La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso aprueba el proyecto de ley también conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante esto, la ex diputada Elisa Carrió cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno. “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”, consideró.

Mediante el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el Gobierno puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26.737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.

Carrió expresó sus consideraciones mediante un documento que difundieron desde el espacio que conduce. Así, la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. El texto lleva la firma de otras 75 personas, entre las que se encuentran referentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari) y ex diputados nacionales y ex legisladores porteños.

En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.

En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.

El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada.

El posicionamiento califica ese esquema como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.

En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.

Frente a ese escenario, los autores del documento defienden la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. «La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.

En esa misma línea, concordaron en que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”, por eso cualquier reforma de la Ley de Tierras “debe procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación de estos bienes estratégicos, asegurando que la apertura económica no implique una disminución de la capacidad del Estado para proteger el ambiente”.

El documento de unas 13 páginas enumera gran parte del atractivo económico que tiene el país. “La frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la energía, la producción de alimentos y la proyección antártica forman parte de una geografía que excede la dimensión puramente inmobiliaria o productiva”; y ante esa tentación exige “mirar la cuestión de la tierra desde una perspectiva más amplia que la compraventa privada”.

Sobre esa arquitectura normativa, el documento concluye que configura “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y que, en los términos del artículo 29 de la Constitución, la condena con nulidad insanable y responsabilidad para quienes la formulen, consientan o firmen. El Senado tiene previsto tratar la iniciativa en los próximos días.

Pese a las resonantes declaraciones contra Javier Milei de un funcionario del Gobierno de Lula da Silva, la Casa Rosada evitó escalar las tensiones diplomáticas con Brasil en la previa del próximo viaje del Presidente a San Pablo.

“Nada para comentar”, se limitaron a responder en Balcarce 50 y la Cancillería a TN luego de que el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, insultara a Milei por su inminente visita a Brasil para apoyar al principal candidato presidencial de la oposición.

“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, escribió Boulos en sus redes.

El exabrupto del funcionario del Planalto puso en evidencia el momento que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos, que desde el inicio de la gestión de Milei se limitó a los carriles diplomáticos formales para evitar cualquier contacto entre los mandatarios.

Además de las diferencias ideológicas, el vínculo con Lula da Silva se resintió por las reiteradas manifestaciones de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, principal dirigente de la oposición brasileña que está inhabilitado para competir electoralmente por el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

En ese contexto, quien representará a la oposición en su lugar será uno de sus hijos, el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro, a quien Milei recibió en la Quinta de Olivos dos semanas atrás.

«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, enfatizó el Presidente tras el encuentro, que acompañó con una foto en sus redes sociales. Sin embargo, Milei quiso ir más allá y el viernes pasado confirmó que viajará a San Pablo el próximo 25 de julio para participar de la unción de su aliado ideológico como candidato para las elecciones de octubre. Luego, irá a Brasilia para reunirse con el propio Jair Bolsonaro, a quien vio por última vez en julio de 2024 por una edición de la CPAC en Camboriú.

Los movimientos de Milei forman parte de la búsqueda del Gobierno de afianzar el bloque geopolítico con los líderes de centroderecha que se impusieron recientemente en la región.

En ese sentido, el Presidente ya confirmó su participación en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia, el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.

Los mandatarios electos, a quienes Milei apoyó en la previa de sus definiciones electorales, se suman a un grupo afín a las ideas de la Casa Rosada que incluye a Santiago Peña en Paraguay; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Noboa en Ecuador; José Antonio Kast en Chile; Nayib Bukele en El Salvador; Nasry Asfura en Honduras; Luis Abinader en República Dominicana; Laura Fernández en Costa Rica; y José Raúl Mulino en Panamá.

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Del lado contrario, quedaron el uruguayo Yamandú Orsi, la mexicana Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en Brasil, además de Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Delcy Rodríguez en Venezuela.

En ese contexto, pese a las manifestaciones de rechazo del Planalto, la Cancillería evitó pronunciarse públicamente y mantiene las relaciones diplomáticas formales a través de la Embajada en Brasilia que lidera Guillermo Daniel Raimondi. Por su parte, desde la sede diplomática brasileña en Buenos Aires también evitaron dar comentarios sobre el tenso vínculo con la Casa Rosada.

Lula Da Silva, Javier Milei, Brasil

El episodio que escaló en un conflicto interno entre el consejero y cónsul general de Argentina ante España, Alejandro Nimo, y el embajador Wenceslao Bunge Saravia, puso un punto y aparte este martes con una decisión que tomó el Gobierno mediante un decreto publicado en Boletín Oficial que dispuso el cese del primer funcionario diplomático.

El decreto 588/2026, firmado por el canciller Pablo Quirno, estableció que Nimo, quien se desempeñaba como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada desde agosto de 2024, concluya con sus tareas después de casi dos años al frente de un área clave para la captación de capital europeo para el país. Lo habían elegido por reunir “las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo”.

Por su parte, la administración libertaria fundamentó la necesidad de “lograr una mejor eficiencia del funcionamiento” de la representación diplomática en Madrid. En el documento, el Ejecutivo argumentó que “el ejercicio de las funciones asignadas exige una actuación acorde con los lineamientos, directrices e instrucciones impartidos por el Estado Nacional en materia de política exterior”.

La designación original del “mileista, menemista y guerrero de la Batalla Cultural!”, como se define en su perfil, partía de argumentar la necesidad de “fortalecer la presencia” del Estado argentino en distintas representaciones en el exterior, con el objetivo de “acompañar las proyecciones de las políticas comerciales y económicas” del Gobierno, en particular en materia de comercio internacional e inversiones.

Al momento de su nombramiento, Nimo recibió rango de Consejero de Embajada y Cónsul General al solo efecto protocolar, mientras durara su función.

La disputa entre ambos funcionarios saltó a la luz tres meses antes de que el Gobierno firmara el cese. Nimo y Bunge Saravia habían tenido un desencuentro que anticipó el desenlace que se formalizó este martes en el Boletín Oficial. El episodio que detonó el conflicto fue la decisión del embajador de retirarle el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática, ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid.

Según supo Infobae en aquel entonces, la medida se enmarcó formalmente en una reestructuración interna. La Embajada Argentina no renovaría el alquiler del piso donde funcionaba el Consulado General, lo que obligó a redistribuir los espacios disponibles entre el personal. Esa decisión fue comunicada mediante un memo interno enviado por correo electrónico oficial a los más de 40 empleados que trabajan en el edificio.

Nimo, sin embargo, no aceptó esa explicación y llevó el conflicto a la red social X. “Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina“, escribió. En ese mismo mensaje sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España, y concluyó con una frase que sintetizó su lectura del episodio: “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo.”

El posteo derivó en una impugnación política directa al embajador. “Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó Nimo. También señaló que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la representación diplomática, sin obtener respuesta.

Detrás de ese episodio puntual existía una tensión acumulada durante meses, según pudo conocer este medio. El abogado, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con contactos en los sectores alimentario y ferroviario y compromisos de inversión por más de 2.500 millones de euros. Esa actividad, desplegada en paralelo a la agenda institucional de la embajada, generó fricciones por la superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones.

El factor que terminó de escalar el conflicto fue una entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales, donde defendió la política de austeridad fiscal del Gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.

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