POLITICA
Un exsocio de Piccirillo podría ser arrepentido en la causa del dólar blue y rulo financiero

Un exsocio de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, evalúa presentarse en la Justicia para formular una declaración espontánea y pedir la figura de “arrepentido” en la causa que investiga negocios irregulares con el dólar blue y el rulo financiero. “Puede hacer estallar el país”, dice una persona del entorno del empresario sobre “un verdadero escándalo”.
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La Justicia investiga si Piccirillo, Martín Migueles —el novio de Wanda Nara— y Francisco Hauque participaron de una operatoria para embolsar una fortuna a través de la compra de dólares al valor oficial a través de agencias de cambio para revenderlas en el mercado blue.
Por ejemplo, la casa de cambio ARG Exchange, vinculada a Piccirillo y Migueles, habría realizado 729 operaciones con dólar oficial por un total de US$ 251 millones, durante 2023. El 99% iba a otras casas de cambio. Un pasamanos.
La causa que investigan el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo también tiene en la mira el supuesto pago de comisiones para acelerar aprobaciones de SIRA, los certificados que necesitaban los importadores para acceder al valor del dólar oficial.
No solo están bajo la lupa los financistas y las casas de cambio. También funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Todo era posible durante el cepo cambiario y los organismos sospechados de connivencia son el Banco Central, la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Comercio, que dependía del superministerio de Economía a cargo de Sergio Massa. Hay además dos exauditores del Banco Central investigados: María Valeria Fernández y Eduardo Gil.
“Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2023 las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA) montos de operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y de venta por $418.278.740.007”, dice un informe de la DAJUDECO.
Migueles, pareja de Wanda Nara, presentó un escrito en la Justicia y negó haber participado de esa operatoria.
“No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo”, dijo.
Según el expediente, existía un sistema de cobro para acceder a las SIRA: “Percibían aproximadamente entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o blue“.
La investigación surgió por otro caso. Migueles había sido allanado en la causa contra Piccirillo por una denuncia de Hauque sobre un operativo trucho orquestado con policías de la Ciudad para detenerlo. Hauque le reclamaba al entonces esposo de Cirio una deuda de 6 millones de dólares y cayó preso por tener droga y un arma en el auto.

Pero cuando salió, lo denunció a Piccirillo de armar todo para perjudicarlo. Por esa denuncia, el ex de Cirio estuvo seis meses en la cárcel de Ezeiza y ahora cumple prisión domiciliaria en un departamento en Banfield.
En ese entonces, Migueles estaba todo el tiempo con Piccirillo. En uno de los allanamientos, la Justicia le secuestró celulares, computadoras y tres tablets. También habló un excolaborador de Piccirillo: “El Lobo” Smith, un expolicía de la Federal, que participó del operativo trucho. La Justicia ordenó la detención y para mejorar su situación, se ofreció como arrepentido, ofreció un pendrive con información y chats sobre el rulo financiero y las SIRA.
Ahora es Hauque el que analiza presentarse a declarar en forma espontánea y pedir ser arrepentido en la causa. “Hauque jamás tuvo una agencia de cambios. De las SIRA no sabe ni cómo eran. Pero él solo puede hablar de lo que sabe. Estamos evaluando su declaración. No quiere ser el pato de la boda. Arranca secuestrado y termina pagando un tema en el que él era quien amenazaba con denunciarlos a todos. Si habla puede hacer estallar todo”, dice alguien de su entorno.
El 10 de junio, el juez Lijo ordenó la reconstrucción del operativo trucho en el que cae preso Hauque y esto generó dudas en el empresario. “Lo que más inquieto lo tiene es la reconstrucción del hecho en la causa en la que está detenido Piccirillo. No tiene ningún sentido que admitieran esa reconstrucción”. ¿Es una maniobra para sacarlo a Picirillo de la causa?
Curiosamente, el 25 de febrero, Hauque desistió del recurso que había presentado para que Piccirillo volviera a prisión.
El ex de Cirio fue detenido en marzo de 2025 acusado por su exsocio de haberle armado una “cama”. Según la denuncia, le montó un operativo con policías de la Ciudad y le plantó droga y un arma para evitar el pago de una deuda de 6 millones de dólares.
La II de la Cámara Federal de Apelaciones le había otorgado a Piccirillo en noviembre último la prisión domiciliaria.
El expediente también involucra a Carlos Sebastián Smith, conocido como “El Lobo”, un expolicía de la Federal que trabajaba para Piccirillo y que fue detenido por el operativo denunciado por Hauque. Ante la Justicia, relató detalles sobre maniobras vinculadas al dólar blue y aportó chats y nombres.
En uno de esos chats, Hauque sostuvo: “Me quisieron tirar a matar, me quisieron cerrar la boca. Mirá cómo terminé. Me robaron la fórmula para llenarse todos de guita”. Inmediatamente después, apuntó contra la entonces esposa de Piccirillo: “A Cirio la quiero bien presa”.
Los mensajes hacen referencia a una supuesta reunión en Nordelta. “Al parecer estuvieron todos tomando fafa hasta las 3 de la mañana en Nordelta. Festejando mi desgracia”, escribió Hauque. Cuando Migueles le preguntó “¿Quién?”, respondió: “Elías y el Lobo”.
Elías Piccirillo, Martín Migueles, Ariel Lijo, Franco Picardi, Banco Central, Dólar blue
POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.

La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
Gobierno, Islas Malvinas
POLITICA
Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

La senadora nacional Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en la Cámara alta, volvió a mostrar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda ser “para todos”.
Las definiciones de la exministra de Seguridad se dieron en una charla en la Universidad de San Andrés y fueron en línea con otros comentarios que Bullrich hizo en ocasiones anteriores.
Bullrich es hasta ahora la única referente del oficialismo que se animó a mostrar diferencias en público y en privado, al marcar su preocupación por distintos parámetros de la economía. Los manifestó tanto en público como puertas adentro del Gobierno de Javier Milei, en distintas reuniones de gabinete y en la mesa política.
“A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, dijo en uno de los tramos de su exposición.
En otra parte de su exposición, ante una consulta, sostuvo: “En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.
Ambos comentarios fueron en línea con expresiones que la excandidata presidencial de Pro tuvo en agosto pasado. Como en su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bullrich expresó: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.
Las expresiones de la senadora fueron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.
En su exposición, la jefa del bloque libertario en el Senado, reconoció los logros en materia macroeconómica de la administración libertaria, pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen de manera más clara en la vida cotidiana de la población.
Bullrich se preguntó: “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”.
Por esos días, en un encuentro con empresarios pyme, Bullrich también marcó a través de un tuit que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar.
También valoró en esa publicación en las redes sociales el modelo económico impulsado por el mandatario: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.
Tras ello, planteó: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. Y sobre el final reconoció que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.
Previamente, en la Bolsa de Comercio de Córdoba admitió las dificultades económicas. “Los planes de estabilización tienen momentos difíciles, pero hay que seguir este camino; si nos desviamos nos caemos”, dijo.
Bullrich es la dirigente del oficialismo que más diferencias marcó con algunos de los casos más controvertidos del gobierno. Como la situación del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su demora presentar sus declaraciones juradas, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Y también cuando el Gobierno intentó retirar el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, y cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, de .
en un encuentro con empresarios pyme,Conforme a
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