POLITICA
Selección de jueces: la propuesta de la Corte Suprema, un paso en la dirección correcta
La reforma constitucional de 1994 fue, entre otras cosas, un proyecto de desconcentración del poder. Quienes la diseñaron entendían que el hiperpresidencialismo argentino era una patología estructural, no un accidente de personas. El problema no era quién ocupaba la presidencia, sino cuánto poder concentraba quien la ocupara. Y propusieron una arquitectura institucional que lo corrigiera: frenos y contrapesos entre poderes, nuevos órganos de control independientes, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, mecanismos de democracia semidirecta, mayor acceso a la justicia para ciudadanos y organizaciones. La idea central era que la justicia controlara a la política, que el mérito fuera un límite real a la discrecionalidad del poder, que los ciudadanos tuvieran herramientas concretas para exigir rendición de cuentas.
Dentro de ese diseño, el Consejo de la Magistratura ocupaba un lugar estratégico. Su función no era meramente administrativa: era la pieza que debía resolver uno de los problemas más difíciles del constitucionalismo contemporáneo, que es cómo seleccionar jueces que sean a la vez técnicamente excelentes y democráticamente legítimos. Jueces que fallen bien porque saben derecho, y que fallen con autoridad porque fueron seleccionados de manera que la sociedad puede reconocer como justa.
El diseño era optimista. Tomaba en serio las dos grandes tradiciones de selección judicial que el mundo desarrolló a lo largo del siglo XX. La tradición estadounidense confía en el proceso político: el presidente nomina, el Senado delibera públicamente y confirma, y la legitimidad del juez viene de haber sobrevivido ese escrutinio representativo. La tradición europea continental confía en el proceso técnico: concursos públicos, exámenes anónimos, evaluación de antecedentes por corporaciones de pares, carrera judicial con ascensos meritocráticos. La política da legitimidad democrática; las corporaciones profesionales garantizan la excelencia técnica.
El Consejo de la Magistratura argentino fue diseñado como una síntesis de ambas tradiciones. El proceso técnico -exámenes, evaluación de antecedentes, jurados de especialistas- filtraría a los candidatos más capaces y produciría una terna de los mejores. El proceso político -el Poder Ejecutivo eligiendo de esa terna, el Senado confirmando- les daría legitimidad democrática. La apuesta central era que el mérito disciplinara a la política: que le pusiera un límite objetivo y verificable a la discrecionalidad de las designaciones.
Pero esa apuesta descansaba sobre un supuesto que no llegó a verificarse del todo: que las corporaciones profesionales (los jueces como cuerpo, los abogados organizados en colegios, los académicos reunidos en universidades y asociaciones) producirían y sostendrían estándares colectivos de excelencia técnica suficientemente robustos y autónomos como para resistir la presión de la política partidaria. Que habría, en otras palabras, un mundo jurídico capaz de decirle a la política: hasta aquí, este candidato no pasa porque no sabe derecho o porque no tiene integridad, y eso no es negociable.
Lo que ocurrió fue lo inverso. Sin una práctica jurídica colectiva que sostuviera ese estándar desde adentro, la política no encontró un límite en el proceso técnico. Encontró un nuevo terreno para colonizar. Los partidos aprendieron que ya no alcanzaba con controlar al Poder Ejecutivo o al Senado: había que controlar también quiénes integran los jurados de los concursos, quiénes representan a la academia en el Consejo, quiénes conducen los colegios de abogados, cómo se alinean las asociaciones de magistrados. Las instituciones universitarias, los colegios profesionales, las asociaciones de jueces (todos los espacios que debían producir independencia técnica) se fueron convirtiendo, gradualmente, en extensiones de la disputa partidaria. El proceso técnico no disciplinó a la política. La política convirtió ese proceso en una arena más de sus propias disputas.
La Acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración, debe leerse en este contexto. No es simplemente una mejora de procedimientos técnicos, es un intento de la Corte de recuperar la lógica original de la Constitución del 94: que el proceso técnico vuelva a disciplinar a la política, que el mérito sea nuevamente un límite real a la discrecionalidad partidaria.
Y en esa lectura, los avances concretos que propone adquieren un sentido más preciso. El anonimato en los exámenes escritos, garantizado por medios informáticos con separación estricta entre quienes elaboran las consignas y quienes las corrigen, y con códigos alfanuméricos que impiden identificar al autor hasta que toda la corrección está terminada, apunta directamente a cerrar los espacios donde la captura puede operar. La limitación de la entrevista personal a veinte puntos sobre un total de doscientos es quizás el cambio más significativo: durante años esa instancia fue el lugar donde las influencias que el concursante no podía prever ni rebatir encontraban su expresión más efectiva, donde un orden de mérito construido con esfuerzo técnico podía ser invertido con relativa facilidad. Tasarla, limitarla y distribuirla en criterios explícitos y fundados reduce drásticamente ese margen. La tabulación rigurosa de los antecedentes (con escalas precisas por tipo de cargo, antigüedad y especialidad) busca reemplazar la discrecionalidad del evaluador por criterios objetivos y verificables. Todo el diseño apunta en la misma dirección: achicar los espacios donde la captura política necesita operar para funcionar.
Es, en ese sentido, un gesto institucional que merece una bienvenida genuina. La Corte está intentando tomarse en serio, treinta años después, el mandato que la Constitución del 94 le encomendó al sistema de selección judicial. Y lo hace con una propuesta técnicamente elaborada que reconoce los problemas reales que el sistema acumuló.
Un gesto importante y necesario, pero no suficiente por sí solo, porque el problema de fondo (la ausencia de una práctica jurídica colectiva que sostenga el estándar técnico desde adentro) no se resuelve con un reglamento, por bien diseñado que esté.
Un sistema de concursos funciona bien cuando puede medir a los candidatos contra un estándar que las propias profesiones jurídicas producen y sostienen colectivamente. Ese estándar emerge de la práctica acumulada de jueces que razonan y deciden bien, de abogados que litigan con rigor técnico e integridad ética ante sus clientes, de académicos que investigan con profundidad empírica y valorativa, de profesores que forman juristas con herramientas reales de pensamiento. Cuando esa práctica colectiva es robusta, el concurso puede medirla. Cuando es fragmentaria, el concurso mide indicadores sustitutos (antigüedad, certificados de cursos, artículos publicados, causas documentadas) y los candidatos aprenden a optimizar esos indicadores en lugar de mejorar la práctica.
En los sistemas jurídicos que funcionan bien, ese estándar colectivo tiene dos anclas institucionales principales: la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia es el conjunto de criterios que los jueces construyen acumulativamente, leyéndose entre sí y respetando sus decisiones previas como puntos de partida obligados para razonar. No como camisa de fuerza, sino como piso compartido que hace predecible el derecho y obliga a justificar los apartamientos. La doctrina es la producción académica que sistematiza esa jurisprudencia, la critica cuando se equivoca, propone soluciones a los casos que todavía no fueron resueltos, y proyecta el derecho hacia el futuro. Las dos anclas se retroalimentan y producen, con el tiempo, una práctica colectiva reconocible que cualquier profesional competente puede identificar y que el concurso puede medir.
En la Argentina, ambas anclas son débiles. Los jueces no se leen entre sí con la convicción de que los precedentes tienen peso obligatorio: con demasiada frecuencia cada tribunal tiende a empezar desde cero, como si la jurisprudencia acumulada fuera una referencia optativa y no un piso compartido que legitima y estabiliza el sistema. Y la academia jurídica no produce el contrapeso necesario: fragmentada en tradiciones que no dialogan entre sí, sin una comunidad que delibere colectivamente y construya certezas compartidas sobre los grandes problemas del derecho, y sostenida en gran medida por docentes que ejercen la profesión o la judicatura como actividad principal y la enseñanza como actividad secundaria, no está en condiciones de generar el pensamiento jurídico homogéneo que oriente la práctica ni de formar sistemáticamente las destrezas analíticas y argumentativas que un sistema judicial exigente requiere. El resultado es un ecosistema jurídico donde demasiados actores improvisan sus propios criterios, donde el derecho es menos predecible de lo que debería ser, y donde el concurso no tiene, en demasiados casos, contra qué medir con precisión.
Este diagnóstico tiene una consecuencia directa sobre cómo pensar el problema de los evaluadores, que el reglamento propuesto no termina de resolver. El sistema actual recluta a los miembros de los comités de examen y los jurados evaluadores principalmente entre docentes de facultades de derecho, que en su gran mayoría son abogados o jueces en ejercicio que enseñan como actividad secundaria. Dicho de otro modo: quienes evalúan a los candidatos tienen exactamente el mismo problema estructural que los candidatos, no tienen dedicación exclusiva a la tarea de evaluar, no acumulan institucionalmente los criterios que van desarrollando, no mejoran sistemáticamente sus instrumentos de medición, y no están organizados para producir una práctica homogénea y progresivamente más sofisticada sobre qué significa ser un buen juez en la democracia constitucional argentina. La evaluación reproduce el déficit que pretende medir.
Una agenda de profundización debería incluir la creación de un cuerpo profesional de evaluadores dedicado exclusivamente a desarrollar y perfeccionar los instrumentos de selección: los exámenes, los estándares de corrección, entrevista, los parámetros de evaluación de antecedentes. Un cuerpo que acumule experiencia y aprenda de cada concurso, que construya con el tiempo una práctica cada vez más precisa sobre qué conocimientos, qué destrezas y qué disposiciones éticas definen al mejor juez posible para una democracia constitucional como la que el 94 imaginó. Que responda a las demandas que le plantean los consejeros del Consejo de la Magistratura pero también a otras fuentes de evaluación externa de la performance del sistema judicial. Así como la Constitución del 94 creó el Consejo para profesionalizar la selección de jueces, la siguiente etapa lógica es profesionalizar a quienes dentro del Consejo hacen esa selección.
Hay, además, un riesgo específico en el sistema de calificación de antecedentes que el reglamento propone, que vale la pena nombrar para que el Consejo lo considere. Al asignar puntaje por cursos de capacitación, publicaciones en revistas jurídicas homologadas y causas documentadas en la especialidad, el sistema puede generar incentivos que desvíen a cada tipo de profesional de su función propia y socialmente valiosa.
El funcionario judicial (el secretario de juzgado, el fiscal adjunto, el defensor oficial) que quiere maximizar su posición en un futuro concurso aprende que su tiempo libre tiene un rendimiento diferencial: trabajar mejor un expediente difícil no le suma ningún punto; escribir un artículo para una revista homologada, sí. Ser un funcionario ejemplar en el despacho cotidiano no genera puntaje directo; acumular certificados del programa de formación judicial, sí. El sistema no premia al mejor judicial: premia al judicial que mejor construye su perfil concursal. Y esas dos cosas no son lo mismo.
El abogado en ejercicio enfrenta una distorsión análoga. El que optimiza para el concurso no es necesariamente el que litiga mejor o el que actúa con mayor integridad ética frente a sus clientes. Y el académico no escapa a la misma lógica. El que quiere posicionarse bien en un concurso descubre que publicar varios artículos cortos en revistas de la lista le conviene más que escribir el libro riguroso y empíricamente fundado que lleva años. El profesor que invierte tiempo en pensar cómo enseñar mejor razonamiento jurídico no obtiene por eso ningún punto adicional.
Lo que subyace a estos tres casos es un problema más profundo que el diseño de cualquier escala de puntaje: el sistema mide indicadores observables del mérito en lugar del mérito real, y los candidatos racionales aprenden a producir los indicadores. El resultado paradójico es que un sistema diseñado para seleccionar a los mejores termina distrayendo a todos de hacer aquello que los haría mejores y que haría mejor al Poder Judicial y a la sociedad que depende de él.
Resolver esto requiere algo más que un nuevo reglamento. Requiere que las corporaciones jurídicas, las facultades de derecho, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados, las escuelas judiciales construyan y sostengan estándares colectivos de excelencia que el sistema pueda reconocer y medir. Es una tarea de largo aliento que no se decreta ni se reglamenta: se construye, lentamente, a través de los acuerdos que las profesiones jurídicas van alcanzando sobre qué significa hacer bien el trabajo de juez, de abogado, de académico, de profesor. Ninguna acordada puede hacerlo por sí sola. Pero nombrar el problema con claridad es ya parte del camino.
La Acordada 4/2026 abre una oportunidad que el Consejo de la Magistratura debería aprovechar plenamente: no solo adoptar el reglamento propuesto sino usarlo como punto de partida para una conversación más amplia y más profunda sobre qué significa seleccionar bien a los jueces en la Argentina de hoy. Esa conversación está pendiente desde 1994. El mérito que la Constitución quiso convertir en límite de la política sigue esperando las condiciones institucionales y profesionales que lo hagan verdaderamente posible.
La Corte acaba de dar un paso serio en esa dirección, vale la pena acompañarla.
El autor es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Umiversidad de Buenos Aires y profesor visitante de Universidad Torcuato Di Tella.
Martín Böhmer,Conforme a
POLITICA
Milei hará su primera aparición con Santilli como jefe de Gabinete y volverá a cruzarse con Villarruel
Exactamente dos años después del hecho que marcó el comienzo de la ruptura definitiva de la relación entre ellos, el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, se encontrarán en Tucumán para participar de un nuevo aniversario de la independencia argentina, en un acto que será además la presentación en público de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
El 9 de julio, pero del 2024, en esta misma provincia, el mandatario nacional firmó junto a varios gobernadores el Pacto de Mayo, una serie de políticas de Estado que todos acordaron acompañar durante la gestión libertaria.
Sin embargo, aunque fue invitada al evento, en aquella oportunidad quien había sido su compañera de fórmula en las elecciones anteriores se ausentó, lo que generó versiones de un posible alejamiento que luego se confirmó.
En esta ocasión, Milei llegará el miércoles a la capital tucumana para participar a la noche, una vez más, de la vigilia de la fecha patria. Lo hará acompañado de todos sus ministros y de las principales figuras del oficialismo.
De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae, en el lugar estará también Villarruel, que fue convidada a asistir por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y tiene pensado ir, aunque eso implique volver a cruzarse con el Presidente.
En el entorno de la titular del Senado remarcan que ”las provincias saben que ella está al frente de la Cámara que las representa” y por eso respetan su investidura.
“Por supuesto que estará y va a ocupar el sitio que las autoridades de Tucumán le indiquen por protocolo”, remarcó una persona que tiene diálogo directo con la Vice.
Hace tan solo unas semanas, los dos ya coincidieron en el acto por el Día de la Bandera que se realizó en Rosario, donde Villarruel criticó fuertemente a Manuel Adorni, que en ese momento resistía en el cargo, gracias al respaldo de la cúpula libertaria.
“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la invencible provincia de Santa Fe y a la figura del general Belgrano”, marcó.
En los festejos por la independencia argentina estará también Santilli, que viene liderando la nueva etapa del Gobierno, más dialoguista que las anteriores, con el objetivo de empezar a aprobar las primeras reformas en el Congreso tras la salida de su antecesor.
Esta será la primera actividad oficial en público del dirigente de origen PRO desde que asumió, el martes último, como jefe de Gabinete.
El flamante ministro coordinador viene teniendo conversaciones con gobernadores, diputados y senadores para, entre otras cuestione, juntar votos para aprobar el proyecto que busca cambiar el sistema electoral.
La Casa Rosada dejó definitivamente atrás la posibilidad de considerar hacer que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pasen a ser optativas y está decidida a lograr su eliminación o, en el peor de los casos, suspenderlas el año que viene.
Tal como contó también este medio, el Poder Ejecutivo tiene lista una oferta concreta para los mandatarios provinciales, qué es la de incorporar las listas colectoras en los comicios generales a cambio de erradicar las PASO.
Según aseguran algunas personas al tanto de las charlas, en realidad, esto fue una propuesta que surgió durante los encuentros que “El Colo” mantuvo con los gobernadores y desde que trascendió fue un reclamo de varios de ellos, que vieron en esta alternativa una solución definitiva a la discusión.
Se trata de una herramienta que ya se utilizó en otros momentos y que, básicamente, permite que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero vayan juntas en otra. De esta manera, por ejemplo, dos aspirantes a gobernador pueden enfrentarse en las urnas llevando al mismo candidato a presidente en su boleta. Una suerte de primarias, pero definitivas.
El próximo miércoles, Milei estará en la ciudad de San Miguel de Tucumán junto a Santilli y sus ministros, y quizás salude a algunos de los gobernadores que también podrían asistir.
El Presidente decidió cancelar el viaje que tenía previsto hacer a los Estados Unidos este fin de semana, entre otras cuestiones, porque no llegaba a tiempo para la vigilia Patria.
Según el cronograma tentativo, a la medianoche se desarrollará la ceremonia protocolar en la Casa Histórica de la Independencia, frente a la cual se montará un gran escenario para recibir a los invitados.
Exactamente a las 00:00, Jaldo y Milei subirán a la plataforma para presenciar la interpretación del himno nacional por parte de una orquesta local.
Los festejos en la provincia van a comenzar el día 8 de julio a partir de las 14:30 horas con eventos y espectáculos familiares.
POLITICA
El Gobierno usará la foto en Tucumán para condicionar a los gobernadores frente al debate por las PASO
Además de la visita del Papa, la reforma política se transformó en la principal ambición del Gobierno para el segundo semestre. De una modificación de las reglas electorales puede depender el destino político de Javier Milei en los comicios presidenciales, cuando buscará la reelección. Y tienen apuro: después, en el año electoral, estas discusiones quedan mal vistas.
Tanto Santilli como Karina Milei intentarán usar la ceremonia por el Día de la Independencia con los gobernadores para condicionarlos a acompañar la eliminación de las PASO o la reintroducción de las listas colectoras, admiten en el Gobierno.
Milei viajará a Tucumán el jueves de la semana próxima y participará del Tedeum y del acto oficial junto a todo el Gabinete. Será el primer viaje oficial de Diego Santilli como jefe los ministros acompañando al Presidente, y el terreno donde buscará mostrar, una vez más, sus dotes como negociador.
La elección de Tucumán y la fecha no son casuales: es la misma provincia donde, hace dos años, el Gobierno forzó la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores aliados y los menos díscolos, un acuerdo que terminó diluyéndose sin mayores resultados concretos.
El flamante jefe de Gabinete está en proceso de acomodarse en su nuevo cargo y aprender a manejar la firma que le corresponde como jefe de Gabinete. Pero viene trabajando en los consensos para lograr la reforma política desde antes de asumir como ministro coordinador, cuando todavía estaba al frente del Ministerio del Interior. Y la votación en el Congreso, que quieren que se realice a más tardar en agosto, podría convertirse en la oportunidad para exhibir un primer logro de gestión.
Con la agenda de fondo puesta en reunir adhesiones, es probable que los mandatarios que asistan a Tucumán sean los mismos que participaron de la jura de Santilli el martes pasado. Y, como ocurrió con esa ceremonia en el Salón Blanco, en el Gobierno buscarán usar el evento para mostrar adhesiones a las iniciativas oficiales.
Teniendo en ciuenta que los mandatarios provinciales asistirán tanto al acto central como al Tedeum, los equipos de la presidencia se preparan para tomar imágenes de sintonía, pero sobre todo, buscan que asista la mayor cantidad de mandatarios. Quieren una foto similar a la de aquel frío julio de 2024.
En Balcarce 50, mientras, también reconocen que el debate por las colectoras, que escaló entre el miércoles y el jueves, se usará para negociar a favor de las PASO con los gobernadores que se resisten a la reforma. Y, de fondo, dicen, tienen la intención de dar la discusión “frente a la sociedad”. De hecho, los cuestionamientos que generó en la oposición kirchnerista la posible reintroducción de las colectoras fueron música para los oídos de La Libertad Avanza, ayer.
La ex funcionaria de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, cuestionó públicamente la iniciativa oficialista. Otros dirigentes de la oposición compararon la propuesta con la cuestionada ley de Lemas.
En el bloque violeta de la Cámara de Diputados admiten que, por el momento, el consenso más sólido es para eliminar la obligatoriedad de las primarias, de manera que sigan siendo “Abiertas y Simultáneas” pero no “Obligatorias”. Ir a una “PAS” aparece como el objetivo intermedio, mientras la máxima aspiración oficialista sigue siendo suspenderlas o eliminarlas directamente.
Más allá de las negociaciones puertas adentro, en la Casa Rosada apuntan a instalar el debate en la agenda pública. “Karina quiere poner en relevancia la discusión por las PASO, y todos los debates que acerquen esa discusión al gran público son bienvenidos”, señalaron desde Balcarce 50.
Dos días antes del encuentro en Tucumán se realizará la mesa política, que también será la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. De ese encuentro, que obligó a postergar la conferencia de prensa, participará en su nuevo rol, seguramente, Gustavo Coria, histórico asesor del referente de PRO, en un cónclave donde el oficialismo hará un poroteo de gobernadores por tres frentes que negocia en paralelo: la reforma política, la ley de zonas frías y el proyecto de “inocencia fiscal”.
POLITICA
Santa Fe avanza con una reforma electoral que incluye las PASO: el rol del PJ y los puntos claves para 2027
En medio de la discusión nacional por una eventual reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la provincia de Santa Fe avanza por un camino distinto. Allí, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no están en discusión ni tampoco la incorporación de colectoras. El verdadero debate pasa por dos cuestiones que pueden modificar el escenario político de cara a 2027, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro buscará la reelección: el porcentaje mínimo que deberán alcanzar las fuerzas para acceder al reparto de bancas y el diseño de la Boleta Única.
La reforma no responde a una decisión política aislada, sino a una obligación derivada de la nueva Constitución provincial, sancionada el año pasado. Además de habilitar la reelección del gobernador, el nuevo texto incorporó el sistema D’Hondt para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, en reemplazo del mecanismo anterior, que garantizaba automáticamente 28 de los 50 escaños a la fuerza más votada, aun cuando la diferencia con el segundo fuera mínima. Ese cambio obliga ahora a adecuar la legislación electoral y convierte al piso electoral en una de las variables que definirán qué fuerzas podrán acceder al reparto de bancas.
En la Legislatura ya fueron presentados cuatro proyectos: uno en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, impulsados por la UCR, el Socialismo y el peronismo. Sin embargo, el objetivo es que todos confluyan en una única iniciativa que pueda ser sancionada durante agosto. “Hay un amplio consenso para que eso suceda”, aseguró a Infobae el diputado socialista Rubén Galassi, uno de los dirigentes que participa de las negociaciones.
Las diferencias entre las iniciativas son acotadas, pero políticamente relevantes. Todos los proyectos mantienen las PASO y coinciden en la necesidad de adecuar la legislación al nuevo sistema de reparto de bancas establecido por la Constitución. Sin embargo, uno de los principales puntos que todavía permanece en discusión es el porcentaje mínimo que deberán reunir los partidos para acceder al reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt.
Desde la UCR, la diputada provincial Silvana Di Stéfano explicó que el proyecto busca reunir en un único cuerpo normativo toda la legislación electoral y de partidos políticos vigente en Santa Fe, adecuándola a la Constitución reformada el año pasado. Además de mantener las PASO, la iniciativa propone reducir de cinco a dos las boletas para la elección general: una para las categorías municipales —intendente y concejales— y otra para las provinciales —gobernador y vice, diputados y senador—. También incorpora un casillero de “Lista Completa”, mantiene la regulación de Ficha Limpia y la paridad de género. La legisladora aclaró que uno de los aspectos que continúa bajo revisión durante la negociación parlamentaria es el porcentaje mínimo para acceder al reparto de bancas.
La otra discusión gira en torno a la Boleta Única. La mayoría de los proyectos conserva el esquema actual de cinco boletas para la elección general, una por cada categoría. La excepción es la iniciativa de la UCR, que propone reducirlas a dos. Detrás de esa diferencia también hay una lectura política: una menor cantidad de boletas tiende a potenciar el arrastre del candidato que encabeza la oferta electoral, en este caso Pullaro.
Desde el socialismo, en cambio, evitan darle esa interpretación al debate y prefieren concentrarse en la construcción de consensos. Galassi insistió en que existe un amplio acuerdo para unificar los proyectos en un solo texto y ratificó la propuesta de su espacio de mantener el esquema actual de cinco boletas para la elección general y fijar un piso del 3% del padrón electoral para acceder al reparto de bancas.
Es precisamente sobre esos dos puntos donde el peronismo ubica la discusión política de fondo. El proyecto opositor fue impulsado por diputados que responden al ex gobernador Omar Perotti y contó con el acompañamiento de Miguel Rabbia, del espacio que lidera Marcelo Lewandowski, y de Lucila De Ponti, referente del Movimiento Evita.
Desde el peronismo reconocieron que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar “el proyecto que se les ocurra”. Por esa razón, consideran que la principal tensión no atraviesa la relación entre Unidos y la oposición, sino al propio frente gobernante.
Según esa interpretación, la discusión en torno a un piso electoral más elevado responde a una estrategia de la UCR para consolidar un esquema más cercano al bipartidismo y reducir la representación del Socialismo, su principal socio dentro de Unidos. El razonamiento parte de la pérdida de peso territorial y electoral que experimentó ese partido en los últimos años frente al radicalismo, lo que haría más difícil alcanzar un umbral más elevado para acceder al reparto de bancas.
Con la mirada puesta en 2027, en el peronismo también hacen su propia lectura del escenario político. Dicen que Lewandowski continúa siendo uno de los dirigentes con mejor nivel de conocimiento e intención de voto dentro del espacio y sostuvieron que la unidad será una condición indispensable para competir por la Gobernación. Bajo ese análisis, creen que una elección de tercios, con Pullaro por un lado, el peronismo por otro y La Libertad Avanza como tercera fuerza, podría favorecer sus posibilidades.
Otro de los puntos incorporados en el proyecto impulsado por el oficialismo abre la puerta a una eventual modernización del sistema. El diputado Walter Ghione, del partido UNO, explicó que la iniciativa deja prevista la posibilidad de implementar en el futuro un sistema de voto electrónico, aunque sin establecer su aplicación inmediata. La incorporación funcionaría como una herramienta legal para que la provincia pueda avanzar con ese mecanismo si así lo decide en los próximos años.
Crisis sin fin en Bolivia: cinco claves del conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno
A los 44 años, Zlatan Ibrahimovic sorprende con rutinas extremas tras dejar el fútbol profesional
Los cuatro signos del horóscopo chino que tendrán la energía a su favor para cumplir sus sueños en julio, según Ludovica Squirru
Al Green responds to July 4 question with renewed call to impeach Trump
Milei hará su primera aparición con Santilli como jefe de Gabinete y volverá a cruzarse con Villarruel
ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 2
En medio de su separación, Magui Bravi contó por primera vez su traumático embarazo: «El parto fue de emergencia y…»
Con la incorporación de Santilli al Gabinete, el Gobierno relanza su estrategia para las elecciones 2027
¿Se recupera el mercado de los autos?: qué muestran los números de las cinco marcas que más 0 km venden en el país
Construir los cimientos de la Inteligencia Artificial: los desafíos de la infraestructura del futuro
CHIMENTOS2 días agoEn medio de su separación, Magui Bravi contó por primera vez su traumático embarazo: «El parto fue de emergencia y…»
- POLITICA3 días ago
Con la incorporación de Santilli al Gabinete, el Gobierno relanza su estrategia para las elecciones 2027
- ECONOMIA2 días ago
¿Se recupera el mercado de los autos?: qué muestran los números de las cinco marcas que más 0 km venden en el país
