El Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas declaró formalmente culpable al empresario argentino Federico “Fred” Machado por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, en una decisión que consolida el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense. La orden fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III. Machado fue uno de los financistas de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

Mazzant adoptó la recomendación que había emitido el magistrado Don Bush el 18 de mayo, luego de que Machado admitiera su responsabilidad durante una audiencia de apenas 16 minutos, en la que aceptó haber cometido los delitos que se le imputaban. Con esa resolución, la discusión judicial dejó de centrarse en su responsabilidad penal y pasó a enfocarse en la pena que deberá cumplir.

El texto del fallo precisa, sin embargo, que el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad de Machado, pero postergó la aprobación definitiva del acuerdo alcanzado con la fiscalía hasta revisar el informe previo a la sentencia, que evalúa sus antecedentes y las circunstancias del caso. Es decir, la responsabilidad penal del empresario quedó establecida y resta definir la magnitud de la condena, en una fecha que el tribunal todavía no fijó.

Extraditado desde la Argentina en noviembre tras años de disputa judicial, Machado se declaró inicialmente “no culpable” al arribar a Texas por consejo de sus abogados, pero poco después modificó su estrategia para negociar un acuerdo con la fiscalía federal. La negociación fue encabezada por el abogado neoyorquino Alex Spiro, quien representó al empresario ante la Justicia estadounidense.

Como parte de ese acuerdo, Machado admitió haber captado millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que nunca estuvieron realmente disponibles para su comercialización o que pertenecían a terceros. La maniobra operaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por el argentino desde Florida, en combinación con una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de sus socios estadounidenses. Según la acusación, el esquema permitió obtener millones de dólares mediante operaciones fraudulentas con aeronaves ofrecidas a compradores que nunca llegaron a recibirlas.

Como parte del mismo acuerdo de culpabilidad, la fiscalía federal —representada por Heather Rattan— retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre Machado desde la imputación original de 2020, un delito que contemplaba penas mínimas obligatorias de hasta diez años de prisión y por el que sigue detenida una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin. A cambio, Machado se declaró culpable de los dos delitos que contemplan penas máximas de hasta veinte años de prisión cada uno, además de multas y decomiso de bienes.

El acuerdo también tiene una derivación directa en la Argentina. La fiscalía de Texas mantiene incorporada como prueba una transferencia de US$200.000 a favor de Espert, registrada —según la reconstrucción de — a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que era la que utilizaba Machado en sus viajes a la Argentina.

Esa operación es investigada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa en pleno desarrollo, en la que Espert está imputado por lavado de dinero.

Luego de que revelara los detalles de la financiación provista por Machado a lo largo de 2019 y 2020, Espert decidió bajar su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El exdiputado, que mantuvo durante años una relación tan estrecha como conflictiva con Javier Milei, sostiene que el pago correspondió a una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala, que finalmente no llegó a concretarse por la pandemia.

En Texas, resta ahora la etapa de la sentencia. El equipo de Machado apuesta a que el tribunal compute el tiempo ya cumplido en una cárcel privada de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que el empresario pasó en las afueras de Viedma, tras su arresto en Bariloche en abril de 2021, aunque esa decisión queda librada al criterio del juez Mazzant. Con la declaración formal de culpabilidad ya firmada, el expediente ingresó en su etapa final: el tribunal deberá resolver cuántos años de prisión impondrá a Machado y si reconocerá, como parte de la condena, el tiempo que permaneció detenido tanto en la Argentina como en Estados Unidos.

Para el nuevo abogado de Cristina Kirchner, el jurista español Javier Borrego, la causa Vialidad por la que la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua estuvo atravesada por una gran cantidad de “irregularidades” y “arbitrariedades” y tuvo el único objetivo de apartarla del proceso electoral.

Convocado por el exdefensor de Lula Da Silva, su “amigo” Rafael Valim, Borrego deberá sostener esa postura ante los tribunales del mundo, en un proceso cuesta arriba y cargado de interrogantes, que se inició semanas atrás con una presentación formal ante la ONU.

Su llegada a la defensa de la expresidenta corona un recorrido difícil de encasillar: integra un organismo de la Curia romana, participó de un congreso organizado por Vox y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias situadas bien a la derecha del dial político europeo.

Cuando se le consulta sobre la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner, Borrego, de conversación fácil y ejemplos vivos, elige responder con una referencia al escritor y periodista francés Jean-François Revel.

“Ese hombre escribió una vez que, en un Estado de derecho y en una democracia, no hay una causa justa, porque cada uno ve la causa según su propia visión. Pero lo que sí debe haber, y es absolutamente necesario e indispensable, es un procedimiento justo”, dice.

“En este caso, yo no veo un procedimiento justo, por muchas razones”, afirma en un intercambio con .

En la conferencia de prensa que brindó junto a Alberto Beraldi y Valim, el miércoles pasado, Borrego cuestionó el modo en que se realizaron los peritajes de las obras públicas adjudicadas al empresario Lázaro Báez, de múltiples lazos comerciales con la expresidenta. Criticó también las muchas o pocas páginas que la Casación destinó a cada uno de los asuntos, según el caso, y, quizás con mayor énfasis, la total ausencia de mujeres en las instancias clave del proceso.

Ahora elige poner el acento en la conformación de la Corte Suprema, que en junio del año pasado dejó firme la condena y puso en marcha la ejecución de la pena contra la expresidenta.

“Que un tribunal supremo funcione con tres miembros es algo único en el mundo. Y cuando he leído que despacha veinte mil asuntos, me resulta todavía más difícil de comprender. Por eso, una de las medidas que pedimos es que se recomponga la Corte Suprema”, señala.

Cuando la Corte rechazó el último recurso de la defensa quedaron agotadas las vías internas, una condición necesaria para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Se inclinaron por ese organismo −y no por otro, como el sistema interamericano− porque lo suponen más ágil, aunque Borrego no pierde oportunidad de marcar que el organismo sufrió un recorte presupuestario que redujo la cantidad de encuentros anuales y trabó su funcionamiento.

“Yo tengo la opinión de que el objetivo [de todo el proceso] era la inhabilitación. Estamos ante una inhabilitación que es una pena accesoria al delito de administración fraudulenta”, sostiene Borrego, molesto porque la Casación le haya dedicado solo una “página y media” al asunto en más de 1500 fojas.

En plena interna peronista, hacer caer ese aspecto de la condena es el objetivo inmediato de la presentación.

Una intervención parecida, pero más breve, tuvo Borrego en defensa de la diputada francesa de extrema derecha Marine Le Pen, cuando redactó un escrito contra la disposición del Tribunal que la encontró culpable por malversación de fondos y dispuso la ejecución provisional de la inhabilitación para cargos públicos.

“En la apelación, el tribunal redujo la inhabilitación para presentarse a las elecciones a año y medio, por lo que se puede presentar a las elecciones presidenciales francesas [en 2027]”, aclara el jurista.

Nacido en Sevilla hace “60 y 16 años” −como anuncia su edad−, Borrego tiene un dilatado recorrido por los tribunales españoles. Ingresó al cuerpo de abogados del Estado hace medio siglo; durante los 90 fue jefe del área jurídica de Derechos Humanos y representante de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal del que luego fue juez por cinco años.

Se desempeñó, también, como abogado del Estado jefe ante el Tribunal de Cuentas y, entre 2018 y 2020, integró la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español, compuesto por más de 80 magistrados.

El fallecido papa Francisco lo nombró en 2018 miembro consultor del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el organismo vaticano encargado de las políticas de la Iglesia sobre los fieles laicos, la familia, los jóvenes y la protección de la vida.

Siempre a gusto con la palabra, sus respuestas son largas e incluyen alguna anécdota, en ocasiones con citas filosóficas o referencias al medioevo. Lleva el reloj en la muñeca de su mano hábil, anillos en ambos anulares y un pin floreado en el traje que le regaló un amigo que vive en Milán.

No teme ingresar en zonas incómodas y en programas de televisión y congresos habla abiertamente de fallos sobre el aborto, la identidad de género y otros temas que dividen aguas.

Su locuacidad lo llevó a que la escena en donde simula ser una mujer llamada “Francisca Javiera”, en un congreso organizado por el partido Vox sobre “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, se repitiera y repitiera en redes sociales. “Cuando esto empezó a salir en la prensa, me llamaron muchos amigos transexuales”, recuerda.

Pero el video, explica, fue “sacado de contexto”. Buscaba llamar la atención sobre una ley puntual de Canarias, dictada en 2019, que permite utilizar los baños de acuerdo al sexo con el que la persona se identifica “en cada momento”. “Como abogado, me gustan las cosas lógicas”, afirma Borrego.

Considera, sin embargo, que controversias como estas, pese a la atención mediática que reciben, deberían ocupar un lugar menor en el debate público. “El otro día hablaba yo con unos amigos de Estrasburgo, jueces actuales, sobre un caso de Alemania. Una pareja tiene un hijo. Muy prudentemente, en las sentencias no se dice cómo lo tuvo… el marido resulta que dice que es mujer”,

Cuenta todo el recorrido que tiene el caso, sobre una persona trans que, aliado con una ONG, lucha sin éxito contra los tribunales para que en el Registro Civil figure como madre, en vez de como padre. “El caso llega a Estrasburgo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Mis colegas actuales de Estrasburgo, nada menos, lo consideran un asunto de Gran Sala, de máxima importancia: diecisiete jueces. Para terminar diciendo lo mismo: que el Convenio no obliga a que en el casillero de paternidad aparezca ‘madre’”, relata.

Su lucha, apunta, es en favor de los Derechos Humanos y contra los textos “buenistas”, como llama a aquellos textos que suponen una imagen del ser humano demasiado ligera. “No se puede legislar como si no hubiera sinvergüenzas en la vida”, marca.