Después de varios días de negociaciones, el Gobierno de la Ciudad y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo para mantener la convocatoria del 7 de noviembre, pese a la cercanía con la visita del papa León XIV, prevista para el día siguiente.

La administración porteña confirmó el entendimiento a través de un comunicado en el que destacó que será posible garantizar tanto la movilización como el operativo de seguridad previsto para la llegada del Pontífice. Desde la organización de la marcha también celebraron el acuerdo y señalaron que fue resultado del diálogo entre ambas partes.

“Trabajamos junto a la Comisión Organizadora para que la Marcha del Orgullo se realice el 7 de noviembre, como estaba previsto, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo y coordinando el operativo previsto por la visita del Papa”, sostuvo el Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, la Comisión Organizadora afirmó que durante las conversaciones se analizaron distintas alternativas hasta encontrar una solución que permitiera desarrollar ambos acontecimientos el mismo fin de semana.

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y sobreseído a un adolescente acusado de tentativa de robo. Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca cuestionaron los fundamentos utilizados por la magistrada para dejar sin efecto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, ordenaron continuar la investigación y dispusieron su apartamiento del expediente.

El pronunciamiento, al que accedió Infobae, constituye una de las primeras decisiones de una Cámara sobre la aplicación de la Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre. El tribunal consideró que De Marinis había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera una disposición de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos.

“El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”, sostuvo Mahiques en su voto, al que adhirió íntegramente Larocca. Franza desarrolló sus propios argumentos y coincidió con la decisión de revocar la sentencia y apartar a De Marinis.

El fallo responde a la apelación presentada por los fiscales Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra contra la resolución del 21 de septiembre, que había declarado inconstitucional el artículo 1° de la nueva legislación respecto de un adolescente identificado con las iniciales M.I.A., de 14 años, acusado de participar en un intento de robo ocurrido en Palermo.

Los argumentos para revocar la inconstitucionalidad

La Cámara dedicó buena parte de sus fundamentos a examinar las razones utilizadas por De Marinis para considerar que la reducción de la edad de punibilidad vulneraba los derechos de los adolescentes.

Mahiques sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta excepcional y recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la considera la última alternativa del orden jurídico cuando una disposición legal resulta incompatible con una garantía constitucional.

En ese sentido, el camarista advirtió que la jueza había desarrollado extensamente los principios de protección integral de la infancia, pero no explicó de qué manera el límite de 14 años establecido por el Congreso resultaba contrario a una obligación constitucional o convencional concreta.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que habían sido utilizadas por De Marinis para justificar su decisión.

La Cámara recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no determina expresamente cuál debe ser. También señaló que la Observación General N° 24 del Comité reconoce los 14 años como estándar mínimo general aceptable, aunque recomienda mantener edades superiores cuando los Estados ya las tienen establecidas.

Para el tribunal, esas recomendaciones constituyen pautas interpretativas relevantes, pero no equivalen por sí mismas a una prohibición jurídica de modificar la legislación nacional.

El fallo también cuestionó que De Marinis hubiera utilizado las circunstancias particulares del adolescente y las características del intento de robo para declarar inconstitucional una disposición que establece una regla general sobre la edad de responsabilidad penal.

La magistrada había valorado la situación de vulnerabilidad social del joven, la ausencia de lesiones físicas a la víctima y que el robo había quedado en grado de tentativa.

Mahiques señaló que esos aspectos pueden resultar relevantes para determinar la responsabilidad individual, evaluar eventuales salidas alternativas o establecer una sanción proporcional, pero no permiten concluir que la edad mínima establecida por el Congreso sea inconstitucional.

En otro tramo, la Cámara advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla respuestas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas socioeducativas, mediación y suspensión del proceso a prueba. Por lo tanto, cuestionó que la sentencia original hubiera considerado la posibilidad de una pena de prisión como consecuencia necesaria de la aplicación de la ley.

El apartamiento de De Marinis

La decisión también incluyó el apartamiento del caso de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas consideraron que De Marinis había adelantado valoraciones sobre la relevancia penal del hecho, su grado de ejecución y la afectación concreta del bien jurídico, cuestiones que deberán volver a examinarse durante la investigación.

Mahiques sostuvo que esas circunstancias justificaban su apartamiento para preservar la imparcialidad del procedimiento. Franza coincidió y fue particularmente crítico respecto de la actuación de la magistrada.

En su voto, consideró que la jueza había incurrido en un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” y cuestionó la insuficiente consideración de los derechos de la víctima en la resolución original.

El tribunal dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y sea remitido a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo magistrado.

El intento de robo que originó la controversia

La investigación comenzó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido después de un intento de robo contra un hombre de 47 años en Godoy Cruz al 2500, en Palermo.

Uno de los acusados, identificado como M.I.A., tenía 14 años y quedó comprendido en el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que había entrado en vigencia cinco días antes.

Su defensa planteó la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de punibilidad y obtuvo una resolución favorable de De Marinis, quien consideró que correspondía aplicar el límite de 16 años previsto por la legislación anterior y dispuso su sobreseimiento.

La Fiscalía apeló inmediatamente la decisión, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se investigara su actuación.

Con la resolución conocida este viernes, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación deberá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Cámara no anticipó una decisión sobre la responsabilidad del adolescente ni sobre las medidas que eventualmente podrían corresponderle, cuestiones que quedarán a cargo del nuevo juez que resulte sorteado.

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El Gobierno atribuye principalmente al contexto internacional la suba del riesgo país, que este viernes volvió a superar los 600 puntos básicos después de diez ruedas consecutivas en alza. En el Ejecutivo sostienen que el movimiento responde a una tendencia global de mayor inestabilidad y esperan que la presión comience a ceder durante los próximos meses.

“La turbulencia del mundo”, sintetizan en el oficialismo. En Nación ponen el foco sobre las tasas de interés de Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre geopolítica, y recuerdan que durante julio también hubo un deterioro de los activos que luego se revirtió parcialmente en agosto.

El riesgo país llegó este viernes a tocar los 628 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de marzo, y luego recortó parte de la suba. El indicador había alcanzado un mínimo de alrededor de 403 puntos a comienzos de julio, por lo que desde entonces acumuló un deterioro cercano a 200 puntos. La caída de los bonos argentinos fue además mayor que la registrada por varios países de la región.

La Reserva Federal de Estados Unidos subió el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75% a 4%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a diez años superó esta semana el 5%. Ese movimiento encarece el financiamiento global y suele ejercer presión sobre los activos de mercados emergentes.

La lectura oficial es que esa presión explica buena parte del deterioro reciente. “La tendencia es a la inestabilidad”, aseguran en el Ejecutivo. Milei ya había utilizado un argumento similar al referirse al aumento de las tasas internacionales y sostuvo que la Argentina enfrenta el shock con una posición externa distinta por el crecimiento de sus exportaciones y del saldo comercial.

Dentro del Gobierno proyectan además que la situación internacional puede comenzar a normalizarse alrededor de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Funcionarios consultados creen que a Donald Trump no le resultará conveniente llegar a esa instancia con una escalada de los conflictos internacionales y esperan una reducción posterior de las tensiones y, más adelante, de las tasas estadounidenses.