El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que detalló la nueva política de reducción de retenciones a las exportaciones del agro y la industria. El anuncio se dio un día después de la presentación oficial realizada por el presidente Javier Milei, quien había vinculado la baja de alícuotas a la evolución de la recaudación tributaria. Según precisó Caputo, la disminución será gradual y prefijada, con un esquema establecido que ya incluye los costos fiscales estimados para los próximos años.

Durante la conferencia, Caputo remarcó que la relación con el sector agropecuario se basa en la confianza y en el cumplimiento de compromisos asumidos desde el inicio de la gestión. “Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo es llevar las retenciones a cero. Ese es el objetivo final”, afirmó el funcionario. Además, sostuvo que la eliminación total de este tributo solo podría concretarse durante un eventual segundo mandato.

Según lo explicado por el ministro, el Gobierno busca enviar una señal clara y estable al campo, destacando que todos los tramos de reducción de alícuotas ya están definidos. “Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, subrayó Caputo, en referencia a la diferencia con lo planteado el día anterior por el presidente Milei. Esa precisión responde a la inquietud de productores y cámaras del sector, que reclamaron previsibilidad para la toma de decisiones.

El esquema de reducción de retenciones a la soja, según la presentación oficial, no dependerá de la recaudación fiscal mensual o anual, sino que seguirá un calendario previamente comunicado. El Gobierno ya calculó el costo fiscal de esta decisión, tanto para el agro como para la industria exportadora.

Durante 2026, las alícuotas para trigo y cebada tendrán un recorte de dos puntos tan pronto como en junio. Después de ese ajuste inicial, las retenciones para estos cultivos seguirán un esquema de reducción gradual que continuará en los años siguientes. A partir de 2027, la baja de retenciones se extiende a todos los cultivos, se suman sorgo, maíz y girasol, aplicando una disminución mensual preestablecida. En el caso de la soja, por ejemplo, la alícuota bajará un cuarto de punto porcentual cada mes a lo largo de 2027, comenzando en 23,75% y finalizando el año en 21 por ciento. En 2028, la reducción será más acelerada, con una baja de medio punto porcentual por mes para todas las producciones, hasta alcanzar el porcentaje programado en el cronograma oficial.

Caputo detalló que el costo fiscal estimado por la reducción de retenciones al agro será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En cuanto a la industria, la baja de alícuotas tendrá un costo de USD 25 millones de dólares en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro explicó que estos montos surgen de la aplicación del esquema progresivo de reducción de tributos y que la mayor parte del impacto fiscal ocurrirá en el último tramo, cuando se consolide la baja para todos los cultivos y sectores involucrados. Más aún: el grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Según Iraeta, el aumento de los costos de insumos, especialmente fertilizantes derivados del petróleo cuyos precios se dispararon por la guerra en Irán, motivó la decisión de acelerar el alivio tributario para productores. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Caputo también respondió a las consultas sobre el impacto de la medida en las cuentas públicas y la posibilidad de que se requiera un ajuste fiscal adicional para sostener el superávit. “No va a ser necesario ningún ajuste adicional porque estamos proyectando una mayor recaudación. Vemos una recuperación en los indicadores de actividad económica y en la recaudación misma”, sostuvo el ministro. En ese sentido, aseguró que el esquema de baja de retenciones para el año próximo es el máximo esfuerzo que permite la situación fiscal actual, pero que hacia 2027 el crecimiento económico facilitará nuevas reducciones.

La conferencia de prensa abordó también la inquietud por la posibilidad de especulación en el mercado de granos ante la baja gradual de la alícuota de soja. Iraeta explicó que la publicación del cronograma busca evitar distorsiones y brindar certidumbre a los actores del sector. “Al tener idea de lo que es el cronograma, vos sabés cuál va a ser el valor de la retención, cuál va a ser la alícuota y en función de eso hacés tus negocios”, señaló.

En cuanto a la implementación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para instrumentar la reducción de retenciones. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. El ministro también convocó a las provincias y municipios a acompañar el esfuerzo de reducción impositiva, recordando que las retenciones son impuestos no coparticipables y que la baja de la presión fiscal nacional debería complementarse con una disminución de impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales.

Al ser consultado sobre la distribución del impacto fiscal, Caputo subrayó que la reducción de tributos nacionales no coparticipables genera un aumento en la base imponible de las provincias, ya que las empresas obtienen mayores ganancias y, en consecuencia, pagan más impuestos coparticipables. El funcionario sostuvo que “todas estas medidas tienen un impacto directo en las provincias, porque implican mayor ganancia y Ganancias es un impuesto que se coparticipa”.

El ministro de Economía también hizo referencia a la dinámica sectorial de la industria, al señalar que, si bien algunos sectores ligados al mercado interno muestran rezago, los datos recientes indican una recuperación generalizada. “El EMAE tiene dieciséis sectores, quince crecieron. El único que no creció es el sector público”, explicó. Además, destacó el crecimiento de las exportaciones industriales y el cumplimiento de los cupos de la Unión Europea, al atribuirlo a una mayor integración de las empresas argentinas en el comercio internacional.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, puntualizó que la reducción de retenciones para la industria se concentra en sectores exportadores como el automotriz y petroquímico. “La carga de impuestos sobre la exportación era muy relevante reducirla, especialmente el dos y medio de tasa de retenciones. Ese es el margen que tiene una camioneta cuando se exporta a mercados que compite con los chinos, con los americanos, con los mexicanos”, argumentó Lavigne. Según el funcionario, la eliminación de estas alícuotas es clave para que los productos argentinos puedan competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.

La conferencia también incluyó referencias a la infraestructura y la logística como ejes para mejorar la competitividad. Caputo mencionó la concesión de 9.100 kilómetros de rutas a partir de junio y el avance en la licitación de la hidrovía y el Belgrano Cargas. Según el ministro, estas obras ayudarán a reducir los costos logísticos, especialmente para el interior del país, y acompañarán el proceso de crecimiento de la producción agroindustrial.

El Gobierno enfatizó la importancia de la previsibilidad para el sector agropecuario y la industria. Tanto Caputo como Iraeta remarcaron que el anuncio de un cronograma anticipado para la baja de retenciones apunta a despejar incertidumbres y evitar conductas especulativas que podrían afectar la liquidación de divisas. “La baja es gradual y mes a mes, para evitar movimientos discretos fuertes”, explicó Caputo.

En la conferencia, los funcionarios reiteraron que los anuncios buscan generar un entorno estable para la producción y la exportación, sin depender de variables fiscales de corto plazo. Caputo sostuvo que la expectativa oficial es que la tendencia de crecimiento económico y recuperación de la recaudación permita sostener el alivio tributario sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.