Javier Milei respaldó al sector de Santiago Caputo en un nuevo round de la histórica discusión que mantienen los jóvenes de la militancia virtual y el sector de los primos Menem sobre el islam. En este caso, a partir de una denuncia penal que presentó el Centro Islámico de la República Argentina contra Daniel Parisini, alias “Gordo Dan” en X, por sus expresiones en contra de esa religión.

En la denuncia, el apoderado de la organización invocó el artículo 3 de la Ley 23.592, es decir, propaganda basada en la superioridad de un grupo religioso y aliento o incitación a la persecución o al odio religioso, aunque aclaró que no propone una calificación definitiva y dejó esa tarea a la Fiscalía y al juez. Parte de una imagen publicada por Parisini durante el Mundial, a partir de una nota de Clarín sobre los mensajes islamofóbicos contra el futbolista francés Kylian Mbappé y otros jugadores que profesan la fe musulmana.

La representación de la polémica muestra, en el centro, una media luna y una estrella verdes, símbolo asociado al islam. Y, alrededor, formando un círculo, trece pictogramas negros, cada uno con una pequeña estrella verde y una leyenda: Violaciones, Decapitaciones, Paganismo, Quema de gente viva, Mutilación genital femenina, Violencia con los perros, Toma de rehenes, Esclavitud, Asesinato por honor, Opresión a las mujeres, Jihad, Pedofilia y Poligamia. El diseño imita el formato de un afiche publicitario, de forma irónica, para representar al islam como sinónimo de esa lista de crímenes y abusos.

Ayer, Daniel Parisini, muy cercano al asesor de Milei, se mostró indignado en las redes sociales por la presentación en su contra. “Quieren a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del Islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa. Porque así hicieron allá: llamaron “islamofóbico” a todo aquel que los criticara y les tiraron los sistemas judiciales de nuestras democracias encima», dijo.

El Presidente lo respaldó. No sólo replicó el mensaje de Parisini, sino que agregó una apreciación, con sus propias palabras. “Tomar nota”, escribió el Presidente, a pesar de que en una parte de la publicación incluía un cuestionamiento (indirecto) a los Menem. “Dejen de querer apretarme con sectores del Gobierno que comulgan con ustedes”, dijo Parisini en el post. Y agregó, con fuertes insultos, que no le importan lo que digan ni unos ni los otros, en referencia admitida por los libertarios por lo bajo, a los Menem.

La tropa de Caputo, incluidos el legislador bonaerense Agustín Romo y funcionarios como Juan Carreira, así como decenas de usuarios salieron a respaldar a “Dan”, que se ocupó de retuitear los mensajes de apoyo a su posición.

El mensaje del Presidente ocurre en la previa de la llegada del papa León XIV, que tiene previsto entre sus actividades en el país un encuentro ecuménico el lunes 9 de noviembre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, los riojanos no habían contestado a esas y otras críticas de los tuiteros que se identifican con el liderazgo de Caputo. Pero en ese sector deslizaron: “Nosotros no vamos a generalizar, terrorismo y religión no son lo mismo”. Durante el verano, Zulemita Menem había tenido un cruce con Dan por el mismo tema, a quien salieron a cuestionar los tuiteros libertarios.

Hasta los últimos días, la interna estaba aplacada, pero latente. Pero pareció reavivarse esta semana, a partir de un mensaje del caputista Agustín Romo por el rol central que le dio Flávio Bolsonaro a la militancia digital en sus listas para las elecciones en Brasil. La apreciación, que no tenía destinatario, fue contestada por la diputada santafecina cercana a Karina Milei, Romina Diez, que como contó Infobae, recogió el guante y despertó un debate en redes sobre el lugar de los jóvenes mileistas en las nóminas electorales.

En LLA algunos aseguran que el origen de las disputas intestinas, más que en decisiones políticas, electorales, de gestión o de cargos, se encuentra en las fuertes discrepancias sobre el islam entre la familia Menem y el grupo del asesor presidencial. Esas diferencias se cristalizaron en 2024 en conversaciones privadas, y terminaron de estallar y hacerse evidentes para el ojo público el año pasado. El detonante fue un posteo en la red social. “No odiamos lo suficiente al islam”, publicó entonces uno de los colaboradores más cercanos a Caputo en la Casa Rosada, Lucas “Sagaz” Luna. La apreciación disparó la ira de los Menem, que le contestaron a través de Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y colaborador suyo en la Cámara de Diputados.

Parisini, que no se ahorra insultos en las redes, viene de ganar en un expediente análogo. El miércoles fue archivada la denuncia que había presentado en su contra y de otros influencers libertarios el diputado nacional socialista Esteban Paulón, también militante de los derechos LGTBQ+, por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales. Como reveló Infobae, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito alguno en los posteos de Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados que tiene la causa.

El Gobierno prepara una nueva etapa de recorridas por el interior con Javier Milei, Karina Milei y distintos integrantes del Gabinete y ya tiene en carpeta actividades en Zárate, Neuquén y San Juan. La Casa Rosada busca ordenar los viajes alrededor de proyectos productivos y grandes inversiones, en especial los que ingresaron al RIGI, y descarta por ahora convertir ese despliegue en una campaña electoral anticipada.

La lógica que transmiten en Balcarce 50 es “ir por proyectos” antes que establecer una gira cerrada por provincias. Según explican en el Ejecutivo, el calendario se irá armando a medida que se aprueben nuevas inversiones y comiencen las obras. En algunos casos viajará Milei, en otros Karina y también habrá actividades conjuntas o encabezadas por ministros.

Una de las próximas paradas previstas es Zárate, donde el Gobierno quiere recorrer la planta de Toyota en medio del proceso de ampliación y electrificación de su producción. La actividad estaba prevista inicialmente para esta semana, pero fue postergada por cuestiones de agenda y todavía no tiene una nueva fecha cerrada.

En un primer momento no estaba previsto que Milei encabezara esa visita, pero en la Casa Rosada ahora dejan abierta esa posibilidad. La definición dependerá de la fecha final de la actividad y del resto de los compromisos presidenciales. Toyota anunció una inversión de alrededor de US$1340 millones vinculada con su nueva etapa de producción de vehículos electrificados en la Argentina.

Neuquén y San Juan también figuran entre los destinos que el Gobierno ya tiene previstos. Son dos de las provincias con mayor concentración de proyectos de gran escala: la primera por los desarrollos vinculados con Vaca Muerta y la infraestructura energética, y la segunda por las inversiones mineras, especialmente en cobre.

En Neuquén, el mapa oficial del RIGI incluye proyectos como Rincón de Aranda, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y distintas obras que alcanzan a Vaca Muerta. A esos desarrollos se sumó recientemente la aprobación del proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para Bajo del Choique-La Invernada, con una inversión informada de US$12.400 millones durante 25 años.

San Juan, en tanto, concentra algunas de las mayores inversiones mineras aprobadas bajo el régimen. Entre ellas aparecen Vicuña, Los Azules y las ampliaciones de Veladero, que forman parte de la cartera que el Ejecutivo pretende exhibir cuando las iniciativas entren en etapas visibles de ejecución.

El gobierno de Javier Milei apelará el fallo por el financiamiento universitario y buscará evitar la ejecución inmediata de los recursos establecidos por la ley. La decisión ya fue tomada y la Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia que llevará adelante el Ejecutivo en la próxima instancia judicial.

La presentación buscará revertir la sentencia dictada este martes por el juez federal Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del decreto con la que el Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

En la Casa Rosada consideran que todavía existen herramientas jurídicas para discutir la resolución y, en paralelo, analizan otras alternativas vinculadas al impacto presupuestario que tendría la ejecución de la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señalaron desde la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, a Infobae.

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El argumento que llevará el Gobierno a la Justicia

Uno de los principales puntos de la estrategia oficial volverá a ser el origen de los recursos necesarios para financiar la ley.

El Ejecutivo sostiene que su aplicación demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos y argumenta que corresponde al Congreso establecer las partidas con las que se afrontará ese gasto. Para la administración nacional, avanzar sin esa definición podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos económicos de la gestión.

El Gobierno también vincula la disputa con el proyecto de Presupuesto 2027, que ya fue enviado al Congreso y deberá ser debatido por los legisladores.

“El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, sostuvo una fuente del entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El planteo oficial se contrapone con el criterio expresado por Cormick. El magistrado consideró que la propia Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos para afrontar las erogaciones, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias y utilizar mayores ingresos provenientes de la recaudación.

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El Gobierno descarta negociar con las universidades

Mientras prepara la apelación, el Ejecutivo también descartó abrir una instancia de negociación con las casas de estudio para acordar la implementación de la ley.

“No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, afirmaron desde el entorno de Pettovello. De esta manera, la Casa Rosada apuesta a continuar la discusión por la vía judicial.

Desde el sector universitario ya esperaban una reacción de este tipo. Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticiparon que continuarán reclamando el cumplimiento de la norma mientras avance el proceso judicial.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, sostuvo una autoridad del organismo.

La disputa se trasladará ahora a una nueva instancia judicial mientras el oficialismo enfrenta, en paralelo, la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. La definición será clave para determinar si el Ejecutivo debe afrontar los desembolsos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario en los términos reclamados por las universidades.

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