La Corte Suprema le devolvió el viernes a la Inspección General de Justicia (IGJ) el control sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, los veedores que debían revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia van a tardar en llegar a la calle Viamonte. Si el expediente sigue los pasos habituales, la veeduría podría quedar para 2027.

El motivo es procesal. Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon arbitraria la sentencia del 18 de junio de la Sala D de la Cámara Civil, que había cancelado la inscripción de la AFA en la IGJ.

Ese fallo de la Cámara Civil Sala D también había anulado la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que ordenaba una veeduría de 180 días hábiles sobre la entidad. Pero la Corte no resolvió el fondo del asunto. Revocó el fallo y devolvió el caso para que se dicte otro.

Por eso el expediente tiene que bajar ahora a la Cámara Civil. Allí deberá dictarse una nueva sentencia que siga lo que dijo la Corte: que la IGJ conserva sus facultades de fiscalización mientras no se cancele la inscripción de la AFA en su jurisdicción de origen, y que hasta entonces la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense no tiene facultades sobre la entidad.

Esa nueva sentencia no puede firmarla la misma Sala D.

La deben dictar camaristas distintos de Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, los que firmaron el fallo que la Corte acaba de anular y que ya favorecieron a la AFA con otras decisiones. Ese tribunal ya venía resolviendo a favor de la AFA desde 2024. Solo cuando haya una nueva sentencia firme el Ministerio de Justicia podrá volver a mandar a los veedores.

Hay que sortear o designar el nuevo tribunal, mandarle el expediente, notificar a las partes y esperar el fallo. Además, la AFA podría volver a presentar recursos, y en enero hay feria judicial. Con todo eso, en los tribunales calculan que la veeduría difícilmente empiece antes de 2027.

“El ministro quiere mandarlos ya, pero ahora eso depende de la Justicia”, dijeron a altas fuentes del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

En la cartera aclaran que no quieren dar ningún paso que la AFA pueda volver a impugnar y que esperarán a que la Cámara Civil se pronuncie de nuevo.

La demora es importante porque los veedores tenían que revisar los balances, contratos y movimientos financieros de la AFA.

Esos mismos libros están bajo la lupa de la justicia penal económica, que investiga a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por supuesto fraude.

Mientras tanto, la Corte dejó claro que la AFA sigue bajo control de la IGJ. Según el fallo, la mudanza de su sede a Pilar no le alcanza para escapar de ese control mientras no se complete formalmente el cambio de domicilio.

Los veedores ya tienen nombre. El 16 de marzo, Mahiques designó al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco para revisar durante 180 días hábiles los libros contables, los registros administrativos, los contratos y los acuerdos comerciales de la AFA.

Además deben revisar el proceso de creación de la Universidad de la AFA. En mayo se presentaron en las sedes de la AFA y de la Superliga para pedir la documentación. Pero en junio la Sala D de la Cámara Civil anuló la resolución que los había designado y tuvieron que suspender la tarea. Sin una nueva sentencia, no pueden volver.

El extitular de la IGJ Daniel Vítolo, que había pedido la veeduría y rechazado la mudanza de la AFA a Pilar dijo que “la Corte puso las cosas en su lugar y ratificó la actuación de la IGJ bajo mi gestión”.

“Ahora depende de las actuales autoridades seguir adelante con la investigación y esclarecer los hechos”, sostuvo. Mahiques lo desplazó del organismo en marzo, poco después de asumir en el Ministerio de Justicia, cuando pidió la renuncia a los responsables de distintas áreas de control. Vítolo vinculó siempre su salida con su pelea con la conducción de la AFA.

Vítolo también cargó contra la maniobra con la que Tapia mudó la sede de la AFA. “Toda la gente en la Argentina advirtió que el traslado del domicilio de la AFA a un baldío deshabitado de la localidad de Pilar, con la complicidad de las autoridades provinciales, era una farsa”, sostuvo.

A su juicio, la Corte removió el principal obstáculo para conocer qué pasó con las cuentas del fútbol, y ese obstáculo lo había puesto la propia Justicia.

La IGJ reclamaba explicaciones por gastos de la AFA por más de US$111 millones entre 2017 y 2025 y por más de US$300 millones en la Superliga.

El fallo de la Corte tiene además un efecto colateral sobre la disputa por quién investiga a la AFA. Si la entidad no completó su cambio de domicilio y para la ley sigue radicada en la ciudad de Buenos Aires, se debilita uno de los argumentos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para reclamar las causas contra la dirigencia del fútbol.

González Charvay, el juez preferido por los acusados, viene disputando los expedientes con sus colegas.

Sostiene que los hechos deben investigarse en su jurisdicción, que incluye Pilar. Allí la AFA fijó su nueva sede y allí está la casaquinta atribuida a Toviggino, una cuestión donde la Corte todavía debe definir quien es competente para investigarla.

Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña le devolvieron a Campana la causa por esa propiedad. El fiscal Mario Villar recurrió a la Corte para que vuelva a la justicia federal, donde había empezado.

Pero para la Corte la AFA no tiene, por ahora, domicilio en Pilar. “La IGJ conserva aún las facultades de fiscalización que la ley prevé sobre la AFA y, consiguientemente, la DPPJ carece, de momento, de facultades sobre la entidad”, dijeron los jueces de la Corte.

El traslado a Pilar no se completó. Sin sede en territorio bonaerense, el juez de Campana pierde razones para intervenir en las causas que tienen a la AFA como presunta víctima de los desvíos de fondos.

El mismo día, la Corte rechazó unificar las investigaciones y mantuvo dos de ellas en la Justicia porteña. Es otra mala noticia para la estrategia de Tapia y Toviggino de concentrar todo en Campana.

Faltaban horas para el allanamiento del 1 de diciembre en Sur Finanzas. “Que borre todas las cámaras”, escribió a las 2:57 Daniela Sánchez, la secretaria personal de Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA. Ese no fue el único mensaje de aquella trasnoche agitada.

“Desconecten los programas”, sostenía otro chat de las 2:07 entre una asesora de la empresa Sur Finanzas, que manejaba Vallejo, y un encargado de sistemas, según reconstruyó en un escrito el juez Tomás Rodríguez Ponte.

Estos mensajes salieron a la luz con el procesamiento y prisión preventiva contra Vallejo.

Para el juez, las órdenes para “borrar” y “desconectar” forman parte de un “protocolo” que incluyó la eliminación de registros, retiro de efectivo de las sucursales de Sur Finanzas, el ocultamiento de vehículos y el traslado de computadoras en torno a los allanamientos.

Ante la consulta de , fuentes cercanas al financista negaron que Vallejo haya dado órdenes en esa dirección.

La secuencia que describió el juez Rodríguez Ponte comenzó con chats anteriores al allanamiento. El 28 de noviembre, Micaela Sánchez, identificada en la causa como quien guardaba llaves de cajas fuertes y equipos informáticos, le preguntó a una empleada si había “algo raro”. Para ese entonces, ya habían pasado tres días de la denuncia de ARCA contra el financista cercano a la AFA por presunto lavado de activos.

“Por el momento tranquilo, estamos operando solo blanco”, contestó la empleada, tal cual reconstruyó el juez. Luego completó su respuesta: “ya arqueamos todo, tenemos guardado todo por las dudas; solo lo blanco está afuera”.

El grupo Sur Finanzas ofrecía distintos servicios: compra y venta de dólares, préstamos y la billetera virtual.

La hipótesis judicial señala que una de las casas de cambio que estuvieron bajo control de Vallejo, Centro de Inversiones Concordia, vendió dólares “a terceros no habilitados o al mercado paralelo”. La Justicia remarcó una supuesta inconsistencia: en las cuentas de esta empresa “se habrían acreditado al menos $4.040.114.708 en 2022″, cifra que “no se correspondía con las ventas declaradas para ese año ($2.440.801.851)”.

En declaraciones judiciales incluidas en el acta de procesamiento, Vallejo mencionó que las casas de cambio bajo su control, durante época de cepo, operaron US$108,1 millones y que tuvo una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar.

Fruto de ese crecimiento fue la adquisición de la billetera virtual, bautizada Sur Finanzas PSP. Esa estructura es el centro de la denuncia por presunto lavado de activos. Allí aparece un “ejército de soldaditos”, en referencia a personas sin capacidad económica que habrían inyectado fondos con apariencia lícita aunque de origen ilícito. Para el juez, la supuesta venta de dólares en el mercado paralelo puede ser el delito precedente del lavado.

La defensa del financista sostendrá que la evasión no puede calificar como el antecedente del lavado. Asimismo y en diálogo con , Vallejo había negado tener un “ejército de soldaditos” que participaban del circuito de lavado.

De vuelta en las horas anteriores a los allanamientos en las sucursales de Sur Finanzas, la Justicia secuestró dos chats que aluden a presuntos movimientos de borrado. La secuencia inició a la madrugada y continuó entrada la mañana de ese 1 de diciembre con supuestos “puchitos”, en aparente a pequeños montos de dinero, dejados como fachada.

En otra conversación por Telegram, de las 1:33 de la madrugada, la secretaria personal de Vallejo le escribió a Micaela Sanchez: “mañana que levanten temprano las ganancias”. No fue un mensaje aislado de trasnoche, según la secuencia desarrollada en el último escrito judicial. A las 2:57 también envió: “mañana Agustín va a ir temprano, decile que borre todas las cámaras”.

El “protocolo” al que aludió el juez también incluyó otras maniobras no digitales en las sucursales de Sur Finanzas. La secretaria señaló “levanté Adrogué Chico, dejé solo puchito, ya está guardado” y su interlocutora respondió “levanté Banfield, dejé puchito también”, tal como reconstruyó el juez.

En descargos presentados ante la Justicia, ambas negaron las acusaciones en su contra. Sánchez argumentó que su función era ajena a operaciones financieras y sólo se ocupaba de la agenda de Vallejo. En tanto, Sánchez afirmó que se desempeñaba como cajera, que no tenía personal a cargo y carecía de medios para incidir en las decisiones de Sur Finanzas.

Esa misma madrugada, a las 2:07 de la mañana, Susana Hoffman, quien asesoraba a Sur Finanzas en materia de normativa del BCRA, le mandó al encargado de sistemas “necesitamos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.

Hoffman explicó en su descargo que había empezado a trabajar con el equipo de sistemas de Sur Finanzas el 27 de noviembre, tres días antes de ese mensaje. Y que el chat citado se refería a un pedido de ella para que borraran programas no permitidos como Instagram, WhatsApp, Facebook y aplicaciones personales de bancos o billeteras virtuales. Ante esta explicación, el juez consideró que ella “no da cuenta de por qué esa tarea debía ejecutarse a las 02:07 horas del mismo día de los procedimientos”.

Y el día posterior al allanamiento, el 2 de diciembre, el juez rescató más mensajes vinculados a los autos del grupo de Vallejo. A las 10:09, Juan Ramón Cervín, señalado como uno de los portavalores encargados del traslado y depósito del efectivo de la empresa, le escribió a su pareja “ahora estamos yendo a lo de Rolo a esconder las tres camionetas”.

En un descargo que presentó a la Justicia, Cervín argumentó que como no tenía acceso a la causa ni tampoco motivos para sospechar que estacionar los vehículos en un lugar determinado pudiera constituir una maniobra de obstrucción.

La secuencia continuó hasta el 3 de diciembre, según el juez. Nahiara Gamarra, descripta como secretaria personal de Vallejo, le pidió al encargado de sistemas que se conectara a su computadora y “la limpie bien”; ante la pregunta “¿puedo borrar todo ?”, respondió “borrá todo sí”.

En su descargo, Gamarra dijo que no tenía vinculación con operaciones financieras y negó todas las acusaciones en su contra. Sobre su situación, el juez indicó que no se manifestó sobre el mensaje citado.

Tras dictar los procesamientos, el Rodríguez Ponte le otorgó la prisión domiciliaria a Vallejo. A su vez, delineó que la investigación sobre los fondos movilizados a través de Sur Finanzas tiene distintas hipótesis sobre las que avanzar. Y en relación a su conexión con el fútbol, mencionó que aguarda un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) sobre la contabilidad que vincula a su empresa con clubes a los que sponsoreó o prestó dinero