Los que amamos el periodismo tuvimos este fin de semana la tristeza de despedir a Roberto García. Fue una figura central de la vida informativa argentina, tanto en la cobertura política como económica. Comenzó muy joven en Primera Plana. Sus primeros trabajos los hizo junto a Tomás Eloy Martínez, como colaborador de la sección cultural de aquella revista extraordinaria que marcó una época en las décadas de 1960 y 1970.

Más tarde sería, junto a Julio Ramos, uno de los grandes protagonistas de Ámbito Financiero. Allí consiguió algunas de las primicias más resonantes del periodismo económico argentino. Entre ellas, la del Plan Austral, en 1985, que conmocionó no sólo a los especialistas sino al país entero. Después continuó al frente del diario junto a Ramos y, años más tarde, regresó a la televisión con La Mirada, en Canal 26. También escribía una columna semanal en Perfil.

Quienes quieran encontrar un retrato muy vívido de Roberto pueden leer la magnífica columna que Ignacio Zuleta publicó en Clarín. En lo personal, perdí a un amigo entrañable y al maestro que me enseñó a mirar el poder. Tenía un talento singular para obtener información, comprenderla y exponerla. Los que lo conocimos estamos profundamente dolidos. El año pasado estuvo aquí, en Odisea Argentina, después de las elecciones de octubre. Hicimos una entrevista en la que volvió a exhibir ese temperamento tan suyo, mezcla de desparpajo, intuición y experiencia.

El país hoy está absorbido por otro fenómeno: el Mundial.

Lo extraordinario del último partido de la selección argentina permite advertir algunas virtudes que, acaso, puedan servir de inspiración para una sociedad que suele encontrar enormes dificultades cuando se trata de organizar el juego colectivo.

La primera de esas virtudes es el método. Y aquí aparece la figura ejemplar de Lionel Scaloni. La disciplina del trabajo explica una parte decisiva del éxito en cualquier actividad. La segunda es la coordinación, una cualidad que a los argentinos nos ha resultado siempre esquiva. Este país ha producido individualidades extraordinarias. Lo que le cuesta es producir equipos extraordinarios.

Brasil tuvo a Tom Jobim y Vinicius de Moraes, que juntos dieron origen a la bossa nova, un movimiento que terminó por conquistar primero a Estados Unidos y luego al resto del mundo. Nosotros tuvimos a Borges y a Piazzolla. Pero fueron genialidades solitarias. Nunca se constituyó alrededor de ellos una corriente colectiva.

La selección argentina, en cambio, ofrece el espectáculo infrecuente de un juego virtuoso organizado alrededor de un proyecto común. Aunque, al mismo tiempo, aparece otra característica muy argentina, que a veces nos seduce y nos lleva a imaginar que esas virtudes pueden ser reemplazadas por la irrupción de una figura providencial.

Eso fue lo que se vio frente a Austria, no sólo durante el partido sino, sobre todo, cuando Lionel Messi abandonó el campo de juego. El estadio de Dallas asistió a una verdadera apoteosis. La celebración de una figura extraordinaria. La consagración del líder de un equipo.

También el Gobierno tiene hoy motivos para celebrar. Son motivos modestos, pero relevantes para una administración que venía experimentando un deterioro en su relación con la opinión pública. El índice de confianza de la Universidad Di Tella le permitió registrar un repunte después de mucho tiempo.

Ya no se trata, simplemente, de caer menos. En abril, el indicador había retrocedido 12%; en mayo, 1,6%. Ahora mostró una recuperación del 3,9%. El índice, que se mide en una escala de uno a cinco, alcanzó los 2,07 puntos.

Sin embargo, conviene mirar la serie histórica. Alberto Fernández tuvo un promedio de 1,69. Mauricio Macri, de 2,27. Milei se ubica hoy en 2,40. Hay que advertirlo: se están comparando duraciones distintas.

Pero existe otro fenómeno menos visible y probablemente más determinante. Es algo que suele resultar muy productivo en política: el clima emocional de una sociedad, sus expectativas profundas, sus estados de ánimo.

Un trabajo comparativo realizado por Mora Jozami, de Casa 3, permite observar la evolución de esos sentimientos entre enero de 2024, un mes después de la llegada de Milei al poder, y junio de 2026.

Cuando Milei asumió, la esperanza alcanzaba al 43% de los consultados. Hoy se ubica en el 39%. La bronca y el enojo, que entonces apenas representaban el 1%, treparon al 23%. La angustia y la tristeza —ese desasosiego que probablemente ayuda a explicar las crisis de representación que hicieron posible el ascenso de Milei— pasaron del 1% al 14%.

La incertidumbre, que en enero de 2024 alcanzaba al 18% de los consultados, cayó al 13%. Es comprensible. En aquel momento todavía no estaba claro si Milei lograría despejar la incógnita del liderazgo, si aparecería un centro de gravedad para la vida pública o si el país derivaría hacia alguna forma de caos. Hoy existe menos incertidumbre. También menos desilusión y menos miedo. La primera descendió del 12% al 10%; el segundo, del 20% al 4%.

Estos datos sugieren que Milei sigue enfrentado al desafío central de satisfacer una demanda de tranquilidad y de esperanza, es decir, la aspiración a un futuro algo más luminoso. Sin embargo, en ese paisaje aparecen las constantes, esas regularidades que terminan modelando la vida política. Y allí emerge el caso Adorni, que se sacude como una embarcación en la superficie de esas corrientes profundas. El tema sigue capturando la atención pública, incluso en medio del magnetismo que ejerce el Mundial.

La semana pasada Clarín publicó una columna de Héctor Gambini con un título muy expresivo: “Correte, Adorni, que está jugando Messi”. El interés que despierta el caso tiene algo de fascinación morbosa. Más aún ahora, cuando aparecieron las famosas sábanas, convertidas en un símbolo inesperado de los consumos postergados de la familia.

Pero el asunto es relevante no sólo por el atractivo que genera. Para el propio Gobierno se ha convertido en una cuestión estructurante. Obliga a modificar el funcionamiento del gabinete y condiciona la estrategia parlamentaria. Adorni no puede presentarse ante el Congreso sin exponerse a una interpelación complicada o incluso a una moción de censura. La consecuencia es paradójica: la dificultad de un funcionario termina afectando la marcha del Senado y, por lo tanto, retrasando proyectos decisivos para el oficialismo. Entre ellos, la conformación de un nuevo mapa judicial. Un gobierno que está protagonizando un proceso casi sin antecedentes porque se encuentra en condiciones de cubrir cerca del 30% de los cargos del Poder Judicial.

El escándalo, además, no puede separarse del clima económico. Tal vez el caso Adorni no tendría la misma repercusión si no existiera un malestar asociado a la recesión. El Gobierno consigue fortalecer las reservas, reducir el riesgo país y mejorar la cotización de los bonos. También logra desacelerar, con esfuerzo, la inflación. Lo que todavía no aparece es la recuperación de sectores decisivos para el empleo, como la industria, el comercio y la construcción.

Esa conexión entre economía y moral pública aparece reflejada en una investigación de Mora Jozami, que vincula la imagen de Adorni con la situación económica percibida por cada entrevistado.

En el conjunto de la población, el jefe de Gabinete registra apenas un 18% de imagen positiva, frente a un 74% de valoración negativa. Sin embargo, las diferencias se vuelven muy significativas cuando se observan los distintos estratos según su situación de consumo.

Entre quienes debieron resignar muchos gastos —los anti-Adorni, por decirlo así— apenas el 7% conserva una opinión favorable, mientras que el 87% lo condena. Entre los que resignaron algunos consumos, la evaluación mejora ligeramente. Pero la columna más reveladora es la de aquellos que no debieron modificar su nivel de vida: allí la imagen positiva trepa al 32%.

Existe, finalmente, un último grupo: aquellos que hoy consumen más que antes. Una especie de “Adorni sociológico”. Entre ellos, el 62% aprueba al funcionario y sólo el 26% tiene una opinión negativa.

La conclusión es bastante previsible. El juicio moral sobre la política suele estar estrechamente asociado al bienestar percibido en el propio hogar. La evaluación de la vida pública se modifica considerablemente según lo que ocurre en el bolsillo de cada uno. El caso Adorni ofrece, en este sentido, una demostración bastante elocuente.

Milei observa este cuadro —es evidente que le preocupa el desgaste de la imagen oficial— y reacciona como suelen hacerlo los liderazgos de naturaleza populista. Es decir, concentrando su atención en los dos factores que históricamente desafían a los jefes políticos: la prensa y la Justicia.

Como sucedió con los jefes de tantos gobiernos, sobre todo aquellos poco inclinados a la autocrítica, el Presidente parece convencido de que no enfrenta un problema de gestión sino de comunicación. El diagnóstico es clásico. El problema no sería lo que sucede sino la manera en que se lo cuenta. Y a esa dificultad se suma otra: el vocero, Adorni, está averiado. No se quebró un colaborador más; se quebró la voz del Gobierno.

De allí la reorganización del área de comunicación. Milei designó como nuevo vocero a Adrián Ravier. Adorni permanece en su cargo, aunque con facultades cada vez más recortadas. También fue incorporado Fabián Fernández como segundo de la estructura. Conviene observarlo con atención.

Fernández llega desde YPF, donde estaba a cargo de la política publicitaria de la empresa, es decir, de la relación económica de la petrolera con los medios. Antes había desempeñado funciones similares en Lanús, durante la gestión de Néstor Grindetti.

Ahora Milei le confía una tarea sugestiva: administrar aquello que durante mucho tiempo el Presidente aseguró que no existiría, una política de pauta oficial. Se trata de uno de los movimientos con los que intenta enfrentar una crisis que, en el fondo, interpreta menos como un problema político que como una dificultad de comunicación.

Hay una pregunta que sólo se podrá responder con el correr de los días: ¿cambió el estilo del Gobierno? La reorganización del área de comunicación parecería sugerirlo. Milei designó como nuevo vocero a Adrián Ravier y colocó como responsable operativo a Fabián Fernández, cuya llegada, según las versiones que circulan en la Casa Rosada, habría sido sugerida por Alejandro Fantino, uno de los amigos del Presidente.

La incógnita es otra. Porque más allá de los nombres, existe un rasgo que caracterizó la gestión de Adorni y que muchos identificaron con la soberbia del jefe de Gabinete. La petulancia tiene una particularidad: cuando sopla el viento a favor puede pasar inadvertida; cuando todo empieza a complicarse, se convierte en un agravante.

En las burocracias existe una máxima que suele aparecer en carteles colocados junto a las escaleras de ministerios y reparticiones públicas: “No pise a nadie al subir. Se lo puede encontrar al bajar”. Es una regla elemental de supervivencia administrativa que alguien debería haber colocado en las inmediaciones del despacho de Adorni. Porque el jefe de Gabinete mantuvo siempre un estilo altanero, que alcanzó uno de sus puntos culminantes cuando, frente a José Del Rio, intentó explicar su inexplicable situación patrimonial con una suficiencia que terminó jugando en su contra.

Ahora que Carlos Menem volvió a ponerse de moda, incluso por la presencia de varios de sus parientes en el Gobierno, conviene recordar una de sus máximas favoritas. Menem decía que había que ser como el cóndor, que vuela más alto, y no se marea. El caso Adorni es singular por una razón opuesta. Se mareó volando bajo. Y, sobre todo, sin necesidad. Es una petulancia sin mérito.

Habrá que ver si la nueva estructura de comunicación modifica ese tono. Y, sobre todo, si Milei cambia no sólo de equipo sino también de concepción. Es decir, si abandona aquella consigna que Santiago Caputo parece haber inoculado en el oficialismo: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. La incógnita es relevante porque se trata de un gobierno que ha invertido enormes esfuerzos en la comunicación, especialmente en el dominio de las redes sociales.

El otro frente sobre el que Milei intenta actuar para administrar su crisis es la Justicia. Tampoco aquí innova demasiado. Todos los liderazgos con vocación hegemónica terminan enfrentándose con los dos poderes que, por definición, limitan al jefe político: la prensa y los jueces.

El Presidente dispone, además, de una oportunidad frente a la que se le hace agua la boca a muchos peronistas del ciclo anterior. Más de 300 vacantes en el Poder Judicial. “¿Cómo no vimos esto?”, se preguntan retrospectivamente algunos protagonistas del gobierno de Alberto Fernández. “¿Qué hicieron durante cuatro años los ministros de Justicia? ¿Cómo dejamos pasar la oportunidad de inundar los tribunales con gente propia?”.

Quien parece haber comprendido mejor esa oportunidad no es Milei sino Juan Bautista Mahiques y, detrás de él, toda una familia que constituye uno de los productos más representativos de Comodoro Py. Desde el Consejo de la Magistratura, Mahiques está construyendo una mayoría muy favorable, aprovechando la proximidad del vencimiento del mandato de los consejeros actuales, que dejarán sus cargos en septiembre.

Pero la operación no es solamente cuantitativa. No se trata de cubrir cargos. Se trata de ocupar posiciones decisivas. Y ninguna resulta más estratégica que la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Es decir, el organismo encargado de ratificar o corregir procesamientos y sobreseimientos. El verdadero corazón del sistema.

La salida de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi abre una oportunidad excepcional. Ambos llegaron a la Cámara mediante traslados desde tribunales orales federales. La Corte Suprema resolvió que esos traslados no podían perpetuarse y que debían ser reemplazados mediante concursos.

Bruglia aceptó esa decisión, pero denunció una evidente asimetría. Sostiene que su situación es discriminatoria. Porque mientras él debe regresar al tribunal de origen, otros jueces trasladados en condiciones iguales o incluso más discutibles permanecen en sus cargos. El caso más llamativo es el de Carlos Mahiques, el legendario “Boxindanga”, padre del ministro de Justicia, trasladado desde la Justicia ordinaria porteña a la Cámara Federal de Casación Penal y recientemente ratificado por cinco años más mediante un pliego impulsado por la gestión de su hijo. Nadie parece dispuesto a aplicarle el mismo criterio que a Bruglia y Bertuzzi.

Por eso Bruglia recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su denuncia es sencilla: existe una discriminación y el principal beneficiario de esa discriminación es, precisamente, el padre del ministro de Justicia.

Mientras tanto, se desarrolló un concurso para cubrir esas vacantes. Bertuzzi participó. Bruglia no. Y ya aparecen dos candidatos que podrían integrar la Cámara encargada de revisar causas especialmente sensibles para el Gobierno: el caso $LIBRA, el expediente Adorni y las investigaciones vinculadas con la política de discapacidad.

Uno de ellos es Pablo Yadarola. Aquí aparece una curiosidad. En antecedentes y examen ocupó el puesto número dieciséis. Delante suyo quedaron quince candidatos. Bertuzzi, por su parte, terminó vigésimo primero. Sin embargo, ambos aparecen ahora integrando las ternas.

¿Cómo se produjo ese milagro? Gracias a la entrevista personal, la etapa más discrecional del sistema. Es precisamente ese mecanismo el que hoy está siendo cuestionado y el que motivó la discusión de un nuevo reglamento en el Consejo de la Magistratura. Hasta Rosenkrantz y Lorenzetti decidieron intervenir en la polémica.

Sería imprudente juzgar las intenciones de Bertuzzi. Tal vez termine siendo elegido exclusivamente por sus méritos. Lo cierto es que, según los antecedentes objetivos, hay veinte postulantes mejor ubicados. Y tampoco puede descartarse que su actitud más contemporizadora frente al caso Mahiques haya contribuido a mejorar su posición.

También aparece Yadarola, que tiene en sus manos el expediente del misterioso vuelo del avión de Leonardo Scatturice, empresario muy próximo a Santiago Caputo. Fue aquel episodio en el que Laura Belén Arrieta descendió con una cantidad de valijas cuya revisión aduanera habría sido exceptuada por orden de alguien incógnito. Adorni sostuvo en su momento que todo era falso. Más tarde el expediente demostró que no era así. Y, como suele suceder, nadie pidió disculpas.

La investigación presenta todavía una incógnita elemental. Una funcionaria de Aduana aparece en los videos hablando por teléfono después de que Arrieta le exhibe un celular. La identidad del interlocutor sigue siendo desconocida. Yadarola sostiene que existen limitaciones técnicas para identificarlo. Tal vez antes de convertirse en camarista se le ocurra convocar a esa funcionaria y preguntarle, bajo juramento, con quién habló. Sería un método relativamente sencillo. Pero, por ahora, esa posibilidad no parece haberlo seducido. Tampoco conviene sacar conclusiones apresuradas.

En medio de esta discusión apareció una confesión extraordinaria. Alberto Lugones, camarista federal y consejero de la Magistratura, pronunció una frase de una sinceridad casi suicida. “Yo no creo tanto en los méritos”, dijo.

La afirmación encierra toda una teoría del Poder Judicial. Porque supone aceptar que alguien que terminó decimosexto pueda ascender al quinto puesto gracias a una entrevista y que otro que ocupó el lugar veintiuno termine sexto. Es decir, que siempre debe existir algún mecanismo para que el juez recuerde quién hizo posible su promoción.

Y, en definitiva, para que quede en deuda.

El dictamen de ese concurso fue aprobado con los dos tercios del Consejo de la Magistratura y redactado por Diego Barroetaveña, representante de los jueces y camarista de Casación. También acompañó el peronismo. Es decir, volvió a verificarse un fenómeno muy característico de Comodoro Py: la convergencia entre distintas facciones del sistema judicial.

Ese peronismo está representado, en buena medida, por el sector vinculado a Diego Molea, referente académico de la Universidad de Lomas de Zamora, que hace apenas unos meses incorporó como profesor a Ariel Lijo. Son detalles que, considerados aisladamente, podrían parecer irrelevantes. Pero en Comodoro Py casi nunca existen los detalles irrelevantes.

Surge entonces una pregunta. ¿Existe un acuerdo entre Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques? ¿Ese acuerdo consiste en diseñar una arquitectura judicial que permita administrar sin sobresaltos los casos $LIBRA y ANDIS y, al mismo tiempo, postergar todo lo posible una definición sobre la situación de Adorni? Esa tarea pasa necesariamente por Ariel Lijo, que es quien tiene el expediente.

¿Forma parte de ese entendimiento la conveniencia de no avanzar sobre la dirigencia de la AFA? Algunas fuentes del Gobierno sostienen que ese sector, y en particular Pablo Toviggino, aportó a la Casa Rosada los audios comprometedores de Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de supuestas coimas vinculadas con el área de discapacidad.

La pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde llega el acuerdo de Mahiques con Tapia y, sobre todo, con Toviggino, a quien llama familiarmente “Tovi”? Conviene recordar que Juan Bautista Mahiques fue representante de la AFA ante la FIFA. También que persisten versiones según las cuales Carlos Mahiques habría celebrado su cumpleaños en la residencia atribuida a Toviggino.

Si Mahiques logra poner sobre la mesa de Milei algunos trofeos —tranquilidad para el caso $LIBRA, moderación judicial en torno de Adorni y protección para determinados intereses del fútbol—, ¿obtendrá a cambio el apoyo presidencial para alcanzar la Procuración General? Es una aspiración que comparten, curiosamente, tanto Mahiques como Lijo.

No está claro que ese acuerdo exista. Pero hay observadores muy informados del mundo judicial convencidos de que ya fue sellado. Y señalan que Mahiques confía en reunir los dos tercios del Senado porque ya ensayó una demostración de fuerza cuando consiguió los 58 votos que permitieron prorrogar la permanencia de su padre en la Cámara Federal de Casación. Bastante más que los dos tercios.

Todo esto sucede mientras Cristina Kirchner vuelve a movilizar a La Cámpora bajo la bandera del lawfare y de la denuncia contra la prisión que pesa sobre ella. Sin embargo, al mismo tiempo, sectores del peronismo presentes en el Consejo de la Magistratura pactan con el Gobierno la distribución de posiciones estratégicas dentro del sistema judicial encargado, precisamente, de examinar las causas de corrupción.

Es decir, la interna peronista se vuelve cada vez más visible. Hay, por lo menos, dos peronismos. El de Cristina Kirchner y otro más dispuesto a relativizar la situación de la expresidenta y a negociar espacios de poder con Milei.

Máximo Kirchner pareció explicitar esa frontera durante el acto realizado al cumplirse un año de la condena a su madre. Allí estableció una suerte de criterio de pertenencia. Son kirchneristas los que reclaman la libertad de Cristina. Son kirchneristas los que proponen renegociar la deuda externa.

En realidad, Máximo volvió a plantear una tesis que ya había defendido durante la presidencia de Alberto Fernández: que con el actual nivel de endeudamiento es imposible construir bienestar y que, por lo tanto, resulta indispensable renegociar los compromisos financieros. Es una hipótesis muy discutible. Y potencialmente peligrosa. Porque si el kirchnerismo apareciera nuevamente cerca del poder con ese programa, podría desencadenar una conmoción financiera considerable.

Pero lo importante es que fija una línea divisoria.

Existe otro peronismo. El que representan Juan Manuel Olmos en la Capital, Victoria Tolosa Paz en Buenos Aires, Guillermo Michel en Entre Ríos y numerosos dirigentes del interior. Ese sector cree que la reconciliación con la sociedad exige preservar la estabilidad, honrar los compromisos y mantener el equilibrio fiscal.

La conclusión es sugestiva. Máximo Kirchner parece insinuar que no habrá una interna con ese otro peronismo. Es decir, que el año próximo podrían coexistir dos peronismos: uno kirchnerista, probablemente encabezado por él mismo, y otro renovador.

Pero la incógnita no termina allí. Porque, si Milei puede enfrentarse a dos oposiciones, también cabe preguntarse cuántos oficialismos habrá.

La primera incógnita se llama Mauricio Macri. La segunda, Axel Kicillof. No está claro si el gobernador bonaerense está dispuesto a someterse al liderazgo de Cristina y, sobre todo, a aceptar que Máximo Kirchner se convierta en el jefe natural del espacio. Tal vez considere que el ciclo político reclama otros cuatro años de una experiencia de centroderecha, aunque no necesariamente otros cuatro años de Milei.

Y tampoco puede descartarse una convergencia entre determinados sectores del peronismo y Macri. Conviene recordar que el expresidente compartió fórmula con Miguel Pichetto, quien hoy vuelve a hablar de una alianza entre el peronismo no kirchnerista, el PRO y una parte del radicalismo, representada por figuras como Maximiliano Pullaro.

Incluso existen pequeños indicios. El nombramiento de Hernán Lacunza como director del Banco de Córdoba podría ser uno de ellos. ¿Hay conversaciones con ese peronismo de las Provincias Unidas que compitió el año pasado?

La respuesta todavía es incierta. Pero el cuadro que imagina Cristina Kirchner no parece imposible: cuatro polos. El suyo, el de los peronistas que buscan emanciparse de ella, el de Macri y el de Milei. O tres, si algunos de esos sectores terminan confluyendo.

Es decir, la oposición es una incógnita. Pero también el oficialismo.

Mientras tanto, irrumpieron los “termosellados” de Martín Insaurralde. Diego Cabot publicó en los videos de Jesica Cirio exhibiendo una fortuna en efectivo. Los especialistas en estas cuestiones calculan que allí había unos diez millones de dólares.

Las imágenes poseen una fuerza extraordinaria. Es el poder del dinero vivo. El mismo que tuvieron los bolsos de José López, la bóveda de Lázaro Báez o aquella historia nunca aclarada de Francisco Larcher, el hombre de máxima confianza de Néstor Kirchner en los servicios de inteligencia, sobre quien se decía que guardaba decenas de millones de dólares en su casa sin que ningún fiscal se interesara demasiado por el asunto.

Y así volvemos al punto de partida.

Porque el problema principal de la Argentina no es la corrupción. Es la impunidad.

Hace años, conversando sobre Comodoro Py con un fiscal de Cámara, recibí una explicación memorable. Me dijo que ese sistema no fue diseñado por jueces y fiscales solamente. También lo moldearon empresarios, sindicalistas, políticos e incluso algunos periodistas.

“Comodoro Py —me dijo— es un instrumento diseñado para zafar. Si uno pretende utilizarlo para castigar, se rompe”.

Tal vez sea la mejor definición disponible del problema argentino.

Y, probablemente, la más inquietante.