POLITICA
Selección de jueces: la propuesta de la Corte Suprema, un paso en la dirección correcta
La reforma constitucional de 1994 fue, entre otras cosas, un proyecto de desconcentración del poder. Quienes la diseñaron entendían que el hiperpresidencialismo argentino era una patología estructural, no un accidente de personas. El problema no era quién ocupaba la presidencia, sino cuánto poder concentraba quien la ocupara. Y propusieron una arquitectura institucional que lo corrigiera: frenos y contrapesos entre poderes, nuevos órganos de control independientes, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, mecanismos de democracia semidirecta, mayor acceso a la justicia para ciudadanos y organizaciones. La idea central era que la justicia controlara a la política, que el mérito fuera un límite real a la discrecionalidad del poder, que los ciudadanos tuvieran herramientas concretas para exigir rendición de cuentas.
Dentro de ese diseño, el Consejo de la Magistratura ocupaba un lugar estratégico. Su función no era meramente administrativa: era la pieza que debía resolver uno de los problemas más difíciles del constitucionalismo contemporáneo, que es cómo seleccionar jueces que sean a la vez técnicamente excelentes y democráticamente legítimos. Jueces que fallen bien porque saben derecho, y que fallen con autoridad porque fueron seleccionados de manera que la sociedad puede reconocer como justa.
El diseño era optimista. Tomaba en serio las dos grandes tradiciones de selección judicial que el mundo desarrolló a lo largo del siglo XX. La tradición estadounidense confía en el proceso político: el presidente nomina, el Senado delibera públicamente y confirma, y la legitimidad del juez viene de haber sobrevivido ese escrutinio representativo. La tradición europea continental confía en el proceso técnico: concursos públicos, exámenes anónimos, evaluación de antecedentes por corporaciones de pares, carrera judicial con ascensos meritocráticos. La política da legitimidad democrática; las corporaciones profesionales garantizan la excelencia técnica.
El Consejo de la Magistratura argentino fue diseñado como una síntesis de ambas tradiciones. El proceso técnico -exámenes, evaluación de antecedentes, jurados de especialistas- filtraría a los candidatos más capaces y produciría una terna de los mejores. El proceso político -el Poder Ejecutivo eligiendo de esa terna, el Senado confirmando- les daría legitimidad democrática. La apuesta central era que el mérito disciplinara a la política: que le pusiera un límite objetivo y verificable a la discrecionalidad de las designaciones.
Pero esa apuesta descansaba sobre un supuesto que no llegó a verificarse del todo: que las corporaciones profesionales (los jueces como cuerpo, los abogados organizados en colegios, los académicos reunidos en universidades y asociaciones) producirían y sostendrían estándares colectivos de excelencia técnica suficientemente robustos y autónomos como para resistir la presión de la política partidaria. Que habría, en otras palabras, un mundo jurídico capaz de decirle a la política: hasta aquí, este candidato no pasa porque no sabe derecho o porque no tiene integridad, y eso no es negociable.
Lo que ocurrió fue lo inverso. Sin una práctica jurídica colectiva que sostuviera ese estándar desde adentro, la política no encontró un límite en el proceso técnico. Encontró un nuevo terreno para colonizar. Los partidos aprendieron que ya no alcanzaba con controlar al Poder Ejecutivo o al Senado: había que controlar también quiénes integran los jurados de los concursos, quiénes representan a la academia en el Consejo, quiénes conducen los colegios de abogados, cómo se alinean las asociaciones de magistrados. Las instituciones universitarias, los colegios profesionales, las asociaciones de jueces (todos los espacios que debían producir independencia técnica) se fueron convirtiendo, gradualmente, en extensiones de la disputa partidaria. El proceso técnico no disciplinó a la política. La política convirtió ese proceso en una arena más de sus propias disputas.
La Acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración, debe leerse en este contexto. No es simplemente una mejora de procedimientos técnicos, es un intento de la Corte de recuperar la lógica original de la Constitución del 94: que el proceso técnico vuelva a disciplinar a la política, que el mérito sea nuevamente un límite real a la discrecionalidad partidaria.
Y en esa lectura, los avances concretos que propone adquieren un sentido más preciso. El anonimato en los exámenes escritos, garantizado por medios informáticos con separación estricta entre quienes elaboran las consignas y quienes las corrigen, y con códigos alfanuméricos que impiden identificar al autor hasta que toda la corrección está terminada, apunta directamente a cerrar los espacios donde la captura puede operar. La limitación de la entrevista personal a veinte puntos sobre un total de doscientos es quizás el cambio más significativo: durante años esa instancia fue el lugar donde las influencias que el concursante no podía prever ni rebatir encontraban su expresión más efectiva, donde un orden de mérito construido con esfuerzo técnico podía ser invertido con relativa facilidad. Tasarla, limitarla y distribuirla en criterios explícitos y fundados reduce drásticamente ese margen. La tabulación rigurosa de los antecedentes (con escalas precisas por tipo de cargo, antigüedad y especialidad) busca reemplazar la discrecionalidad del evaluador por criterios objetivos y verificables. Todo el diseño apunta en la misma dirección: achicar los espacios donde la captura política necesita operar para funcionar.
Es, en ese sentido, un gesto institucional que merece una bienvenida genuina. La Corte está intentando tomarse en serio, treinta años después, el mandato que la Constitución del 94 le encomendó al sistema de selección judicial. Y lo hace con una propuesta técnicamente elaborada que reconoce los problemas reales que el sistema acumuló.
Un gesto importante y necesario, pero no suficiente por sí solo, porque el problema de fondo (la ausencia de una práctica jurídica colectiva que sostenga el estándar técnico desde adentro) no se resuelve con un reglamento, por bien diseñado que esté.
Un sistema de concursos funciona bien cuando puede medir a los candidatos contra un estándar que las propias profesiones jurídicas producen y sostienen colectivamente. Ese estándar emerge de la práctica acumulada de jueces que razonan y deciden bien, de abogados que litigan con rigor técnico e integridad ética ante sus clientes, de académicos que investigan con profundidad empírica y valorativa, de profesores que forman juristas con herramientas reales de pensamiento. Cuando esa práctica colectiva es robusta, el concurso puede medirla. Cuando es fragmentaria, el concurso mide indicadores sustitutos (antigüedad, certificados de cursos, artículos publicados, causas documentadas) y los candidatos aprenden a optimizar esos indicadores en lugar de mejorar la práctica.
En los sistemas jurídicos que funcionan bien, ese estándar colectivo tiene dos anclas institucionales principales: la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia es el conjunto de criterios que los jueces construyen acumulativamente, leyéndose entre sí y respetando sus decisiones previas como puntos de partida obligados para razonar. No como camisa de fuerza, sino como piso compartido que hace predecible el derecho y obliga a justificar los apartamientos. La doctrina es la producción académica que sistematiza esa jurisprudencia, la critica cuando se equivoca, propone soluciones a los casos que todavía no fueron resueltos, y proyecta el derecho hacia el futuro. Las dos anclas se retroalimentan y producen, con el tiempo, una práctica colectiva reconocible que cualquier profesional competente puede identificar y que el concurso puede medir.
En la Argentina, ambas anclas son débiles. Los jueces no se leen entre sí con la convicción de que los precedentes tienen peso obligatorio: con demasiada frecuencia cada tribunal tiende a empezar desde cero, como si la jurisprudencia acumulada fuera una referencia optativa y no un piso compartido que legitima y estabiliza el sistema. Y la academia jurídica no produce el contrapeso necesario: fragmentada en tradiciones que no dialogan entre sí, sin una comunidad que delibere colectivamente y construya certezas compartidas sobre los grandes problemas del derecho, y sostenida en gran medida por docentes que ejercen la profesión o la judicatura como actividad principal y la enseñanza como actividad secundaria, no está en condiciones de generar el pensamiento jurídico homogéneo que oriente la práctica ni de formar sistemáticamente las destrezas analíticas y argumentativas que un sistema judicial exigente requiere. El resultado es un ecosistema jurídico donde demasiados actores improvisan sus propios criterios, donde el derecho es menos predecible de lo que debería ser, y donde el concurso no tiene, en demasiados casos, contra qué medir con precisión.
Este diagnóstico tiene una consecuencia directa sobre cómo pensar el problema de los evaluadores, que el reglamento propuesto no termina de resolver. El sistema actual recluta a los miembros de los comités de examen y los jurados evaluadores principalmente entre docentes de facultades de derecho, que en su gran mayoría son abogados o jueces en ejercicio que enseñan como actividad secundaria. Dicho de otro modo: quienes evalúan a los candidatos tienen exactamente el mismo problema estructural que los candidatos, no tienen dedicación exclusiva a la tarea de evaluar, no acumulan institucionalmente los criterios que van desarrollando, no mejoran sistemáticamente sus instrumentos de medición, y no están organizados para producir una práctica homogénea y progresivamente más sofisticada sobre qué significa ser un buen juez en la democracia constitucional argentina. La evaluación reproduce el déficit que pretende medir.
Una agenda de profundización debería incluir la creación de un cuerpo profesional de evaluadores dedicado exclusivamente a desarrollar y perfeccionar los instrumentos de selección: los exámenes, los estándares de corrección, entrevista, los parámetros de evaluación de antecedentes. Un cuerpo que acumule experiencia y aprenda de cada concurso, que construya con el tiempo una práctica cada vez más precisa sobre qué conocimientos, qué destrezas y qué disposiciones éticas definen al mejor juez posible para una democracia constitucional como la que el 94 imaginó. Que responda a las demandas que le plantean los consejeros del Consejo de la Magistratura pero también a otras fuentes de evaluación externa de la performance del sistema judicial. Así como la Constitución del 94 creó el Consejo para profesionalizar la selección de jueces, la siguiente etapa lógica es profesionalizar a quienes dentro del Consejo hacen esa selección.
Hay, además, un riesgo específico en el sistema de calificación de antecedentes que el reglamento propone, que vale la pena nombrar para que el Consejo lo considere. Al asignar puntaje por cursos de capacitación, publicaciones en revistas jurídicas homologadas y causas documentadas en la especialidad, el sistema puede generar incentivos que desvíen a cada tipo de profesional de su función propia y socialmente valiosa.
El funcionario judicial (el secretario de juzgado, el fiscal adjunto, el defensor oficial) que quiere maximizar su posición en un futuro concurso aprende que su tiempo libre tiene un rendimiento diferencial: trabajar mejor un expediente difícil no le suma ningún punto; escribir un artículo para una revista homologada, sí. Ser un funcionario ejemplar en el despacho cotidiano no genera puntaje directo; acumular certificados del programa de formación judicial, sí. El sistema no premia al mejor judicial: premia al judicial que mejor construye su perfil concursal. Y esas dos cosas no son lo mismo.
El abogado en ejercicio enfrenta una distorsión análoga. El que optimiza para el concurso no es necesariamente el que litiga mejor o el que actúa con mayor integridad ética frente a sus clientes. Y el académico no escapa a la misma lógica. El que quiere posicionarse bien en un concurso descubre que publicar varios artículos cortos en revistas de la lista le conviene más que escribir el libro riguroso y empíricamente fundado que lleva años. El profesor que invierte tiempo en pensar cómo enseñar mejor razonamiento jurídico no obtiene por eso ningún punto adicional.
Lo que subyace a estos tres casos es un problema más profundo que el diseño de cualquier escala de puntaje: el sistema mide indicadores observables del mérito en lugar del mérito real, y los candidatos racionales aprenden a producir los indicadores. El resultado paradójico es que un sistema diseñado para seleccionar a los mejores termina distrayendo a todos de hacer aquello que los haría mejores y que haría mejor al Poder Judicial y a la sociedad que depende de él.
Resolver esto requiere algo más que un nuevo reglamento. Requiere que las corporaciones jurídicas, las facultades de derecho, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados, las escuelas judiciales construyan y sostengan estándares colectivos de excelencia que el sistema pueda reconocer y medir. Es una tarea de largo aliento que no se decreta ni se reglamenta: se construye, lentamente, a través de los acuerdos que las profesiones jurídicas van alcanzando sobre qué significa hacer bien el trabajo de juez, de abogado, de académico, de profesor. Ninguna acordada puede hacerlo por sí sola. Pero nombrar el problema con claridad es ya parte del camino.
La Acordada 4/2026 abre una oportunidad que el Consejo de la Magistratura debería aprovechar plenamente: no solo adoptar el reglamento propuesto sino usarlo como punto de partida para una conversación más amplia y más profunda sobre qué significa seleccionar bien a los jueces en la Argentina de hoy. Esa conversación está pendiente desde 1994. El mérito que la Constitución quiso convertir en límite de la política sigue esperando las condiciones institucionales y profesionales que lo hagan verdaderamente posible.
La Corte acaba de dar un paso serio en esa dirección, vale la pena acompañarla.
El autor es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Umiversidad de Buenos Aires y profesor visitante de Universidad Torcuato Di Tella.
Martín Böhmer,Conforme a
POLITICA
Hartfield defendió la gestión legislativa del oficialismo y negó que el Congreso haya estado paralizado tras la causa Adorni
Debates, negociaciones y cambios atraviesan la agenda legislativa argentina. El Congreso enfrenta tensiones internas, proyectos trabados y discusiones sobre el rumbo del país, en un contexto donde las alianzas y los estilos de liderazgo también generan debate. En una entrevista con Infobae en Vivo, Diego Hartfield, diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, analizó el presente parlamentario, el impacto de los recientes escándalos y su visión sobre el funcionamiento político actual.
Hartfield aseguró que el trabajo en el Congreso no se detuvo pese a la renuncia de Manuel Adorni y las controversias en el Gobierno nacional. “Siempre dije lo mismo. Es un tema que debe definir la justicia y, en última instancia, el presidente”, sostuvo.
El legislador remarcó que, aunque la oposición intentó enfocar el debate en ese caso, la actividad parlamentaria se mantuvo. “No estoy de acuerdo en que se paró completamente la agenda legislativa. Al contrario, no paramos de trabajar”, afirmó.
El diputado destacó avances concretos, como la discusión y sanción del Super RIGI —una ley para atraer inversiones superiores a mil millones de dólares— y la Ley Joaquín, orientada a la seguridad en el deporte. Según Hartfield, la Cámara de Diputados trató “un montón de temas” y siguió trabajando en comisiones, incluyendo acuerdos internacionales y normas que buscaban mejorar el clima de inversiones.
Hartfield subrayó que la controversia sobre Adorni no frenó el funcionamiento del Congreso. “No me frenó en todas las cuestiones que estuvimos charlando”, afirmó. Señaló que la oposición buscó emplazar comisiones y condicionar debates, pero el oficialismo mantuvo la agenda activa.
El diputado remarcó que la falta de quórum en ciertas sesiones se debió a tensiones políticas, pero no a una parálisis generalizada. Explicó que temas como la interpelación al jefe de Gabinete generaron demoras, pero la agenda central continuó.
Negociaciones políticas y rol de Misiones
En cuanto a las alianzas y acuerdos, Hartfield describió una dinámica de negociaciones “ley a ley”. Remarcó que los diputados del Frente Renovador de Misiones acompañaron proyectos nacionales cuando lo consideraron conveniente. “Hay diputados de todas las otras provincias con la cual se negocia, se charla y se intenta llegar a un acuerdo”, relató.
El legislador remarcó que la prioridad es lograr la aprobación de leyes que, según su visión, permiten el avance del proceso de cambio impulsado por el Gobierno nacional.
Cambios en el Gobierno y nuevos referentes
Sobre los recientes cambios en el gabinete, Hartfield valoró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Destacó su “músculo político” y la capacidad de mantener buen vínculo con gobernadores y legisladores. “Percibo que hay un buen clima”, afirmó, aludiendo a la recepción positiva entre funcionarios y periodistas de los nuevos voceros y referentes.
El diputado señaló que estos cambios responden a la necesidad del Gobierno de escuchar a la sociedad y ajustar su estrategia política y comunicacional. Mencionó a otros funcionarios, como Adrián Rabier y Fabián Fernández, como parte de esta nueva etapa.
Debate interno y autocrítica en La Libertad Avanza
Hartfield también analizó la dinámica interna de La Libertad Avanza. “Creo que hay muchas cosas que hay que charlar las puertas adentro”, sostuvo. Relató que en reuniones recientes los legisladores intercambiaron opiniones y destacó la importancia de la autocrítica y el debate sincero dentro del bloque.
El diputado citó como ejemplo su desacuerdo el año anterior con la estrategia del Banco Central sobre la acumulación de reservas. “Yo en ese momento me mostré en desacuerdo”, indicó, y resaltó la importancia de fortalecer la entidad monetaria para enfrentar eventuales crisis.
Estilo presidencial y comunicación política
Consultado sobre el estilo de Javier Milei, Hartfield reconoció diferencias, pero valoró la autenticidad del presidente. “Me gusta que sea sincero y genuino. Hay ciertas cosas que yo no haría. Mi genuinidad es tener este tono tranquilo”, explicó.
El legislador consideró que la comunicación directa de Milei es una de las razones que impulsaron su crecimiento político. “Yo escucho mucho al presidente sobre la batalla cultural, las ideas de la libertad y me parece que en eso es el uno indiscutido de Javier Milei”, aseguró.
Para cerrar, Hartfield también se refirió a las discusiones intensas en el Congreso y a la capacidad de alcanzar acuerdos tras debates públicos. Destacó el caso de Patricia Bullrich y Milei, quienes, tras una campaña polarizada, lograron consensos para avanzar en la gestión nacional.
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POLITICA
El pedido de los Milei a Diego Santilli, la preocupación de Mauricio Macri y la causa judicial que inquieta a Karina
Los 112 días que duró el escándalo de Adorni y su sostenimiento por razones incomprensibles, no produjeron en el Gobierno un daño que algún otro líder político haya logrado capitalizar. En los estudios de ARESCO y de otras consultoras prestigiosas, este dato se revela inconfundible. Fue como un autoflagelo del oficialismo que decepcionó a una porción importante de sus votantes -que abandonaron el acompañamiento-, pero no se fueron con nadie. A ningún lado. La variable sobresaliente, implacable, que aparece en todas las preguntas y en todas las respuestas es la economía.
El resto de los jugadores, por ahora, no son un problema. Hay que subrayar ese ‘por ahora’, porque la sociedad está, primero que nada, mirando el Mundial y, después, absolutamente despreocupada de quién tiene intenciones de candidatearse. Es un problema del futuro, un dilema que se presentará el año que viene. El Gobierno, entonces, hasta que empiece la carrera electoral en serio, pelea contra sí mismo.
En ese contexto, empezó a trabajar esta semana Diego Santilli, el nuevo jefe de Gabinete que estrena un escenario mucho más enfocado que el que le tocó hasta la semana pasada cuando era ministro del Interior. Y con la prioridad clara de consolidar objetivos en la coreografía que viene construyendo con gobernadores aliados. La premisa sigue siendo, salvo el kirchnerismo, todos los que quieran serán recibidos. No hay dudas de que es un vínculo que ya le viene funcionando y que le permitió seguramente llegar adonde está ahora —no solo por la confianza inédita que logró construir de los dos lados de la interna libertaria con Karina y Santiago- sino además por los resultados que pudo conseguir en el Congreso gracias el apoyo estratégico de gobernadores. Goza de un número casi mágico para alcanzar leyes que necesitan aprobar antes de fin de año cuando la carroza se convierta en calabaza y las tensiones por el 2027 hagan que todo se vuelva mucho más enredado y costoso.
En este plan, la eliminación de las PASO es prioridad, más allá de otras sanciones como la ley de Propiedad Privada y la reforma a la ley de Inocencia Fiscal. Es una necesidad que el Gobierno pensaba tener resuelta en el primer semestre pero que se dilató por los inconvenientes de Adorni. Ahora se convirtió en una urgencia. Las razones son evidentes: en principio, no hay dudas de lo problemático que podría significarles una competencia del peronismo que logre unificar lo que está destrozado, pero sobre todo hay preocupación con la inquietud financiera que podría generar el año que viene tener una PASO que consiga empoderar a un candidato unificado del PJ.
Hace rato que la opción de eliminarlas incluida en la reforma electoral parece ser improbable y se venía explorando la posibilidad de suspenderlas. Lo concreto es que ni la oposición supone ahora un escenario con primarias. Se da por sentado que el esquema que se abre con la designación de Santilli y su alineamiento con los gobernadores le permitirá al oficialismo conseguir lo que quiere. Es decir, a partir de ahora, todo el diseño electoral del año que viene se está tramitando con la idea de que las PASO no sucederán.
¿Cómo se resolverá la enorme fragmentación y el conflicto si nadie imagina, por ejemplo, que el PJ pueda hacer una interna partidaria que sea validada por todas sus partes? Si hasta hay en el peronismo quienes quieren convencer a Cristina de que algún vericueto jurídico o legislativo podría convertirla en candidata. Es una tentación basada también en los sondeos que la siguen mostrando contundente en el universo del antimileismo pero de imposible ejecución real. Las posibilidades de que su caudal termine en un apoyo a Axel Kicillof son negadas terminantemente desde el entorno de la expresidenta.
Había una oferta que generaba expectativa en el círculo rojo y en un sector del peronismo no kirchnerista. Imaginaban una competencia entre Kicillof y el empresario Jorge Brito en las PASO. El banquero, que guardaba íntimamente un deseo histórico de protagonizar la política nacional, está haciendo un recorrido minucioso por el sendero potencial de candidatearse. Esta semana, sorpresivamente, celebró su cumple en el Banco Macro con distintos actores políticos y empresarios y con un discurso mucho más político que financiero. Al día siguiente, llegó temprano al brindis de la Embajada de Estados Unidos y se lo vio en conversaciones interesantes. De un gran vínculo con Santilli por su historia común en River, Brito sólo está dispuesto a jugar si ve a un Milei debilitado o a un Kicillof empoderado. Una condición que comparte con Mauricio Macri quien apenas supo de su deseo, quiso reunirse con él. Y así lo hizo.
Un acuerdo indigno o la desaparición
En las dos oportunidades en que se juntaron, Brito todavía se mostró indeciso, más inclinado a nuclear a un peronismo racional, desarrollista y a terminar con el kirchnerismo que a subirse al PRO. Sin contar que es muy prematuro asegurar que este juego de candidatearse termine en realidad. Es una preocupación gourmet para el expresidente que se fue el finde pasado a Miami a ver a la Selección sin saber si festejar o lamentarse por la designación de Santilli. “Estamos atrapados entre la obsesión de Santiago Caputo de eliminarnos y el acuerdo indigno que nos propone Lule Menem con Karina”, dicen a su alrededor. ¿El interés de quién priorizará Santilli? Es natural que sea el de su jefe actual. Además de jefe de Gabinete, es el potencial candidato a gobernador bonaerense por LLA. Una disgresión: ¿Karina aceptaría a Bullrich en ciudad y a Santilli en Provincia? A su lado aseguran que no. A Macri lo tranquiliza la idea de que un enroque derive en Santilli candidato a jefe de Gobierno. Podría, seguramente, compatibilizar los intereses de las dos partes. ¿Es cierto que hasta es opción que el expresidente se presente si es necesario para salvar la continuidad del PRO en la Ciudad? Con Jorge Macri, sigue sin diálogo. El jefe de Gobierno está buscando también un acuerdo con los libertarios para su reelección y ya mandó varios mensajes a Karina que, según referentes de su espacio, no fueron contestados todavía.
Mientras tanto, el PRO elabora mensajes de amor y paz. Se mostraron públicamente en contra de la eliminación de las PASO pero no es una decisión unánime de sus legisladores. Ahora el bloque del Senado comunicó su agenda de prioridades y consignó a la reforma electoral en ese punteo. No está claro el asunto de las primarias. Habrá que mirar esa definición.
Indagatorias que preocupan en la Rosada
El jueves y viernes pasado, cuando fue decantando la decisión por Santilli como reemplazo de Adorni, hubo un consenso casi inédito en la dupla Caputo-Karina. Una excepción que logró alinear ahora el foco en lo urgente. Sin embargo, las conflictividades subterráneas no se detendrán. Una tiene que ver con la estrategia concreta electoral. Los operadores políticos de Karina se preocupan porque el Presidente escuchó con atención la idea matriz que Caputo le viene repitiendo sobre que la manera de garantizar la reelección radica en arreglar con los gobernadores sin plantarles problemas. Es una compulsa que perdió en las elecciones de medio término donde ganó la impronta karinista de competirles en algunos lugares. Se sabe que le salió bien y logró el éxito electoral. Ahora, aparentemente, Milei está más permeable. Son conclusiones apresuradas porque en la saga de la interna, la hermana presidencial siempre será dominante y los capítulos pueden ser infinitos desde acá hasta octubre del año que viene.
En ese universo, es válido preguntarse cómo operará la noticia que recibieron en la Rosada sobre los llamados a indagatoria y el congelamiento de cuentas por 350 millones de pesos que firmó el juez Sebastián Casanello en una causa -que consignamos acá hace algunas semanas- y que se puede listar como un expediente altamente perturbador para los primos Menem. Se trata de una investigación sobre la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) por malversaciones millonarias que habrían sucedido con los interventores designados por Lule Menem en contrataciones relacionadas con un socio de Martín Menem. Casanello indagará a mediados de agosto por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles a Virginia Montero y Marcelo Petroni, los dos interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional en la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) entre agosto de 2024 y todo 2025, y también a Sergio Aguirre, titular de HTECH INNOVATION S.A. y a la par socio de Martín Menem en TR Nutrition, una de las empresas del presidente de la Cámara de Diputados.
Más allá de ese vínculo -que podría no significar nada- ¿por qué es una preocupación para Karina? Lule y Martín Menem aparecen mencionados en la investigación que está enfocada en entender los $262.197.224,88 que OSPRERA le pagó a HTECH por supuesto servicios informáticos en poco más de un año y medio.
La investigación del fiscal Guillermo Marijuan detectó que HTECH, la empresa de Aguirre, se constituyó apenas cuatro meses antes de la intervención del Gobierno a la obra social. O sea abrió y triunfó. Después de allanamientos, pedidos de documentación a Presidencia, levantamientos de secretos fiscales y análisis de un celular en una causa conexa, el dictamen de Marijuan encontró que un mes antes de que se anunciara la intervención, Montero -la funcionaria que un mes después sería designada para sanear OSPRERA- tuvo una larga reunión con Aguirre y Lule Menem en el despacho de Menem en la Rosada. Esto es información constatada en la causa. Esa noche después de ver a Lule, Montero y Aguirre -o sea la que iba a ser interventora y el empresario que iba a ganar la contratación millonaria- hablaron 408 segundos por teléfono.
Leé también: Axel Kicillof enfrenta la presión de romper con Cristina Kirchner mientras recrudece la interna del peronismo
Cuando ella dejó el puesto y la reemplazó Marcelo Patroni, también está documentada una reunión del nuevo interventor con Lule Menem en su despacho. Hasta ahí no habría cuestionamientos, pero en el análisis telefónico de los peritos surge que la línea de Aguirre -socio de Martín Menem- “figura entre los 10 contactos con los que Patroni mantuviera mayor frecuencia en las comunicaciones”. De esas llamadas frecuentes aparece una en el expediente donde en enero de 2025 Patroni le dijo a Aguirre, según cita el fiscal: “Avisale a Lule” y “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”. Para pedir indagatorias, Marijuan concluyó: “Está claro que es en el marco de esas maniobras y el plan común delictivo desplegado que los interventores de OSPRERA comenzaron a seleccionar o elegir a proveedores de servicios allegados con sus intereses políticos”.
Marijuan pidió las indagatorias en abril y ayer el juez Sebastián Casanello -después de haber hecho nuevos allanamientos y peritado teléfonos— decidió darle lugar y congelar activos de los imputados por 374 millones de pesos, que es el monto actualizado del daño supuesto de esta maniobra sobre la Obra Social de los Peones Rurales. Además, detectó que Aguirre y su socio en HTECH se compraron autos de lujo -un BMW de alta gama y un Mercedes Benz- justo en el momento en que cobraron este contrato multimillonario. ¿Qué contestarán a las preguntas del juez los ex interventores y el empresario? Habrá que esperar a agosto para saberlo. Un tiempo que pondrá nerviosos a varios.
Javier Milei, Karina Milei
POLITICA
Milei hará su primera aparición con Santilli como jefe de Gabinete y volverá a cruzarse con Villarruel
Exactamente dos años después del hecho que marcó el comienzo de la ruptura definitiva de la relación entre ellos, el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, se encontrarán en Tucumán para participar de un nuevo aniversario de la independencia argentina, en un acto que será además la presentación en público de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
El 9 de julio, pero del 2024, en esta misma provincia, el mandatario nacional firmó junto a varios gobernadores el Pacto de Mayo, una serie de políticas de Estado que todos acordaron acompañar durante la gestión libertaria.
Sin embargo, aunque fue invitada al evento, en aquella oportunidad quien había sido su compañera de fórmula en las elecciones anteriores se ausentó, lo que generó versiones de un posible alejamiento que luego se confirmó.
En esta ocasión, Milei llegará el miércoles a la capital tucumana para participar a la noche, una vez más, de la vigilia de la fecha patria. Lo hará acompañado de todos sus ministros y de las principales figuras del oficialismo.
De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae, en el lugar estará también Villarruel, que fue convidada a asistir por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y tiene pensado ir, aunque eso implique volver a cruzarse con el Presidente.
En el entorno de la titular del Senado remarcan que ”las provincias saben que ella está al frente de la Cámara que las representa” y por eso respetan su investidura.
“Por supuesto que estará y va a ocupar el sitio que las autoridades de Tucumán le indiquen por protocolo”, remarcó una persona que tiene diálogo directo con la Vice.
Hace tan solo unas semanas, los dos ya coincidieron en el acto por el Día de la Bandera que se realizó en Rosario, donde Villarruel criticó fuertemente a Manuel Adorni, que en ese momento resistía en el cargo, gracias al respaldo de la cúpula libertaria.
“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la invencible provincia de Santa Fe y a la figura del general Belgrano”, marcó.
En los festejos por la independencia argentina estará también Santilli, que viene liderando la nueva etapa del Gobierno, más dialoguista que las anteriores, con el objetivo de empezar a aprobar las primeras reformas en el Congreso tras la salida de su antecesor.
Esta será la primera actividad oficial en público del dirigente de origen PRO desde que asumió, el martes último, como jefe de Gabinete.
El flamante ministro coordinador viene teniendo conversaciones con gobernadores, diputados y senadores para, entre otras cuestione, juntar votos para aprobar el proyecto que busca cambiar el sistema electoral.
La Casa Rosada dejó definitivamente atrás la posibilidad de considerar hacer que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pasen a ser optativas y está decidida a lograr su eliminación o, en el peor de los casos, suspenderlas el año que viene.
Tal como contó también este medio, el Poder Ejecutivo tiene lista una oferta concreta para los mandatarios provinciales, qué es la de incorporar las listas colectoras en los comicios generales a cambio de erradicar las PASO.
Según aseguran algunas personas al tanto de las charlas, en realidad, esto fue una propuesta que surgió durante los encuentros que “El Colo” mantuvo con los gobernadores y desde que trascendió fue un reclamo de varios de ellos, que vieron en esta alternativa una solución definitiva a la discusión.
Se trata de una herramienta que ya se utilizó en otros momentos y que, básicamente, permite que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero vayan juntas en otra. De esta manera, por ejemplo, dos aspirantes a gobernador pueden enfrentarse en las urnas llevando al mismo candidato a presidente en su boleta. Una suerte de primarias, pero definitivas.
El próximo miércoles, Milei estará en la ciudad de San Miguel de Tucumán junto a Santilli y sus ministros, y quizás salude a algunos de los gobernadores que también podrían asistir.
El Presidente decidió cancelar el viaje que tenía previsto hacer a los Estados Unidos este fin de semana, entre otras cuestiones, porque no llegaba a tiempo para la vigilia Patria.
Según el cronograma tentativo, a la medianoche se desarrollará la ceremonia protocolar en la Casa Histórica de la Independencia, frente a la cual se montará un gran escenario para recibir a los invitados.
Exactamente a las 00:00, Jaldo y Milei subirán a la plataforma para presenciar la interpretación del himno nacional por parte de una orquesta local.
Los festejos en la provincia van a comenzar el día 8 de julio a partir de las 14:30 horas con eventos y espectáculos familiares.
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