POLITICA
Los contactos con la ultraderecha europea y la Iglesia del nuevo abogado de Cristina Kirchner

Para el nuevo abogado de Cristina Kirchner, el jurista español Javier Borrego, la causa Vialidad por la que la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua estuvo atravesada por una gran cantidad de “irregularidades” y “arbitrariedades” y tuvo el único objetivo de apartarla del proceso electoral.
Convocado por el exdefensor de Lula Da Silva, su “amigo” Rafael Valim, Borrego deberá sostener esa postura ante los tribunales del mundo, en un proceso cuesta arriba y cargado de interrogantes, que se inició semanas atrás con una presentación formal ante la ONU.
Su llegada a la defensa de la expresidenta corona un recorrido difícil de encasillar: integra un organismo de la Curia romana, participó de un congreso organizado por Vox y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias situadas bien a la derecha del dial político europeo.
Cuando se le consulta sobre la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner, Borrego, de conversación fácil y ejemplos vivos, elige responder con una referencia al escritor y periodista francés Jean-François Revel.
“Ese hombre escribió una vez que, en un Estado de derecho y en una democracia, no hay una causa justa, porque cada uno ve la causa según su propia visión. Pero lo que sí debe haber, y es absolutamente necesario e indispensable, es un procedimiento justo”, dice.
“En este caso, yo no veo un procedimiento justo, por muchas razones”, afirma en un intercambio con .
En la conferencia de prensa que brindó junto a Alberto Beraldi y Valim, el miércoles pasado, Borrego cuestionó el modo en que se realizaron los peritajes de las obras públicas adjudicadas al empresario Lázaro Báez, de múltiples lazos comerciales con la expresidenta. Criticó también las muchas o pocas páginas que la Casación destinó a cada uno de los asuntos, según el caso, y, quizás con mayor énfasis, la total ausencia de mujeres en las instancias clave del proceso.
Ahora elige poner el acento en la conformación de la Corte Suprema, que en junio del año pasado dejó firme la condena y puso en marcha la ejecución de la pena contra la expresidenta.
“Que un tribunal supremo funcione con tres miembros es algo único en el mundo. Y cuando he leído que despacha veinte mil asuntos, me resulta todavía más difícil de comprender. Por eso, una de las medidas que pedimos es que se recomponga la Corte Suprema”, señala.
Cuando la Corte rechazó el último recurso de la defensa quedaron agotadas las vías internas, una condición necesaria para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Se inclinaron por ese organismo −y no por otro, como el sistema interamericano− porque lo suponen más ágil, aunque Borrego no pierde oportunidad de marcar que el organismo sufrió un recorte presupuestario que redujo la cantidad de encuentros anuales y trabó su funcionamiento.
“Yo tengo la opinión de que el objetivo [de todo el proceso] era la inhabilitación. Estamos ante una inhabilitación que es una pena accesoria al delito de administración fraudulenta”, sostiene Borrego, molesto porque la Casación le haya dedicado solo una “página y media” al asunto en más de 1500 fojas.
En plena interna peronista, hacer caer ese aspecto de la condena es el objetivo inmediato de la presentación.
Una intervención parecida, pero más breve, tuvo Borrego en defensa de la diputada francesa de extrema derecha Marine Le Pen, cuando redactó un escrito contra la disposición del Tribunal que la encontró culpable por malversación de fondos y dispuso la ejecución provisional de la inhabilitación para cargos públicos.
“En la apelación, el tribunal redujo la inhabilitación para presentarse a las elecciones a año y medio, por lo que se puede presentar a las elecciones presidenciales francesas [en 2027]”, aclara el jurista.
Nacido en Sevilla hace “60 y 16 años” −como anuncia su edad−, Borrego tiene un dilatado recorrido por los tribunales españoles. Ingresó al cuerpo de abogados del Estado hace medio siglo; durante los 90 fue jefe del área jurídica de Derechos Humanos y representante de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal del que luego fue juez por cinco años.
Se desempeñó, también, como abogado del Estado jefe ante el Tribunal de Cuentas y, entre 2018 y 2020, integró la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español, compuesto por más de 80 magistrados.
El fallecido papa Francisco lo nombró en 2018 miembro consultor del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el organismo vaticano encargado de las políticas de la Iglesia sobre los fieles laicos, la familia, los jóvenes y la protección de la vida.
Siempre a gusto con la palabra, sus respuestas son largas e incluyen alguna anécdota, en ocasiones con citas filosóficas o referencias al medioevo. Lleva el reloj en la muñeca de su mano hábil, anillos en ambos anulares y un pin floreado en el traje que le regaló un amigo que vive en Milán.
No teme ingresar en zonas incómodas y en programas de televisión y congresos habla abiertamente de fallos sobre el aborto, la identidad de género y otros temas que dividen aguas.
Su locuacidad lo llevó a que la escena en donde simula ser una mujer llamada “Francisca Javiera”, en un congreso organizado por el partido Vox sobre “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, se repitiera y repitiera en redes sociales. “Cuando esto empezó a salir en la prensa, me llamaron muchos amigos transexuales”, recuerda.
Pero el video, explica, fue “sacado de contexto”. Buscaba llamar la atención sobre una ley puntual de Canarias, dictada en 2019, que permite utilizar los baños de acuerdo al sexo con el que la persona se identifica “en cada momento”. “Como abogado, me gustan las cosas lógicas”, afirma Borrego.
Considera, sin embargo, que controversias como estas, pese a la atención mediática que reciben, deberían ocupar un lugar menor en el debate público. “El otro día hablaba yo con unos amigos de Estrasburgo, jueces actuales, sobre un caso de Alemania. Una pareja tiene un hijo. Muy prudentemente, en las sentencias no se dice cómo lo tuvo… el marido resulta que dice que es mujer”,
Cuenta todo el recorrido que tiene el caso, sobre una persona trans que, aliado con una ONG, lucha sin éxito contra los tribunales para que en el Registro Civil figure como madre, en vez de como padre. “El caso llega a Estrasburgo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Mis colegas actuales de Estrasburgo, nada menos, lo consideran un asunto de Gran Sala, de máxima importancia: diecisiete jueces. Para terminar diciendo lo mismo: que el Convenio no obliga a que en el casillero de paternidad aparezca ‘madre’”, relata.
Su lucha, apunta, es en favor de los Derechos Humanos y contra los textos “buenistas”, como llama a aquellos textos que suponen una imagen del ser humano demasiado ligera. “No se puede legislar como si no hubiera sinvergüenzas en la vida”, marca.
cargado de interrogantes,interna peronista,Federico González del Solar,Cristina Kirchner,ONU,Casos de corrupción,Conforme a
POLITICA
Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes en la línea A y advierten que las medidas podrían afectar el servicio

Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes del subte este miércoles desde las 8 en la estación San Pedrito de la línea A y amenazaron con nuevas medidas que podrían afectar el servicio en los próximos días. La protesta se realizará en reclamo por descuentos salariales de la concesionaria Emova, en medio de un conflicto que el 20 de octubre terminó con dirigentes gremiales detenidos y un paro en las seis líneas y el Premetro.
Según denunció el gremio, las quitas son ilegales e injustificadas y se mantienen pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan ponerles fin.
“No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días si la empresa no cumple con el compromiso adquirido y deposita los salarios descontados de manera ilegítima”, advirtieron los metrodelegados en un comunicado, en el que condicionaron la continuidad de las protestas a que la compañía reintegre el dinero reclamado.
El sindicato también rechazó las acusaciones de la concesionaria sobre incumplimientos de las jornadas laborales.
“El salario tiene carácter alimentario y la concesionaria no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”, denunció el gremio.
La última liberación de molinetes terminó con detenidos y un paro
El 20 de octubre, una protesta similar en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B terminó con la detención de dirigentes gremiales y una paralización total del servicio que se extendió durante seis horas y afectó a las seis líneas y el Premetro.
El conflicto comenzó cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar boleto. Tras una denuncia, la Justicia ordenó interrumpir la medida y dispuso su detención por desobediencia. Durante el procedimiento también intervinieron otros dirigentes gremiales, que fueron alcanzados por las órdenes judiciales.
Las detenciones provocaron una respuesta inmediata del sindicato, que decidió paralizar el servicio. “La medida de fuerza nace cuando nos detienen”, sostuvo entonces el metrodelegado Facundo Heredia en diálogo con TN.
El Gobierno porteño respaldó el operativo policial y cuestionó la protesta. “Pocas personas tuvieron de rehén a 500.000 personas”, afirmó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien calificó la medida de intempestiva e injustificada.
Jorge Macri también defendió las detenciones y advirtió que no aceptaría “extorsiones mafiosas”. “El que bloquea un servicio esencial va preso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.
Subte, Metrodelegados
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente viaja a España y guarda silencio tras la elección intermedia en EE.UU.

El Gobierno retirará del proyecto de Ley de Competitividad Financiera el artículo que proponía gravar con Ganancias los resultados de la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Economía ante la consulta de : “Quedó de un borrador viejo. ¡Ya se está corrigiendo!”
La decisión se conoció tras las críticas en redes sociales que generó la medida incluida en la reforma del mercado de capitales enviada este lunes por el Poder Ejecutivo al Congreso. “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, escribió en X Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a una publicación del usuario Alan Riedmaier que cuestionaba la propuesta impositiva.
POLITICA
Tras la polémica por los CEDEARs, el Gobierno retirará por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera

Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.
Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.
Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.
La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.
Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.
El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.
En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.
Qué cambios buscaba impulsar el proyecto
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.

Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.
La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.

Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.
También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.
Argentina,Poder Ejecutivo Nacional,Ley de Competitividad Financiera,proyecto de ley,títulos valores
CHIMENTOS2 días agoQué pasó con el Refugio de Eli y por qué hizo enfurecer a Santi Maratea: «Fue un desastre, él nunca más le contestó y le prohibió…»
POLITICA3 días agoAgustín Caulo: “El Gobierno sigue trabajando para que no se politice la visita de León XIV a la Argentina”
CHIMENTOS3 días agoBenjamín Amadeo revivió el peor momento que pasó después de separarse de Lali Espósito: «Me sentí expuesto»


















