POLITICA
Tres gobernadores elogiaron el rumbo económico, pero pidieron cambios impositivos y obras públicas
Cómo sobrevivir y crecer en medio de las severas restricciones fiscales que impone la Casa Rosada. Fue ese uno de los puntos centrales del debate que los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) sostuvieron en el contexto de la jornada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham).
Durante más de media hora de debate, coordinado por la periodista Sofía Terrile, los gobernadores mostraron coincidencias y apoyo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Pero hicieron suyas críticas hacia la falta de obras públicas financiadas por Nación, y pidieron un nuevo pacto fiscal, con baja o eliminación de impuestos productivos. También se oyeron, fuera del salón principal, críticas de Weretilneck al freno al consumo y el torniquete fiscal a las provincias.
“Necesitamos un gobierno nacional al que le vaya bien, y hoy la política se divide entre quienes queremos eso y quienes ponen palos en la rueda”, dijo Frigerio, de Pro. “No hay que cambiar el rumbo nacional de la macro”, coincidió el radical Cornejo, aunque pidió “una reforma fiscal más profunda” y una “mejor ley de coparticipación”. “El país productivo es el de las provincias. Comparto la propuesta de la agenda legislativa del Gobierno, la ley de Glaciares y bosques, es un buen camino”, dijo Weretilneck, quizá el más crítico de los tres mandatarios.
El inicio de las exposiciones se centró en la inserción internacional de cada una de las provincias. Weretilneck habló de la “decisión” de adherir al RIGI impulsado por la Casa Rosada, con un gran monto de inversiones, unos USS 18.000 millones. Habló de “previsibilidad económica”, la necesidad de que los acuerdos con Nación “se mantengan en el tiempo”. Cornejo, algo “nervioso” por el formato, similar al de los debates electorales, con atril incluido, prefirió centrarse en que “Mendoza ha hecho su tarea en el Estado, ha reducido sustantivamente la planta pública, y un gasto público “controlado y en descenso”, y siendo “la única provincia que no entró en default”. Frigerio destacó el “acuerdo Mercosur-Unión Europea y la alianza con Estados Unidos”, y pidió “eficientizar” el desarrollo de la provincia, con “alivios fiscales” internos y externos, y aprovechar la coyuntura favorable para “aprovechar las nuevas condiciones”.
Ya ingresando en las condiciones económicas de cada provincia, Weretilneck afirmó que “asistimos a una incipiente competencia entre las provincias para asegurar fuentes de empleo, y competir hacia el futuro”. Destacó las exenciones y beneficios impositivos para empresas y particulares. “Mendoza está muy enfocada en ampliar su matriz productiva”, sostuvo Cornejo, habló de “reconvertir áreas”, y se entusiasmó con la lengua norte de Vaca Muerta y la minería, en especial de cobre y potasio, en el turismo y la ganadería. Frigerio dijo que “Entre Ríos tiene el norte de generar empleo en el sector privado”, y polos como el de la economía del conocimiento.
En tren de destacar como se trabaja en medio de las restricciones fiscales que impone Nación, Weretilneck detalló que los proyectos de inversión que “tiene una ley específica” que da seguridad jurídica a las inversiones. “De nada vale una buena administración provincial sin estabilidad macro, y la verdad es que el Gobierno está trabajando bien y muy fuerte para esa estabilidad macro”, elogió el gobernador mendocino, en guiño a la Casa Rosada. “Estamos construyendo confianza en estos dos años”, terció Frigerio y afirmó que “hacemos lo que podemos en relación al crédito”, dejando en claro que es uno de los puntos complicados de la actual coyuntura.
¿Habrá un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos? Allí hubo disenso. “No la veo en términos reales, cada uno está buscando sus propias inversiones, sí veo acuerdos regionales”, dijo Weretilneck. “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal”, dijo Frigerio, y pidió “eliminar el impuesto al cheque”, antes de recoger aplausos. “Ratifico en un cien por ciento”, bromeó Cornejo, y pidió “eliminar muchos impuestos distorsivos”.
Weretilneck pidió poner en agenda “las obras de infraestructura esenciales para el crecimiento”. Cornejo dijo que “no es fácil lograr el equilibrio entre las provincias”, y pidió combatir el “chauvinismo” de la oposición en distintas provincias. “Formosa no tiene hoy incentivos para desarrollar el sector privado”, dijo el gobernador de Mendoza, en referencia al amplio sector público que tiene la provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde 1995. Frigerio también pidió inversiones en infraestructura en rutas, puertos, hospitales, escuelas “de manera coordinada” con Nación, “no importa quien pone la plata”.
El primero en llegar, antes de las 9, fue el gobernador rionegrino, quien anticipó a los periodistas que lo aguardaban una visión crítica de la coyuntura, un día después de estar durante largo rato junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en su despacho de Casa Rosada. “Hace falta reactivar el consumo, y lo conversamos con Diego que es un gran interlocutor”, dijo Weretilneck en diálogo con la prensa. También reconoció que “la caída del consumo” y afirmó que en la distribución de fondos “las provincias somos los más perjudicados”.
El contexto del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores no es el mejor, aun en los casos de los mandatarios más cercanos al Gobierno. Según un informe del Iaraf, publicado por , entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.
De todos modos, la relación con Cornejo y Frigerio, con quienes el Gobierno acuerdo electoral provincial el año pasado, es relativamente mejor que el de Weretilneck. “Dentro de la escasez que hay, lo están cuidando como aliado”, dicen cerca del gobernador entrerriano, y dan como ejemplo la cesión de anticipos financieros, y aval para obras públicas como las rutas provinciales. También hay buen diálogo con Cornejo, que partió raudo hacia Chile, donde participará esta noche de una cena del Centro de Estudios de Cobre, con la presencia del presidente José Antonio Kast.
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POLITICA
Con su nueva declaración jurada, Manuel Adorni contradijo lo que había informado en el Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió haber omitido declarar cientos de miles de dólares en sus presentaciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), contradiciendo a las declaraciones que él mismo realizó ante el Congreso y en conferencias de prensa de la Casa Rosada durante los últimos meses.
“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo el funcionario este miércoles. En ese reportaje, anunció que rectificaría sus declaraciones juradas para incorporar el patrimonio omitido y que abonaría los impuestos adeudados al fisco.
Según ese nuevo comentario, el jefe de Gabinete precisó cuál era el faltante que se desconocía en su patrimonio, y con el cual adquirió otras propiedades y bienes. “Invertimos 200 mil dólares en bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló y luego contó que se trataba de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.
El 29 de abril pasado, con el presidente Javier Milei siguiendo el informe de gestión del jefe de Gabinete desde un palco, Adorni había asegurado ante los legisladores: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”. En ese descargo en el Congreso, también advirtió haber cumplido con las “obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”.
Esa posición la había sostenido también el 25 de marzo en una conferencia de prensa, donde afirmó que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. Y el 4 de mayo, reiteró ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada: “Nunca existió ocultación alguna”.
En la entrevista de ayer, Adorni reconoció además que la omisión fue intencional, aunque la justificó como una forma de escapar “de la vieja política”, cuando aún trabajaba en el sector privado. Sin embargo, no explicó por qué eligió transparentar esos fondos recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei, y en el momento en que la Justicia detectó gastos e inversiones que no se condicen con su patrimonio declarado.
“En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, explicó en su última versión.
Al asumir el cargo, Adorni tenía declarados ante la OA únicamente dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en el barrio porteño de Parque Chacabuco, valuado en 24,1 millones de pesos, y otro de 105 metros cuadrados en La Plata, valuado en 14,1 millones de pesos. Completaban su patrimonio un Renault Captur 2019 y el equivalente a unos 25.000 dólares en efectivo.
Ya en la función pública adquirió un departamento en Caballito –sin vender el anterior- y sumó una casa en el country Indio Cua, declarada exclusivamente a nombre de su esposa, Angeletti. Eso también, dijo, fue un “error” que rectificaría para reconocer la compra a medias. La escribana Adriana Nechevenko, que participó de las operaciones inmobiliarias del funcionario, declaró que “se le dio todo junto” en los últimos tiempos.
Al ser consultado sobre el porqué no dio estas explicaciones anteriormente, el funcionario señaló que no habló antes, debido a que prefirió respetar a la Justicia. “Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, sostuvo. Sobre su vivienda en Indio Cuá, contó que tomó la decisión de mudarse tras sufrir agresiones. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.
La documentación de Adorni, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorporará activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos los USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. Según aclaró el jefe de Gabinete, su esposa no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.
La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) por Adorni sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar con criptomonedas. Según esa explicación, los registros permitirán reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.
POLITICA
“Mochilas raras”: el chofer de Facundo Leal admitió que llevó la valija con US$1,7 millones a Mendoza el mismo mes de su renuncia a Orsna
La declaración de quien durante más de seis años fue el chofer personal de Facundo Leal, el exfuncionario que fue detenido con droga y 2,3 millones de dólares, es una de las piezas más sensibles de la investigación judicial que analiza presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa satelital Arsat.
Según pudo reconstruir , el relato no sólo permitió delinear movimientos cotidianos del exfuncionario, sino que además aportó detalles sobre reuniones reservadas y el traslado de equipaje que calificó como “raro”. Específicamente confirmó los movimientos de una valija que, meses después, sería encontrada con parte de los casi US$2,6 millones de dólares secuestrados al extitular de Arsat y el organismo regulador de los aeropuertos Orsna.
El chofer trabajó para Leal desde enero de 2020 hasta el 28 de mayo pasado, cuando el extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue detenido. Es decir, lo trató constantemente durante las dos gestiones más relevantes que tuvo, tanto en la empresa pública como en el organismo regulador de aeropuertos. Su testimonio fue incorporado a la causa judicial en que se investigan presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre la empresa estatal ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS).
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, en febrero de 2026, cuando Leal renunció al Orsna, el entonces funcionario le encomendó a su chofer una tarea puntual: trasladar una valija desde la Capital hasta un domicilio vinculado a él en la provincia de Mendoza.
Cuando los investigadores le exhibieron fotografías y elementos secuestrados durante los allanamientos, el chofer reconoció formalmente aquella valija. Se trataba del equipaje encontrado en un departamento ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en Mendoza, donde la policía secuestró una parte sustancial de los casi US$2,6 millones incautados durante los procedimientos.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en esa valija había alrededor de US$1,7 millones. El reconocimiento realizado por el chofer permite conectar directamente el traslado ordenado por Leal con uno de los hallazgos más importantes de la investigación.
El chofer explicó que el funcionario llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que existía un comportamiento que consideraba fuera de lo habitual. Relató que, en determinadas ocasiones, Leal guardaba una segunda mochila en el baúl del vehículo y la dejaba allí durante dos o tres días. Después de ciertas reuniones, esa mochila era reemplazada por otra o trasladada por el propio funcionario.
El chofer recordó incluso haber visto a Leal ingresar a un edificio en pleno centro porteño, portando dos mochilas al mismo tiempo. Si bien aclaró que nunca observó directamente dinero en efectivo, describió esas maniobras como algo “raro”.
Ante los investigadores, el chofer describió una relación de extrema confianza entre Leal y Santiago Pando, señalado en la causa como uno de los nexos con ALS. Según declaró, Pando era una presencia habitual tanto en las oficinas de ARSAT de Benavídez como en el edificio conocido como “el Rulero”. Pero además sostuvo que los encuentros entre ambos trascendían el ámbito laboral.
El chofer explicó que frecuentemente trasladaba a Leal hasta la zona de la Recova, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, según relató, muchas veces veía a Pando y entendía que ambos mantenían reuniones. “Había mucha confianza entre Pando y Leal”, declaró, al tiempo que aseguró que por la relación que observaba “parecían amigos”.
Su testimonio permite además reconstruir una verdadera ruta gastronómica de encuentros entre los imputados. El chofer recordó que Leal acostumbraba a reunirse en distintos bares y restaurantes. Entre ellos mencionó el café Havanna de la Recova, donde en varias oportunidades observó a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, sentado en las mesas exteriores, aparentemente aguardando la llegada del funcionario.
También confirmó que Leal frecuentaba el restaurante Piegari, sobre la calle Posadas, un lugar que coincide con conversaciones incorporadas al expediente en las que los acusados coordinaban reuniones. A ello se suman los viajes que realizó hacia el café Tostado de Nordelta, especialmente durante el primer año de la pandemia. En ese establecimiento identificó a Boschin y a Leonardo Comperatore, además de otras personas cuya identidad no pudo precisar.
En un contexto marcado por la renuncia de Leal al ORSNA y su posterior detención, la palabra de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos pasa a ocupar un lugar central en una causa que continúa sumando pruebas y derivaciones judiciales.
que fue detenido,el extitular,Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Nicolás Trotta cuestionó el acuerdo con las universidades: “Es un alivio, pero no una solución definitiva”
El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.
El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.
En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.
Qué implica el acuerdo
El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.
En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.
La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo
Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.
El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.
Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.
El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.
Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.
Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
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