El discurso oficial apuesta al fomento del turismo interno y a los parques nacionales como motor de la actividad. Sin embargo, a través de la Resolución 132/2026, el Gobierno aumentó 60% el valor de las entradas a los parques para los argentinos. Además, aplicó un incremento del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque las tarifas de base en este últimos caso son más bajas.
El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, lo dijo con énfasis ante empresarios del sector: “Es el tiempo de los parques y atracciones”. Lo hizo el 21 de mayo en el Summit 2026 de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), donde convocó a invertir en los 39 parques nacionales del país y prometió desregulaciones para atraer negocios y empleo. Nueve días antes, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales (APN) había publicado en el Boletín Oficial la Resolución 132/2026, que aumentó el precio de las entradas a 12 parques nacionales con subas que, para los argentinos, llegaron a superar el 100 por ciento.
La tensión entre el discurso y la medida configura un escenario que el propio Gobierno no logra resolver: apuesta al turismo como industria estratégica, pero encarece acceder a los íconos naturales más visitados del país.
Esa política coincide con un pedido del sector turismo, que alertó sobre una situación crítica en hoteles y restaurantes y pidió una tregua fiscal. Concretamente, la Federación Empresria Hotelera Gastronómica (Fehgra) solicitó la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que considera “indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”. También solicitó adecuar los planes de facilidades de pago vigentes y refinanciar planes caducos “sin pérdida de los beneficios fiscales originalmente otorgados”.
Los valores que fijó la resolución rigen para 20 áreas protegidas e incluyen cuatro categorías: visitantes extranjeros (denominados “general”), argentinos, residentes provinciales y estudiantes. En todos los casos, la suba fue significativa.
En el Parque Nacional Iguazú, donde se ubican las cataratas homónimas, uno de los destinos más visitados de América del Sur, la entrada para argentinos pasó de $15.000 a $25.000. Los residentes de Misiones, en tanto, ahora pagan $8.000, frente a los $5.000 anteriores. Para los visitantes extranjeros, el ticket subió de $45.000 a $60.000.
En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto la zona sur como el portal de El Chaltén quedaron con una tarifa de $50.000 para visitantes del exterior y de $25.000 para el resto de los argentinos. Los residentes provinciales abonan $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, pero los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.
Para los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general quedó en $35.000 para visitantes del exterior y en $15.000 para argentinos. La tarifa para estudiantes en esos parques subió de $5.000 a $12.000, un incremento del 140 por ciento.
En una franja de parques que incluye El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, la entrada para extranjeros quedó en $25.000 y en $12.000 para argentinos. La tarifa estudiantil en esos destinos pasó de $5.000 a $10.000.
Una de las características del nuevo esquema tarifario es que los argentinos absorbieron incrementos proporcionalmente mayores que los turistas internacionales. Mientras la suba para visitantes extranjeros promedió el 42%, la de los argentinos rozó el 86% en términos generales, y la categoría estudiantes fue la más castigada, con un aumento promedio del 117%.
El esquema mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso, en cambio, quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.
La resolución también incorporó bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Además, se habilitaron pases de 3 y 7 días —denominados Flexipass— y un pase anual de $300.000 para Iguazú, que equivale al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.
En el texto de la Resolución 132/2026, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.
Lo que la resolución no menciona es que, días después de su publicación, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
Mientras el Gobierno sube las tarifas de acceso a los parques y promueve inversiones privadas en el sector, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para pedir medidas de alivio fiscal de urgencia. La federación planteó la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas ante la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.
Entre las medidas que solicitó Fehgra figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados. La federación argumentó que ese plazo “resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”.
La señal que envía el pedido es relevante: la hotelería y la gastronomía son, según la propia Fehgra, actividades intensivas en empleo y fundamentales para el desarrollo turístico en todo el país. Que la federación que las agrupa deba salir a pedir una tregua fiscal al mismo tiempo que el Gobierno anuncia inversiones y desregulaciones en el sector turístico agrega una capa de complejidad al diagnóstico oficial.
En el Summit de la AAPA, Scioli apeló a un diagnóstico compartido por el sector: la necesidad de romper la estacionalidad y adaptar la oferta a un turista más exigente. “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”, afirmó el secretario ante empresarios del rubro.
El contexto en el que esas palabras se pronunciaron incluye no solo la suba de tarifas sino también otros cambios que el Gobierno introdujo en la administración de los parques en los últimos meses. A fines de 2025, habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas. El Ministerio de Desregulación, por su parte, eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental. Esas medidas generaron rechazo en el sector turístico: organizaciones de guías y trabajadores del área impulsaron protestas y solicitaron reuniones con funcionarios del interior del país.
Para Scioli, el rumbo es claro: “Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”. La pregunta que deja abierta la política de precios es si un turismo más accesible para el exterior y más caro para los propios argentinos es la forma de lograrlo.
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Con una producción que se desplomó casi 21% interanual, seis de cada diez máquinas paradas y miles de puestos de trabajo perdidos, la industria textil argentina atraviesa una profunda crisis que encendió las alarmas entre los empresarios del sector. “La viabilidad del sector textil es una decisión política”, advirtió Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, al presentar los últimos indicadores de una actividad que acumula una contracción del 33,9% respecto de 2023 y enfrenta un fuerte avance de las importaciones.
Los datos fueron difundidos este jueves por la Fundación Pro Tejer, en la previa de una nueva edición de ProTextil 2026, el encuentro de la cadena de valor que se realizará desde las 15 en La Herencia, en Pilar. Los empresarios expusieron un diagnóstico sobre el deterioro de la actividad y plantearon la necesidad de adoptar medidas para sostener la producción nacional, en un contexto de retracción del consumo, mayor participación de los productos importados y dificultades de competitividad.
“Para crecer y desarrollarnos en un país de casi 50 millones de habitantes necesitamos a todos los sectores: no podemos sostener al país con una economía de nicho o basada en sectores extractivos”, afirmó Galfione, al cuestionar la posibilidad de sostener el desarrollo económico únicamente sobre determinadas actividades.
En ese marco, la Fundación Pro Tejer planteó que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero insuficiente para impulsar el desarrollo industrial, y reclamó medidas específicas para contener la crisis que atraviesan las empresas después de tres años consecutivos de caída de la actividad.
Entre los principales pedidos de los empresarios figuraron la regulación de las plataformas digitales y del régimen courier, mayores controles aduaneros para combatir el contrabando y medidas para mejorar la competitividad de la producción nacional. También reclamaron una reducción de la carga tributaria, mejores condiciones de financiamiento, menores costos logísticos y políticas específicas para las pymes y las economías regionales.
La advertencia se produjo en medio de un escenario de deterioro que, según las estadísticas presentadas por la entidad, afecta a los distintos eslabones de la cadena productiva. La caída de la actividad no se limita a las fábricas textiles, sino que también alcanza a la confección de prendas de vestir y a la fabricación de calzado, aunque con diferentes niveles de contracción.
Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de producción. De acuerdo con los datos del Indec incluidos en la presentación, la industria textil produjo 33,9% menos que en 2023, mientras que la comparación interanual mostró una caída del 20,8% durante los primeros ocho meses de 2026.
El deterioro también se refleja en la continuidad de los resultados negativos. De los 32 meses transcurridos desde enero de 2024 hasta agosto de este año, en 31 la producción textil se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2023.
La situación se trasladó directamente al funcionamiento de las plantas industriales. Durante los primeros ocho meses del año, el sector utilizó en promedio apenas 40,6% de su capacidad instalada, el registro más bajo de la serie, con excepción de 2020. Esto implica que alrededor del 60% de la capacidad productiva permaneció sin utilizarse, en un contexto de menor demanda y retroceso de la fabricación nacional.
El panorama también es negativo para los otros segmentos de la cadena. La producción de indumentaria cayó 11,5% interanual entre enero y agosto, mientras que frente a 2023 acumuló una contracción del 13,7%. En el caso del calzado, la baja fue todavía más pronunciada: 24,8% respecto de 2025 y 41,3% en comparación con 2023.
En el conjunto de la industria manufacturera, la situación también presenta dificultades. Según los datos correspondientes al acumulado entre enero y septiembre, 12 de las 16 ramas industriales produjeron menos que en 2023 y la misma cantidad registró caídas frente a 2025. Dentro de ese universo, los textiles se ubicaron entre las actividades con mayores retrocesos, junto con maquinaria y equipo, que acumuló una contracción del 35,2% respecto de 2023.
La contracción de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo formal. Según las cifras de la Secretaría de Trabajo presentadas por Pro Tejer, la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026.
La cantidad de trabajadores pasó de 120.810 a 91.992, lo que representa una disminución del 23,9%. La pérdida de puestos laborales en estas actividades explicó aproximadamente un tercio de los 89.209 empleos industriales que desaparecieron durante el mismo período.
El cierre de establecimientos constituye otro de los indicadores del deterioro sectorial. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de registrarse 1.090 empleadores industriales vinculados con textiles, indumentaria y calzado, equivalentes al 17,7% del total inicial.
La cantidad de establecimientos pasó de 6.142 a 5.052. Dentro de ese conjunto, la industria textil perdió 285 empleadores, una reducción del 12,9%, mientras que en indumentaria desaparecieron 524, equivalentes al 18,4%. En cuero y calzado, la disminución alcanzó a 281 establecimientos, con una caída del 25,8%.
El retroceso también se extendió a los comercios vinculados con la cadena. En ese segmento, la cantidad de empleadores registrados pasó de 21.362 a 17.558, lo que representa 3.804 establecimientos menos, una baja del 17,8%. Al sumar los segmentos industriales y comerciales, la cadena perdió 4.894 empleadores desde diciembre de 2023.
En este contexto, Galfione también hizo referencia a la dimensión social de la actividad económica. “El equilibrio económico solo es sostenible cuando incluye al ser humano dentro de la ecuación”, sostuvo el presidente de Pro Tejer.
La Fundación Pro Tejer identificó a la caída del consumo interno como uno de los principales factores detrás de la contracción productiva. Según los datos presentados, el poder adquisitivo de distintos sectores de la población permanece por debajo de los niveles de 2023, mientras que las ventas comerciales también muestran retrocesos significativos.
Entre enero y agosto de 2026, el salario registrado privado perdió 4% de poder adquisitivo respecto del mismo período de 2023. En el caso del salario público, la disminución alcanzó el 25%, mientras que el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, retrocedió 10%. En paralelo, las ventas en supermercados acumularon una caída del 16,2% frente a 2023, mientras que en los shoppings la contracción llegó al 28,5%.
A esta situación se sumó el incremento del costo de los servicios públicos, que redujo los ingresos disponibles de los hogares. Según la información presentada, la canasta de luz, gas, agua y transporte sin subsidios en el AMBA aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%.
El otro fenómeno que destacó la entidad fue el avance de las importaciones sobre el mercado interno. De acuerdo con sus estimaciones, los productos importados pasaron de representar históricamente alrededor del 50% del abastecimiento a explicar cerca del 70%, mientras que la participación de la producción nacional se redujo al 30%.
El comportamiento del comercio exterior mostró, además, cambios importantes durante los últimos dos años. Según las estadísticas difundidas, las importaciones de toda la cadena de valor crecieron 95% en toneladas entre enero y septiembre de 2025 respecto del mismo período de 2024. En cambio, durante los primeros nueve meses de 2026 registraron una caída del 21% interanual.
En el caso específico de la indumentaria, las importaciones aumentaron 144% en toneladas durante 2025 y retrocedieron 46% en los primeros nueve meses de 2026. La evolución también fue dispar en materias primas, hilados y tejidos.
Para Pro Tejer, el avance de los productos extranjeros se produjo sobre un mercado interno de menor tamaño, lo que modificó la participación relativa de la fabricación nacional y las importaciones.
Otro de los puntos abordados por la entidad fue el incremento de las compras al exterior mediante el régimen de courier, junto con la expansión de las plataformas digitales internacionales.
De acuerdo con los datos presentados, las importaciones realizadas por courier alcanzaron los USD 960 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a USD 602 millones durante el mismo período de 2025 y USD 153 millones en 2024. Esto representa un crecimiento del 60% interanual y un volumen 6,3 veces superior al registrado dos años atrás.
La entidad vinculó esta expansión con los cambios normativos introducidos desde diciembre de 2024, cuando el límite por envío courier aumentó de USD 1.000 a USD 3.000, con franquicias específicas para compras de menor valor.
En julio de 2026 también se modificaron las condiciones para los envíos puerta a puerta mediante Correo Argentino, con una ampliación de los montos permitidos.
En paralelo, Pro Tejer puso el foco en el crecimiento de plataformas como Temu y Shein, que comenzaron a ganar participación entre los consumidores argentinos.
Según los datos correspondientes al primer semestre de 2025 incluidos en la presentación, el 10% de los compradores utilizó Temu y el 8% recurrió a Shein, dos plataformas que no figuraban en el relevamiento de 2024. La entidad también planteó cuestionamientos sobre las condiciones de competencia y los controles aplicados a los productos importados.
En ese sentido, señaló que el valor FOB por kilo de la indumentaria importada cayó 37% respecto de 2023, mientras que en las confecciones la disminución alcanzó el 46%. Además, citó un estudio sobre comercio ilícito que estimó una penetración superior al 45% en indumentaria y calzado. Ese indicador contempla contrabando, falsificación, piratería y venta informal, entre otras modalidades, y no representa directamente el valor económico de las operaciones.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de reducción de multas previsto por la Ley de Inocencia Fiscal II, que establece una rebaja del 50% para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro alcanzadas por determinadas infracciones formales.
Con esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno finalizó la reglamentación de la ley aprobada por el Congreso en septiembre con el objetivo de que los “dólares del colchón” de los argentinos ingresen al sistema financiero formal. En octubre pasado, un decreto había modificado la Declaración Jurada Simplificada, el requisito clave para acceder a los beneficios de la ley.
La reducción de las multas incluye a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de este año. Según precisó ARCA en el comunicado, el beneficio “consiste en una quita del 50% en el monto de las infracciones para aquellas obligaciones vencidas que se hayan originado a partir del 2 de enero de este año y con anterioridad al 9 de octubre.”
En los casos en que la multa esté bajo discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes deberán realizar una presentación antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive a través del servicio web “Presentaciones Digitales”. Para solicitar el beneficio, deberán seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826” e identificar la sanción alcanzada mediante el número de sumario, resolución u otro instrumento que hubiera dispuesto su aplicación.
Si la multa no está bajo discusión, no hará falta ese trámite. Pero la pyme deberá cumplir con otro requisito: antes del 18 de diciembre, tendrán que regularizar “los deberes formales omitidos que originaron la multa”. Por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima. Vencido ese plazo sin haber subsanado la obligación formal, no se obtiene la reducción de la multa.
La reducción dispuesta por la ley y su reglamentación abarca únicamente al importe de las multas, sin modificar el impuesto adeudado ni los intereses. Aplica únicamente a micro, pequeñas y medianas empresas con Certificado MiPyME, personas humanas y entidades sin fines de lucro, por lo que quedan excluidos los Grandes Contribuyentes. Y quién la utilice, ya no puede volver a reclamarle a ARCA por el monto de la multa aplicada.
Según el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la reducción sancionada hoy puede combinarse con otra ya existente en el artículo 49 bis de la Ley 11.683. Al respecto, puso como ejemplo: la multa por no presentar en término el Libro de IVA Digital para una sociedad anónima es de $10.000.000. “Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce a $7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, la ley de Inocencia Fiscal II la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $3.750.000. La reducción total es del 62,5%”, señaló.
Domínguez consideró que “una reducción de multas por incumplimientos formales es bienvenida”, aún cuando el monto de esa quita, a su juicio, “resulta insuficiente”, ya que “la mayoría de las pymes no puede afrontar” una multa de $3.750.000 tal como la explicitada en el ejemplo anterior.
“Es relevante que las multas por incumplimientos formales, que no implican falta de pago del impuesto, guarden proporción con la gravedad de la infracción y con la capacidad contributiva de quien las recibe, de modo que la sanción cumpla su función de promover el cumplimiento sin comprometer la continuidad de la empresa”, afirmó Domínguez.
El especialista recomendó a los contribuyentes revisar las multas por incumplimientos formales generadas desde el 2 de enero de 2026 e identificar su situación: si no están firmes, si fueron confirmadas pero siguen impagas, si integran un plan de pagos o si continúan en discusión.
También aconsejó comprobar si el contribuyente reúne las condiciones para acceder al régimen al momento de la infracción, en particular la vigencia del Certificado MiPyME y su registración en el Sistema Registral. A su vez, plantea verificar si corresponde aplicar el descuento adicional ya mencionado del 25% previsto en el artículo 49 bis de la Ley 11.683.
Por último, recomienda regularizar los deberes formales omitidos antes del 18 de diciembre de 2026. Cuando las multas estén bajo discusión, dentro de ARCA o incluso en una instancia judicial, sugiere “evaluar el allanamiento y, en su caso, realizar la presentación digital hasta esa fecha”.
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