La política oficial de recomposición de tarifas de servicios públicos mediante la reducción de subsidios sigue generando un impacto relevante sobre el ingreso disponible en los hogares, en especial, en aquellos que tienen recursos más bajos. Por ese motivo, aún cuando la desaceleración de la inflación en los últimos meses mejoró el salario real y el poder adquisitivo, la suba en las boletas de luz, gas, agua y el transporte se quedan con gran parte de esa mejora.

“La recomposición tarifaria redujo el ingreso disponible de los hogares, especialmente en los de menores ingresos, donde los servicios públicos ya absorben cerca del 20% del ingreso familiar”, señaló un informe de Fundación Capital. Aunque los aumentos más fuertes ocurrieron en 2024, “las tarifas más altas, el mayor consumo invernal y los ingresos rezagados mantuvieron la presión sobre el poder adquisitivo”.

Si se computa el salario promedio del sector privado registrado para estimar cuánto se llevan de él los servicios, queda claro el efecto de la recomposición. En diciembre de 2023, las facturas ocupaban el 4,3% de ese salario; hoy, representan el 10,7%, más de el doble.

Ese impacto en los bolsillos más débiles de las tarifas se da en un contexto en el que algunas negociaciones paritarias le ganarán a la inflación, según el informe. Eso permite prever una acotada mejora del salario en el resto del año, aún en mercado laboral con problemas, donde la informalidad sigue creciendo. De esa forma, concluye que “de cara al segundo semestre, el escenario más probable combina una recomposición real moderada de los salarios, pero con una dinámica del ingreso disponible aún condicionada por la evolución tarifaria”.

Si bien el aumento de los servicios públicos fue generalizado, el impacto no fue homogéneo en los hogares, explicó Fundación Capital, cuyo informe trazó un ejemplo de cómo impactan esos aumentos en los distintos segmentos socioeconómicos. Su conclusión fue que “en los hogares de menor poder adquisitivo, el salto fue más relevante”

En los hogares con ingresos medios-altos que no reciben subsidios energéticos, como aquellos con ingresos de $4.500.000, el pago de servicios públicos en junio representó cerca del 6% del ingreso familiar, 1,6 puntos más que en junio de 2025 y muy superior al 2% registrado en diciembre de 2023. Si se toma como referencia un hogar con el ingreso promedio del decil 10, casi $7.000.000, la proporción destinada a servicios públicos es aún menor: alcanzó el 3%.

Entre los hogares de ingresos medios, una familia con $1.500.000 mensuales asignó aproximadamente el 14% de su salario al pago de servicios públicos, 1,7 puntos más que un año antes y más del doble respecto a diciembre de 2023, cuando era el 7%. Una situación similar se observó en hogares con un sueldo medio del sector formal ($2.200.000), donde el gasto en servicios alcanzó el 10,7%, 1,6 puntos por encima del año previo y casi triplicando el 3,8% de diciembre de 2023.

Pero en los segmentos de menor poder adquisitivo, el impacto del aumento de tarifas resultó más marcado. Una familia cuyos ingresos equivalen a dos salarios mínimos ($735.600 en junio) destinó el 22% de sus ingresos al pago de servicios públicos, lo que representa un aumento de 5,7 puntos porcentuales respecto a un año atrás y una cuadruplicación frente al 5,3% de diciembre de 2023. Esto responde tanto al ajuste tarifario como a la actualización del salario mínimo, que quedó rezagada frente a la inflación. Para un hogar que percibe dos jubilaciones mínimas, incluidos los bonos ($946.636), el gasto en servicios llegó al 17,3% del ingreso familiar, con un incremento interanual de 3,5 puntos y una triplicación respecto a diciembre de 2023.

Para la Fundación Capital, la perspectiva de este escenario tiende a agravarse, ya que “aún queda margen para nuevas correcciones” en todos los servicios públicos regulados. De hecho, ya hay aumentos previstos para julio en las tarifas. En el caso del transporte público, de fuerte incidencia en los hogares más modestos, ya está previsto que el boleto aumente 2 puntos porcentuales por encima de la inflación todos los meses.

“Si bien el sector residencial ya cubre en promedio el 80% del costo de generación de la energía eléctrica (vs. 33% 2 años antes), entre los usuarios con subsidio la cobertura del hogar ronda el 64%. En cuanto al transporte, en el AMBA el usuario cubre solo el 31% del costo del boleto de colectivo”, señaló el informe.

La salida de Adorni le devuelve algo de aire político al Gobierno, pero julio arranca con aumentos y con menos impulso para el crédito hipotecario

29/06/2026 – 13:50hs

La salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli reordenaron la agenda política justo en un momento en que el mercado venía mirando con más atención el ruido alrededor del Gobierno que los propios datos económicos. En la City creen que el impacto inmediato puede ser limitado, e incluso algo positivo, porque la salida de un foco de conflicto le devuelve al oficialismo algo que había perdido: aire político y control de agenda.

Pero la lectura importante no pasa por el cambio de nombres en sí. Lo que ahora van a mirar los inversores es si este movimiento ayuda a estabilizar la imagen del Gobierno en las encuestas y mejora la percepción de gobernabilidad. En una etapa en la que la política ya empezó a pesar sobre bonos, acciones y dólar, la señal clave no es Santilli como figura aislada, sino si el oficialismo logra dejar atrás semanas de desgaste y volver a ordenar expectativas.

La salida de Adorni baja ruido político y el mercado pasa a mirar encuestas

En el mercado conviven dos miradas. Una cree que la salida de Adorni puede ser leída como una descompresión del escenario político y ayudar a los activos locales, sobre todo a las acciones, que venían más castigadas. La otra es más cauta y sostiene que el verdadero termómetro no será la reacción inicial del lunes, sino lo que empiecen a mostrar las próximas encuestas.

Ese punto importa porque, a más de un año de las elecciones presidenciales, la política ya volvió a meterse en la valuación de los activos. La confianza en Milei, la capacidad del Gobierno para retomar el control de agenda y la posibilidad de fortalecer su posición en el Congreso empiezan a pesar sobre las decisiones de inversión tanto como los propios datos macroeconómicos.

Julio arranca con más presión sobre los gastos fijos

Mientras tanto, la economía cotidiana sigue mostrando otra preocupación. En la antesala de julio ya están confirmadas nuevas subas en prepagas, transporte, alquileres, luz, gas y agua. Para las familias, eso significa otro comienzo de mes con presión sobre gastos fijos justo cuando la desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una sensación clara de alivio. Y a eso se suman las vacaciones de invierno, etapa que suele venir acompañada de aumentos de precios. 

Las prepagas aumentarán entre 2,1% y 2,9%. Colectivos, subtes y peajes en CABA y en provincia de Buenos Aires subirán 4,1%, los trenes 8,6%, la electricidad 1,5%, el gas 2,81% y el agua 3%. A eso se suman nuevos ajustes en alquileres, con subas que pueden ir desde 8,1% hasta 31,54%, según el tipo de contrato. Es decir, julio arranca con una batería de aumentos bastante concreta y muy visible para el bolsillo.

El crédito hipotecario pierde fuerza y se enfría un alivio para la clase media

A ese cuadro se suma otra señal menos ruidosa, pero importante para medir el humor económico: se enfrió uno de los canales que prometían algo de alivio para la clase media. En mayo, las operaciones con hipoteca en la Ciudad de Buenos Aires se desplomaron 54,8% interanual y quedaron en apenas 587 escrituras. En el acumulado de enero a mayo, la caída ya llega a 37,2%.

Hoy las hipotecas representan solo el 10,8% de las compraventas, cuando un año atrás explicaban casi el 23%. Detrás de ese freno aparecen varias razones: se agotó parte de la demanda contenida que había explotado con el regreso de los UVA, las tasas subieron respecto del relanzamiento original y el ingreso exigido para acceder a una vivienda ya vuelve a quedar lejos de la realidad de muchas familias.

Por eso, el punto de estas horas no es solo político. Es ver si este cambio de nombres le da al Gobierno margen para volver a ordenar expectativas, en un contexto donde el mercado mira encuestas y el bolsillo sigue sintiendo presión. Porque aunque la macro pueda mostrar señales más ordenadas, la prueba sigue estando en otro lado: cuánto tarda esa calma en llegar a la vida diaria y cuánto desgaste más pueden absorber los sectores medios.

¿Se da vuelta la realidad de los últimos tiempos? Después de una extensa sucesión de meses en los que la inflación licuó el poder de compra de los salarios, ahora empiezan a aparecer algunas señales que permiten pensar en una lenta recuperación del ingreso de las familias.

La desaceleración del índice de precios comenzó a darle algo de aire a las negociaciones salariales y eso abre una ventana de alivio para el bolsillo.

Sin embargo, esa mejora todavía convive con un obstáculo de peso: el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos, que continúa absorbiendo una porción creciente de los ingresos familiares.

Ese es el principal diagnóstico de la Fundación Capital en su último informe a clientes, donde plantea que el segundo semestre combinará una recomposición real de los salarios con un ingreso disponible todavía condicionado por la actualización tarifaria.

Leve mejora pero mejora al fin

La primera noticia positiva proviene del mercado laboral formal.

Según el informe, el salario del sector privado registrado aumentó 4% nominal en abril, en promedio, lo que implicó una mejora real del 1,4%, favorecida por la desaceleración de la inflación.

El dato refleja el impacto de varias negociaciones paritarias que concentraron los mayores incrementos durante ese mes.

Más allá del salto puntual de abril, la consultora considera más representativo observar el promedio del segundo trimestre. Bajo esa metodología, estimó que los salarios privados crecieron 2,4% mensual entre abril y junio, apenas por encima de una inflación promedio estimada en 2,2%.

La diferencia luce escueta, pero marca un cambio respecto de los meses anteriores: por primera vez en mucho tiempo los ingresos empiezan a correr levemente por delante de los precios.

Las primeras negociaciones para julio y agosto también apuntan en esa dirección, con aumentos cercanos al 2,3% mensual. No obstante, la recuperación todavía luce moderada y heterogénea.

Algunos gremios continúan enfrentando dificultades para cerrar acuerdos, mientras que un mercado laboral más débil limita el poder de negociación de los trabajadores.

En ese sentido, la propia Fundación Capital estima que, aun con esa mejora, el salario real terminará 2026 aproximadamente un 2% por debajo del nivel que tenía en diciembre del año pasado.

El problema que sigue golpeando al bolsillo

Pero la verdadera medida del bienestar de una familia no depende únicamente del salario, sino del dinero que efectivamente queda disponible después de pagar los gastos fijos.

Y allí aparece el principal desafío.

Mientras la inflación acumulada de los últimos doce meses rondó el 33%, las tarifas de electricidad y gas aumentaron en promedio 55% en el AMBA y el transporte público avanzó cerca de 49%, muy por encima de la evolución de los ingresos.

Como consecuencia, una familia tipo del área metropolitana destina actualmente unos $163.600 mensuales al pago de electricidad, gas, agua y transporte si mantiene subsidios energéticos. Sin subsidios, ese gasto asciende hasta aproximadamente $275.800.

La consecuencia es directa: los servicios públicos representan actualmente el peso sobre el salario promedio del sector privado registrado ha crecido de manera sostenida:

• Actualmente: 10,8% del salario promedio
• Hace un año: 9,1%
• Al comienzo de la administración Milei: apenas 4,3%

El impacto total

El impacto resulta mucho más severo en los hogares de menores ingresos.

Una familia cuyos ingresos equivalen a dos salarios mínimos destina alrededor del 22% de sus recursos al pago de servicios públicos, más de cuatro veces el peso que tenían esos gastos a fines de 2023.

En el caso de un hogar compuesto por dos jubilaciones mínimas, la incidencia alcanza al 17,3% del ingreso familiar.

Incluso entre los sectores medios el esfuerzo creció de manera significativa. Una familia con ingresos cercanos a $1,5 millones ya dedica alrededor del 14% de sus recursos a pagar servicios públicos.

Un consumo que podría empezar a reaccionar

El escenario que proyecta la Fundación Capital para la segunda mitad del año combina dos fuerzas contrapuestas.

Por un lado, una inflación más baja permite que las paritarias vuelvan a generar pequeñas mejoras del salario real, algo que no ocurría de manera sostenida durante los últimos meses.

Por el otro, las tarifas continúan reduciendo el ingreso disponible y todavía existe margen para nuevas actualizaciones.

De hecho, el informe recuerda que los usuarios residenciales aún no cubren completamente los costos de generación eléctrica y que en el transporte público del AMBA los subsidios siguen siendo elevados.

En ese contexto, la recuperación del consumo probablemente exista, pero será gradual y lejos de mostrar un salto significativo.