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Un atentado con explosivos destruye un peaje en Colombia en el primer día del gobierno de Abelardo De la Espriella y tras el anuncio de mano dura

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Un día después que el populista ultraconservador Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia con un fuerte discurso de mano dura contra el crimen y los grupos rebeldes, un ataque con explosivos se registró en el sudoeste del país, informó el sábado el ejército.

Fue poco después que, en una de sus primeras medidas como presidente, De la Espriella anunció el fin del diálogo con los grupos armados.

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La explosión se registró en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del sudoeste del país. El ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.

El reporte agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona que luego huyó en una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se sumó al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

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En tanto, militares resguardan la zona donde, junto a perros entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el ejército en su cuenta de X.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”. Añadió que se trabaja para restablecer la movilidad en la zona.

El ataque sucedió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue la sede del acto de asunción De la Espriella en una ceremonia en que delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que «tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

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Tras la posesión, se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular las fuerzas de seguridad para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.

Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia con una promesa de mano dura contra el crimen y los grupos armados. Foto: EFE

Traslado de prisioneros

De la Espriella, quien descartó el diálogo con los armados que impulsó su antecesor Gustavo Petro, anunció el sábado el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia prisiones de máxima seguridad.

Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones, citó en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).

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Los presos fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Integrantes de las Fuerzas Militares, escuchan el primer discurso del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en el Cantón Militar Pichincha en Cali, Colombia. Foto:  EFE

El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseguró la institución estatal.

«La opción del diálogo (con los rebeldes) está completamente agotada», aseguró De la Espriella el viernes a la tarde ante un centenar de militares en el Cantón Militar Pichincha de Cali en su discurso inaugural, mientras los invitados a la ceremonia de investidura seguían el acto desde la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De la Espriella cuestionó el trato que el Estado ha dado históricamente a los grupos armados y aseguró que su gobierno asumirá una posición más confrontativa frente al crimen.

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Ayuda de Estados Unidos

De la Espriella contará con la asistencia directa de Washington. Estados Unidos ha anunciado su intención de proporcionar mil millones de dólares en ayuda para las políticas económicas y de seguridad del nuevo presidente, aliado de Donald Trump.

«Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar mil millones de dólares en ayuda como parte de un paquete de seguridad para apoyar al gobierno del presidente de la Espriella en la implementación de nuestros objetivos comunes», declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

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Una manifestación en rechazo a la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, este viernes en Bogotá. Foto: EFE

El combate al narcotráfico ocupará otro de los principales frentes de la política de seguridad del nuevo mandatario colombiano. De hecho, anunció que retomará las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos mediante el uso de nuevos herbicidas, una medida que durante años ha generado controversia en Colombia por sus posibles efectos ambientales y sanitarios.

«Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente», aseguró en su discurso el viernes.

El mandatario vinculó directamente el crecimiento de los cultivos de coca con la expansión de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al conflicto armado. «La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción», afirmó, y sostuvo que los cultivos también han contribuido a la destrucción de las selvas, al desplazamiento de comunidades campesinas y al fortalecimiento del «combustible para el narcoterrorismo».

De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró en 2024 unas 261.000 hectáreas cultivadas con coca, un incremento de 3,5 % frente al año anterior.

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Trump’s White House ballroom foes face ‘very tough argument’ at Supreme Court, legal experts say

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President Donald Trump could win the legal fight over his planned White House ballroom, say two legal experts who believe the U.S. the Supreme Court could end the case without weighing in on the underlying constitutional issue.

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In a lengthy social media post Friday, Trump vowed to take the fight over his White House ballroom to the Supreme Court after the D.C. Circuit upheld a lower court order blocking above-ground construction. In a 2-1 decision, the appeals court ruled that the project cannot move forward without Congressional approval.

Trump pointed to the dissent written by Judge Neomi Rao, appointed by Trump in his first term, as grounds for appealing the decision to Supreme Court. Rao argued that the plantiffs, the National Trust for Historic Preservation, lack legal standing in the case.

The National Trust for Historic Preservation built its case for legal standing around Alison Hoagland, a member who lives near the White House and regularly visits President’s Park. Hoagland said she visits the area about once a month and argued that the proposed ballroom’s size and design would diminish her enjoyment of the area by overshadowing the White House and weakening its aesthetic.

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TRUMP SAYS WHITE HOUSE BALLROOM RULING JEOPARDIZES LIVES OF FUTURE PRESIDENTS, VOWS SUPREME COURT APPEAL

President Donald Trump has overseen ongoing construction of the underground military fortress that is going to be below the $400 million privately funded East Wing ballroom. (Chip Somodevilla/Getty Images)

But according to Rao, the National Trust did not establish the kind of injury necessary to invoke the courts’ authority to block the project.

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«The district court elevated the aesthetic displeasure of a single passerby over the government’s security interests in the ballroom and the security risks of leaving an open construction site at the President’s home and office,» Rao wrote.

Former Justice Department attorney Abhishek Kambli agreed, telling Fox News Digital the National Trust could face a particularly difficult hurdle on standing at the Supreme Court. He noted that, while Congress created the National Trust, the group still must show that its lawsuit is germaine to its interests.

«While they do have ownership of some properties, the President’s Park, where the White House East Ballroom is, is not one of them,» Kambli said. «And I think that’s going to be a very tough argument to sustain, especially with the Supreme Court, that’s more likely to agree with Rao than they are the [circuit court] majority, given the makeup of the Supreme Court, and the fact that the Supreme Court is very strict on standing.»

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OBAMA JUDGE RULES ON EFFORT TO BLOCK AMERICA 250 EVENTS AT WH AND LINCOLN MEMORIAL

U.S. President Donald Trump holding a rendering of a proposed White House ballroom in the Oval Office

President Donald Trump displays a rendering of his proposed $250 million White House ballroom as he meets with NATO Secretary General Mark Rutte in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., on Oct. 22, 2025. (Alex Wong/Getty Images)

Kambli also suggested that the National Trust faces a strong hurdle in proving it has standing based on aesthetic injury because it would have to prove it actually uses the space where the ballroom is being built

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«Normally, aesthetic standing requires that you intend to use it,» Kambli said. «So, for instance, if you’re planning to be visiting the East Ballroom — and even this is kind of a stretch — that’s one thing, but if you’re someone on the outside that just passes it by, that’s a little tougher.»

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A similar standing issue surfaced earlier in July when U.S. District Judge Amit Mehta, an Obama-appointed judge, rejected a lawsuit seeking to block the America 250 UFC event at the White House. He ruled that the plaintiffs had not met the standard of aesthetic harm to establish standing.

Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at Advancing American Freedom, said he expects Trump to prevail on appeal as well, based on the standing issue.

«Under Supreme Court precedent, you cannot bring a claim, you cannot bring a lawsuit, until and unless you can demonstrate a concrete, actual injury,» Spakovsky told Fox News Digital. «The idea that a passerby, who claims she will be aesthetically injured because of what she sees at the White House, has an actual injury is absurd, and obviously, and clearly defies that precedent.»

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If the Supreme Court takes the case, it could resolve it without deciding whether the administration had the legal authority to build the ballroom in the first place.

TRUMP WARNS JUDGE AGAINST SACRIFICING NATIONAL SECURITY BY BLOCKING WHITE HOUSE BALLROOM, DRONE BASE

President Donald Trump displays architectural design boards for a proposed White House ballroom during a public appearance.

President Donald Trump holds design for a proposed White House ballroom while speaking to reporters. (Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg)

«The Supreme Court won’t rule on the substantive issue if it can dismiss the case based on a lack of standing by the plaintiffs,» von Spakovsky said. «I also don’t know of anyone else who could establish standing to bring a lawsuit. Perhaps Congress could collectively, but the chances of that happening are very slim given the partisan divides in both the House and Senate.»

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The National Trust argued in its lawsuit that federal law requires Congress to approve new construction on federal property in Washington, D.C., while the administration says existing law already gives the president authority to make alterations and improvements to federal property, including the White House.

Abhishek agreed with Rao’s reasoning that the terms «alteration» and «improvement» should be understood in their ordinary real-property sense.

«For instance, if I have an extension to my house, it doesn’t become a new house,» Abhishek said. «It’s the same house, but that’s an improvement done on the house. Or if I tear down some walls and then just create an open living space in my like between my living room and my kitchen, that’s also not a new house at that point.

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«It’s the same house, but there was an alteration or an improvement done, so if you’re using real property terms, then it’s pretty clear how how the statutory authority would make sense,» Abhishek continued.

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Hawaii voters hit the polls as Gov. Josh Green dominates, progressive takes aim at Dem congressman

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Hawaii voters will decide Saturday who advances to the November general election, with key contests including the race for governor and the battle to represent the state’s 1st Congressional District.

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Gov. Josh Green, who was first elected in 2022, is heavily favored to win the Democratic primary, where he faces three little-known competitors. His challengers include George «Teva» Lucas-Tadeo, a Democratic socialist who has promised on social media to open a government-run grocery store and legalize recreational marijuana.

David «Duke» Bourgoin is mounting his second primary challenge against Green after losing to him in 2022, when he captured only 590 votes against Green’s 158,161. He also lost two bids for Honolulu mayor, in 2022 and 2024.

JOHNSON’S STRATEGY TO BYPASS DEMOCRATS’ SAVE ACT BLOCKADE SURVIVES KEY VOTE, HANDING GOP BIG WIN

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A three-way split image of Democratic Hawaii Gov. Josh Green, GOP candidates Gary Cordeery and Rep. Ed Case (D-Hawaii) ( (Photo by Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images) (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images))

Lauren Kapoliahiʻiaka Shim is also seeking the Democratic nomination. She is the CEO and founder of Aloha AI Incorporated, according to her LinkedIn profile.

Neither Lucas-Tadeo nor Shim had campaign websites, and none of Green’s three challengers had raised any money in the race as of June 30, according to Honolulu Civil Beat. Meanwhile, Green has raised approximately $3.5 million, far outpacing Republican Gary Cordery, the race’s second-highest fundraiser, who has raised about $313,000, according to Honolulu Civil Beat.

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Cordery, owner of the contracting company Kingdom Builders, and Ken Fujiyama, an entrepreneur and investor, are competing for the Republican nomination and a chance to end nearly two decades of Democratic control of the governor’s mansion. The last Republican to serve as Hawaii governor was Linda Lingle, who held the office from 2002 to 2010.

Hawaii Governor Josh Green (C) delivers remarks as US President Joe Biden listens during a visit to an area devastated by wildfires in Lahaina, Hawaii on August 21, 2023.

Hawaii Gov. Josh Green, center, delivers remarks as U.S. President Joe Biden listens during a visit to an area devastated by wildfires in Lahaina, Hawaii, on Aug. 21, 2023. (Mandel NGAN / AFP via Getty Images)

Cordery has campaigned on lowering Hawaii’s high cost of living, expanding housing and cracking down on government waste and corruption. He has proposed adding 15,000 homes for working families, using state-owned land for housing and eliminating the state’s general excise tax on food and medicine. Fujiyama has also proposed a plan to tackle the housing affordability crisis by developing 100,000 residential lots and partnering with large landowners to spur growth.

MICHIGAN’S TOP ELECTION OFFICIAL WINS DEMOCRATIC PRIMARY FOR GOVERNOR, ADVANCES TO BATTLEGROUND RACE

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Whoever emerges from the Republican primary will face an uphill battle to unseat Green if he secures the Democratic nomination. Green holds a 56% approval rating, while the Cook Political Report rates the race «Likely Democrat» and gives Democrats a 13-point advantage.

Meanwhile, eyes outside of Hawaii will be locked on the Democratic primary in the 1st Congressional District, where state Sen. Jarrett Keohokalole is challenging Rep. Ed Case, D-Hawaii.

Ed Case

Rep. Ed Case, D-Hawaii, arrives for a House Appropriations Committee markup of several appropriations bills in the Rayburn House Office Building in Washington on July 10, 2024. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

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Case, who is seeking a seventh term, has represented the district since 2019 and argues that his seniority and position on the Appropriations Committee give Hawaii greater influence in Washington. Meanwhile, Keohokalole, who is endorsed by Sen. Bernie Sanders’ group Our Revolution, is running on a progressive platform that includes Medicare for All and opposition to ICE and President Donald Trump’s tariffs.

Keohokalole is seeking to portray Case as out of touch with Democratic voters, pointing to the congressman’s vote with House Republicans to pass Trump’s SAVE America Act, which would require voters to show proof of citizenship when registering to vote.

Given the district’s strong Democratic lean, whoever wins the party’s primary will likely be favored to win the seat in November.

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Polls close at 7pm local time.

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Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami

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El FBI Miami anunció la captura y extradición de Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia por un esquema internacional de lavado de dinero de 50 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FBI Miami anunció la captura y extradición de dos ciudadanos colombianos acusados de dirigir un esquema internacional de lavado de dinero por 50 millones de dólares, en una operación que involucra a organizaciones criminales de alto perfil y afecta a múltiples estados de Estados Unidos. Los detenidos, Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia, fueron arrestados en Colombia por la Policía Nacional el 6 de agosto de 2026 y entregados a agentes federales en Medellín. El caso es relevante para la lucha global contra el lavado de activos y crimen organizado, abriendo nuevas investigaciones en ambos países, según reportó el FBI.

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En un comunicado oficial, el FBI Miami detalló que la entrega de los sospechosos fue posible gracias a la cooperación con la Policía Nacional de Colombia, Homeland Security Investigations y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Los cargos incluyen conspiración para lavado de activos, fraude y colaboración con el cartel Clan del Golfo. La operación, denominada “Operation Count It Up”, permitió identificar movimientos financieros internacionales, el uso de criptomonedas y el desvío de fondos provenientes de fraudes a personas mayores. Las autoridades subrayan el valor de esta redada por el volumen de dinero involucrado y su impacto en la economía estadounidense.

Según antecedentes verificados por NBC Miami y confirmados por las agencias oficiales, la investigación se centró en la estructura financiera de los detenidos, quienes presuntamente operaban como enlaces del Clan del Golfo, una organización criminal activa en Colombia y vinculada al narcotráfico internacional. El operativo involucró la colaboración de fuerzas de seguridad de ambos países, allanamientos coordinados y la incautación de activos relacionados con la red de lavado de dinero.

Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia son ciudadanos colombianos identificados por el FBI como presuntos operadores financieros de una red internacional de lavado de dinero asociada al Clan del Golfo. Según el comunicado institucional, ambos enfrentan cargos federales por:

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  • Conspiración para lavado de activos.
  • Fraude electrónico y bancario.
  • Participación en una organización criminal dedicada al ocultamiento de fondos ilícitos.

La investigación “Operation Count It Up” reveló que los acusados canalizaban fondos provenientes de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y fraudes a personas mayores, hacia Estados Unidos. El flujo de dinero superó los 50 millones de dólares, según el FBI, utilizando mecanismos como transferencias electrónicas, depósitos en cajeros automáticos y conversiones a criptomonedas.

Brazos y torsos de dos personas sentadas con camisas blancas, brazos esposados con esposas de metal y antebrazos con tatuajes.
La operación Count It Up vinculó a los acusados con el Clan del Golfo y con una red que movía fondos ilícitos entre Colombia, Estados Unidos y otros países de América Latina.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo policial se desarrolló en coordinación entre la Policía Nacional de Colombia y el FBI Miami. De acuerdo con el reporte oficial publicado el 7 de agosto de 2026, agentes federales se trasladaron a Medellín, donde recibieron a los acusados, quienes fueron escoltados bajo estrictas medidas de seguridad hasta Miami para comparecer ante la justicia federal. La extradición se realizó conforme a los tratados de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, permitiendo la rápida transferencia de los sospechosos.

El FBI Miami agradeció el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y de Homeland Security Investigations, destacando la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. “Este caso es un ejemplo de la determinación de las autoridades para desmantelar organizaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico”, afirmó la oficina del FBI en su actualización oficial.

La operación “Count It Up” es una investigación dirigida por el FBI Miami para identificar y desarticular redes internacionales de lavado de dinero. De acuerdo con los informes institucionales, la red operaba mediante:

  • Transferencias bancarias entre múltiples cuentas en diferentes estados de EE.UU.
  • Depósitos en efectivo en cajeros automáticos.
  • Conversión de fondos a criptomonedas para dificultar el rastreo.
  • Recepción y ocultamiento de dinero proveniente de fraudes a personas mayores.

La combinación de estos métodos permitía a la organización eludir los controles del sistema bancario estadounidense y ocultar el origen ilícito de los fondos. El FBI señaló que parte del dinero provenía del tráfico de drogas operado por el Clan del Golfo y que la estructura financiera tenía ramificaciones en otros países de América Latina.

Varios fajos de billetes de cien dólares sobre un mapa continental oscuro con líneas y nodos luminosos que indican una red de conexiones digitales.
Los cargos federales incluyen conspiración para lavado de activos, fraude electrónico y bancario, y participación en una organización criminal dedicada al ocultamiento de fondos ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones institucionales recogidas en su canal oficial, el FBI Miami afirmó: “Este caso es otro ejemplo de la firmeza del FBI para llevar ante la justicia a los responsables de lavado de dinero y desarticular organizaciones criminales”. La agencia subrayó el papel clave de la cooperación internacional y la importancia de los acuerdos bilaterales con Colombia para permitir la extradición rápida de los sospechosos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida también confirmó la presentación de cargos y la apertura de un proceso judicial contra los acusados. De acuerdo con los documentos oficiales, la investigación continúa en busca de otros posibles implicados y la recuperación de activos vinculados al esquema criminal.

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El Clan del Golfo es una organización criminal con base en Colombia, señalada por las autoridades estadounidenses como uno de los principales carteles de narcotráfico del continente. Según el FBI, Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia actuaban como operadores financieros de esta organización, facilitando el movimiento y blanqueo de grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilícitas.

El reporte del FBI Miami establece que la red de lavado detectada utilizaba conexiones en varias ciudades de Estados Unidos y América Latina, lo que permitió canalizar fondos ilegales a través de una compleja estructura de cuentas y empresas pantalla. La vinculación con el Clan del Golfo agrava los cargos federales y amplía el alcance de la investigación a otros miembros de la organización.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Los dos ciudadanos colombianos quedaron a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde enfrentan un proceso judicial que puede derivar en más de 20 años de prisión y decomiso de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los acusados fueron puestos a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde enfrentan cargos de conspiración para lavado de activos, fraude y pertenencia a organización criminal. Las penas para estos delitos en Estados Unidos pueden superar los 20 años de prisión, además del decomiso de bienes y la obligación de reparar el daño económico causado.

La justicia federal estadounidense ha iniciado el proceso judicial, que incluye audiencias preliminares, presentación de pruebas y posibles acuerdos de cooperación para identificar a otros implicados en la red de lavado. Según el FBI, el caso se mantiene abierto y no se descartan nuevas detenciones en el corto plazo.

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La detención y extradición de Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia representa un avance en la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional. El operativo “Operation Count It Up” refuerza la capacidad de las autoridades para utilizar herramientas tecnológicas, intercambio de información y acciones judiciales coordinadas.

De acuerdo con el FBI Miami, la investigación abierta permitirá fortalecer los controles sobre transferencias financieras y detectar esquemas similares en el futuro. Para la comunidad internacional, este caso evidencia la complejidad de las redes de lavado de activos y la necesidad de sistemas de control financiero más robustos y colaboración entre países.

Billetes de cien dólares sobre una mesa junto a una computadora portátil con gráficos y documentos financieros dispersos.
El FBI Miami informó que el caso sigue abierto para identificar a otros implicados, recuperar activos y reforzar la cooperación internacional contra el lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FBI Miami y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida han anunciado que el caso sigue en desarrollo y se prevén nuevas acciones para:

  • Identificar y detener a otros miembros de la organización.
  • Recuperar activos y fondos involucrados en el esquema criminal.
  • Reforzar la cooperación con agencias internacionales y bancos para mejorar los sistemas de detección de lavado de dinero.

Las autoridades colombianas también analizan la información recabada para desmantelar células restantes del Clan del Golfo y proteger a víctimas de fraudes financieros. El caso servirá de precedente para futuras investigaciones conjuntas y para fortalecer la legislación sobre delitos financieros en la región.



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