Tras recuperarse al 4,4% en 2025, en 2026 la economía volverá a crecer, muy probablemente, entre 2,5% y 3%. Aun así, no será un año de “despegue” para los salarios formales: será un período de fuertes modificaciones en los salarios relativos.

Confluyen más de un factor, como se analizó en la nota editorial de este mes, pero más que proyectar tendencias conviene mirar qué muestran los datos.

El cuadro más abajo ofrece una mirada rápida sobre la evolución reciente de salarios y jubilaciones. Con base 100 en noviembre de 2023, los datos muestran que los salarios “normales” del sector privado, medidos a través del Ripte, cayeron durante los primeros meses de la actual gestión y luego se recuperaron hasta ubicarse 1% por encima del dato base, que -para tener en cuenta- estaba 7,5% por debajo del promedio móvil de los 12 meses previos.

Si la medición se realiza con el IVS, un índice que capta mejor la totalidad de ingresos salariales, el resultado es que, a marzo de 2026, los ingresos reales de los asalariados formales del sector privado se mantuvieron por debajo de la base de noviembre (no así si se toma el dato de diciembre, con el “fogonazo” inflacionario de ese mes).

En ambos índices, además, se observó una caída de los ingresos reales en el primer trimestre de 2026 (última columna). El resto de los ingresos laborales tuvo una evolución conocida: los salarios públicos cayeron respecto de la base, pero se estabilizaron en el primer trimestre de 2026.

Los ingresos informales mostraron un ascenso sostenido, que ubicó el último dato 74% por encima de noviembre de 2023 y más de 100% real por sobre diciembre de ese año. Este crecimiento acelerado respondió a varios factores que conviene tener en cuenta:

1. El retraso en la recolección de los datos de ingresos informales a través de la EPH sobreestima las caídas en términos reales cuando la inflación se acelera y también sobreestima la recuperación cuando la inflación se frena.
2. La medición de ingresos por declaración de los agentes tiene menor precisión que la que surge de registros. Esto vale para la EPH tanto para ingresos formales como informales, pero la mayor variabilidad de estos últimos reduce la confiabilidad del dato.
3. El empleo en los últimos tres años creció básicamente de la mano de trabajadores independientes e informales. Entre el cuarto trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2025, los puestos de trabajo ocupados totales crecieron 833 mil, pero mientras la cantidad de asalariados registrados no se movió (cayó en 5 mil), todo el aumento se explicó por no asalariados (673 mil) y por asalariados informales (144 mil).

Esta “explosión” de crecimiento, básicamente informal, determinó cambios en la composición de este grupo que pueden haber incidido en la definición de un “ingreso medio informal” representativo.

En otras palabras, se intenta medir un agregado que se transforma aceleradamente (a diferencia del grupo de asalariados formales, que se estanca) y, por lo tanto, las características del conjunto -en particular el promedio de ingresos- pueden variar.

Con dudas sobre la evolución futura del ingreso medio informal, por lo antes señalado, para el resto de los ingresos laborales el panorama es más claro y menos promisorio. A favor de una recuperación real jugará una baja persistente de la inflación, en función de su magnitud.

Dado que venimos de tasas en torno de 3%, cabe esperar variaciones al menos neutras cuando la inflación perfore el 2% mensual. En salarios privados formales, la estrategia oficial de homologar acuerdos colectivos con pauta inferior a la inflación seguramente persistirá durante 2026 y 2027. Eso no impide que los salarios efectivos (medidos por IVS y Ripte) se acerquen o superen en algún mes la tasa de inflación.

Un informe de la Secretaría de Trabajo mostró que, con base en noviembre de 2023, el salario de convenio promedio se ubicó en marzo 6% por debajo de su base, mientras que el salario promedio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se encontró 3% por encima de la base (la variación usando el promedio del SIPA difiere, como se ve, de los datos del cuadro previo). La diferencia de 9 puntos entre salarios efectivos y de convenio creció en los últimos 6 meses.

Un cuadro elaborado por la misma Secretaría, con datos desde diciembre de 2012, mostró que, para el período que llegó hasta fines de 2020, la remuneración de convenio estuvo por encima de la remuneración efectiva promedio (en términos reales, respecto de la base).

Desde entonces, la remuneración de convenio evolucionó por debajo de los salarios efectivos, y esa diferencia alcanzó su máximo en la actual Administración, en particular en los últimos 6 a 9 meses.

En un contexto de economía más abierta y que enfrenta la necesidad de reestructuraciones relevantes, la estrategia oficial de evitar la indexación de los salarios de convenio aparece como la más apropiada para preservar el empleo (es decir, para evitar que las empresas que necesitan reestructurar no se vean forzadas por aumentos insostenibles de costos laborales) y facilitar cambios de salarios relativos entre sectores y entre empresas. Es inevitable que esta situación lleve a un crecimiento de la dispersión salarial, que ya se observa en múltiples dimensiones: sectorial, regional, e intrasectorial e intraempresa.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 686 de FIEL

Argentina vuelve a sentarse sobre una fortuna. Vaca Muerta despliega su potencial, el litio atrae capitales que hace una década parecían imposibles y el RIGI promete inversiones, exportaciones y los dólares que el país necesita con urgencia. La conversación pública se concentra, como siempre, en cuánto dinero va a entrar. Pero esa es la pregunta fácil, y casi siempre la equivocada: la que define el destino de una generación es qué se hará con esos ingresos, y todo indica que el país está a punto de responderla mal.

El reflejo argentino ante un ingreso extraordinario es conocido: gastarlo. No transformarlo, no ahorrarlo, no convertirlo en capital que sobreviva al ciclo de precios que lo hizo posible. Y esta vez puede salir caro, porque la riqueza del subsuelo tiene una particularidad que la vuelve traicionera: se agota.

Conviene detenerse ahí, porque ese es el corazón del problema. Un pozo petrolero, un salar de litio o una veta minera son activos que la naturaleza acumuló durante millones de años y que una sola generación extrae en pocas décadas. La verdadera riqueza no son las regalías que ingresan cada año: es el recurso que desaparece para generarlas. Cuando una provincia cobra una regalía no recibe una renta que se renueva sola: vende un pedazo de su patrimonio. La pregunta inevitable es qué queda cuando ya no haya nada más para vender.

No es una preocupación abstracta ni nueva. Hace más de tres décadas los economistas le pusieron nombre a la trampa. Jeffrey Sachs y Andrew Warner notaron algo perturbador: muchos países ricos en recursos naturales crecían menos que otros aparentemente menos favorecidos. De ahí surgió una literatura sobre la “maldición de los recursos”.

Los mecanismos son varios: la enfermedad holandesa, que infla un sector exportador y aplasta a los demás; el deterioro institucional que provocan las rentas fáciles. La conclusión es incómoda y consistente: la abundancia no garantiza prosperidad. A veces la entorpece.

Trabajos como los de Fernanda Brollo, Tommaso Nannicini, Roberto Perotti y Guido Tabellini muestran, incluso, que los ingresos inesperados pueden generar incentivos perversos en los gobiernos y corroer la calidad de las instituciones. El dinero que cae del cielo no siempre construye; muchas veces afloja.

La economía de los recursos naturales ofrece una brújula tan simple como exigente: la regla de Hartwick. Si una sociedad explota un recurso que no se renueva, debería convertir esas rentas en otra forma de capital capaz de sostener el bienestar futuro.

La lógica es la de una familia que hereda una propiedad y la vende. Si gasta todo el dinero en consumo cotidiano, los hijos heredarán un recuerdo y nada más. Si lo reinvierte, el patrimonio puede mantenerse o incluso crecer. La diferencia no es contable: define el bienestar de varias generaciones.

Se sabe, sin embargo, hacia dónde empuja la política. Los gobiernos tienen necesidades inmediatas: salarios, funcionamiento del Estado, programas sociales, demandas que no esperan. Cuando aparece un ingreso extraordinario, la tentación de usarlo para tapar agujeros corrientes es casi irresistible.

El detalle fatal es que el gasto corriente tiene una asimetría brutal: subirlo de forma permanente es fácil; bajarlo cuando la bonanza termina es políticamente devastador. Así se construyen las crisis del día después. Y la bonanza, en estos rubros, siempre se termina. Los precios del petróleo, del cobre y del litio se mueven con violencia: una crisis geopolítica los dispara; una desaceleración global los derrumba.

El conflicto en Medio Oriente es apenas el recordatorio más reciente de que nadie controla esa variable. Atar el gasto estructural de un Estado a un ingreso tan volátil es edificar sobre arena y sorprenderse después de que la casa se caiga.

Alguien dirá que la salida es invertir en lugar de consumir. Es cierto, pero no alcanza. Después aparece una segunda pregunta, todavía más difícil: ¿invertir en qué? Gastar en obra pública no equivale automáticamente a desarrollo.

Una provincia puede construir infraestructura estratégica que eleve la productividad durante décadas o puede financiar obras de baja rentabilidad social elegidas por conveniencia política.

Investigaciones recientes, como las de Stanislao Maldonado y Martín Ardanaz para municipios del Perú, muestran que disponer de recursos extraordinarios no mejora por sí solo la eficiencia del gasto. Una obra improductiva no es inversión: es consumo presente con mejor disfraz. La discusión, entonces, no debería ser cuánto se invierte, sino qué capacidad productiva futura deja esa inversión.

En Argentina, además, todo esto cae sobre un andamiaje fiscal que ya hace agua. Las provincias productoras cobran regalías, pero también participan de la coparticipación federal, cuyos coeficientes siguen definidos esencialmente por una ley de 1988. El mandato constitucional de 1994 para reformar ese régimen lleva más de tres décadas sin cumplirse.

Sumar nuevas fuentes de riqueza extraordinaria a un esquema de reparto diseñado hace casi 40 años no es un detalle técnico: es una bomba de tiempo con la mecha encendida.

Hay otro camino, y no es ciencia ficción. Varios países crearon fondos soberanos y de estabilización para ahorrar parte de la renta en los años buenos y usarla cuando los precios caen, o preservarla directamente para las generaciones que vienen.

Noruega es el ejemplo de manual: canalizó buena parte de su renta petrolera hacia un fondo que invierte en activos financieros y blindó su presupuesto de los vaivenes del crudo. No es una fórmula mágica ni trasplantable sin más, pero demuestra que la maldición de los recursos no es un destino. Es una decisión.

Y esa es, al final, la única pregunta que importa. No se trata de discutir si la minería o los hidrocarburos son buenos o malos, ni de negarle a las provincias el derecho a aprovechar lo que tienen. Se trata de algo más profundo: cuando una sociedad descubre una riqueza extraordinaria, ¿la usa para consumir un poco más hoy o para construir las capacidades que le permitan vivir mejor mañana?

La riqueza ya está bajo el suelo. El error también está al alcance de la mano, porque se cometió antes y el guion se conoce de memoria. La fortuna que aparece debajo de la tierra no es el desafío: el desafío es saber qué hacer con ella. Todavía hay tiempo de no malgastar la respuesta.

Los autores son ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de Abeceb, y economista del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente

En las últimas décadas, gran parte de la política económica argentina se orientó a estimular la demanda agregada mediante expansión del gasto público, aumento del consumo, atraso cambiario, subsidios, emisión monetaria y crédito barato. Esos estímulos generaron efectos relativamente rápidos sobre el nivel de actividad y el empleo, pero terminaron siendo macroeconómicamente inconsistentes y derivaron en inflación, crisis cambiarias y estancamiento.

El programa económico actual partió de una lógica distinta: más que impulsar la demanda en el corto plazo, buscó modificar los incentivos sobre la oferta agregada a través de la estabilización macroeconómica, la recomposición de precios relativos, la reducción de distorsiones y regulaciones, y la creación de condiciones para elevar inversión, productividad y capacidad productiva.

Evaluar el éxito del programa exclusivamente por la evolución coyuntural del consumo o del nivel de actividad puede conducir a diagnósticos apresurados, precisamente porque el objetivo es transformar los incentivos que determinan decisiones de inversión de largo plazo, y los efectos relevantes tienden a aparecer más lentamente que en los modelos basados en expansión de la demanda.

En el fondo de esta cuestión está la dificultad histórica de Argentina para sostener procesos de estabilización macroeconómica. El freno no fue el desconocimiento técnico, sino los conflictos distributivos y políticos: grupos sociales, económicos y corporativos intentaron evitar asumir el costo del ajuste fiscal y trasladarlo a otros sectores. Esa “guerra de desgaste” postergó reformas aun cuando la insostenibilidad del modelo existente resultó evidente.

Desde esta perspectiva, es sencillo entender cómo Argentina convivió durante años con déficits fiscales persistentes, inflación elevada, emisión monetaria, volatilidad cambiaria y controles crecientes, mientras sucesivos gobiernos evitaron implementar un ajuste profundo por la dificultad política de definir quién debía absorber sus costos.

El programa de estabilización impulsado por el gobierno actual puede interpretarse como el desenlace de ese proceso. La magnitud de los desequilibrios acumulados, el agotamiento del régimen económico previo y la ausencia prolongada de crecimiento terminaron habilitando políticamente un ajuste que durante años se consideró inviable.

Estabilizar no alcanza: cuándo llega a la economía real

La estabilización es un objetivo intermedio de la política económica, no un fin en sí mismo. Por eso, el interrogante central es si esa estabilización podrá generar las condiciones necesarias para que la economía vuelva a crecer de manera sostenida.

En una primera etapa, el éxito de un programa orientado a estabilizar se evalúa sobre todo con variables nominales: inflación, tipo de cambio y reservas internacionales. Sin embargo, la estabilización solo adquiere legitimidad social duradera si luego se traduce en mejoras de variables reales como inversión, empleo, salario real y consumo.

La lógica económica detrás de este enfoque es simple. Cuando los agentes perciben que la estabilidad es sostenible, aumenta la previsibilidad y mejoran los incentivos para invertir, ahorrar, producir y asumir riesgos de largo plazo. Esto es lo que subyace detrás de la denominada “teoría del derrame”: la estabilidad macroeconómica y la mejora de incentivos terminan generando más crecimiento, más productividad, más inversión y, eventualmente, mayores niveles de bienestar para el conjunto de la sociedad.

Aparecen, sin embargo, varios interrogantes:

1. Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que los beneficios de la estabilización comiencen a percibirse en el consumo, que sigue siendo, por lejos, el principal componente del PBI argentino (más del 70% en 2025). No existe una respuesta clara y la experiencia internacional es poco concluyente, porque los procesos de estabilización suelen ser heterogéneos.
2. Cuánto crecimiento puede esperarse. Los datos recientes mostraron señales alentadoras, pero todavía insuficientes para hablar de una recuperación plenamente consolidada. En términos desestacionalizados, el EMAE de marzo alcanzó un máximo histórico y se ubicó por encima de los picos registrados tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como durante la presidencia de Alberto Fernández. Sin embargo, al observar la dinámica más reciente, el ritmo de expansión aparece bastante más moderado: el nivel de actividad se encuentra apenas alrededor de un 2% por encima del registrado en febrero del año pasado. Los datos reflejaron, así, una dualidad: una economía que estabilizó ciertas variables nominales y recuperó parte del terreno perdido, pero con un crecimiento todavía heterogéneo y lejos de generar una mejora generalizada y rápida sobre consumo y empleo.
3. ¿Cuál será el motor del crecimiento argentino? Los modelos macroeconómicos más básicos muestran que el crecimiento puede explicarse por aumentos de la demanda agregada o por aumentos de la oferta agregada.

En el corto plazo, el crecimiento suele responder a una recuperación de la demanda. En horizontes más largos, el crecimiento sostenible depende principalmente de la capacidad de aumentar la oferta agregada, es decir, de expandir la capacidad productiva de la economía. Allí aparece el desafío estructural.

Para aumentar la oferta agregada es necesario incrementar el stock de capital, incorporar tecnología, mejorar la productividad y elevar la eficiencia del sistema económico. Con el mismo capital y la misma tecnología, la capacidad productiva difícilmente pueda expandirse de manera significativa.

Salvo, claro, que un país tenga la fortuna de descubrir y explotar recursos naturales altamente demandados a nivel global. Y eso es lo que hoy comienza a ocurrir en Argentina con sectores como la energía y la minería, que podrían transformarse en los principales vectores de expansión en los próximos años. Los aumentos de las cantidades exportadas aportan la prueba necesaria.

vez el principal desafío analítico del presente argentino consista en entender que la economía podría estar atravesando un cambio casi inédito. Esto obliga a discutir no solo cuánto crecerá la economía en los próximos meses, sino, sobre todo, si Argentina logrará construir las condiciones macroeconómicas, institucionales y productivas necesarias para sostener el crecimiento durante la próxima década.

El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de mayo del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral