El activista Facundo Jones Huala demandó al Fisco de Chile por más de 100 millones de pesos chilenos por haberlo mantenido en prisión más tiempo del que establecía la condena de seis años y un día que le impuso la Justicia de ese país, al encontrarlo responsable del incendio de un fundo y la portación de un arma casera en el año 2013.

El líder de la RAM, con el patrocinio de los abogados Samuel Alarcón Velásquez y María Rivera Iribarren, le exige al fisco del país vecino una indemnización por “daño moral”, luego de que se le negara la libertad a pesar de haber vencido el plazo previsto en la condena que le impuso la Justicia de ese país.

Ahora el líder mapuche está detenido en Argentina desde junio de 2025, en el marco de una causa que investiga la fiscalía federal por conducir una agrupación, la RAM, que durante varios años intentó imponer ideas o combatir las ajenas a través del ejercicio de violencia.

El 21 de diciembre de 2018 la Primera Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó al “lonko” a seis años y un día de prisión por los delitos de incendio del fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, y la portación ilegal de un arma casera.

Estuvo detenido hasta mediados de enero de 2022 cuando obtuvo el permiso de libertad vigilada, aunque esa autorización fue revocada unos días más tarde. Sin embargo, mientras estuvo libre, escapó de Chile y cruzó a la Argentina a través de un paso fronterizo no habilitado.

Fue recapturado el 3 de enero de 2023, casi un año más tarde, en El Bolsón, momento en el que comenzó el proceso judicial para extraditarlo nuevamente a Chile para que agote la pena que le había impuesto la Justicia trasandina.

El 27 de febrero de 2023, la Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación comunicó que el gobierno de Chile solicitó la extradición del mapuche, debido a que aún no había agotado la condena que le impusieron en Valdivia.

El fiscal adjunto de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, solicitó la extradición de Jones Huala para cumplir “un saldo de pena de 1 año, 4 meses y 17 días” en relación a los delitos por los cuales fue condenado.

El 4 de enero de 2024, el mapuche regresó a Chile, donde quedó detenido. De acuerdo al cómputo que realizó su defensa, Jones Huala debía quedar en libertad el 26 de junio de ese año, teniendo en cuenta el plazo que faltaba para agotar la condena.

Sin embargo, Gendarmería de Chile rechazó su libertad, esgrimiendo distintos argumentos, y lo mantuvo detenido hasta agosto.

La Corte ordenó la libertad del mapuche

La Corte Suprema de Chile revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco y ordenó la libertad inmediata de Jones Huala, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por su defensa. El máximo tribunal determinó que el líder mapuche había cumplido su condena el 14 de junio de 2024 y que permanecía privado de su libertad de manera ilegal desde esa fecha, producto de un error en el cómputo del saldo de condena que debía cumplir tras su extradición desde la Argentina.

Según constató la Corte, la información remitida en su momento por Gendarmería de Chile fue errónea: el saldo real de condena al momento de revocarse la libertad condicional no era de 503 días, sino de 887. Al descontar el tiempo que Jones Huala permaneció privado de libertad en la Argentina durante el trámite de extradición, la propia autoridad chilena recalculó un saldo final de 522 días.

En consecuencia, la Corte resolvió que Jones Huala se encontraba detenido de manera ilegal desde esa fecha y ordenó su libertad inmediata, invocando el artículo 21 de la Constitución chilena, que regula el recurso de amparo ante privaciones de libertad sin fundamento legal.

Ese cálculo erróneo fue considerado por los abogados que patrocinan ahora a Jones Huala en Chile, quienes demandaron al Fisco del país vecino por 100 millones de pesos chilenos, es decir algo más de USD 100 mil.

Cambio en su fisonomía

Desde hace pocos días Jones Huala permanece detenido en la unidad penitenciaria de Esquel, tras una disposición judicial que autorizó su derivación desde la cárcel federal de Rawson, donde estuvo detenido desde junio de 2025.

En las últimas audiencias de las que participó, sorprendió un cambio de imagen rotundo del líder mapuche, quien dejó de lado la vestimenta mapuche y luce el rostro rasurado.

Sin embargo, desde su entorno explicaron que “parte de esos cambios no fueron por decisión personal, sino por una exigencia de la unidad penitenciaria donde estuvo detenido hasta hace pocos días”.

que absolvió a integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido condenados por usurpación,miembros de la lof Paillako que ocuparon una seccional de Parques Nacionales en Los Alerces,Paz García Pastormerlo,Conflicto mapuche,Conforme a,Conflicto mapuche,,Líder mapuche. Jones Huala fue trasladado a una cárcel de Esquel por orden judicial,,Líder mapuche. Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y rechazan su traslado a Esquel,,Huelga de hambre. Jones Huala inició un reclamo por “un juicio justo” y condiciones carcelarias “dignas”

El Gobierno por ahora no encuentra solución a su intención de modificar la ley electoral. No cuenta con los votos necesarios en el Senado de la Nación ni con el apoyo interno suficiente para defender con ahínco los cambios propuestos.

El eje principal de la discusión es la continuidad o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo las quiere eliminar con el argumento del costo, pero en la oposición miran de reojo y esperan. En el marco de las negociaciones, a un sector de quienes habitan en Balcarce 50 se les ocurrió que una moneda de cambio para los gobernadores sería la posibilidad de habilitar una lista colectora por distrito, algo que históricamente fue criticado por los mismos sectores que hoy la impulsan.

El otro conflicto que enfrenta el oficialismo es que algunos de los propios tampoco creen que sea una solución. La propia Patricia Bullrich reconoció que las colectoras eran “un retroceso” y que no le “gustan”. Unas horas más tarde revisó esas afirmaciones y las matizó al señalar que, aunque no le gusten, “no encontramos un sistema mejor”.

“Hay diferentes opciones sobre la mesa, que van desde eliminar las PASO, que no sean obligatorias ni tampoco cerradas para los afiliados de los partidos y que cuenten con un financiamiento del Estado que se vaya diluyendo con el tiempo, y las colectoras”, reconoció esta semana a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria para la sesión prevista para el 16 de julio.

El problema con el que se encuentra La Libertad Avanza es que, descontado que no contaba con el apoyo del peronismo, sus aliados de la UCR y el PRO, así como los partidos provinciales, tampoco se muestran muy interesados.

“Van a poner a jugar candidatos en todas las provincias y quieren que los gobernadores les solucionen los problemas”, dijo un senador de la oposición. “Parece poco probable que puedan tener una resolución en el corto plazo”, agregó.

Ese es el clima que reina en el Senado de la Nación, donde la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la aprobación de zonas frías. Por eso, todo lo que el oficialismo tiene para llevar a la mesa de negociación lo está poniendo en ese proyecto, que es del cual tiene pensado sacar los 300.000 millones de pesos para financiar la ley de presupuestos universitarios.

A ese conflicto se suman gobernadores que ya avisan que no prestarán sus votos para la habilitación de colectoras. Esta semana, en el marco de los actos por el Día de la Independencia, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo le hizo saber al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que no está de acuerdo con esa figura electoral. La negativa se suma a la de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).

En los despachos de los aliados en el Senado el tema pierde preeminencia. Lo que ayer era un eje central de la discusión hoy cedió relevancia. Muchos le recuerdan al oficialismo que el acuerdo inicial establecía que todo cambio referido al modelo electoral debía cerrarse antes de que terminara el primer semestre. Ahora, advierten, el Gobierno deberá esperar hasta el último trimestre del año para una decisión al respecto. Lo que los bloques aliados les comunican a los emisarios del oficialismo implica que es poco probable que para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, se encuentre una resolución. El punto a considerar es que la ley que envíe el Ejecutivo el próximo 15 de septiembre deberá incluir el gasto para llevar adelante las elecciones de 2027.