POLITICA
Luego del escándalo de los videos, Jesica Cirio rechazó la posibilidad de ser detenida y aseguró que no existe riesgo de fuga

La defensa de Jesica Cirio presentó este viernes un escrito ante el juez federal de Lomas de Zamora para rechazar un eventual pedido de detención en su contra. La presentación se realizó luego de que distintos medios informaran que la fiscalía habría solicitado su arresto como parte de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, expediente en el que también está involucrado su exmarido Martín Insaurralde.
En la presentación, los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia afirmaron que no habían sido notificados oficialmente sobre el supuesto requerimiento fiscal hasta el momento y cuestionaron que la información se conociera primero a través de publicaciones periodísticas.
“Como sucedió tantas veces en este proceso”, señalaron los defensores, se enteraron por los medios de comunicación de la presunta solicitud de detención y advirtieron que desconocen el contenido del dictamen fiscal, si es que efectivamente fue presentado. Aun así, sostuvieron que no existen los requisitos legales para ordenar una medida de ese tipo y remarcaron que Cirio “siempre estuvo a derecho” durante toda la investigación.
En ese sentido, destacaron que la conductora mantuvo domicilio constituido desde el inicio del expediente, informó voluntariamente todos sus viajes al exterior y regresos al país, y cumplió con cada una de las citaciones judiciales. También recordaron que recientemente la Justicia allanó un inmueble cuya existencia, según afirmaron, era conocida por el tribunal desde hacía años.
La defensa también descartó que exista riesgo de fuga. Argumentó que Cirio es una persona de alta exposición pública, que tiene una hija menor escolarizada y que actualmente cursa un embarazo avanzado, circunstancias que, según plantearon, vuelven “insostenible” cualquier hipótesis de que intente abandonar el país o permanecer oculta.
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Otro de los ejes del escrito apunta a desestimar un posible peligro de entorpecimiento de la investigación. Los abogados sostuvieron que no existe ninguna evidencia de que la modelo haya intentado influir sobre testigos y calificaron de “conjetural” cualquier sospecha en ese sentido.
Incluso hicieron referencia a una empleada doméstica de Cirio, citada a declarar como testigo el próximo 8 de julio, y plantearon que resultaría irrazonable exigir que la imputada deje de mantener contacto con una colaboradora que trabaja con ella desde hace años únicamente por haber sido convocada por la Justicia.
En otro tramo de la presentación, los defensores remarcaron que, pese a que la investigación lleva tres años, la fiscalía nunca había solicitado la declaración indagatoria de Cirio, circunstancia que, según interpretan, demostraba que hasta ahora no existían elementos suficientes para avanzar sobre su situación procesal.
El escrito también cuestiona el valor probatorio del video difundido meses atrás por un medio periodístico y que forma parte de la investigación. La defensa recordó que el propio Ministerio Público Fiscal pidió realizar pericias para determinar si las imágenes fueron editadas o manipuladas y sostuvo que tampoco es posible establecer con certeza cuándo ni dónde fueron registradas.
Además, señalaron que un testigo declaró que la difusión del material se habría producido en un contexto extorsivo, con el supuesto pago de 500.000 dólares a una mujer vinculada con un abogado, un episodio que, según indicaron, ya había sido denunciado por Cirio en 2025 ante la Justicia ordinaria.
Con esos argumentos, los abogados solicitaron al juez que rechace cualquier eventual pedido de detención y mantenga la situación procesal de la conductora mientras continúa la investigación.
Jesica Cirio, Martín Insaurralde, escándalo
POLITICA
Tras el contundente reclamo de la AMIA, el Gobierno prometió colaborar con la causa pero no tiene en carpeta nuevas medidas

Este 32° aniversario del Atentado a la AMIA se escuchó uno de los discursos más contundentes en relación al avance de la causa judicial y a la necesidad de realizar mayores esfuerzos gubernamentales. Lo realizó el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien sentenció que “el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia”.
En primera fila estaba el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes no hablaron durante el acto y se limitaron a escuchar las palabras de Armoza, quien hacia el final del discurso reconoció la voluntad de la actual administración de condenar a organizaciones terroristas.
“En medio de esta ola de cinismo global, celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno Nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia, manifestando su apoyo expreso al Estado de Israel en este momento tan delicado, y habiendo declarado también a Hamás como organización terrorista”, afirmó.
Aunque fue elogioso, Armoza hizo énfasis en varios pedidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, donde el oficialismo de La Libertad Avanza tiene margen para accionar.
Por la parte ejecutiva, pidió “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. Asimismo, solicitó que se “aceleren las designaciones al respecto para cubrir todos los cargos que se encuentran vacantes”. Para el lado del Congreso, pidió el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo, aunque sin explicar qué tipo de políticas públicas.

“Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial”, afirmó un importante funcionario de la Casa Rosada.
Infobae se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, para pedir sus opiniones acerca del pedido por refuerzos en la Triple Frontera, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.
Al respecto de la aceleración de pliegos judiciales, el Ministerio de Justicia prevé seguir con el envío de pliegos luego del receso invernal que va a tener el Congreso por estas dos semanas. Se espera que la propuesta de acuerdos por las diferentes vacantes que hay sea algo menor que en los últimos meses. Esto es por la importancia y la magnitud de los cargos que se van a proponer. La Casa Rosada comenzó mandando pliegos de juzgados menos atravesados por la política y prevé seguir avanzando con los más complejos en los próximos meses, aunque de manera más dosificada. “Las vacantes se van a cubrir”, afirman.
En cuanto a los aspectos legislativos, en el oficialismo se sinceran y afirman que no hay proyectos en materia de lucha contra el terrorismo por el momento, aunque eso no significa que se puedan comenzar a elaborar nuevas propuestas. “Sacamos la Ley de Juicio en Ausencia. Más no podemos hacer por el momento. Entendemos si creen que no tuvo los resultados esperados, pero hay buena predisposición de nuestro lado”, afirmó una importantísima voz del oficialismo.

Una de las figuras del Gobierno que estuvo presente en el acto dio ante Infobae su opinión sobre el discurso de Armoza: “Juicio en ausencia no puede nacer mal. Es una nueva institución y se deben tomar recaudos. Pero es un avance importantísimo”.
En todo el arco del oficialismo evitaron pronunciarse sobre las consideraciones que el titular de la institución realizó sobre los jueces y fiscales aludidos, aunque algunos de ellos reconocieron la lentitud y “la falta de justicia” que rodea a la Causa AMIA.
En uno de los fragmentos exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Quien estaba en el acto mientras era aludido era Barroetaveña, quien hace días logró una medida cautelar para poder participar de las elecciones y renovar su mandato en el Consejo de la Magistratura.
El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. Quien fue mencionado por haber realizado un aporte “nulo” a la investigación fue el fiscal Julio Miranda, cotitular de Basso en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA). También fue citado el responsable del Área de Análisis de la Unidad, el fiscal general Pablo Ouviña.
POLITICA
Revocaron el sobreseimiento de Espinoza y ordenaron que enfrente un juicio oral por abuso sexual

La Cámara Nacional de Casación Penal revocó hoy el sobreseimiento del intendente de La Matanza Fernando Espinoza y ordenó que enfrente un juicio oral, que deberá realizarse “a la mayor brevedad”, acusado de haber abusado sexualmente de una exsecretaria suya.
La decisión la tomaron los camaristas Horacio Días y Alberto Huarte Petite, que sostuvieron que fue arbitraria la decisión de apartar a la denunciante, Melody Rakauskas, de la causa porque ella no tenía abogado. Al apartarla, la causa se quedó sin impulso porque la fiscalía había pedido el sobreseimiento de Espinoza y solo la querellante promovía la investigación.
Espinosa fue sobreseído, en un primer momento, por falta de pruebas. La fiscal del caso, Mónica Cuñarro, entendió que no había elementos para sostener la acusación y el fiscal ante la Cámara, Mauricio Viera, se pronunció luego en el mismo sentido.
Pero además, la jueza Inés Cantisani, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió quitarle el rol de querellante a Rakauskas porque incumplió en presentar abogados en los plazos requeridos y responder a las notificaciones judiciales y policiales. Así, Espinosa fue sobreseído por falta de acción penal.
El nuevo abogado de la denunciante, Ignacio Fernando Barrios, argumentó que ella nunca abandonó la querella ni desistió de la causa. “Lo que existió fue una falta transitoria de patrocinio letrado, frente a la cual ella pidió expresamente un plazo, manifestó su voluntad de continuar y reclamó la realización del juicio”, dijo el abogado.
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La Justicia recibió un informe sobre el patrimonio de Adorni con inconsistencias y la fiscalía ya trabaja en un pedido de explicaciones

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) entregó a la Justicia un informe técnico sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El estudio, según supo TN, señala la existencia de “inconsistencias” y ahora la fiscalía trabaja en darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
El informe, según pudo saber TN, es de carácter técnico y no establece una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Su contenido marca inconsistencias que deberán ser analizadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien terminará de definir los próximos pasos de la investigación.
La elaboración del estudio había sido solicitada por Pollicita para reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. El objetivo era contar con elementos suficientes para determinar si existía algún desbalance que amerite un pedido de explicaciones adicionales antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
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Ahora, el análisis queda en manos de Pollicita. La fiscalía deberá determinar qué aspectos concretos deben ser aclarados y cómo se formulará el eventual pedido de explicaciones patrimoniales.
La reconstrucción solicitada por el fiscal contempló un análisis individual de Adorni y Angeletti y otro consolidado del grupo familiar. Entre otros puntos, la DAFI debía establecer la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada ejercicio investigado.
También debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
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Uno de los objetivos centrales era reconstruir las entradas y salidas de dinero y vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Para evitar duplicaciones, el fiscal había pedido depurar las operaciones que no representaran nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como las transferencias internas o las conversiones de moneda.
El informe también debía comparar las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En particular, se buscó identificar cambios en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución del patrimonio.
Otro de los puntos considerados fue la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Además, debía contrastar esa información con las declaraciones juradas patrimoniales y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.
El análisis de las criptomonedas aparece como uno de los aspectos sensibles de la investigación debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. La elaboración del informe técnico había sufrido demoras por la incorporación de nuevos estudios vinculados con ese punto.
La investigación también contempla la revisión del costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas. En los casos de préstamos, mutuos u otras fuentes de financiamiento, el fiscal había pedido que se analizara la capacidad económica involucrada y que se señalaran eventuales diferencias entre los instrumentos, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.
Como cierre del análisis, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.
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A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar las partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y las disponibilidades acreditadas, presentaran respaldo incompleto, hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito es una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni y continúa en etapa de instrucción. En paralelo, también se tramita un expediente relacionado con el viaje a Punta del Este que realizó durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
Manuel Adorni
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