POLITICA
Selección de jueces: la propuesta de la Corte Suprema, un paso en la dirección correcta

La reforma constitucional de 1994 fue, entre otras cosas, un proyecto de desconcentración del poder. Quienes la diseñaron entendían que el hiperpresidencialismo argentino era una patología estructural, no un accidente de personas. El problema no era quién ocupaba la presidencia, sino cuánto poder concentraba quien la ocupara. Y propusieron una arquitectura institucional que lo corrigiera: frenos y contrapesos entre poderes, nuevos órganos de control independientes, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, mecanismos de democracia semidirecta, mayor acceso a la justicia para ciudadanos y organizaciones. La idea central era que la justicia controlara a la política, que el mérito fuera un límite real a la discrecionalidad del poder, que los ciudadanos tuvieran herramientas concretas para exigir rendición de cuentas.
Dentro de ese diseño, el Consejo de la Magistratura ocupaba un lugar estratégico. Su función no era meramente administrativa: era la pieza que debía resolver uno de los problemas más difíciles del constitucionalismo contemporáneo, que es cómo seleccionar jueces que sean a la vez técnicamente excelentes y democráticamente legítimos. Jueces que fallen bien porque saben derecho, y que fallen con autoridad porque fueron seleccionados de manera que la sociedad puede reconocer como justa.
El diseño era optimista. Tomaba en serio las dos grandes tradiciones de selección judicial que el mundo desarrolló a lo largo del siglo XX. La tradición estadounidense confía en el proceso político: el presidente nomina, el Senado delibera públicamente y confirma, y la legitimidad del juez viene de haber sobrevivido ese escrutinio representativo. La tradición europea continental confía en el proceso técnico: concursos públicos, exámenes anónimos, evaluación de antecedentes por corporaciones de pares, carrera judicial con ascensos meritocráticos. La política da legitimidad democrática; las corporaciones profesionales garantizan la excelencia técnica.
El Consejo de la Magistratura argentino fue diseñado como una síntesis de ambas tradiciones. El proceso técnico -exámenes, evaluación de antecedentes, jurados de especialistas- filtraría a los candidatos más capaces y produciría una terna de los mejores. El proceso político -el Poder Ejecutivo eligiendo de esa terna, el Senado confirmando- les daría legitimidad democrática. La apuesta central era que el mérito disciplinara a la política: que le pusiera un límite objetivo y verificable a la discrecionalidad de las designaciones.
Pero esa apuesta descansaba sobre un supuesto que no llegó a verificarse del todo: que las corporaciones profesionales (los jueces como cuerpo, los abogados organizados en colegios, los académicos reunidos en universidades y asociaciones) producirían y sostendrían estándares colectivos de excelencia técnica suficientemente robustos y autónomos como para resistir la presión de la política partidaria. Que habría, en otras palabras, un mundo jurídico capaz de decirle a la política: hasta aquí, este candidato no pasa porque no sabe derecho o porque no tiene integridad, y eso no es negociable.
Lo que ocurrió fue lo inverso. Sin una práctica jurídica colectiva que sostuviera ese estándar desde adentro, la política no encontró un límite en el proceso técnico. Encontró un nuevo terreno para colonizar. Los partidos aprendieron que ya no alcanzaba con controlar al Poder Ejecutivo o al Senado: había que controlar también quiénes integran los jurados de los concursos, quiénes representan a la academia en el Consejo, quiénes conducen los colegios de abogados, cómo se alinean las asociaciones de magistrados. Las instituciones universitarias, los colegios profesionales, las asociaciones de jueces (todos los espacios que debían producir independencia técnica) se fueron convirtiendo, gradualmente, en extensiones de la disputa partidaria. El proceso técnico no disciplinó a la política. La política convirtió ese proceso en una arena más de sus propias disputas.
La Acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración, debe leerse en este contexto. No es simplemente una mejora de procedimientos técnicos, es un intento de la Corte de recuperar la lógica original de la Constitución del 94: que el proceso técnico vuelva a disciplinar a la política, que el mérito sea nuevamente un límite real a la discrecionalidad partidaria.
Y en esa lectura, los avances concretos que propone adquieren un sentido más preciso. El anonimato en los exámenes escritos, garantizado por medios informáticos con separación estricta entre quienes elaboran las consignas y quienes las corrigen, y con códigos alfanuméricos que impiden identificar al autor hasta que toda la corrección está terminada, apunta directamente a cerrar los espacios donde la captura puede operar. La limitación de la entrevista personal a veinte puntos sobre un total de doscientos es quizás el cambio más significativo: durante años esa instancia fue el lugar donde las influencias que el concursante no podía prever ni rebatir encontraban su expresión más efectiva, donde un orden de mérito construido con esfuerzo técnico podía ser invertido con relativa facilidad. Tasarla, limitarla y distribuirla en criterios explícitos y fundados reduce drásticamente ese margen. La tabulación rigurosa de los antecedentes (con escalas precisas por tipo de cargo, antigüedad y especialidad) busca reemplazar la discrecionalidad del evaluador por criterios objetivos y verificables. Todo el diseño apunta en la misma dirección: achicar los espacios donde la captura política necesita operar para funcionar.
Es, en ese sentido, un gesto institucional que merece una bienvenida genuina. La Corte está intentando tomarse en serio, treinta años después, el mandato que la Constitución del 94 le encomendó al sistema de selección judicial. Y lo hace con una propuesta técnicamente elaborada que reconoce los problemas reales que el sistema acumuló.
Un gesto importante y necesario, pero no suficiente por sí solo, porque el problema de fondo (la ausencia de una práctica jurídica colectiva que sostenga el estándar técnico desde adentro) no se resuelve con un reglamento, por bien diseñado que esté.
Un sistema de concursos funciona bien cuando puede medir a los candidatos contra un estándar que las propias profesiones jurídicas producen y sostienen colectivamente. Ese estándar emerge de la práctica acumulada de jueces que razonan y deciden bien, de abogados que litigan con rigor técnico e integridad ética ante sus clientes, de académicos que investigan con profundidad empírica y valorativa, de profesores que forman juristas con herramientas reales de pensamiento. Cuando esa práctica colectiva es robusta, el concurso puede medirla. Cuando es fragmentaria, el concurso mide indicadores sustitutos (antigüedad, certificados de cursos, artículos publicados, causas documentadas) y los candidatos aprenden a optimizar esos indicadores en lugar de mejorar la práctica.
En los sistemas jurídicos que funcionan bien, ese estándar colectivo tiene dos anclas institucionales principales: la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia es el conjunto de criterios que los jueces construyen acumulativamente, leyéndose entre sí y respetando sus decisiones previas como puntos de partida obligados para razonar. No como camisa de fuerza, sino como piso compartido que hace predecible el derecho y obliga a justificar los apartamientos. La doctrina es la producción académica que sistematiza esa jurisprudencia, la critica cuando se equivoca, propone soluciones a los casos que todavía no fueron resueltos, y proyecta el derecho hacia el futuro. Las dos anclas se retroalimentan y producen, con el tiempo, una práctica colectiva reconocible que cualquier profesional competente puede identificar y que el concurso puede medir.
En la Argentina, ambas anclas son débiles. Los jueces no se leen entre sí con la convicción de que los precedentes tienen peso obligatorio: con demasiada frecuencia cada tribunal tiende a empezar desde cero, como si la jurisprudencia acumulada fuera una referencia optativa y no un piso compartido que legitima y estabiliza el sistema. Y la academia jurídica no produce el contrapeso necesario: fragmentada en tradiciones que no dialogan entre sí, sin una comunidad que delibere colectivamente y construya certezas compartidas sobre los grandes problemas del derecho, y sostenida en gran medida por docentes que ejercen la profesión o la judicatura como actividad principal y la enseñanza como actividad secundaria, no está en condiciones de generar el pensamiento jurídico homogéneo que oriente la práctica ni de formar sistemáticamente las destrezas analíticas y argumentativas que un sistema judicial exigente requiere. El resultado es un ecosistema jurídico donde demasiados actores improvisan sus propios criterios, donde el derecho es menos predecible de lo que debería ser, y donde el concurso no tiene, en demasiados casos, contra qué medir con precisión.
Este diagnóstico tiene una consecuencia directa sobre cómo pensar el problema de los evaluadores, que el reglamento propuesto no termina de resolver. El sistema actual recluta a los miembros de los comités de examen y los jurados evaluadores principalmente entre docentes de facultades de derecho, que en su gran mayoría son abogados o jueces en ejercicio que enseñan como actividad secundaria. Dicho de otro modo: quienes evalúan a los candidatos tienen exactamente el mismo problema estructural que los candidatos, no tienen dedicación exclusiva a la tarea de evaluar, no acumulan institucionalmente los criterios que van desarrollando, no mejoran sistemáticamente sus instrumentos de medición, y no están organizados para producir una práctica homogénea y progresivamente más sofisticada sobre qué significa ser un buen juez en la democracia constitucional argentina. La evaluación reproduce el déficit que pretende medir.
Una agenda de profundización debería incluir la creación de un cuerpo profesional de evaluadores dedicado exclusivamente a desarrollar y perfeccionar los instrumentos de selección: los exámenes, los estándares de corrección, entrevista, los parámetros de evaluación de antecedentes. Un cuerpo que acumule experiencia y aprenda de cada concurso, que construya con el tiempo una práctica cada vez más precisa sobre qué conocimientos, qué destrezas y qué disposiciones éticas definen al mejor juez posible para una democracia constitucional como la que el 94 imaginó. Que responda a las demandas que le plantean los consejeros del Consejo de la Magistratura pero también a otras fuentes de evaluación externa de la performance del sistema judicial. Así como la Constitución del 94 creó el Consejo para profesionalizar la selección de jueces, la siguiente etapa lógica es profesionalizar a quienes dentro del Consejo hacen esa selección.
Hay, además, un riesgo específico en el sistema de calificación de antecedentes que el reglamento propone, que vale la pena nombrar para que el Consejo lo considere. Al asignar puntaje por cursos de capacitación, publicaciones en revistas jurídicas homologadas y causas documentadas en la especialidad, el sistema puede generar incentivos que desvíen a cada tipo de profesional de su función propia y socialmente valiosa.
El funcionario judicial (el secretario de juzgado, el fiscal adjunto, el defensor oficial) que quiere maximizar su posición en un futuro concurso aprende que su tiempo libre tiene un rendimiento diferencial: trabajar mejor un expediente difícil no le suma ningún punto; escribir un artículo para una revista homologada, sí. Ser un funcionario ejemplar en el despacho cotidiano no genera puntaje directo; acumular certificados del programa de formación judicial, sí. El sistema no premia al mejor judicial: premia al judicial que mejor construye su perfil concursal. Y esas dos cosas no son lo mismo.
El abogado en ejercicio enfrenta una distorsión análoga. El que optimiza para el concurso no es necesariamente el que litiga mejor o el que actúa con mayor integridad ética frente a sus clientes. Y el académico no escapa a la misma lógica. El que quiere posicionarse bien en un concurso descubre que publicar varios artículos cortos en revistas de la lista le conviene más que escribir el libro riguroso y empíricamente fundado que lleva años. El profesor que invierte tiempo en pensar cómo enseñar mejor razonamiento jurídico no obtiene por eso ningún punto adicional.
Lo que subyace a estos tres casos es un problema más profundo que el diseño de cualquier escala de puntaje: el sistema mide indicadores observables del mérito en lugar del mérito real, y los candidatos racionales aprenden a producir los indicadores. El resultado paradójico es que un sistema diseñado para seleccionar a los mejores termina distrayendo a todos de hacer aquello que los haría mejores y que haría mejor al Poder Judicial y a la sociedad que depende de él.
Resolver esto requiere algo más que un nuevo reglamento. Requiere que las corporaciones jurídicas, las facultades de derecho, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados, las escuelas judiciales construyan y sostengan estándares colectivos de excelencia que el sistema pueda reconocer y medir. Es una tarea de largo aliento que no se decreta ni se reglamenta: se construye, lentamente, a través de los acuerdos que las profesiones jurídicas van alcanzando sobre qué significa hacer bien el trabajo de juez, de abogado, de académico, de profesor. Ninguna acordada puede hacerlo por sí sola. Pero nombrar el problema con claridad es ya parte del camino.
La Acordada 4/2026 abre una oportunidad que el Consejo de la Magistratura debería aprovechar plenamente: no solo adoptar el reglamento propuesto sino usarlo como punto de partida para una conversación más amplia y más profunda sobre qué significa seleccionar bien a los jueces en la Argentina de hoy. Esa conversación está pendiente desde 1994. El mérito que la Constitución quiso convertir en límite de la política sigue esperando las condiciones institucionales y profesionales que lo hagan verdaderamente posible.
La Corte acaba de dar un paso serio en esa dirección, vale la pena acompañarla.
El autor es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Umiversidad de Buenos Aires y profesor visitante de Universidad Torcuato Di Tella.
Martín Böhmer,Conforme a
POLITICA
Un día clave para la autoridad de Milei

Milei mira los números de la economía que le son favorables y se ilusiona con que la mano invisible resuelva los problemas que tienen el país y su propio Gobierno. El inconveniente es que en los dos planos los desafíos son múltiples. Y su visión suele ser monofocal y escasamente periférica, así como su atención es puntual y su paciencia, muy limitada.
Esas características se verifican en la sangrienta disputa interna de su espacio, que llegó demasiado lejos y en la que evita involucrarse; en la organización política, que tercerizó, y en la economía, con la que se entusiasma o se desvela en lo macro y relativiza, recorta o desprecia señales de lo micro.
Por eso, a veces en este terreno en el que se considera una autoridad mundial Milei interviene contradiciendo a su equipo y con resultados no siempre positivos, como pasó el año pasado con el desarme de la deuda remunerada del Banco Central, precipitadora del alza de tasas y la volatilidad cambiaria que contribuyeron a poner su gestión al borde del abismo hasta que llegó el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent.
Aquella prescindencia, basada en la confianza de que las cosas importantes o los detalles se ordenan con la sola fijación de grandes lineamientos, explica en buena medida que los conflictos estallados a su alrededor hayan llegado tan lejos y que mantengan en vilo no solo a sus apoyos políticos y empresariales sino también a muchos de sus ministros que esperan con inquietud lo que pasará hoy. Una jornada que puede ser crucial para la marcha del gobierno.
“Me da más miedo la reunión de Gabinete que lo que diga la Iglesia en el Tedeum, por más crítico que pueda ser (el arzobispo) García Cuerva. Y no por lo que vaya a pasar en esa reunión, sino precisamente por lo que es muy probable que no pase, pero debería pasar, que es poner orden en serio, y por lo que, entonces, vendrá después”, advirtió un importante colaborador presidencial.
La continuidad hasta anoche mismo de la disputa por las redes entre el bando que lidera la hermanísima Karina, secundada por los primos Menem, y el del asesorísimo Santiago Caputo, escoltado por las Fuerzas del Cielo, demostró algo más que la ineficacia del remedo de fallo salomónico que ensayó el Presidente en la semana.
Esa no solución, en la que consagró la hermandad con su asesor y, al mismo tiempo, defendió a Martín Menem, terminó por poner en cuestión su autoridad como nunca antes. Hoy se demostrará si en su caja de herramientas (políticas y emocionales) Milei tiene otros recursos que hasta acá no ha mostrado. Un test clave.
La incapacidad o la negación para ejercer su liderazgo demostrada hasta ahora frente a su hermana y su hermano putativo es motivo también de interpretaciones complementarias a ese laissez faire, laissez passer libertario (dejar hacer y dejar pasar). A la imposibilidad de prescindir de uno y otro por lo que significan como bastiones emocionales, operativos y, en un caso, también intelectual, se agrega otra teoría a la que adhieren algunos de sus colaboradores.
“Javier también tiene su forma de ejercer el poder y de evitar quedar preso de los que tiene algún grado importante de dependencia y a los que él no puede, no quiere o no sabe cómo ponerles un límite, como es el caso de Karina y Santiago. Los deja que se enfrenten y que se limiten entre ellos. No le falta la cuota de perversidad que tiene todo el que llega al poder”, dice un allegado que conoce a Milei desde bastante antes de que se incorporara a la política.
Sin embargo, la confrontación parece haber llegado demasiado lejos. “La furia recargada que muestra estos estos días se explica porque no puede ordenar la interna y, porque, todo empezó con los problemas de Manuel [Adorni], que nunca dejaron de crecer y él no logró encapsular o resolver también por culpa de la interna y de un mal cálculo suyo y de su hermana sobre los alcances del escándalo”, explica un destacado miembro del oficialismo que prefiere pasar inadvertido y evitar que una bala perdida de la guerra fratricida lo alcance.
“Javier puede ser hasta cruel con los propios, como lo fue con sus dos jefes de Gabinete anteriores. A Nicolás Posse y Guillermo Francos los conocía y tenía un vínculo estrecho desde antes de que Adorni llegara y los tiró por la ventana sin problemas. Y no son los únicos. El tema es que ellos no eran karinistas, pero tampoco santicaputistas. Y, ahora, es posible que eche a uno de Santiago, pero parece muy difícil que se desprenda de alguien a quien su hermana protege”, agrega el funcionario.
El movimiento lineal ascendente que lo llevó vertiginosamente a la Presidencia sin modelar sino potenciando sus características personales solo parece haber reforzado una forma de abordar los asuntos que son o deberían ser de su competencia. Eso se advierte en la intolerancia presidencial a los cuestionamientos y a las refutaciones cuando él está convencido de algo, según han comprobado viejos amigos y conspicuos colaboradores.
El blindaje ante los contradictores opera, además, como un obturador de opiniones críticas y de eventuales presiones que podrían expresar o ejercer algunos de sus colaboradores, inclusive algunos en los que más confía. Ese parece ser el trance que atraviesa el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según una fuente cercana a Santiago Caputo y otra vinculada con un importante ministro que se enrola en el karinismo, el titular de Hacienda le ha pedido varias veces a su sobrino el asesor que modere acciones y reacciones, y no solo en función del buen vinculo que él mantiene con la hermanísima presidencial, sino ante la inacción del Presidente. A Caputo ministro le preocuparía, dicen, el impacto que eso podría tener sobre tomadores de decisiones económicas que siguen con preocupación las peleas y los escándalos oficialistas.
Al ministro de Economía no se le escapa que mas allá de los indicadores favorables de abril que él, el Presidente y todos los comunicadores del Gobierno pudieron publicitar, hay fragilidades que podrían agravarse, recuperaciones que podrían demorarse aún más y números menos tranquilizadores.
La heterogeneidad de la dinámica de la actividad económica y de la recuperación con un promedio que elevan sectores que derraman poco y concentran muchos ingresos fue expuesta hasta por representantes de algunos rubros exitosos.
Es el caso de la pesca, que fue la actividad que más aumentó, pero los empresarios del sector advirtieron que el resultado está concentrado en la captura de una sola especie y que los márgenes de ganancia son muy acotados. En el sector agrícola sucede lo mismo.
En el rubro manufacturero los industriales de la siderurgia y la metalurgia ya anunciaron que la recuperación de abril se revirtió en mayo. En tanto, las automotrices advierten sobre una caída de los patentamientos que si se mantuviera en el resto del año dejaría las ventas por debajo de 2025, con poco más de 500.00 unidades patentadas, equivalente a menos de la mitad del récord de 2013 y 2017. Nada que Toto Caputo no haya escuchado de los industriales a los que recibió esta semana. Los ansiados brotes verdes todavía son números grises.
De todas maneras, la confianza en la mejora de la económica sigue intacta en el oficialismo, aunque admiten que por las características de la recuperación no cabe esperar que se expanda demasiado y, menos aún, que abulte los bolsillos de ninguna mayoría. Pero, al menos, que sirva para restaurar expectativas.
Por eso, en oficinas importantes de la Casa Rosada ruegan que baje el ruido interno tanto como que los escándalos no tengan nuevos capítulos. Sin embargo, en este punto hay más escepticismo, no solo por los casos ya instalados y que en la Justicia no le están dando mucho respiro, sino por otros asuntos que temen que la interna termine por hacer estallar y complicar más la gestión.
Los recientes recortes de gastos que hizo el ministerio de Economía con pocas consultas y avisos a sus pares no solo dejaron molestos a varios ministros y secretarios de áreas afectadas, sino que volvieron a poner en guardia a muchos gobernadores dialoguistas, que han sido clave para el avance de las políticas oficialistas.
Por algo, el propio Caputo tuvo algunas expresiones de keynesianismo austríaco y productivismo cuando cifró parte de sus vaticinios de mejora en la reactivación de la obra pública (concesionada). Además, admitió (tímidamente) que el superávit fiscal no puede seguir dependiendo de los recortes de gastos, sino que debe sustentarse en el crecimiento. Milei no se hizo eco. Tal vez sea parte del pragmatismo y la falta de apego a dogmas económicos que dice valorar en su ministro, mientras él da la batalla teórica y se pelea con quienes no le dan la razón.
“La actividad y la recaudación está mejorando en casi la mitad de las provincias”, dicen con cierto alivio en el Ministerio del Interior, que lidera el hiperdialoguista Diego Santilli, enrolado en el karinismo, que es el nexo habitual de los gobernadores, aunque no siempre con éxito a pesar de su disposición a cierta generosidad con sus interlocutores. Cuando se les piden algunos detalles y precisiones, el optimismo deja paso a un realismo menos halagüeño.
“En el área metropolitana y en derredor de algunas de las grandes ciudades del interior la situación está más complicada”, admiten en esa cartera. Un dato no menor para el ministerio en el que la política es eje de su competencia y que tiene por titular a un aspirante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Son todos detalles de los muchos países en los que se ha transformado la Argentina mileísta, que suelen quedar borroneados bajo el lente monofocal del Presidente. Hasta que se acerquen las elecciones y los problemas sean irreversibles. Por eso, entre los que apuestan al éxito del modelo mileísta crecen los que reclaman una mirada más integral. Sobran los agnósticos.
Claudio Jacquelin,Conforme a
POLITICA
Fuera del Gobierno: Villarruel profundiza su contraste con Milei y avisa que no se va a quedar de brazos cruzados en 2027

Como si fuera un jugador de póker, Victoria Villarruel ya está sentada en la mesa de la partida electoral de 2027, pero prefiere no mostrar su juego hasta no ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, la vicepresidenta decidió levantar el perfil público mostrando los resultados de su gestión al frente de la Cámara alta y destacando su condición de “nacionalista, católica y productivista” con la clara intención de mostrarse como la contracara de Javier Milei y su administración.
“La mejor campaña de ella es él”, afirma uno de sus más estrechos colaboradores con un tono que muestra una mezcla de incredulidad y morbo ante la crudeza con la que se filtran en las redes sociales las miserias y bajezas de la interna del Gobierno.
Pero también les interesa mostrar los resultados de dos años y medio de administración de la Cámara alta: reducción en mil puestos de la planta de personal y un ahorro de $21.000 millones, según las cifras oficiales difundidas por el Senado.
Que va a jugar el año próximo ya no quedan dudas. “No imaginamos a la vicepresidenta el año próximo mirando Netflix mientras hay una campaña presidencial”, confirmó a una persona del círculo de confianza de la vicepresidenta que recibió a en una oficina del edificio Anexo del Senado.
Sin embargo, cuando se piden precisiones sobre cuál es el plan empiezan las circunvalaciones verbales y narrativas para no anticipar la jugada. “La ansiedad de la política no es la ansiedad de Victoria”, responde uno de los miembros de la mesa de arena de Villarruel. “Tiene el 90% de conocimiento, no necesita apurarse”, remata.
Más allá de las palabras, el nervio político y electoral está latente y se puede palpar en las charlas. Lo delatan los números de encuestas que, si bien dicen que ellos no piden, aparecen todo el tiempo en la conversación. “Mide mucho Victoria, mide cuarenta y pico” de aprobación, destacan.
“Hoy, 18% dice ‘la voto’”, apunta un miembro de la “mesa política” de la vicepresidenta, poniendo énfasis en los dos dígitos que arroja el muestreo, número que ven como una base más que interesante para lanzarse a la palestra electoral en el momento indicado.
La idea es dar el paso cuando llegue el momento y no apurar nada. Insisten en que la vicepresidenta no va a ceder a la presión mediática que −afirman− quiere ya ubicarla en el tablero de la partida política del año próximo. Y agregan un dato más: el momento económico del país tampoco es propicio para andar anticipando candidaturas.
Mientras tanto, la idea es resaltar el contraste entre Villarruel con una administración que todo el tiempo comete errores no forzados y que, aseguran, carece de empatía con la sociedad. “Victoria no disfruta echando gente como hace (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger”, ejemplifican.
Al respecto, destacan que la caída de agentes en el Senado (de 4583 en diciembre de 2023 a 3583 en marzo de este año) se logró sin grandes traumas, a partir de aplicar controles de asistencia, planes de retiro voluntarios y jubilaciones, renuncias y cesantías por no concurrir a su lugar de trabajo.
“Pero también es la contracara de Milei porque ella es nacionalista, católica y productivista y él es globalista y liberal”, afirman en cercanía de la vicepresidenta. Así se explican los permanentes viajes de Villarruel al interior, contactándose con gobernadores provinciales y tomando de primera mano el pulso de la economía. La otra cara de la moneda, afirman, de un Milei que prefiere los viajes al exterior y, en su mayoría, con una agenda política vinculada con la derecha global.
En ese sentido, la estrategia del contraste permite ahora explicar la adicción de Villarruel de replicar los comentarios y posteos que la critican o que la acusan de traidora en redes sociales, una costumbre que la vicepresidenta defiende a capa de espada y mantiene fuera del alcance de sus asesores.
Esas intervenciones le han servido para criticar, en duros términos, a funcionarios y aliados del Gobierno. “Son temas muy fuertes” como para que Villarruel pueda quedarse callada, explican. Hablan de los escándalos de patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del vaciamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas, como casos emblemáticos.
Sobre las acusaciones de traición, insisten en que todo es un invento de la Casa Rosada. “Si la vice no está con Milei es por Karina”, afirma uno de los colaboradores más cercanos de Villarruel, señalando a la hermana presidencial como la principal responsable de la pelea con el jefe el Estado.
En ese sentido, la misma persona destaca que el enfrentamiento se produjo sin que ambos protagonistas hayan cruzado palabra alguna. De hecho, afirma que la última vez que hablaron Milei y su vicepresidenta fue hace ya casi dos años, en el desfile militar del 9 de Julio en Avenida del Libertador, cuando los dos se subieron al tanque en medio de risas y chistes. Imágenes de un pasado que parece muy lejano.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
A semanas de cumplir el primer año de prisión domiciliaria, el kirchnerismo prepara varios actos en la casa de Cristina Kirchner

La campaña “Cristina Libre” convirtió la casa de Cristina Kirchner en punto fijo de movilización política y demostraciones de apoyo. A medida que se acerca el 17 de junio, fecha en la que se cumplirá un año de la prisión domiciliaria de la expresidenta, crecen las convocatorias impulsadas por La Cámpora y otros sectores alineados con la expresidenta.
Esa dinámica profundiza la discusión interna del peronismo sobre cuánto espacio debe ocupar su situación judicial dentro de la agenda opositora frente a las elecciones de 2027. El ala dura K busca mantener la centralidad de Cristina Kirchner, mientras que otros sectores intentan evitar que toda la discusión política quede reducida a su situación judicial.
En paralelo, Cristina Kirchner mantiene actividad política desde su arresto domiciliario y se reúne con dirigentes, militantes y referentes cercanos. Este fin de semana recibió al fotógrafo Pablo Grillo, mientras afuera del edificio había una concentración de militantes. “Me dijo que siga militando y que no claudiquemos la esperanza”, contó el fotorreportero después del encuentro con la exmandataria.
El nuevo escenario político
En las últimas semanas, San José 1111 volvió a ser sede de distintas movilizaciones impulsadas por La Cámpora, agrupaciones kirchneristas y colectivos culturales. Hubo actos, intervenciones artísticas, música en vivo y transmisiones desde la puerta del edificio donde cumple arresto domiciliario la expresidenta.
El viernes pasado volvieron a movilizarse dirigentes y militantes de La Cámpora, como Florencia Saintout; Fernanda Raverta; Julián Álvarez; Federico Otermín; Daniela Vilar y Emmanuel González Santalla, entre otros referentes del espacio.
“Cueste lo que cueste, la vamos a liberar”, planteó el intendente de Lanús durante la actividad, que incluyó shows musicales y expresiones artísticas frente al edificio.
La campaña también empezó a expandirse fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás, agrupaciones como Patria Grande, La Cámpora y el Movimiento Evita participaron de una actividad sobre un puente con vista a la General Paz, donde colgaron un cartel con la inscripción “Cristina Libre. 338 días secuestrada”.
En esa actividad participaron dirigentes locales ligados a Futuro San Martín, entre ellos Leonardo Grosso, Alan González y Pablo Puebla. “La liberación de la compañera tiene que ser un punto urgente en el temario del movimiento nacional justicialista”, plantearon.
La agenda seguirá en los próximos días. Este miércoles habrá una nueva manifestación organizada por militantes peronistas de Mercedes, que preparan una caravana hacia Constitución bajo la consigna “Cristina Libre”. Según difundieron los organizadores, la salida será desde la sede partidaria local y desembocará en San José 1111.
Para el kirchnerismo duro, la presencia permanente frente al domicilio de la expresidenta funciona como una forma de sostener visibilidad política y reforzar la idea de que existe una “proscripción” contra Cristina Kirchner.
La presión sobre el peronismo
La campaña también empezó a impactar en los debates internos del PJ. Durante el lanzamiento de los cursos de formación política del PJ bonaerense, Axel Kicillof quedó envuelto en reclamos vinculados a Cristina Kirchner.
Del “Axel, queremos saber cómo liberar a Cristina” a “la única forma es que Axel sea presidente”, los gritos hicieron eco en el acto en La Plata, mientras parte del teatro empezó a corear “Axel Presidente”.
La escena expuso una tensión que atraviesa al peronismo. Mientras sectores de La Cámpora buscan que la situación judicial de Cristina Kirchner se convierta en un eje ordenador del espacio, otros dirigentes intentan evitar que el debate interno quede absorbido por esa discusión.
“Creo que no le suma a nadie ni le aporta a la propia Cristina. Tenemos que ser muy cuidadosos de generar escenarios que nos hacen hablar de situaciones internas”, planteó Andrés Larroque, dirigente del núcleo de confianza del gobernador bonaerense.
Pese a esas diferencias, dentro de la dirigencia más cercana a la expresidenta crece la idea de que un eventual futuro gobierno peronista debería avanzar con un indulto. En La Cámpora sostienen que sería una demostración de autoridad frente a lo que consideran abusos del Poder Judicial y creen que sería una condición necesaria para gobernar.
El primer aniversario como fecha de movilización y reclamo
La próxima gran convocatoria será el 20 de junio. Ese día, el kirchnerismo organizará un banderazo en Parque Lezama por el Día de la Bandera y por el aniversario de la confirmación de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. No descartan encabezar una caravana que una ambos puntos.
Durante la última reunión del Consejo del PJ, Oscar Parrilli -el dirigente más cercano a la exmandataria- planteó que el escenario político actual no puede analizarse sin la situación judicial de Cristina Kirchner. En ese marco sostuvo que “no hay democracia con Cristina proscripta” y calificó como “trucha” tanto a la democracia como al eventual candidato del próximo año en ese contexto.
A medida que se acerca el primeri aniversario de la prisión domiciliaria, el kirchnerismo duro busca sostener la movilización y mantener la situación judicial de Cristina Kirchner en el centro de la discusión política. El debate atraviesa al peronismo, que todavía no logra ordenar una estrategia electoral común frente al nuevo escenario.
cristina kirchner, PJ, La Cámpora, Peronismo
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