El debate por la desregulación del mercado inmobiliario sumó un nuevo capítulo tras la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en un evento del sector realizado por Reporte Inmobiliario en la sede de la UCA en Puerto Madero, donde confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto que buscará modificar aspectos centrales de la actividad. La iniciativa, que se enviaría al Congreso en junio, incluye cambios en la intermediación, el esquema de costos y el uso de herramientas digitales.

La presentación activó una rápida respuesta de los colegios profesionales, que salieron a marcar diferencias sobre el alcance de las medidas y sus posibles consecuencias. En el centro de la discusión aparece la posible flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.

El ministro Sturzenneger planteó que el objetivo es generar mayor competencia, reducir costos y eliminar lo que considera barreras que hoy limitan el funcionamiento del mercado. Según explicó, la desregulación permitiría un esquema más abierto, con menos restricciones y mayor dinamismo en las operaciones.

Sin embargo, desde el sector profesional inmobiliario la lectura es distinta. Advierten que los cambios podrían afectar la seguridad jurídica, incrementar la informalidad y debilitar los controles sobre una actividad que involucra decisiones patrimoniales de alto impacto.

Matrícula en debate

Una de las voces más críticas fue la de Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci). Cuestionó el sustento jurídico de la iniciativa y puso el foco en el carácter federal de la regulación.

«No hay sustento jurídico para avanzar en ese sentido. La organización de la actividad inmobiliaria es una competencia originaria de las provincias y no fue delegada a la Nación», dijo.

Liotto explicó que el corretaje inmobiliario no es una actividad comercial más, sino una profesión que requiere formación técnica y actualización permanente. En esa línea, sostuvo que la matrícula y la colegiación funcionan como garantías para la sociedad.

«El principal problema no recae en los corredores, sino en los ciudadanos. Eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas, con riesgo de errores, fraudes y prácticas abusivas», comentó.

La dirigente también rechazó la idea de que una mayor apertura reduzca los costos de las operaciones. Señaló que los principales gastos están vinculados a impuestos, tasas y costos registrales, no a los honorarios profesionales.

Seguridad jurídica y control

Desde Rosario, Iván Vrancich, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), coincidió en el diagnóstico y advirtió sobre las consecuencias de eliminar los controles actuales.

«Eliminar la matriculación es una desprotección para todas las partes. Si no se controla al intermediario, ante una mala praxis solo queda la justicia ordinaria, con costos y demoras», explicó.

El dirigente remarcó que los colegios cumplen un rol clave en la supervisión de la actividad, con capacidad para sancionar conductas no éticas y mediar en conflictos entre partes. Según indicó, esa instancia permite resolver muchos casos sin llegar a la vía judicial.

Vrancich planteó que el mercado inmobiliario ya funciona sin obligatoriedad de intermediación, ya que las personas pueden comprar o alquilar por cuenta propia. Sin embargo, destacó que la intervención de un profesional aporta respaldo técnico en operaciones que suelen involucrar los ahorros de toda una vida.

Sostuvo: «Los colegios ayudan a los ciudadanos, controlan al matriculado y persiguen a los ilegales. Sin ese esquema, puede aumentar la conflictividad, los fraudes documentales y la mala praxis».

También advirtió que una reforma de este tipo podría derivar en conflictos constitucionales, al avanzar sobre facultades que corresponden a las provincias.

Costos y competencia

Otra de las discusiones que atraviesa el debate es el impacto de la desregulación sobre los costos del mercado. Desde el Gobierno sostienen que una mayor competencia podría reducir los gastos de compraventa y alquiler.

Sin embargo, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina plantean una mirada diferente. Su presidenta, Nancy Vieitez, explicó que los costos estructurales de una operación no están determinados por los honorarios profesionales.

Agregó: «Los principales costos están vinculados a impuestos, cargas fiscales, financiamiento y construcción. No pasa por eliminar honorarios».

Vieitez consideró que la competencia puede ser positiva, pero advirtió que no necesariamente se traduce en una baja real de costos. Además, alertó que una apertura sin controles podría generar distorsiones. Dijo: «Puede haber operadores sin responsabilidad, captación engañosa, conflictos entre partes y pérdida de seguridad para los consumidores».

En esa línea, planteó que el camino debería apuntar a modernizar el sistema, con reglas claras y mecanismos que garanticen transparencia, sin eliminar los controles existentes.

Digitalización y cambios estructurales

El proyecto oficial también contempla avanzar en la digitalización de los procesos, incluida la posibilidad de agilizar instancias como la escrituración. El objetivo es reducir tiempos y simplificar trámites en las operaciones inmobiliarias.

Desde el sector reconocen que la tecnología es un factor clave para mejorar la eficiencia, pero advierten que su implementación debe realizarse con cuidado.

Vieitez señaló que la digitalización puede facilitar los procesos, siempre que se mantengan las garantías jurídicas. «Se necesitan plataformas seguras, validación de identidad y protección de datos», explicó.

En el mismo sentido, Vrancich indicó que algunos avances ya están en marcha en distintas jurisdicciones, pero remarcó que el rol del escribano y los controles documentales siguen siendo centrales para asegurar la legalidad de las operaciones.

Liotto, por su parte, concluyó que los colegios cumplen un papel activo en la capacitación de los profesionales para adaptarse a estos cambios. Según explicó, «la formación continua es una de las claves para sostener la calidad del servicio en un contexto de transformación».

A Coruña, 28 abr (.).- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido la epicondilitis, conocida como ’codo de tenista’, como enfermedad profesional para cajeras de supermercado.

Una sentencia de la sala de lo Social del TSXG del pasado 24 de marzo a la que ha tenido acceso EFE da la razón a una trabajadora de Vego Supermercados que desarrollaba su actividad como cajera reponedora en un establecimiento Eroski de Arteixo (A Coruña).

Allí pidió la baja por dolor en el brazo derecho en marzo de 2022 y los servicios médicos de Fraternidad Muprespa, una mutua colaboradora de la Seguridad Social, mostraron su «rechazo de la contingencia como profesional».

La diferencia entre las incapacidades temporales por enfermedad común o profesional están en que en las segundas hay mayores derechos económicos.

Por eso la trabajadora recurrió a la justicia, que en primera instancia rechazó sus pretensiones, pero ahora le ha dado la razón.

El TSXG subraya que las enfermedades profesionales son aquellas contraídas «a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena».

En este caso concreto, los magistrados llaman la atención sobre que lo ocurrido está incluido en los «riesgos de su puesto de trabajo».

Mencionan un real decreto sobre enfermedades profesionales que no incluye a las cajeras reponedoras, lo que vinculan con que es una profesión «notoriamente feminizada», por lo que ven una «discriminación indirecta».

Entienden que el origen de la epicondilitis de la trabajadora está en su actividad diaria, por lo que le dan la incapacidad por enfermedad profesional temporal iniciada en marzo de 2022.

Discriminación por sexo

El sindicato CIG, encargado de la representación legal de la denunciante, explica, en un comunicado, que el ’codo de tenista’ es «una enfermedad muy habitual en el sector después de muchos años de movimientos repetitivos y forzados en las cajas sin que las empresas tomen las medidas preventivas necesarias».

La delegada de prevención de la CIG en Vego Supermercados, Raquel López, apunta a que la empresa no ha implantado ningún sistema de rotaciones y descansos que reduzca los riesgos y evite estas patologías.

«La mutua deriva por sistema estas bajas al Sergas (Servicio Gallego de Salud) y rechaza la evidencia de que son provocadas por la repetición de movimientos prolongada en el tiempo en el puesto de trabajo», agrega.

El sindicato también llama la atención sobre el hecho de que la sentencia identifique discriminación por razón de sexo en este caso.

Por eso, a partir de ahora, solicitará a todas las compañías del sector que reconozcan la epicondilitis como enfermedad profesional por sistema.

La trabajadora demandante, Noelia Gerpe, denuncia el abandono de las administraciones y destaca que ha sido el colectivo de cajeras el que ha logrado el reconocimiento de esta situación, tras años de denuncias.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Desde las 06:00 de este martes, las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Naturgy y Metrogas, ordenaron restringir las ventas de GNC hasta el límite del “firme contratado” y hasta nuevo aviso. Esta medida implica, en términos prácticos, que el servicio interrumpible quedó suspendido para estaciones de servicio e industrias.

La decisión busca evitar una caída en la presión de los gasoductos ante el primer pico de frío polar del año y justo cuando una masa de aire polar avanza sobre el centro del país, dejando un intenso frío en Buenos Aires, con temperaturas de un solo dígito y alertas meteorológicas por vientos para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, el sistema de despacho nacional prioriza la denominada “demanda prioritaria”, que incluye a hogares, hospitales y escuelas. Para las estaciones de servicio, la restricción es de cumplimiento obligatorio: vender por encima del cupo garantizado conlleva una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que anula cualquier margen comercial.

“No es una medida tan extrema; es el servicio interrumpible. Las estaciones saben que pagan un precio menor y que el suministro puede cortarse”, explicaron fuentes del sector a Infobae.

La restricción llega en un momento de fuerte crecimiento del parque automotor a GNC. Tras una década de retroceso — las conversiones pasaron de 188.000 en 2015 a unos 59.000 en 2025, según ENARGAS—, el sector había comenzado a mostrar signos de recuperación a comienzos de 2026. El incremento de los combustibles líquidos, que registró saltos de hasta el 23% tras el estallido de conflictos en Medio Oriente, empujó a miles de conductores de vuelta al gas para abaratar costos de logística y transporte. En marzo, se realizaron 7.300 conversiones a GNC, un aumento del 40% respecto a febrero y un 70% en relación al mismo mes del año anterior.

La Argentina cerró el primer trimestre del año con un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor de su historia reciente. Aun así, el país no puede prescindir de las importaciones de GNL durante el invierno. La paradoja tiene una explicación estructural: la demanda de gas se dispara de forma estacional con las bajas temperaturas, sobre todo en el consumo residencial, y la red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo. El GNL opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales, aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares.

La crisis no se limita al AMBA. En el norte, la situación es estructuralmente más grave. Con las obras de reversión del Gasoducto Norte aún sin terminar, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán enfrentan un escenario de escasez que ya impacta en sectores fabriles y agroindustriales.

Según publicó el medio salteño El Tribuno, un comunicado de la Unión Industrial de Salta (UIS) encendió las alarmas por el abastecimiento de gas para el invierno. “Las empresas del sector atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras, en un contexto donde la falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería”.

Y continúa: “El GNL aparece como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable, ya que su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo”.

A este déficit de infraestructura se suma la incertidumbre logística internacional. Este año, la agenda energética esta intervenida por el conflicto bélico en Medio Oriente. En este escenario, la Argentina afronta el invierno con una programación de arribos de buques de GNL sensiblemente inferior a la histórica. De los aproximadamente 24 barcos que se requerirán este invierno para cubrir el pico estacional, tres de ellos están asegurados y llegarán a mediados de mayo.

Esta situación fue resultado de una licitación fallida. Es que el Gobierno había planteado que, tanto la importación, como la regasificación, operación y riesgo comercial del GNL, quedara en manos de un privado, proceso que despertó el interés de dos compañías internacionales (Trafigura y Naturgy). Sin embargo, el proceso quedó nuevamente en manos de Enarsa. Tiempos y costos habría demorado el esquema, que se espera se implemente en 2027.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae: “La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente: no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL. La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.

Hay quienes aseguran que la dificultad para garantizar la importación de buques de GNL no incide en la decisión actual de las distribuidoras. Lo cierto es que el gas natural licuado se importa precisamente durante los meses invernales para no presionar el abastecimiento local, y este invierno el país llega con menos cargamentos asegurados que en años anteriores.

El economista especializado en energía Juan José Carbajales proyectó, ante la consulta de este medio, que la factura de GNL para este invierno podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya que, desde el inicio de la guerra, el GNL pasó a cotizar en torno a los USD 20 por millón de BTU, frente a los valores previos al conflicto.

A esos valores, el sector industrial difícilmente absorba el costo. “La industria no va a consumir ese gas; va a haber cortes: o paran la producción o usan carbón, que es más barato, aunque más contaminante. A ese precio, no van a comprar GNL”, advirtió Carbajales.

El contraste con años anteriores es marcado. En 2025, Enarsa adquirió 27 buques por USD 697,9 millones en total. En 2022, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Argentina llegó a importar 41 buques a un precio USD 2.884,8 millones. Para este invierno, las estimaciones apuntan a un volumen de compra más acotado: las restricciones internacionales y la resistencia de la industria a convalidar los nuevos precios reducirán la demanda.

Para el sector industrial, el gas natural es un insumo central. Mueve procesos productivos en ramas que van desde la petroquímica y la siderurgia hasta la alimentación y el papel. A diferencia del consumo residencial, donde el gas se usa principalmente para calefacción y agua caliente, la industria lo requiere como fuente de energía continua y difícilmente reemplazable en el corto plazo.