El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este viernes que el Gobierno denunciará al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por haber difundido información sobre su familia durante la sesión informativa del miércoles último, a lo que el legislador dijo que espera con “impaciencia” esa presentación judicial en su contra por supuesto espionaje ilegal.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia. Son de procedencia sospechosa. El Gobierno hará la denuncia correspondiente. Esto de andar viendo si un funcionario lleva o no a sus hijos al colegio es una barbaridad. Es confundir lo público con lo privado”, expresó Adorni por la mañana en una entrevista con El Observador.

De esa acusación de Adorni se hizo eco el presidente Javier Milei, quien sostuvo desde sus redes sociales que le “gustaría saber qué opinan las basuras inmundas de Fopea sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19)”.

“¿Creen estar por encima de la Constitución?”, se preguntó Milei.

En su respuesta, Tailhade expresó por la misma vía: “No necesito el apoyo de la infame FOPEA, pero gracias igual por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje”.

“No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo ‘Ahora sí, no hay nada más’. Hay mucho, mucho, mucho más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la ‘charla para empresarios’ a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también su fotógrafo personal que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación?”.

Y prosiguió: “Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con Espert y ahora está repitiendo el mismo error. Y deje de boludear en X y póngase a trabajar, porque la situación económica de los laburantes y las familias argentinas es dramática”.

“Espero con impaciencia -no exenta de entusiasmo- la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal”, concluyó Tailhade.

Durante la sesión del miércoles último, en la que Adorni respondió preguntas de la oposición por su incremento patrimonial, Tailhade señaló el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario, incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuenta.

“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda. Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa”, interrogó Tailhade en aquella oportunidad.

A lo que Adorni respondió: “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia”.

Por eso el ministro coordinador insistió este viernes en que la información difundida por Tailhade fue producto del “espionaje”.

En sintonía con las penas que había pedido el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas durante la dictadura militar. Actuaron en la zona oeste del conurbano, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención.

Las condenas recayeron sobre el exteniente primero Juan Carlos Herrera (79 años) y el excabo José Juan Zyska (71), ambos de la I Brigada Aérea de El Palomar; el excapitán Ernesto Rafael Lynch (82), de la VIII Brigada Aérea de Moreno, y el excabo principal Julio César Leston (79), de la Regional de Inteligencia Buenos Aires.

El fallo les imputó a los cuatro militares los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y prolongada, torturas, abusos, violaciones y coacciones en distintos centros ilegales de detención, entre ellos la Mansión Seré, que fue incendiada y dinamitada en los años finales de la dictadura tras una fuga de prisioneros, aunque los restos de la construcción pudieron ser identificados en distintos procesos judiciales.

El juicio, iniciado en agosto de 2024, comprendía inicialmente al exagente de inteligencia Juan Carlos Vázquez, también de la Fuerza Aérea, que permaneció prófugo durante veinte años Y falleció antes de la sentencia.

Los jueces María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti ordenaron también iniciar los trámites de baja por exoneración, la suspensión de retiros y jubilaciones y el secuestro de las armas registradas a nombre de los condenados.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el doctor Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

El tribunal determinó que todos los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad y rechazó el planteo de prescripción formulado por una de las defensas.

Originalmente no estaban contemplados en el proceso los delitos sexuales, pero fueron incluidos tras un pedido de ampliación de la acusación presentado por la Fiscalía y las querellas.

Los magistrados ordenaron, además, la reparación histórica del legajo laboral de Horacio Silvio Fleischman, médico del Hospital Municipal Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que fue cesanteado durante la dictadura militar. Tuvo que partir al exilio a Estados Unidos con su familia, luego de su secuestro, desde donde declaró en el juicio.

Los hechos probados en el juicio ocurrieron en el ámbito territorial de la Subzona Militar 16, donde funcionó el circuito represivo compuesto por diversos centros clandestinos de detención. Entre otros sitios se mencionaron la Regional de Inteligencia Buenos Aires, con asiento en Morón; la casona Mansión Seré, la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno y varias dependencias policiales.

La condena de Leston incluyó el delito de coacción, dado que “luego de la liberación de dos hermanas que habían sufrido secuestros, torturas y abusos, las vigilaba constantemente, se presentaba en su casa armado, las amenazaba para que dejaran la militancia y obligaba a una de ellas a recorrer en auto la zona, y le exhibía álbumes de fotos de personas buscadas”.

Se incluyeron por primera vez hechos que no habían sido juzgados antes, vinculados a la VIII Brigada Aérea de Moreno, la comisaría de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey, que funcionaron como centros clandestinos de detención, según se probó en el juicio.

El fiscal Crous argumentó que los imputados eran funcionarios públicos que ocuparon cargos en la estructura militar y de inteligencia de la Fuerza Aérea. “Lejos de ejercer como funcionarios públicos para la defensa de la nación, utilizaron sus cargos para la persecución ilegal de un sector de la sociedad que no comulgaba con los valores e intereses que promovía la dictadura militar”, señaló.