Las acciones de SpaceX subieron cerca de 20% el viernes en su primera jornada en el mercado, en el debut bursátil más grande de la historia.

El mercado dio a la empresa de Elon Musk un valor de USD 2,1 billones, convirtiendo a una neonata bursátil en una de las diez mayores empresas más grandes del mundo por valor de mercado, detrás de Nvidia, Apple, Alphabet (la empresa madre de Google), Microsoft y Amazon, y peleando cabeza a cabeza con la taiwanesa TSMC, la mayor fabricante de chips del mundo.

El precio de cierre de la acción rozó los USD 161 y, durante la jornada, el volumen negociado superó los USD 80.000 millones. La demanda de acciones de la empresa de servicios espaciales fundada por Elon Musk más que triplicó la cantidad de acciones ofrecidas. En la lista se anotaron fondos de inversión, fondos de riqueza soberana e inversores minoristas, que recibieron entre 20% y 25% de la colocación total.

El éxito de SpaceX podría alentar la próxima oferta pública inicial de empresas como Anthropic y OpenAI, lo que completaría lanzamientos bursátiles por cerca de USD 200.000 millones en pocas semanas, a lo sumo meses. Además, elevó a más de un billón de dólares la fortuna personal de Elon Musk, que tiene una participación del 42% en SpaceX y, con la parte de Tesla que ya tenía, se consolidó por amplio margen como la persona más rica del mundo.

Pero además de impulsar la fortuna personal de su creador, el lanzamiento de SpaceX puede ser la campana de largada de la “economía del espacio” o del “capitalismo espacial”, como lo llamó el historiador e investigador alemán Rainer Zitelman en un libro sobre el tema y, en particular, sobre la forma en que la compañía de Musk hizo resurgir el interés y la posibilidad de los lanzamientos y aventuras espaciales.

Son esas expectativas las que están detrás del extraordinario evento bursátil. Si fuera por los números, estos dicen que SpaceX cerró 2025 con ingresos por poco menos de USD 19.000 millones y pérdidas por casi USD 5.000 millones.

Según un análisis de la revista inglesa The Economist, la apuesta de quienes invierten en SpaceX se apoya en tres pilares: el potencial de ganancias en la industria espacial, el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) como motor de negocios y la confianza en el liderazgo de Musk, quien retiene el control total de la compañía mediante una estructura corporativa diseñada a su medida.

En los últimos años, mediante un sistemático y obsesivo énfasis en la reducción de costos y el principio de reutilización de los cohetes de lanzamiento, como el Falcon 9, SpaceX se consolidó como el número uno del mundo en lanzamientos espaciales, al más bajo costo por kilo de carga útil, métrica básica del emergente “capitalismo espacial”. En los últimos dos años, SpaceX ha hecho más lanzamientos más allá de la órbita baja terrestre que la NASA, que China y que Rusia.

Musk dice que su ambición es llegar a Marte e iniciar allí la etapa de la humanidad como “especie multiplanetaria”, pero de momento el valor asignado a SpaceX tiene que ver con los planes de desplegar una nueva constelación de satélites más grande, funcional y valiosa que la actual, con la cual captar demanda de capacidad de cómputo para Inteligencia Artificial (IA), terreno en el que se esperan inversiones por hasta USD 800.000 millones en centros de datos por parte de los “hyperscalers” tecnológicos.

En el espacio, la energía solar es más abundante y, por caso, la minería en los asteroides abre nuevas posibilidades, pues en esos cuerpos los “minerales críticos” no están enterrados bajo capas consolidadas a través de millones de años, como en la Tierra, sino a nivel superficial.

En su libro, Zitelman describe una ventaja decisiva de SpaceX y Elon Musk sobre sus competidores: la nave Starship. “El nombre es algo confuso, ya que se refiere tanto al cohete propulsor Super Heavy de primera etapa como a la nave espacial Starship, que se erige como segunda etapa del cohete”, precisa el autor, quien recuerda que el Saturno V, que llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969, fue el cohete más grande y potente hasta la fecha y, con una altura cercana a los 110 metros, era apenas más pequeño que los últimos prototipos de Starship, que miden 124 y 126 metros en las versiones V2 y V3. Esta última versión fue lanzada exitosamente a fines de mayo, implicó una inversión de USD 15.000 millones y es una de las claves del éxito de la misión Artemis.

En la parte superior, el Saturno V tenía una combinación de casi 14 metros de largo formada por el módulo de servicio Apolo, el módulo de mando y la torre de escape. En cambio, la Starship actual, “la nave”, mide 52 metros de altura, y todo el sistema, incluidos los propulsores, tiene un peso de lanzamiento de alrededor de 5.000 toneladas, unas 1,7 veces el peso del Saturno V, que pesaba 2.950 toneladas.

Según Musk, las futuras versiones de Starship podrán transportar hasta 100 personas a Marte en cada vuelo y serán mucho más cómodas que la cápsula Apolo, que tenía un espacio interior muy limitado (por cierto, el desafío es muy diferente: llegar a Marte demandará a quienes lo hagan convivir entre 7 y 9 meses en una cápsula, contra los 5 días de llegar a la Luna). Pero lo económicamente decisivo es que que mientras el Saturno se usó una sola vez, Musk dedicó los últimos 20 años a lograr que sus cohetes sean reutilizables y lo demostró con el Falcon 9, que realizó y decenas decenas de lanzamientos más allá de la órbita baja terrestre.

Sobre las oportunidades que abre la nueva economía espacial, Morgan Stanley publicó una nota en la que el analista Adam Jonas destacó 14 acciones de empresas vinculadas al sector espacial. Según Jonas, la economía espacial podría triplicarse y superar el billón de dólares hacia 2040, impulsada por satélites dedicados a tecnologías de comunicación, como internet y banda ancha para consumidores.

En ese contexto, sugiere considerar empresas emergentes con potencial de captar estas oportunidades, como Rocket Lab, que opera servicios integrales de lanzamiento y gestión orbital, y AST SpaceMobile, que desarrolla una red de banda ancha satelital para cubrir zonas fuera del alcance de las torres tradicionales. Otras empresas incluidas en esa lista son la minera Freeport-McMoRan (cobre y oro), y otras vinculadas al desarrollo de materiales o componentes críticos, como Materion, Corning, Linde, Air Products, Rockwell, Alcoa, así como empresas vinculadas a las telecomunicaciones o chips, como Nvidia y Broadcom, y empresas propiamente espaciales como Gilat Satellites Network y Amazon, por su proyecto Kuiper de satélites de órbita baja.

Todos orbitando en torno al, al menos provisional, astro del nuevo sistema: SpaceX, la neonata bursátil que en su primer día pasó a ser una de las diez mayores empresas del mundo.

El ancla fiscal es uno de los pilares del programa económico del Gobierno y, para el ministro Luis Caputo y su viceministro José Luis Daza, constituyó “un cambio estructural en la política fiscal y monetaria en la República Argentina”. En su visión, “lo que está ocurriendo en Argentina no es un ajuste cíclico, no es un cambio de políticas, sino un cambio del sistema económico en el cual opera la sociedad, e involucra a todas las áreas de la economía, que trasciende las políticas fiscal y monetaria”. Por eso, consideraron que “la economía ya cambió”.

Infobae entrevistó a Pablo Guidotti, secretario de Hacienda y viceministro de Economía de la Nación entre agosto de 1996 y diciembre de 1999, profesor pleno en la Universidad Torcuato Di Tella, y socio de Tenac Asset Management, para analizar la ejecución del Presupuesto 2026 y los desafíos del gobierno de Javier Milei para lo que resta de la gestión y ante un eventual segundo mandato presidencial.

— Si tuviera que definir el programa económico en una frase, ¿Cuál es hoy el objetivo prioritario: desinflación, solvencia fiscal, reservas o actividad?

— Creo que todos estos son objetivos del programa económico, con prioridades e instrumentos distintos. En primer lugar, preservar la solvencia fiscal aparece hoy como el objetivo central del programa, lo que permite avanzar en la disminución progresiva de la inflación. Desde diciembre del año pasado el Gobierno incorporó la acumulación de reservas internacionales como otro objetivo central, lo que me parece que contribuye y contribuirá a una menor volatilidad frente a shocks externos y domésticos.

El crecimiento económico también es un elemento importante del programa y el instrumento utilizado son las reformas estructurales (como la reforma laboral, la apertura económica y la desregulación) y el RIGI para promover un ambiente propicio para inversiones de largo plazo.

— ¿El ajuste fiscal actual es consistente con el programa macro completo (tipo de cambio, política monetaria, tarifas y financiamiento en pesos) o ve contradicciones?

— Creo que es consistente con el programa macro; diría más: es la columna vertebral.

— ¿El ajuste de las finanzas públicas cree que recayó sobre la sociedad con ingresos fijos, al quitar subsidios a las tarifas de los servicios públicos, o tuvo más relevancia la eliminación del “gasto político” en trabajadores ñoquis, pago de obras que no se ejecutaban, discrecionalidades en uso de los recursos, entre otros?

— Lo importante es que el ajuste de las finanzas públicas argentinas se produjo por reducción de gastos, en muchos casos asociados con la política y con grupos que habían tomado control de recursos públicos para su beneficio.

Los economistas italianos Alberto Alesina, Francesco Giavazzi y Carlo Favero analizaron en un libro, dentro de la OCDE, cómo la austeridad fiscal afectaba la actividad y el crecimiento económico. Encontraron que los ajustes producidos por reducción de gasto se asociaron a una mejora en la actividad económica, mientras que los ajustes producidos vía suba de impuestos tendieron a ser recesivos. Esta lección es importante para Argentina y creo que el Gobierno está enfocado en reducir y hacer más eficiente el gasto público y destinar las mejoras a mantener el equilibrio fiscal y luego a bajar la presión impositiva.

También es cierto que en este proceso hubo que sincerar las tarifas de los servicios públicos, lo que en el corto plazo afectó a los consumidores.

— Del superávit/ajuste reciente, ¿qué parte considera permanente y cuál responde a factores transitorios como licuación, postergación de pagos o atraso tarifario?

— En líneas generales, el equilibrio fiscal que se logró es sostenible y tiene un fuerte respaldo político por parte del presidente, algo nuevo para la historia argentina. En el manejo de corto plazo siempre pueden existir postergaciones o atrasos transitorios, pero no alteran de manera sustantiva la sustentabilidad del equilibrio fiscal.

— ¿Cuál considera es el indicador que mejor resume la “calidad” del ajuste fiscal: resultado primario, financiero, gasto real, deuda flotante, pagos postergados u otro?

— Normalmente la variable que se utiliza es el resultado primario, pero en nuestro caso miraría mucho la evolución del gasto público, una variable que creció de manera extravagante durante los años del populismo kirchnerista.

— ¿El nivel actual de gasto primario es compatible con una desinflación sostenible? ¿Qué supuesto “crítico” no puede fallar para que cierre?

— Con la historia reciente de crisis sucesivas que tuvo la Argentina, el ancla fiscal es esencial para lograr una desinflación sostenible. Además, también son importantes la política monetaria y cambiaria y la formación de expectativas. En este sentido, la inestabilidad política es un factor importante. Por ello, creo que el Gobierno tiene que seguir poniendo énfasis en la acumulación de reservas internacionales y lograr cuanto antes la normalización de su ingreso al mercado internacional de capitales.

— ¿Cuáles son las rigideces del gasto que más condicionan al Gobierno y qué margen real ve para modificarlas?

— Creo que la rigidez más importante es la que proviene de la seguridad social. Durante años se destruyó sistemáticamente el sistema de seguridad social, a través de la confiscación de los ahorros previsionales de la población y a través de la incorporación masiva de beneficiarios del sistema que nunca aportaron al sistema. Esto generó una fuerte licuación de las jubilaciones y, lo que es grave, se destruyó la correspondencia entre aportes y beneficio previsional. Cuando eso ocurre, se incentiva fuertemente el trabajo informal, que es lo que sucedió en el país. Modificar esta situación es difícil en un plazo corto.

En algún momento habrá que encarar una reforma previsional que corrija los descalabros del pasado y reponga una correspondencia adecuada entre aportes al sistema y haberes jubilatorios.

— ¿Si las tarifas quedan atrasadas más tiempo, qué se rompe primero: el resultado fiscal, la inflación o el tipo de cambio real?

— Creo que la normalización completa de las tarifas es algo manejable en el tiempo, sopesando el impacto fiscal por un lado y el impacto sobre los ingresos de los consumidores por el otro. No veo a la normalización tarifaria impactando sobre el tipo de cambio real de manera significativa. Los efectos sobre la inflación hay que verlos como transitorios y no deben requerir cambios en la postura de política monetaria.

— ¿Cómo evalúa la sostenibilidad de la deuda pública bajo distintos escenarios de crecimiento, inflación y tipo de cambio?

— La deuda pública argentina es sostenible. En particular, excluyendo la deuda intrasector público, la deuda pública hoy representa alrededor del 44% del PBI. Además, de este total, la deuda con el sector privado ya está en niveles del 26% del PBI, lo que es positivo. La deuda con organismos multilaterales, el FMI en particular, representa un 17% del PBI aproximadamente. Son números positivos, especialmente en un contexto donde se logró el equilibrio fiscal.

El principal problema de Argentina es que, debido a su pasado, todavía no se normalizó un acceso normal al mercado internacional de capitales y, de esa forma, despejar cualquier duda que pueda tener el mercado sobre la sustentabilidad a futuro, ya que las necesidades de financiamiento aumentan significativamente a partir del año próximo.

— ¿La carga de intereses es manejable sin crecimiento sostenido del PBI?

— No tengo preocupación sobre la carga de intereses y creo que la economía argentina va a crecer de la mano de un clima económico previsible y las inversiones que están empezando a consolidarse.

— ¿Qué tan vulnerable es el financiamiento en pesos ante un shock de expectativas? ¿Qué evento cree que podría gatillarlo?

— La falta de acceso al mercado de capitales indujo un crecimiento del mercado de deuda local en los últimos años y esto estuvo acompañado por una madurez de la deuda doméstica en pesos que es más corta de lo deseable. El Gobierno está haciendo esfuerzos para alargarla, pero el proceso es lento en la medida en que no se normalice el acceso al mercado internacional.

— En un escenario de estrés de rollover, ¿cuál sería el canal dominante: suba de tasas, ampliación de la brecha, emisión o ajuste fiscal adicional?

— En un escenario de estrés de rollover, lo inmediato se manifiesta en una suba de tasas de interés y en inestabilidad cambiaria, como ocurrió en 2025. Por eso es importante acumular reservas y restablecer el acceso al mercado internacional durante 2026, lo antes posible. Estas dos políticas son las más importantes para evitar que vuelva a resurgir la inestabilidad que se vio el año pasado.

— ¿El esquema previsional actual es sostenible con haberes que quedan rezagados frente al salario medio? ¿Qué corrección ve inevitable?

— El esquema previsional actual es insostenible y genera incentivos muy nocivos para la economía. Es inevitable enfrentar el problema, pero hay que reconocer que la polarización política hace muy difícil una discusión seria.

Por eso creo que la continuidad de las políticas presentes en otro período electoral va a ser clave para avanzar con estas reformas y bajar de manera contundente el índice de riesgo país.

— ¿Una reforma tributaria integral es fiscalmente viable en el corto plazo? ¿Qué impuesto tocaría primero y cuál no tocaría?

— La reforma tributaria es otra reforma necesaria y difícil. Un sistema tributario moderno se basa en dos impuestos clave: Ganancias e IVA. Para poder avanzar en una reforma tributaria es necesario discutir una nueva Ley de Coparticipación adoptando el criterio de que todos los recursos tengan la misma distribución, de modo que la coparticipación sea independiente de la estructura tributaria. Hoy eso no es así.

Otro tema central es atacar el rol de los tributos provinciales, como Ingresos Brutos, y la voracidad fiscal de los municipios. Todos estos temas hacen muy compleja la discusión.

— ¿Cuál es el shock más peligroso para la estabilidad fiscal en los próximos 12 meses y qué dato le confirmaría que el programa está funcionando?

— Sin duda el shock más peligroso es la incertidumbre política. La continuidad de las políticas que se están aplicando es central para no volver a las andadas como país.

Fotos: Jaime Olivos

Argentina tiene un sistema tributario que, sumados los tres niveles de gobierno, alcanza los 150 tipos diferentes de tributos, según el relevamiento anual que realiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en su Vademécum tributario.

El número no implica que cada ciudadano o empresa pague los 150. Como aclara el propio informe, “una persona humana o jurídica no tributa la totalidad de los tributos identificados, sino la parte que le corresponde en función del desarrollo de sus actividades, de su posesión de bienes, de su ubicación geográfica y del intervalo temporal que se considere”. Pero la existencia de ese universo de obligaciones —y la posibilidad real de quedar alcanzado por buena parte de ellas— define un escenario de presión fiscal que atraviesa la vida cotidiana de los argentinos.

Argentina es un país federal, y eso se refleja en su estructura impositiva. El Iaraf señala que “las potestades tributarias están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal”, y que “cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos de tributos que determinan el financiamiento de sus funciones”.

De los 150 tributos identificados para 2026, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Este último dato es el que más llama la atención: más de la mitad de los tipos de tributos existentes en el país son de origen municipal. Tasas por habilitación de comercios, contribuciones ambientales, derechos de publicidad y propaganda, tasas por alumbrado, por residuos, por inspección de higiene, por uso de espacios públicos y decenas de otras figuras conforman un catálogo municipal que duplica en extensión al del gobierno nacional.

Esa cantidad de tributos a nivel local tiene consecuencias concretas sobre la carga administrativa de ciudadanos y empresas, especialmente de las pequeñas, que deben cumplir con obligaciones ante tres jurisdicciones distintas y, dentro de cada una, con múltiples conceptos.

A pesar de la amplitud del mapa tributario, la recaudación efectiva está lejos de estar distribuida entre los 150 tributos. El Vademécum 2026 del Iaraf revela una concentración llamativa: apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación consolidada proyectada para este año.

Esos seis son el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene municipal (conocida como TISH). Los 144 tributos restantes se reparten apenas el 15% de lo que recauda el Estado en su conjunto.

Al desagregar la participación de cada uno, el IVA encabeza con el 25% del total recaudado. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social con el 19,1%, el impuesto a las ganancias con el 18,1%, Ingresos Brutos con el 14,7%, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes con el 5,9% y la TISH municipal con el 2,6%.

La recaudación consolidada proyectada para 2026 alcanza el 26,6% del PBI. Si al grupo de los seis tributos principales se suman el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y otros tributos municipales, el porcentaje sube al 94%. Es decir: diez tributos concentran casi toda la recaudación del Estado argentino, mientras los 140 restantes aportan apenas el 6%.

La distribución de lo recaudado sigue una lógica diferente a la del número de tributos. Según el Iaraf, de cada $100 recaudados en 2026, el Tesoro Nacional recibiría $23,1; la Anses $28,3; las provincias y CABA $35,3; y los municipios $13,3. Pero en términos de cantidad de figuras tributarias, los municipios superan ampliamente a los otros niveles.

Esa asimetría —muchos tributos municipales, menor participación en la recaudación total— refleja en parte la naturaleza de las tasas locales, que en muchos casos financian servicios específicos y cuyo monto individual es menor al de los grandes impuestos nacionales o provinciales. Aun así, la acumulación de esas obligaciones tiene peso sobre el contribuyente, tanto en lo económico como en lo administrativo.

Vale también notar que respecto al año anterior el número total de tributos bajó de 155 a 150. La reducción se explica por la eliminación de cinco impuestos internos nacionales —sobre vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, telefonía celular y embarcaciones de recreo— como consecuencia de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). Los tributos provinciales y municipales no registraron cambios en su cantidad.

Una novedad de la edición 2026 del Vademécum es la posibilidad de identificar cuántos tributos rigen en cada una de 33 ciudades del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar qué tan diferente puede ser la carga según el lugar de residencia de un ciudadano o empresa.

Lo cierto es que en cualquier caso la carga administrativa y en la mayor parte de los casos también la económica sobre los contribuyentes es feroz. El municipio del país en que más tributos existen es Tigre, donde hay en total 81 tributos aplicables: los 40 de origen nacional, 9 de origen provincial (en este caso, de la Provincia de Buenos Aires) y nada menos que 32 tasas o gravámenes municipales. Segunda en el ranking está Corrientes, con 80 tributos: los 40 impuestos nacionales, 9 provinciales y 31 tasas municipales de distinto tipo. Tercera en el ranking general es la bonaerense Junín, con 79 tributos (40, 9 y 30 en los órdenes nacional, provincial y municipal, respectivamente), cuarta San Salvador de Jujuy, también con 79 (40, 12 y 27) y quinto el municipio de Ezeiza, con 78 (40, 9 y 29).

En el extremo opuesto, el municipio con menor número de tributos es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, pero no por virtud propia, sino exención ajena. Es que allí el número de impuestos nacionales aplicables se reduce de 40 a 26, a los que se suman 9 impuestos provinciales y 18 tasas y contribuciones o cargos municipales. Entre los municipios cuyos residentes viven menos abrumados por el número de tributos también se cuentan General Alvear en Mendoza (62 en total, con 40 nacionales, 9 provinciales y 13 municipales), Catamarca (62 en total), Rosario (63 en total) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, único distrito en que los tributos son solo de dos jurisdicciones: los 40 impuestos de origen nacional y 25 tasas municipales.

A nivel estrictamente municipal, las 32 tasas y cargos del municipio de Tigre son seguidos de cerca por infiernos tributarios municipales como Corrientes, que aplica 31, la ya mencionada Junín, que acuñó 30, Bariloche y San Salvador de Jujuy, que empatan en 27, las capitales provinciales de Misiones y Salta, que aplican 26 tasas y contribuciones cada una, y Santiago del Estero, donde una empresa o ciudadano puede afrontar hasta 25 tributos de orden exclusivamente municipal.