El largo brazo de la ley china tiene tantos miles de kilómetros que resulta imposible de medir. El Decreto N° 835 -“Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”- es un ejemplo de este nuevo paradigma legal que impone el régimen comandado por Xi Jinping para ciudadanos, empresas e instituciones chinas radicadas en el extranjero.

Hace pocos días, Infobae publicó la entrada en vigor de una ley que restringía la libertad de conciencia de sus ciudadanos no ya dentro de su territorio sino también fronteras afuera. Se trataba de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” que comprime a la mínima expresión las etnias menos representativas del país priorizando una “unidad nacional” cuyos criterios quedan en consideración del Partido Comunista Chino (PCC). Estertores de la Gran Revolución Cultural Proletaria de 1966 donde se resaltaba la figura de Mao Tse-Tung. Ahora, el objetivo es resaltar el pensamiento de Xi y del PCC. Esa purga terminó con la vida de millones de personas.

Pero el Decreto N° 835 no busca (únicamente) perseguir la conciencia de sus ciudadanos radicados en el extranjero, sino obligarlas a dirimir un dilema legal que hasta ahora no contemplaban: cumplir las leyes de los países donde son residentes o circunscribirse a las normas del régimen de Beijing. Este intríngulis procesal coloca a una empresa, una institución o un simple inmigrante chino en una situación en la que se verá atrapado entre dos obligaciones legales incompatibles.

El reglamento del régimen dice expresamente que China responderá a lo que denomina “jurisdicción extraterritorial injustificada”. El objetivo apunta a las sanciones, restricciones y controles impuestas por otros estados.

En su Artículo 6, el decreto establece:

“El departamento competente en materia de Estado de derecho del Consejo de Estado, conjuntamente con otros organismos competentes, llevará a cabo la identificación de las medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada adoptadas por Estados extranjeros y podrá realizar investigaciones y consultas con las partes extranjeras, entre otras actuaciones. Las organizaciones y personas podrán proponer al citado departamento el inicio del procedimiento de identificación.

Para llevar a cabo dicha identificación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

Si la medida infringe el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales;

Si existe una conexión apropiada entre el acto sometido a jurisdicción extraterritorial y el Estado extranjero que pretende ejercerla;

Si la medida perjudica la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China, o lesiona los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas;

Cualquier otra circunstancia que deba ser considerada.

Cuando, tras el procedimiento de identificación, se determine que una medida constituye una medida de jurisdicción extraterritorial injustificada de un Estado extranjero, el departamento competente del Consejo de Estado podrá anunciar oficialmente dicha determinación. Ninguna organización ni persona podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas.

Cuando, por circunstancias especiales, un ciudadano u organización chinos necesiten ejecutar o colaborar en la ejecución de dichas medidas, deberán solicitar autorización al departamento competente del Consejo de Estado, exponiendo los hechos, los fundamentos y el alcance de la actuación requerida. Una vez aprobada conforme al procedimiento de decisión del Mecanismo de Trabajo, podrán ejecutarlas únicamente dentro del ámbito expresamente autorizado».

El texto es claro. Intimidante. Cuando el régimen considere que un estado extranjero -ya sea mediante una sanción, control o restricción- pretenda ejercer su jurisdicción, ningún ciudadano podrá cumplir o colaborar en su ejecución, salvo que Beijing -mediante el Consejo de Estado– lo autorice.

Es decir, una corporación china con una filial en Brasil o un ciudadano chino dueño de un restaurante en Madrid son obligados a cumplir con determinados requisitos por una ley (brasileña o española, de acuerdo al ejemplo) que los conmina a colaborar con las autoridades locales por filtración de datos. Sin embargo, si China considera que esa normativa son “extraterritorialmente injustificadas”, esas entidades chinas comprometidas podrían recibir dos órdenes simultáneas e incompatibles: la ley local le exige cumplir; la ley china le exige no cumplir.

Pero el Decreto N° 835 es aún más ambiguo, lo que lo convierte en más riesgoso para sus emigrantes y empresas en el extranjero. El Artículo 4 afirma que el régimen podrá ejercer “jurisdicción extraterritorial” cuando exista una “conexión apropiada” con China. El problema es que ese concepto no está definido y puede abarcar indistintamente a: ciudadanos chinos, empresas, filiales, financieras, tecnología, datos. La vaguedad de su texto es lo que hace temeraria y discrecional a la ley.

El Consejo de Estado es quien tendrá plena autoridad para decidir si se aplica o no la ley local de acuerdo a cada caso. Las autoridades chinas podrán identificar las medidas extranjeras, prohibir su cumplimiento, ordenar inspecciones tanto a empresas como a particulares, imponer entrevistas, ordenar no cumplir la norma, sancionar a esas empresas, restringirle inversiones y hasta congelar sus activos.

Otro punto intimidante es el que se desprende de los Artículos 12 y 13. En ellos se obliga a las compañías a cooperar con las investigaciones y obedecer las órdenes administrativas. La negativa de esta “colaboración” podría derivar en sanciones. En ninguna línea del texto se enumeran garantías procesales comparables a las que suelen exigirse en sistemas donde un poder judicial independiente revisa plenamente la actuación de la administración.

El Artículo 14 también es contundente. Alienta a generar denuncias entre entidades que se sientan afectadas por algún “traidor” que cumpla con leyes en el extranjero. “Cuando una organización o persona ejecute o colabore en la ejecución de medidas extranjeras de jurisdicción extraterritorial injustificada, lesionando con ello los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán interponer, conforme a la ley, una demanda ante los tribunales populares para solicitar el cese de la infracción y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos”.

Además de la persecución de sus ciudadanos, la ley podría derivar en conflictos bilaterales. La intromisión del régimen chino en cuestiones administrativas locales generarían tensión entre los países involucrados que verían cómo Beijing intenta influir en decisiones tomadas fuera de su territorio. Esta presión podría extenderse, además, a otras represalias del estado comandado por Xi Jinping contra los países que quieran cumplir sus leyes.

Esto fue lo que ocurrió en Panamá, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria otorgado a Panama Ports Company (filial de la empresa china CK Hutchison) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal, calificando el acuerdo de “leonino” y lesivo para los intereses del país, lo que se tradujo en un conflicto bilateral y una presión monumental de Beijing sobre la nación centroamericana. El régimen comenzó una serie de contramedidas comerciales absurdas contra empresas panameñas y exigió al gobierno de José Raúl Mulino a desatender la decisión del máximo tribunal judicial del país.

A la Corte panameña no le tembló el pulso y respondió con altura republicalos ataques desde China: “Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión“, dijo la presidenta del máximo tribunal María Cristina Chen Stanziola.

El Decreto N° 835 no sólo apunta a mantener sobre sus márgenes legales a las empresas chinas, sino también actúa como una advertencia para aquellas naciones que hacen negocios con China. Delicias de una autocracia imperial.

X: @TotiPI

Manny Rutinel, a far-left state legislator and House candidate in Colorado’s 8th Congressional District, voted in support of a bill that instructed courts to take pronoun use into consideration as a factor when deciding child custody cases.

In particular, the Kelly Loving Act required courts to deem «deadnaming» and «misgendering» as a kind of coercive control

«A court shall consider reports of coercive control when determining the allocation of parental responsibilities in accordance with the best interest of the child,» the bill initially read when Rutinel voted for it.

MAMDANI COMPARISONS FOLLOW COLORADO DEMOCRAT INTO PIVOTAL HOUSE RACE AFTER PRIMARY WIN

Rutinel’s past vote in favor of the package is drawing scrutiny as he wages a bid to unseat incumbent Rep. Gabe Evans, R-Colo., in one of the country’s most competitive congressional races, raising questions about his position on parental authority when it comes to issues like gender.

To at least one Republican strategist, the vote speaks for itself.

«Far-left liberal Manny Rutinel wants the government to take away your kids if you don’t adopt his radical transgender agenda. Disgusting and disqualifying. Rutinel will be resoundingly rejected by Coloradans this fall,» Zach Bannon, a spokesperson for the National Republican Congressional Committee, said in a statement to Fox News Digital.

Rutinel’s office did not immediately respond to a request for comment on the bill or what led him to support it.

The Kelly Loving Act, named after a 40-year-old transgender woman who was one of the five victims in the 2022 Club Q mass shooting in Colorado Springs, deals largely with how the state plans to handle preferred pronouns.

It would allow residents to change the sex designation on official documents like birth certificates and state identification and, for schools that make policies about names, instruct education providers to include «all reasons» that a student might adopt a name different from their legal one.

BILL REPLACING ‘MOTHER’ AND ‘FATHER’ WITH GENDER-NEUTRAL TERMS PASSES IN NEW YORK, HEADS TO HOCHUL’S DESK

Colorado State capitol building photographed in Denver, Colorado on Wednesday, May 11, 2022. (Hyoung Chang/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)

The bill would also make it a «discriminatory practice» and unlawful to publish materials that misgender a person.

The bill passed out of the Colorado House of Representatives in a 40-24 vote.

At the time of its passage, the bill drew criticism from groups like the Colorado Parent Advocacy Network that filed lawsuits against the bill, citing First Amendment concerns.

«The Act’s new definition of ‘gender expression’ is unconstitutionally overbroad,» their lawsuit read.

«Because it covers any treatment based on the use of a ‘chosen name’ or other forms of preferred ‘address,’ it punishes many forms of constitutionally protected speech.»

Notably, Colorado Gov. Jared Polis, like Rutinel, did not issue a statement at the time of its passage despite controversy that had made it a matter of national attention.

Although the bill passed both chambers of the Colorado State legislature and was signed into law in May 2025, some of the most controversial provisions, including misgendering, were stripped out weeks after Rutinel’s vote. A number of cases, including the one from Colorado Parent Advocacy Network, are still under consideration.

COLORADO SUPREME COURT ORDERS CHILDREN’S HOSPITAL TO RESUME GENDER TRANSITION TREATMENTS FOR MINORS

WASHINGTON, DC – MARCH 4: U.S. Rep. Gabe Evans (R-CO) speaks at a news conference at the Republican National Committee after a meeting of the House Republican Conference on March 4, 2025 in Washington, DC. Republicans discussed their party’s priorities ahead of President Trump’s first joint address to Congress since returning to the White House. (Photo by Tierney L. Cross/Getty Images)

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Having clinched the Democratic nomination for his congressional bid last week, Rutinel will face off against Evans in the state’s general election on Nov. 3.

Evans won his seat in 2024 in a 49.0% to 48.2% victory over Democratic incumbent Rep. Yadira Caraveo, D-Colo.

Pocas voces poseen la capacidad de Abdulrazak Gurnah para transformar el dolor del desarraigo en una radiografía geopolítica implacable. Cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2021, el mundo occidental se vio obligado a mirar hacia una realidad que prefería mantener bajo la alfombra de la burocracia fronteriza. “Hay una especie de mezquindad y avaricia por parte de estas naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente”, dijo poco después en una entrevista con The New York Times.

La frase no fue un exabrupto; fue la destilación de una vida entera dedicada a observar cómo los imperios cierran sus puertas a las mismas vidas que previamente desarticularon. Para comprender el peso de estas palabras, es necesario viajar al territorio donde Gurnah mejor despliega sus herramientas: la ficción de su celebrada novela A orillas del mar. Publicada originalmente en 2001, es considerada por la crítica internacional como la obra más política, filosófica y madura del autor.

La trama sigue el cruce de dos vidas rotas: Saleh Omar, un comerciante de Zanzíbar de 65 años que llega al aeropuerto de Gatwick con un pasaporte falso y una caja de incienso, y Latif Mahmud, un poeta e intelectual de su misma tierra exiliado en Londres hace décadas. El libro posee una importancia fundacional en la literatura poscolonial porque invierte la mirada tradicional del viajero: aquí el territorio europeo no es un espacio de libertad o iluminación, sino un laberinto kafkiano de hostilidad.

En las primeras páginas de A orillas del mar, Saleh Omar describe los centros de detención británicos con una sobriedad asfixiante, donde la “amabilidad” no existe como un valor humano, sino como una transacción económica racionada por el Estado. Es precisamente en ese escenario de ficción donde la famosa frase del autor encuentra su genealogía. La “mezquindad” que Abdulrazak Gurnah denunció ante la prensa en 2021 es la misma que Saleh Omar experimenta en la novela veinte años antes.

No se trata únicamente de un rechazo físico en una frontera, sino de una avaricia moral: la negativa de las naciones ricas a compartir el bienestar económico y la seguridad que, paradójicamente, construyeron expoliando los recursos del hemisferio sur. La idea que transmite la frase resume de manera perfecta el corpus ideológico de su autor por tres razones fundamentales. La primera, la denuncia de la amnesia colonial: para el escritor, la s potencias occidentales padecen una pérdida de memoria selectiva.

En segundo lugar, el desmontaje del lenguaje burocrático: al utilizar palabras con tanta carga ética como “mezquindad” y “avaricia”, el Nobel le quita a la política migratoria su disfraz técnico. De este modo, no se trata de un problema de “capacidad de absorción” o de “cuotas migratorias”; se trata de una decisión moral de exclusión. Y en tercer lugar, la restitución de la complejidad humana: al refugiado le devuelve su historia, sus contradicciones, sus secretos y su dignidad frente al desprecio institucional.

El valor de la literatura de Abdulrazak Gurnah —y la razón por la cual su voz sigue siendo una referencia incómoda— radica en que sus textos no envejecen porque las fronteras reales del mundo continúan cerrándose con la misma violencia silenciosa. La potencia de sus palabras nos deja una advertencia filosófica: la verdadera decadencia de una sociedad próspera no se mide por la caída de sus mercados, sino por el tamaño de la mezquindad con la que protege sus privilegios frente al llamado de auxilio del otro.

Abdulrazak Gurnah nació en 1948 en Zanzíbar, una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas de la costa oriental de África. Es un reconocido escritor y académico afincado en el Reino Unido desde los 18 años, donde se exilió debido a la persecución política y desarrolló una carrera como profesor de literatura poscolonial en la Universidad de Kent. Galardonado con el Nobel de Literatura en 2021, su obra se centra en el impacto del colonialismo y la experiencia de los refugiados.

Su consagración literaria se construyó a través de una decena de ficciones imprescindibles, entre las que destacan Paraíso (1994), una obra fundamental nominada al Premio Booker que narra la pérdida de la inocencia en una África Oriental al borde de la colonización, y Precario silencio (1996), que explora el peso psicológico de un inmigrante que regresa a su tierra natal. A estas piezas se suman novela A orillas del mar (2001), de El desertor (2005), El último regalo (2011), y La vida, después.