Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad agregada tuvo un repunte de 3,5% en marzo en comparación con febrero y suba de 5,5% interanual. Se trató de una variación esperada tras la contracción de los dos meses previos. El Gobierno celebró el resultado, aunque los economistas del sector privado mantienen reparos respecto a lo que sucederá en los próximos meses, especialmente en relación con los sectores rezagados y la posibilidad de que continúe la economía dual o surja una nueva en términos del ritmo de recuperación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra confiado en habrá una recuperación más significativa en mayo/junio.

El aumento intermensual fue generalizado: 14 de los 15 sectores que informa el Indec mostraron avances, un comportamiento diferente al de los meses anteriores cuando el crecimiento era traccionado, principalmente, por sectores ligados al comercio exterior y las finanzas.

Sebastián Menescaldi de la consultora Eco Go describió el resultado de marzo como un dato positivo, aunque advirtió que el crecimiento se concentró en ciertos segmentos. “El dato de marzo es bueno y está marcando el crecimiento de algunos sectores puntuales: la cosecha que está creciendo 20% en términos del volumen total de este año respecto al otro -ahora empiezan a computar la cosecha de la campaña gruesa con fuertes subas en maíz-, la energía fue otro sector con avances notables, y también intermediación financiera, aunque menos que el resto por la baja del crédito a las familias».

A pesar del buen dato de marzo, Menescaldi alertó sobre la existencia de una economía dual: mientras algunos rubros experimentaron subas, otros mostraron un crecimiento muy leve en comparación con el pico de febrero de 2025. De todos modos, evaluó que la campaña agrícola continuará impulsando la actividad en abril y mayo, mientras que el resto de los sectores no mostrarían grandes cambios en su dinámica.

La directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, coincidió en que el repunte de marzo respondió en parte a la baja base de comparación que dejó febrero, cuando la economía cedió 2,7% mensual desestacionalizado. Según explicó, “la recuperación de marzo superó las previsiones, ya que incluso avanzó más de lo que había caído en los meses previos”.

Castiglioni puntualizó que, en términos desestacionalizados, la actividad de marzo superó los valores de diciembre y enero. No obstante, destacó que el análisis de la tendencia debe contemplar el comportamiento más amplio y no solo los datos recientes.

La economista de C&T se refirió a estimaciones anuales y advirtió que, aunque al comparar el primer trimestre de este año con el anterior la economía creció 1,7%, la medición parte de una base alta, porque en febrero del año pasado se había alcanzado un récord, seguido por meses de estancamiento y leves retrocesos.

“Se está comparando contra un primer trimestre que había sido muy positivo el año pasado. Hasta febrero se había tocado un récord y marzo y abril y mayo hubo meses medio negativos a nivel mensual o estancamiento. En mayo, junio, julio el ritmo se desaceleró y la actividad dejó de crecer con la misma intensidad de meses anteriores”, explicó la directora de la consultora de marras.

Respecto de abril, Castiglioni contó que no hay datos concluyentes, aunque algunos indicadores parciales sugieren comportamientos mixtos. “Seguramente el agro va a traccionar muy fuerte, el transporte ligado a la cosecha gruesa, seguirían teniendo un rol destacado en la recuperación». Aclaró que, si bien el comercio podría recuperarse, no se proyectan saltos como los de marzo porque correspondieron, en parte, al rebote tras la caída del mes anterior.

La especialista estimó que la economía podría terminar el año con un crecimiento levemente superior al 3%, lo que implica variaciones mensuales positivas moderadas. “Nuestras últimas proyecciones son de aumentos: en torno a 3,2% en el segundo trimestre, 3,6% para el tercer trimestre y 3,9% –más cerca de cuatro- el cuarto trimestre”.

El análisis de Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, el segundo trimestre podría mostrar un incremento mayor respecto del primero.

El economista dijo a Infobae: “Para el segundo trimestre proyectamos un mayor crecimiento respecto al primero, entre otros, por la estacionalidad en la producción del agro y la mayor producción minera”.

El repunte de algunos rubros convive con la persistencia de sectores que avanzan lentamente o permanecen estables. Pese a ello, la expectativa del ministro Luis Caputo sigue siendo que la recuperación sea mayor a partir de mayo/junio.

La proyección del ministro se basa en tres pilares: la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, además de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y de Modernización Laboral. “Cuando vos entras en un período bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia Fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más porque los empresarios ahora saben cuánto sale un despido, porque además, en vez de pagar 18 puntos de carga, pagan solo 2 y además van a tener un fondo que le permite pagar eventualmente un despido. Todo eso viene en los próximos 18 meses”, sostuvo Caputo en entrevistas periodísticas.

En el transcurso de la semana, Luis Caputo se reunió con contadores que expresaron preocupaciones respecto de la Ley de Inocencia Fiscal. Tras el encuentro, trascendió que el Gobierno buscará una nueva norma jurídica para brindar mayores garantías y asegurar el éxito de la iniciativa. También persisten advertencias sobre la demora en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, principalmente en lo que se refiere al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El discurso oficial apuesta al fomento del turismo interno y a los parques nacionales como motor de la actividad. Sin embargo, a través de la Resolución 132/2026, el Gobierno aumentó 60% el valor de las entradas a los parques para los argentinos. Además, aplicó un incremento del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque las tarifas de base en este últimos caso son más bajas.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, lo dijo con énfasis ante empresarios del sector: “Es el tiempo de los parques y atracciones”. Lo hizo el 21 de mayo en el Summit 2026 de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), donde convocó a invertir en los 39 parques nacionales del país y prometió desregulaciones para atraer negocios y empleo. Nueve días antes, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales (APN) había publicado en el Boletín Oficial la Resolución 132/2026, que aumentó el precio de las entradas a 12 parques nacionales con subas que, para los argentinos, llegaron a superar el 100 por ciento.

La tensión entre el discurso y la medida configura un escenario que el propio Gobierno no logra resolver: apuesta al turismo como industria estratégica, pero encarece acceder a los íconos naturales más visitados del país.

Esa política coincide con un pedido del sector turismo, que alertó sobre una situación crítica en hoteles y restaurantes y pidió una tregua fiscal. Concretamente, la Federación Empresria Hotelera Gastronómica (Fehgra) solicitó la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que considera “indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”. También solicitó adecuar los planes de facilidades de pago vigentes y refinanciar planes caducos “sin pérdida de los beneficios fiscales originalmente otorgados”.

Los valores que fijó la resolución rigen para 20 áreas protegidas e incluyen cuatro categorías: visitantes extranjeros (denominados “general”), argentinos, residentes provinciales y estudiantes. En todos los casos, la suba fue significativa.

En el Parque Nacional Iguazú, donde se ubican las cataratas homónimas, uno de los destinos más visitados de América del Sur, la entrada para argentinos pasó de $15.000 a $25.000. Los residentes de Misiones, en tanto, ahora pagan $8.000, frente a los $5.000 anteriores. Para los visitantes extranjeros, el ticket subió de $45.000 a $60.000.

En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto la zona sur como el portal de El Chaltén quedaron con una tarifa de $50.000 para visitantes del exterior y de $25.000 para el resto de los argentinos. Los residentes provinciales abonan $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, pero los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.

Para los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general quedó en $35.000 para visitantes del exterior y en $15.000 para argentinos. La tarifa para estudiantes en esos parques subió de $5.000 a $12.000, un incremento del 140 por ciento.

En una franja de parques que incluye El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, la entrada para extranjeros quedó en $25.000 y en $12.000 para argentinos. La tarifa estudiantil en esos destinos pasó de $5.000 a $10.000.

Una de las características del nuevo esquema tarifario es que los argentinos absorbieron incrementos proporcionalmente mayores que los turistas internacionales. Mientras la suba para visitantes extranjeros promedió el 42%, la de los argentinos rozó el 86% en términos generales, y la categoría estudiantes fue la más castigada, con un aumento promedio del 117%.

El esquema mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso, en cambio, quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.

La resolución también incorporó bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Además, se habilitaron pases de 3 y 7 días —denominados Flexipass— y un pase anual de $300.000 para Iguazú, que equivale al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.

En el texto de la Resolución 132/2026, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.

Lo que la resolución no menciona es que, días después de su publicación, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.

Mientras el Gobierno sube las tarifas de acceso a los parques y promueve inversiones privadas en el sector, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para pedir medidas de alivio fiscal de urgencia. La federación planteó la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas ante la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

Entre las medidas que solicitó Fehgra figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados. La federación argumentó que ese plazo “resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”.

La señal que envía el pedido es relevante: la hotelería y la gastronomía son, según la propia Fehgra, actividades intensivas en empleo y fundamentales para el desarrollo turístico en todo el país. Que la federación que las agrupa deba salir a pedir una tregua fiscal al mismo tiempo que el Gobierno anuncia inversiones y desregulaciones en el sector turístico agrega una capa de complejidad al diagnóstico oficial.

En el Summit de la AAPA, Scioli apeló a un diagnóstico compartido por el sector: la necesidad de romper la estacionalidad y adaptar la oferta a un turista más exigente. “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”, afirmó el secretario ante empresarios del rubro.

El contexto en el que esas palabras se pronunciaron incluye no solo la suba de tarifas sino también otros cambios que el Gobierno introdujo en la administración de los parques en los últimos meses. A fines de 2025, habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas. El Ministerio de Desregulación, por su parte, eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental. Esas medidas generaron rechazo en el sector turístico: organizaciones de guías y trabajadores del área impulsaron protestas y solicitaron reuniones con funcionarios del interior del país.

Para Scioli, el rumbo es claro: “Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”. La pregunta que deja abierta la política de precios es si un turismo más accesible para el exterior y más caro para los propios argentinos es la forma de lograrlo.

El equilibrio de las finanzas públicas es la piedra basal del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración aplicó un recorte significativo del gasto público con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el propio equipo económico reconoce que el margen para continuar con el ajuste se achicó en los últimos meses. Por este motivo, el Ministerio de Economía enfoca ahora sus esfuerzos en dos variables clave para sostener el balance presupuestario: el crecimiento económico y la formalización del empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la gestión busca avanzar con la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de la economía. No obstante, advirtió que el ajuste del gasto público parece haber alcanzado su límite. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Una proporción significativa del gasto del Estado nacional está indexada por ley, lo que impide su reducción discrecional. En estos casos, partidas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera automática en función de la inflación de dos meses antes, sin necesidad de una decisión puntual del Gobierno para cada ajuste.

En este contexto, el plan del Gobierno combina nuevos recortes en áreas donde aún es posible -como la reciente reducción de $2,5 billones en partidas de Economía, Salud, Capital Humano e Interior- con la apuesta a una mejora en la recaudación. Para lograrlo, deben darse dos condiciones fundamentales: aumento de la actividad económica e integración de trabajadores al empleo formal.

En relación con el primer objetivo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en marzo un incremento de 3,5% respecto del mes anterior y de 5,5% en la comparación interanual. Sin embargo, esa mejora no se tradujo en una mayor recaudación. De hecho, los números oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acumulan nueve meses consecutivos de caídas en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En abril, la captación de recursos se vio afectada por la desaceleración de las importaciones, resultado de una alta base de comparación tras el fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año pasado. Además, la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz incidió en los ingresos por ese concepto.

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos y otros conceptos. En el IVA aduanero, el menor ritmo de importaciones tampoco se compensó con el incremento del tipo de cambio ni con la presencia de un día hábil adicional respecto del año anterior.

En cuanto al proceso de regularización laboral, que busca revertir un nivel de informalidad superior al 40% a nivel nacional, el Gobierno apuesta a la Ley de Modernización Laboral. Parte de la normativa aún está pendiente de reglamentación, en especial artículos centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las rebajas en las cargas para nuevas contrataciones.

Una excepción es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Sobre este punto, la idea oficial es recaudar más a mida que crezca la base de empleados formales.

Un informe de la consultora Equilibra destacó que en abril “los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual (i.a.), producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1% real i.a.) y una expansión del 20% i.a. del resto de los ingresos”.

La firma alertó que el gasto primario real aumentó, impulsado por mayores subsidios económicos, erogaciones de capital y otros gastos corrientes, mientras que las transferencias a universidades y provincias mostraron fuertes retracciones. Además, la reducción de la deuda flotante, que había registrado un fuerte salto en marzo, durante el mes estuvo vinculada a la cancelación de obligaciones pendientes.

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, evaluó que “sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído 26,7% real y el financiero hubiese bajado 62% real”.

Las privatizaciones tienen un impacto puntual en las cuentas públicas, ya que representan una extraordinaria de carácter no recurrente. Este tipo de operaciones aporta recursos solo en el momento en que se concretan, por lo que su efecto sobre la recaudación y el resultado fiscal se limita a ese período, dado que no genera un flujo permanente para las arcas estatales.

El reporte de Argañaraz remarcó que los ingresos tributarios presentaron un descenso real de 7,1% en el primer cuatrimestre, compensado en parte por un crecimiento del 33% en los ingresos no tributarios, influido por la concesión de la gestión de las cuatro represas del Comahue.

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, “la clave del mes estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria”. Morales agregó que, a pesar de estos ingresos extraordinarios, el superávit financiero acumulado tuvo una caída real del 64,6% frente a abril del año anterior.