POLITICA
El Gobierno puso en marcha un nuevo sistema de retiros voluntarios en un organismo clave de la Jefatura de Gabinete
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de retiro voluntario, esta vez, en la Administración de Parques Nacionales, dependiente de la Jefatura de Gabinete. La decisión se enmarca en un proceso de reestructuración de su plantilla laboral del Estado.
La medida, oficializada mediante la Resolución 191/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, está dirigida al personal alcanzado por el régimen de estabilidad previsto en el artículo 8° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164.
El programa establece los procedimientos y requisitos para quienes decidan desvincularse voluntariamente del organismo, en el contexto de una política estatal de simplificación y reducción de la estructura administrativa.
De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo régimen será implementado operativamente por la Dirección General de Recursos Humanos de la Administración de Parques Nacionales (APN), que tendrá a su cargo el diseño de los circuitos administrativos y la gestión de los instrumentos requeridos para la adhesión al sistema. Se prevé la utilización de formularios y declaraciones juradas específicas, así como la difusión de la información a través de canales oficiales.
La APN, creada por la Ley N° 22.351 como ente autárquico del Estado Nacional, tiene la misión de proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales existentes y futuras. La estructura organizativa actual fue aprobada por la Decisión Administrativa N° 1.422/2016, que estableció el primer nivel operativo del organismo.
En línea con lo dispuesto, el acto jurídico por el cual las partes manifiestan su voluntad de acogerse al retiro voluntario debe cumplir con determinadas formalidades, garantizando la transparencia y legalidad del proceso. La medida prevé la comunicación de la resolución a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y a la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Cómo es el régimen
El sistema está dirigido al personal alcanzado por el régimen de estabilidad previsto en la Ley N° 25.164, que cuente con una antigüedad mínima de dos años y cumpla los requisitos específicos del anexo. La medida excluye a quienes estén bajo proceso penal por delitos contra la administración pública, sumario administrativo con riesgo de cesantía o exoneración, medidas disciplinarias pendientes, litigios laborales en curso, beneficios previsionales acordados, renuncias pendientes de aceptación y al personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La adhesión implica la renuncia expresa a realizar cualquier reclamo derivado de la relación laboral y la supresión del puesto vacante.
El personal que se adhiera y cuya solicitud sea aceptada recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso. Para quienes tengan hasta sesenta años de edad inclusive, el monto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses será el 90 % de la remuneración bruta mensual. A partir de los sesenta y un años, el porcentaje se reduce al 85 %. El cálculo se realiza exclusivamente sobre conceptos remunerativos habituales y permanentes, excluyendo pagos extraordinarios, horas extras y otros rubros similares. El pago de la gratificación se efectúa en dos tramos: un 35 % a los quince días del acto administrativo y el 65 % restante en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas, a partir de treinta días del primer pago.
El monto máximo a percibir varía según la edad: hasta sesenta años, no hay tope; de sesenta y uno hasta sesenta y tres años, el máximo equivale a veinticuatro haberes brutos; a partir de sesenta y cuatro años, el tope es de doce haberes brutos. El beneficio no incluye el proporcional de licencia anual ni el sueldo anual complementario, que se liquidan aparte.
El régimen prohíbe a los beneficiarios reincorporarse al sector público nacional bajo cualquier modalidad durante cinco años desde la baja, salvo para cargos docentes en universidades nacionales.
La adhesión al sistema requiere la presentación de una declaración jurada de inexistencia de reclamos o acciones judiciales o administrativas por cuestiones laborales o salariales contra el Estado Nacional. El plazo para solicitar la adhesión inicia el primer día hábil del mes siguiente a la publicación del acto administrativo y se extiende por treinta días. Las solicitudes se presentan a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y son analizadas por la Dirección General de Recursos Humanos, que evalúa el cumplimiento de los requisitos en un plazo máximo de cinco días. Posteriormente, el Director Nacional o General de dependencia emite un dictamen en tres días y remite el análisis a Recursos Humanos, que eleva el expediente a Asuntos Jurídicos para dictamen definitivo. El Directorio de la APNAC resuelve la aceptación o rechazo de las solicitudes y notifica al interesado, fijando la fecha del distracto laboral.
La aceptación de la solicitud es facultad exclusiva y discrecional de la APNAC, basada en razones de servicio, criticidad del área y necesidades operativas, y debe resolverse en un plazo máximo de treinta días desde el cierre del período de adhesión. La presentación de recursos administrativos no suspende la decisión ni obliga a su revisión. El proceso está estructurado en cinco etapas, desde el análisis inicial hasta la notificación de la decisión final.
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El Gobierno registró una mejora en la imagen de Javier Milei después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y busca profundizar el clima electoral. En Nación sostienen que el Presidente pasó de rondar los 33 o 34 puntos a ubicarse cerca de los 38, según mediciones que circulan en la mesa política libertaria.
El Ejecutivo interpreta esa suba como una señal de recuperación después del desgaste que generó el caso Adorni, que había paralizado parte de la agenda oficial y obligado a reordenar el Gabinete. En despachos oficiales creen que el cambio de etapa, la llegada de Diego Santilli y el relanzamiento de la negociación con gobernadores le dieron aire al Presidente.
La Casa Rosada también vincula ese movimiento con la expectativa por la reforma electoral. En varios despachos sostienen que, si el Congreso aprueba la suspensión o eliminación de las PASO, el oficialismo va a “redoblar todas las batallas” en la campaña, tanto contra el kirchnerismo como contra sectores de la oposición dialoguista con los que competirá en 2027.
En Balcarce 50, en paralelo, guardan bajo llave dos reformas que consideran de alto voltaje para un eventual segundo mandato: la previsional y la constitucional. “No son para hacer campaña, pero es lo más importante en carpeta”, expresan en Nación.
El jefe de Estado describe la reforma previsional como una iniciativa de segunda generación. Milei siempre sostuvo que no iba a impulsarla durante su mandato 2023-2027 y llegó a desplazar al extitular de ANSES después de que adelantara públicamente que el área trabajaba en detalles técnicos de ese esquema.
El Gobierno también tiene en estudio una reforma constitucional de perfil liberal. En despachos oficiales mencionan cambios sobre los tiempos de las elecciones legislativas, que hoy se realizan cada dos años, y una arquitectura más ortodoxa en materia fiscal, emisión monetaria e independencia del Banco Central, entre otros puntos.
El Ejecutivo sí quiere avanzar antes de los meses electorales con una reforma tributaria o un acuerdo general de baja de impuestos para 2028. La idea es llegar a la campaña con una promesa ordenada de alivio fiscal futuro, atada al sostenimiento del superávit y a la continuidad del programa económico.
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La Casa Rosada prepara además el esquema de visitas a provincias para la previa electoral, con una lógica similar a la de 2025. La prioridad será concentrar la presencia de Milei y de los principales candidatos en los distritos con mayor cantidad de electores y mayor impacto sobre la competencia nacional.
En Balcarce 50 también usarán esas visitas como prenda de negociación con gobernadores, compitan juntos en la boleta o no. En el oficialismo entienden que la presencia presidencial, el nivel de campaña, la foto política y la intensidad del despliegue territorial pueden formar parte de los acuerdos distrito por distrito.
La Libertad Avanza trabaja por eso en un mapa fino de entendimientos. En Nación están predispuestos a ceder o negociar en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Chubut, entre otros distritos, siempre bajo la lógica de preservar el armado nacional de La Libertad Avanza.
En el Gobierno, en cambio, planean mantener candidatos propios en provincias como Córdoba, Salta, Jujuy y Misiones. “Romina Diez va a ser primera candidata a senadora y Bornoroni sigue en pie para la gobernación”, explican sobre el cálculo electoral en Santa Fe y Córdoba.
El Ejecutivo asegura que los acuerdos no se reducen a listas. También incluyen financiamiento partidario en cada distrito, elección de candidatos competitivos, tracción de la militancia y tono discursivo de la campaña. “No vamos a decir que el gobernador es narco”, ponen como ejemplo en Nación para graficar que la confrontación puede modularse según la provincia.
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La Casa Rosada quiere hacer campaña con las reformas ya sancionadas y con las que enviará en el último tramo del mandato. En ese paquete ubican la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los códigos Penal, Civil y Aduanero, Inocencia Fiscal, la reforma presupuestaria inspirada en el “shutdown”, la regla fiscal, seguridad y defensa.
En Balcarce 50 buscan combinar esa agenda con resultados macroeconómicos y de seguridad. La baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización financiera y los indicadores de inseguridad serán parte del contraste que el oficialismo quiere instalar frente al “modelo” del kirchnerismo, con Axel Kicillof como una de las figuras centrales de polarización.
El primer mandatario también apunta a ordenar la interna para esa etapa. Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo no tienen previsto disputar el armado territorial, pero sí colaborar en estrategia, discurso y campaña. En Nación sostienen que el objetivo es preservar las órbitas de poder dentro del Ejecutivo si Milei consigue la reelección y abrir una segunda etapa de reformas con mayor volumen político.
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POLITICA
Carrió cuestionó la reforma de la Ley de Tierras: “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”
La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso aprueba el proyecto de ley también conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante esto, la ex diputada Elisa Carrió cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno. “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”, consideró.
Mediante el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el Gobierno puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26.737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.
Carrió expresó sus consideraciones mediante un documento que difundieron desde el espacio que conduce. Así, la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. El texto lleva la firma de otras 75 personas, entre las que se encuentran referentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari) y ex diputados nacionales y ex legisladores porteños.
En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.
En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada.
El posicionamiento califica ese esquema como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.
En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.
Frente a ese escenario, los autores del documento defienden la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. «La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.
En esa misma línea, concordaron en que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”, por eso cualquier reforma de la Ley de Tierras “debe procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación de estos bienes estratégicos, asegurando que la apertura económica no implique una disminución de la capacidad del Estado para proteger el ambiente”.
El documento de unas 13 páginas enumera gran parte del atractivo económico que tiene el país. “La frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la energía, la producción de alimentos y la proyección antártica forman parte de una geografía que excede la dimensión puramente inmobiliaria o productiva”; y ante esa tentación exige “mirar la cuestión de la tierra desde una perspectiva más amplia que la compraventa privada”.
Sobre esa arquitectura normativa, el documento concluye que configura “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y que, en los términos del artículo 29 de la Constitución, la condena con nulidad insanable y responsabilidad para quienes la formulen, consientan o firmen. El Senado tiene previsto tratar la iniciativa en los próximos días.
POLITICA
La Casa Rosada evita escalar la tensión con Brasil tras los insultos de un funcionario de Lula a Milei
Pese a las resonantes declaraciones contra Javier Milei de un funcionario del Gobierno de Lula da Silva, la Casa Rosada evitó escalar las tensiones diplomáticas con Brasil en la previa del próximo viaje del Presidente a San Pablo.
“Nada para comentar”, se limitaron a responder en Balcarce 50 y la Cancillería a TN luego de que el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, insultara a Milei por su inminente visita a Brasil para apoyar al principal candidato presidencial de la oposición.
“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, escribió Boulos en sus redes.
El exabrupto del funcionario del Planalto puso en evidencia el momento que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos, que desde el inicio de la gestión de Milei se limitó a los carriles diplomáticos formales para evitar cualquier contacto entre los mandatarios.
Además de las diferencias ideológicas, el vínculo con Lula da Silva se resintió por las reiteradas manifestaciones de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, principal dirigente de la oposición brasileña que está inhabilitado para competir electoralmente por el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.
En ese contexto, quien representará a la oposición en su lugar será uno de sus hijos, el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro, a quien Milei recibió en la Quinta de Olivos dos semanas atrás.
«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, enfatizó el Presidente tras el encuentro, que acompañó con una foto en sus redes sociales. Sin embargo, Milei quiso ir más allá y el viernes pasado confirmó que viajará a San Pablo el próximo 25 de julio para participar de la unción de su aliado ideológico como candidato para las elecciones de octubre. Luego, irá a Brasilia para reunirse con el propio Jair Bolsonaro, a quien vio por última vez en julio de 2024 por una edición de la CPAC en Camboriú.
Los movimientos de Milei forman parte de la búsqueda del Gobierno de afianzar el bloque geopolítico con los líderes de centroderecha que se impusieron recientemente en la región.
En ese sentido, el Presidente ya confirmó su participación en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia, el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.
Los mandatarios electos, a quienes Milei apoyó en la previa de sus definiciones electorales, se suman a un grupo afín a las ideas de la Casa Rosada que incluye a Santiago Peña en Paraguay; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Noboa en Ecuador; José Antonio Kast en Chile; Nayib Bukele en El Salvador; Nasry Asfura en Honduras; Luis Abinader en República Dominicana; Laura Fernández en Costa Rica; y José Raúl Mulino en Panamá.
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Del lado contrario, quedaron el uruguayo Yamandú Orsi, la mexicana Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en Brasil, además de Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Delcy Rodríguez en Venezuela.
En ese contexto, pese a las manifestaciones de rechazo del Planalto, la Cancillería evitó pronunciarse públicamente y mantiene las relaciones diplomáticas formales a través de la Embajada en Brasilia que lidera Guillermo Daniel Raimondi. Por su parte, desde la sede diplomática brasileña en Buenos Aires también evitaron dar comentarios sobre el tenso vínculo con la Casa Rosada.
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