El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC y a dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Esta última es la misma empresa que días atrás fue apuntada por una jueza federal de Río Grande, que le ordenó frenar los trabajos en el proyecto Sea Lion.

Además, el fiscal pidió enviar un exhorto al Reino Unido para que, por vía diplomática, informe la composición del grupo Rockhopper; y otro a Israel, para relevar la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.

La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.

Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.

Ahora, el fiscal amplió la imputación a partir de documentación remitida por la Cancillería. Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas (PL003a, PL003b, PL004a, PL004b, PL004c y PL005, todas en la plataforma continental próxima a Malvinas) pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.

Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.

El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en el propio área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.

Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.

Se trata de la misma empresa que la semana pasada fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en el marco de una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.

La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.

Para profundizar la investigación, Stornelli pidió al juzgado que la Secretaría de Energía remita los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.

Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas; que preste declaración testimonial la embajadora Paula Iris Di Chiario, autora de ese informe; que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.

Además, solicitó que se libren exhortos de cooperación penal internacional al Reino Unido para obtener la información societaria de las tres empresas del grupo Rockhopper y a Israel, para relevar la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.

Tras el fuerte impacto que causó el escándalo por la participación de personal militar y civiles de la Armada en presuntas maniobras de fraude, la fuerza naval dispuso el pase a disponibilidad de nueve militares involucrados.

Aunque en la denuncia presentada en la Justicia se mencionaba la participación de 23 personas involucradas, entre militares y civiles pertenecientes a la fuerza naval, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial comprometidos en el escándalo Al margen del proceso judicial, por su situación de revista se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Respecto al personal civil, la situación es diferente y se maneja por otros marcos regulatorios.

La decisión fue adoptada de acuerdo con la normativa vigente, marcada por la ley para el personal militar y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, informaron las autoridades navales en un comunicado.

La denuncia

La propia Armada había presentado ante la Justicia una denuncia penal por maniobras de fraude en el proceso de liquidación de haberes, que se habrían sucedido entre julio de 2022 y enero de 2026, con un perjuicio estimado en $938 millones. Fuentes navales, sin embargo, dijeron a que las investigaciones internas siguen adelante –al margen de la actuación judicial- y revelaron que el monto podría llegar a $1600 millones.

Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada,cuya esposa María del Carmen Prieto, aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos, aunque no integra la fuerza naval. Percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria.

La Armada informó que la sanción preventiva al personal militar tendrá vigencia “hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado”

En la denuncia penal se indica que otras tres personas sin relación con la fuerza naval cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana (percibió $99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones), se indica en la presentación judicial, que recayó en el juzgado federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.

Las maniobras irregulares comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.

Según la presentación judicial, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.

También se investiga si para los “cobros fantasma” se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los “suplementos con retorno”, se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50% de lo cobrado, según trascendió.

La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.

Al comunicar el pase a disponibilidad del personal militar involucrado, la fuerza naval ratificó la “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre”.