” que lo afecten.

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Pizzi, que lideró la investigación en sobre los negocios de la AFA, participó el miércoles pasado de un foro en la ciudad de Miami en el que se discutieron las causas vinculadas a la administración del fútbol argentino, en coincidencia con la celebración de la Copa del Mundo en Norteamérica. Del panel participaron el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con la conducción de Claudio Chiqui Tapia, y el representante de la AFA en Estados Unidos, Tomás Regalado.

En ese evento se dio una situación sorprendente cuando le tocó subir al atril a Regalado. Después de una breve introducción, pidió que dejaran hablar en su lugar al abogado argentino Mariano Lizardo, de fuertes vínculos con la AFA. Este tomó la palabra y advirtió a los participantes: “Parte de los oradores están hablando acá y no en la Argentina porque están incumpliendo una medida judicial. No pueden hablar en la República Argentina porque tienen una medida cautelar en su contra. Han traído a la ciudad de Miami lo que no pueden hacer en la Argentina, que es hacer este tipo de exposiciones”, advirtió.

La presentación de los delegados de la AFA en el foro de Miami

Pizzi había disertado durante 14 minutos en el foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) en un hotel de Miami. Explicó la investigación periodística a partir de la cual se identificaron 10 sociedades en Estados Unidos para mover al menos 57 millones de dólares de manera irregular. Enumeró los expedientes abiertos a partir de esa información, entre ellos el de la mansión en Pilar atribuida a Toviggino, y habló sobre la “inacción de la Justicia argentina” y la complicidad de ciertos magistrados que frenan causas o anulan pruebas clave. Aludió también a la estrategia de “persecución y silenciamiento” contra periodistas que difundieron pruebas clave sobre el patrimonio de los dirigentes.

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El abogado Lizardo le respondió sin nombrarlo cuando irrumpió en el escenario: “Escuché en esta sala que se ha denostado a la Justicia argentina. Se ha hablado de causas pesadas, de tráfico de influencias. No hay una sola causa en la que eso haya sido denunciado. Denostar y hacer una generalidad de lo que es la justicia argentina por una causa que tiene un fin particular me parece que es denostar la institucionalidad que tiene el poder judicial en la Argentina”.

Multas de $1 millón

Horas después de este episodio, Dalbón se presentó ante el juez Saettone a reclamar sanciones.

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Pidió que se intime de manera formal a los aludidos en la medida cautelar, bajo apercibimiento de adoptar medidas más severas. Exigió, además, que se notifique a Pizzi personalmente de las restricciones a través de Migraciones cuando regrese al país. Y que se lo castigue con “1 millón de pesos por cada incumplimiento”.

Además de Pizzi hace extensiva la denuncia al también periodista Luis Gasulla y al dirigente Matías Yofe (de la Coalición Cívica), que participaron de manera remota del evento en Miami. “Ellos continuaron efectuando manifestaciones públicas referidas a mi persona, a Claudio Fabián Tapia, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los hechos objeto de las presentes actuaciones”, escribió Dalbón.

Se quejó también de que los aludidos expresaran opiniones sobre la actuación de los jueces que siguen las causas de la AFA: “Las manifestaciones efectuadas exceden el mero incumplimiento de la medida cautelar, alcanzando incluso descalificaciones públicas dirigidas contra la administración de justicia y contra los magistrados intervinientes, procurando desacreditar la legitimidad e imparcialidad de las decisiones adoptadas en la presente causa”.

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Dalbón insistió en que, al participar del evento en Miami, “los denunciados aprovecharon dicho ámbito internacional para continuar efectuando manifestaciones dirigidas contra Claudio Fabián Tapia, el suscripto y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Es curiosa la acusación: el defensor de Toviggino pretende que el bozal informativo que obtuvo, vinculado a cuestiones privadas y familiares, se extienda a cualquier mención sobre las actividades de la AFA que están bajo la lupa judicial.

La presentación de Nicolás Pizzi que derivó en la denuncia de la AFA
La presentación de Nicolás Pizzi que derivó en la denuncia de la AFA

Acusa a Pizzi de violar la pretendida restricción por haber descripto el material probatorio incluido en el expediente sobre el interior de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. “Lejos de limitarse a informar la existencia de esas fotografías, el expositor las utiliza como supuesto sustento de las imputaciones que formula públicamente, presentándolas como elementos demostrativos de sus afirmaciones y procurando influir sobre la opinión pública respecto de hechos que aún son objeto de investigación judicial”.

La mansión de Villa Rosa atribuida a Pablo TovigginoNicolas Suarez

Se queja, además, de que Pizzi hubiera dicho que el periodismo “avanzó mucho más que la Justicia” en las investigaciones sobre la conducción del fútbol. Y consideró “grave” que el periodista denunciara la intención de silenciar a la prensa con la decisión que tomó Gaettone. “Tales expresiones radica en que evidencian el acabado conocimiento que el propio expositor posee respecto de las medidas cautelares dictadas en estas actuaciones. Sin embargo, lejos de adecuar su conducta a las obligaciones que de ellas derivan, decidió continuar desarrollando exactamente aquellas conductas cuya reiteración fue expresamente prohibida”.

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Quién es el juez Saettone

Walter Federico Saettone, juez de Garantías de Pilar, tiene un perfil público que incluye elogios a Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.

Su accionar había llamado la atención en el verano cuando autorizó un allanamiento a Matías Yofe, un dirigente de la Coalición Cívica que con sus denuncias impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar atribuida a Toviggino.

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Aquel operativo se realizó en medio de una causa por “extorsión”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

En mayo emitió el fallo que ordena a una lista de personas abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar de Tapia. La medida alcanza a Pizzi, Gasulla, Federico Teijeiro, Bruno Yacono y Mariano Roa, al legislador porteño Facundo Del Gaiso, a Yofe y al empresario Leandro Camani.

Saettone tiene 46 años y lleva más de una década en los tribunales. Fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que el gobernador era Daniel Scioli, versión Frente Para la Victoria.

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En su perfil de X dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense. “Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.

Pero no sólo expresó su admiración política; también opinó sobre las causas judiciales contra la expresidenta. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que “resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional”, al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.

El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar. Es además un apasionado de la música, fan de los Rolling Stones y guitarrista amateur.

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Lejos de las redes sociales y de las canchas de fútbol, su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas “expresar su beneplácito por la realización y estreno de la pelícual documental ‘El libro de los Jueces’, dirigida por Matías Scarvaci”.

Saettone participó en dicha película, que se estrenó en mayo de 2023 en el cine Gaumont, según el documento legislativo. El film tiene al juez entre sus protagonistas. Una crítica periodística describió: “No parece un juez, sino un rockero”.

La película muestra a Saettone y a otro juez. Ambos “recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos”.

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Citan a indagatoria al socio de Martín Menem por un contrato millonario con una obra social intervenida por el Gobierno

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El juez federal Sebastián Casanello embargó las cuentas de la empresa HTECH Innovation y citó a indagatoria a su titular, Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem, en el marco de la investigación por una contratación irregular por parte de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera). La Justicia investiga el presunto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período en el cual la obra social estaba intervenida por decisión de Javier Milei.

El juez, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, también solicitó la indagatoria de Virginia Montero y Marcelo Petroni, ambos interventores de Osprera designados por el Gobierno. A ellos también se les embargaron bienes. Declararán el 10 y el 11 de agosto, respectivamente.

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“Por las características de la maniobra, en los términos presentados por la fiscalía, se advierte que la empresa HTECH Innovation, a través de la contratación cuestionada, obtuvo los desembolsos de la obra social intervenida. La empresa abrió cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron los pagos presuntamente espurios y se habrían repartido las ganancias ilícitas”, expuso Casanello en su fallo, al que accedió .

El juez advirtió que mientras ocurrían los desembolsos, Aguirre y sus socios, Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, quienes también fueron citados a indagatoria, adquirieron vehículos de alta gama. “Eso expone que tales adquisiciones estarían asociadas a una fuente presuntamente ilícita derivada de la contratación de HTECH”, señaló el juez en su escrito, de ocho páginas.

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La empresa HTECH Innovation fue constituida por Sergio Andrés Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder. Aguirre deberá declarar el 13 de agosto.

Aguirre es, a su vez, socio de Menem en la empresa TR Nutrition, una firma que se dedica a la importación y comercialización “de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales y/o dietarios”.

Antes de volcarse a la función pública, el titular de la Cámara de Diputados tenía como principal actividad la comercialización de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas que se venden bajo la marca GenTech en buena parte de las farmacias del país. En su última declaración jurada patrimonial, Menem declaró ser el dueño del 50% de las acciones de TR Nutrition, la firma que comparte con Aguirre.

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En agosto de 2024, la gestión de Milei, mediante el decreto 720/2024 dispuso la intervención de Osprera, la segunda obra social más grande del país, con 500.000 afiliados, alta permeabilidad territorial y una caja sindical que siempre suscitó el interés de la política.

HTECH Innovation fue contratada meses después por la primera interventora designada por el Gobierno en Osprera, Virginia Montero, para realizar trabajos en los sistemas informáticos en la obra social. En noviembre de 2024, la empresa de Aguirre recibió dos pagos de Osprera por $40.251.879 y por $7.733.119.

Lo llamativo es que HTECH Innovation inauguró su talonario de facturación con Osprera: las primeras facturas que la empresa le remitió a la obra social intervenida por el Gobierno son las 0000001 y 0000002.

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Como parte del mismo expediente, se investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero. La acusación del fiscal es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”, el gremio ruralista del cual depende la obra social. De esa maniobra habrían participado también -según el fiscal- Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza; Claudio Aquino, el exdirector de Asociaciones Sindicales -el área que regula la vida interna de los sindicatos- y otros tres acusados. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral, actuación que fue avalada por Cordero.

La denuncia que motivó esta causa la promovió el secretario general de la Uatre, José Voytenco, un dirigente del PJ complicado por una acusación de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y por la deuda de la obra social del gremio.

Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Llegó al poder después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección, le ganó por solo un punto al hoy diputado Ansaloni.

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Según el fiscal, Ansaloni y sus presuntos cómplices buscaron entonces “desplazar a las autoridades de la Uatre, siendo claros opositores de la gestión y autoridades del sindicato”. Este año también habrá elecciones en la Uatre, aunque Ansaloni no competiría, ya que creó un sindicato paralelo.




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“Cristinita decidió pasarle todas las obras a Emilio Pérsico”: la acusación de Schoklender en la causa Sueños Compartidos

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Sergio Schoklender lanzó una fuerte acusación contra Cristina Kirchner y Emilio Pérsico en la causa que investiga la supuesta corrupción en el desvío de fondos que eran para la construcción de viviendas sociales durante el kirchnerismo. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo acusó a la expresidenta por decidir que sea el histórico líder del Movimiento Evita el que se haga cargo del programa cuando él fue apartado, en mayo de 2011.

Schoklender amplió este miércoles su indagatoria en el juicio Sueños Compartidos, el nombre que tenía el plan de viviendas sociales, y respondió a la declaración de un testigo que había mencionado a un “tal Pérsico” con una caja de dinero. El dueño de un corralón de materiales de Lanús que trabajó con el programa había relatado: “Para todos había efectivo. Lo vi a un tal Pérsico ahí, que llevó una caja llena de plata, y a mí me dieron cheques a 30, 60, 90 y 120 días. Y ahí me enojé”.

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Ante esa mención, Schoklender identificó al dirigente y explicó en qué circunstancias se involucró con el programa de viviendas de la Fundación: “¿Saben quién es Pérsico? Es Emilio Pérsico”, dijo. “¿Y saben por qué apareció en la Fundación con un montón de plata? Porque Cristinita, cuando se llega a la paralización de todas las obras de la Fundación, decide que le pasen todas las obras y toda la administración a Emilio Pérsico, al Movimiento Evita”, agregó.

Sergio Schoklender era el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (Foto: Télam).

Según el relato de Schoklender, ese traspaso se produjo meses después de que él dejara el manejo del programa, cuando ya habían estallado las primeras denuncias y la entonces titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, le revocó los poderes que tenía junto a su hermano Pablo para otorgárselos a ella misma y a su hija, María Alejandra Bonafini.

En su declaración de este miércoles, Schoklender volvió a defender su gestión y negó que hubiera existido un “manejo de coimas”, al tiempo que insistió con que el programa sufrió un “drenaje permanente” de recursos hacia la política.

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Consultado por el fiscal Diego Velazco sobre el origen de esos pedidos, respondió: “Era la demanda de apoyo político que planteaba Hebe a instancias de Parrilli, Cristina, Boudou, de toda esa runfla”. Y agregó: “Cuando Hebe decía ‘necesito tanto’, había que buscarlo. Ese tanto podía ser para pagarle el sueldo a sus hijos o para apoyar la campaña política de algún candidato que le pedía a Parrilli o a Cristina”.

Emilio Pérsico, el histórico líder del Movimiento Evita. (Foto: Prensa La Patria de los Comunes)
Emilio Pérsico, el histórico líder del Movimiento Evita. (Foto: Prensa La Patria de los Comunes)

Schoklender está acusado de fraude al Estado por su rol como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, responsable de la ejecución de Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales desarrollado durante el kirchnerismo. Junto a él, la fiscalía imputó como partícipe secundaria a Hebe de Bonafini —fallecida en 2022— y también señaló a su hermano Pablo Schoklender y a funcionarios de la época, entre ellos el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, Abel Claudio Fatala y Luis Rafael Bontempo. Según la acusación, los hermanos Schoklender se apropiaron del 23% del presupuesto asignado al programa, en parte a través de la firma Meldorek SA, con la que se compraron aviones y vehículos de lujo, entre ellos un Ferrari.

Sobre el Movimiento Evita, Schoklender sostuvo que su líder convirtió el trabajo registrado del programa en “becas”, lo que “terminó paralizando todas las obras”. Pérsico, consultado la semana pasada, había dicho que su organización nunca trabajó en Sueños Compartidos y que solo se hizo cargo de obras en la Ciudad de Buenos Aires, sin relación con el gobierno porteño, y que la vinculación con la Fundación “no era buena”. El juicio continuará el miércoles próximo con el inicio de los alegatos, que abrirá el fiscal Velazco.

Sergio Shoklender, Cristina Kichner, Emilio Pérsico

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Tras reunirse con funcionarios del Gobierno, los eurodiputados de derecha quieren “exportar” las medidas de Milei

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“Trabajé cuarenta años como periodista, muchos de ellos en El País, cuando ese diario se podía leer. Cuando Santiago Abascal me llamó para sumarme a Vox, sentí que era el lugar que siempre había esperado”. Quien habla con , mientras mira la inmensa villa 31 a través del amplio ventanal de un hotel en Retiro, es Hermann Tersch, diputado por el partido derechista Vox en el parlamento europeo, y cabeza informal de una delegación de eurodiputados de ultraderecha nucleados en la liga de los Patriotas por Europa, que esta semana llegaron a Buenos Aires.

Aunque no fueron recibidos por el presidente Javier Milei, los diputados, que representan al bloque de 86 legisladores de 14 países en el parlamento europeo (son la tercera fuerza), sí se vieron con miembros del gobierno, legisladores y funcionarios, todos del oficialismo. A modo de balance inicial, elogian casi sin matices al gobierno libertario, y califican lo hecho por el Gobierno como una verdadera “revolución política” que los inspira a imitarlo en sus países de origen. “Milei está moviendo los cimientos de la política mundial, y nos identificamos con la desregulación de la economía”, agrega Tersch, encandilado como sus compañeros de ruta por las medidas que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, les explicó en detalle en su encuentro con la delegación. “Lo que predomina en España y en Europa es la regulación masiva como modo de hacer política”, coincide Jorge Martín Frías, también eurodiputado por Vox, y director de la Fundación Disenso, el think tank del partido de Abascal, uno de los aliados preferidos del Presidente.

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Refractarios a la “inmigración ilegal” (proponen la reemigración africana e islámica a sus países de origen), los legisladores pasearon por Buenos Aires su conocido combo de rechazo al socialismo, la cultura woke, la prensa, los derechos de las minorías sexuales y hasta al acuerdo de la UE con el Mercosur, aunque son prudentes a la hora de criticar ese pacto, ya que –asegura Tersch- “Argentina lo negoció muy bien, la que fue un desastre fue (Ursula) Von der Leyen”.

Los eurodiputados, durante su visita a Buenos Aires

La agenda de los eurodiputados comenzó en el Senado, donde los recibieron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde. Después de Sturzenegger, fue el turno del intelectual libertario Agustín Laje, el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Gallego” Alvarez; y el extitular de la SIDE Miguel Ángel Toma. En el medio los recibió, en Casa Rosada, el flamante portavoz presidencial Adrián Ravier, mientras el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaban una reunión con legisladores libertarios, en el debut oficial de Diego Santilli como jefe de Gabinete. “Plantearon que la Argentina es un modelo a seguir porque gana grados de libertad, achica estructuras y gana eficiencia, mientras que en Europa los altos impuestos y la burocracia han ralentizado el crecimiento económico”, posteó Ravier, con tono de autoelogio, luego del encuentro. El jueves por la mañana, un encuentro con medios de prensa –entre ellos – y una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fueron las actividades de cierre.

“Vimos hambre de desarrollo, mucho dinamismo. Nos queremos llevar ese espíritu argentino a Europa”, dice Paolo Borchia, del partido Lega de Italia, parte de la coalición de gobierno de Giorgia Meloni, otra aliada de Milei.

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“Hay aquí mucha esperanza, pero también mucha resistencia. En la UE ocurre algo similar, con la burocracia y las regulaciones, la estúpida agenda verde y la ideología izquierdista”, se queja el diputado francés Fabrice Leggeri, del Frente Nacional de Marine Le Pen, opositor al gobierno de Emmanuel Macron. “Me impresiona la terapia de shock que se hizo aquí, la gente pudo ver cambios de la noche a la mañana”, dice Leggeri, preocupado por que la UE, asegura, “quiere migrar la mayor cantidad de inmigrantes desde África y los países islámicos, y eso es un peligro”.

¿Se oponen al acuerdo entre la UE y el Mercosur? “El gobierno de Milei hace lo que le conviene y la Argentina negoció bien, pero la señora Von der Leyen no consultó con nadie, fue un desastre”, critica Tersch, aunque el acuerdo fue aprobado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea en enero pasado. “No somos antieuropeos, queremos una Europa distinta”, tercia el diputado Frías.

¿Y qué hacer con los inmigrantes? “ Los que entraron ilegalmente y los que delinquen tienen que irse”, dice Tersch, quien afirma que el presidente socialista español Pedro Sánchez “regaalidades a supuestos nietos de españoles para conseguir votos”, y hasta asegura que “parte del gobierno comunista de Cuba está recibiendo pasaportes”. En el mismo sentido, Leggeri habla de “revertir el proceso” de la inmigración, y coincide en que “hoy las clases populares nos votan a nosotros, y por eso la izquierda quiere traer votantes en su reemplazo”.

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Hacia el final, la vicepresidenta del grupo, Kinga Gal, del partido Fidesz de Hungría, defiende a su jefe político, Viktor Orban, derrotado en las últimas elecciones de abril pasado luego de 16 años de gobierno, y apunta a la “injerencia” de Bruselas en esa elección. “Demostramos que se podían hacer las cosas de manera diferente, pero ellos (por la izquierda y la UE) querían mostrar que no podíamos estar en el poder”, dice Gal, quien coincide con Tersch en que “en Hungría no ganó Peter Magyar, ganó la UE”.

Los Patriotas miran al 2027 y lo definen como un año clave. “Habrá elecciones en Italia, en Francia, en Polonia. Y tenemos potencial en todos lados”, dice Gal. “Todos los que estamos acá estaremos gobernando, muy pronto”, cierra Tersch, a modo de profecía optimista.




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