La mora crediticia explotó en Argentina. Más de 6,3 millones de adultos ya tienen problemas serios para pagar sus créditos, préstamos y tarjetas. El fenómeno avanza a velocidad alarmante y empieza a revelar grietas profundas en la economía de las familias.

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia encendió las alarmas. El trabajo muestra que la irregularidad bancaria en créditos a familias saltó de 2,9% en febrero de 2025 a 11,2% en febrero de 2026. Es decir: se cuadriplicó en apenas un año.

El estudio advierte que el avance de la incobrabilidad pareciera ser más un resultado no deseado de la política económica que un problema de decisiones individuales. La magnitud del fenómeno impacta: 1 de cada 6 mayores de 18 años ya está en situación irregular.

Si se incorpora el segmento no bancario —financieras, billeteras digitales, otros préstamos—, la mora total ya supera el 14%. El deterioro es generalizado y extremadamente rápido.

La economía argentina muestra algunos brotes verdes en la superficie. La inflación desacelera, el dólar permanece relativamente estable, ciertos sectores vuelven a crecer. Pero debajo de esa foto macro aparece otra realidad mucho más incómoda: miles de familias perdieron la capacidad de sostener sus compromisos financieros.

El salario real se derrumbó y arrastró todo

La explicación principal del fenómeno aparece en la evolución del ingreso. El estudio del Bapro remarca que el salario mediano de trabajadores públicos y privados cayó respecto de 2023. El rebote observado hacia fines de 2024 terminó desinflándose rápidamente.

«Lo que parecía ser un rebote acelerado se transformó en una caída secular», señala el documento. Incluso quienes mantuvieron el empleo formal comenzaron a perder capacidad de pago.

El deterioro salarial golpeó tanto a sectores públicos como privados. La recuperación prometida nunca llegó con la fuerza esperada. Y el poco repunte que hubo quedó inmediatamente devorado por otro factor clave: el salto brutal de los gastos fijos.

Tarifas que crecieron el doble que los salarios

En los últimos dos años, las tarifas de gas y electricidad crecieron más del doble que el salario mediano. Ese salto provocó un fuerte deterioro del ingreso disponible de las familias.

El incremento de los servicios inelásticos —aquellos donde no se puede ajustar su consumo— provocó que el ingreso una vez descontadas las tarifas se contrajera casi el doble que el ingreso total: -13,2% para usuarios con subsidios y -11,7% para usuarios sin subsidios.

Las tarifas se convirtieron en un problema estructural. No importa si el salario nominal creció o si la inflación bajó: si los servicios básicos aumentan el doble, el ingreso disponible se desploma.

«En síntesis, menos poder adquisitivo y más gastos fijos motivaron el salto en la irregularidad de cartera», resume el Bapro. La ecuación es simple pero letal: menos plata en el bolsillo, más compromisos imposibles de sostener.

Los jóvenes quedaron en el peor lugar

Uno de los datos más delicados del informe aparece entre los menores de 25 años. Más del 40% de los jóvenes que tomaron créditos ya tiene problemas para pagarlos. Hace apenas un año, ese número rondaba el 25%.

El deterioro coincide con el aumento del desempleo juvenil. Según datos del Indec citados en el informe, la desocupación creció 3,7 puntos entre varones jóvenes y 3 puntos entre mujeres menores de 24 años. En el resto de la población, el aumento fue mucho menor.

La combinación resultó explosiva: salarios deteriorados, empleo más precario y acceso masivo al crédito. Miles de jóvenes financiaron gastos cotidianos esperando una recuperación salarial que nunca llegó. Ahora no pueden salir.

El fenómeno juvenil revela algo más profundo: una generación entera perdiendo capacidad de ahorro y proyección a futuro. El endeudamiento temprano los deja en una situación de extrema vulnerabilidad financiera.

Santa Cruz lidera el deterioro provincial

El fenómeno también muestra fuertes diferencias geográficas. Las provincias donde más cayó el empleo formal fueron justamente las que registraron mayores aumentos en mora.

Santa Cruz lidera el deterioro: perdió 16% de los puestos de trabajo registrados y la irregularidad crediticia saltó 13,8 puntos porcentuales. Tierra del Fuego y Formosa muestran dinámicas similares.

Pero el informe destaca un dato llamativo: en provincias donde sí se creó empleo, como Neuquén y Río Negro, la mora también siguió creciendo. Eso refleja que el problema ya excede únicamente al desempleo.

La morosidad empieza a vincularse con un deterioro más profundo del poder adquisitivo y del consumo. No alcanza con tener trabajo: si el salario no alcanza para cubrir gastos básicos, la deuda se vuelve impagable igual.

El crédito que sostuvo el consumo ahora es un freno

Durante 2024 y parte de 2025, el crédito funcionó como una especie de puente para sostener el consumo pese a la caída de ingresos. Muchas familias financiaron gastos cotidianos esperando una recuperación salarial más rápida.

Pero ahora aparece el costo de esa dinámica. El Banco Provincia advierte que buena parte de los futuros aumentos salariales podrían destinarse a cancelar deudas atrasadas en lugar de impulsar nuevamente el consumo. En otras palabras: el endeudamiento que ayudó a amortiguar la crisis podría transformarse ahora en un freno para la recuperación económica.

El problema dejó de ser individual para convertirse en estructural. La mora ya no refleja malas decisiones aisladas sino un deterioro generalizado de la situación económica de los hogares argentinos.

Y detrás de la explosión de la mora aparece una conclusión incómoda para toda la economía: el fenómeno tiene causas múltiples, profundas y difíciles de revertir en el corto plazo.

El FMI consideró que bajar la inflación a un dígito en Argentina podría demorar entre tres y cuatro años adicionales. La advertencia surgió de los documentos vinculados a la segunda revisión del acuerdo con el país, difundidos este viernes.

El organismo planteó la necesidad de modificar la estrategia económica actual. Recomendó avanzar hacia un esquema de metas de inflación con mayor flexibilidad cambiaria.

«El proceso de bajar la inflación de dos o tres dígitos suele ser rápido, pero consolidarla en un solo dígito toma en promedio entre tres y cuatro años adicionales», señaló el FMI en el Staff Report.

La evaluación del Fondo contrastó directamente con los pronósticos de Javier Milei, quien aseguró en distintas oportunidades que la inflación se desaceleraría rápidamente y llegó a anticipar, a fines de marzo, que el índice comenzaría con cero a partir de agosto.

El diagnóstico del organismo fue más allá. El dólar todavía no se encuentra en situación de equilibrio, según el FMI.

Será necesario modificar el esquema económico actual. El objetivo es pasar gradualmente hacia un modelo de metas de inflación.

Por qué el FMI pide cambiar el esquema cambiario argentino

El Fondo advirtió sobre la necesidad de fortalecer la acumulación de reservas del Banco Central. También recomendó flexibilizar la política cambiaria.

El riesgo identificado es claro: una apreciación excesiva del peso que afecte la competitividad externa del país.

Según el organismo, el frente externo argentino continúa siendo vulnerable. Las reservas del Banco Central cubren apenas el 38% de la métrica considerada adecuada.

La situación se agrava con otro dato: la deuda pública externa equivale al 197% de las exportaciones del país.

Para mejorar esa fragilidad externa, el FMI remarcó la importancia de sostener «un tipo de cambio competitivo» y alertó sobre los riesgos del ingreso masivo de divisas provenientes de sectores como la energía y la minería, que podrían generar el denominado «mal holandés», fenómeno donde un fuerte flujo de dólares aprecia la moneda local y castiga la competitividad industrial.

El organismo sostuvo que «un tipo de cambio más flexible seguirá siendo fundamental para absorber los shocks externos». Esta flexibilidad debería acompañarse con mecanismos de ahorro de las ganancias extraordinarias del boom exportador.

La propuesta del FMI implicó abandonar el uso del tipo de cambio como ancla rígida para controlar precios. En su lugar, recomendó avanzar hacia una flotación más flexible.

En ese esquema, el dólar funcionaría como amortiguador frente a crisis externas, no como instrumento de control inflacionario.

El FMI insiste en eliminar las retenciones al campo

El organismo volvió a pronunciarse a favor de eliminar gradualmente los impuestos al comercio exterior. El foco está puesto especialmente en las retenciones al agro.

Según los cálculos del FMI, la eliminación total de esos tributos permitiría aumentar un 10% las exportaciones de granos y oleaginosas.

El impacto económico sería significativo. Se sumarían unos u$s5.000 millones anuales en exportaciones adicionales.

El organismo estimó además un incremento de 0,4% en el PBI como consecuencia directa de esa medida.

Las críticas del Fondo a la estrategia monetaria de Milei

El FMI también marcó diferencias con la política monetaria actual del Gobierno. Señaló que, con una inflación todavía en niveles de dos dígitos, sostener metas rígidas sobre agregados monetarios puede generar alta volatilidad.

Esa volatilidad afectaría tanto las tasas de interés como la actividad económica real del país.

Por ese motivo, el organismo recomendó avanzar gradualmente hacia un régimen de metas de inflación. Este esquema debería sustentarse en la tasa de interés de referencia.

Las recomendaciones del FMI en este punto generaron cuestionamientos entre economistas locales. Consideran que ese esquema suele ser más efectivo en contextos de inflación más baja.

También advierten sobre la necesidad de mantener un ancla cambiaria más fuerte mientras persistan niveles elevados de inflación.

Qué reforma tributaria propone el Fondo para Argentina

En materia impositiva, el FMI propuso una profunda reforma del sistema tributario argentino. El diagnóstico del organismo fue contundente.

El esquema actual es complejo, inestable y altamente distorsivo. Cuenta con más de 155 impuestos vigentes.

Existe además una fuerte dependencia de tributos vinculados al comercio exterior, las transacciones financieras y los Ingresos Brutos provinciales.

Entre las principales propuestas del organismo figuró ampliar la base del impuesto a las Ganancias para que al menos el 20% de los trabajadores formales tribute ese gravamen, revisar el régimen de Monotributo para evitar distorsiones y establecer una alícuota corporativa plana del 30%.

El FMI también sugirió eliminar exenciones impositivas y unificar alícuotas del IVA. Propuso además avanzar en una reforma fiscal provincial.

El cambio más ambicioso: reemplazar progresivamente Ingresos Brutos por un IVA dual provincial-federal. El plazo propuesto para esta transición es de diez años.

Según las estimaciones del organismo, una reforma integral podría generar recursos adicionales equivalentes al 3,3% del PBI.

Esos recursos surgirían de tres fuentes: ampliación de la base tributaria, reducción de beneficios fiscales y mayor recaudación de impuestos patrimoniales provinciales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último staff report, hizo referencia a la decisión del Gobierno de postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, en medio de la salida de su ex titular Marco Lavagna; y consideró que existen “deficiencias” en otras mediciones.

En ese marco, el organismo sostuvo que es necesario adoptar nuevas regulaciones para el instituto estadístico, en línea con las mejores prácticas internacionales.

“La calidad de los datos es, en términos generales, adecuada para las tareas de supervisión, aunque presenta algunas deficiencias”, indicó.

En primer lugar, el documento del Fondo apuntó que una mayor transparencia en el balance del BCRA y en la presentación de información financiera constituye un paso positivo hacia el fortalecimiento de las estadísticas monetarias y financieras, a medida que la autoridad monetaria avanza en la alineación de sus prácticas con las normas contables nacionales e internacionales.

“Las estadísticas fiscales también son adecuadas para la supervisión, aunque podría mejorarse la información sobre las operaciones ‘por debajo de la línea’ (pagos de intereses de bonos cupón cero)”, señaló el FMI.

En ese sentido, el reporte señaló que, si el componente real de los intereses capitalizados de los bonos cupón cero se registrara dentro del resultado fiscal (“por encima de la línea”), el déficit total ascendería a aproximadamente 0,8% del PBI.

En tanto, el FMI remarcó que “a pesar de que la cobertura es en general adecuada, persisten brechas en varias áreas que dificultan la supervisión”.

Mencionaron que “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado desactualizada la metodología y menos representativa de la actual canasta de consumo”.

Cabe recordar que en febrero pasado se conoció que la actualización de las ponderaciones y categorías del IPC basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que le da mayor peso a los servicios como vivienda, transporte y comunicaciones y reduce la incidencia de alimentos, sería postergada hasta nuevo aviso.

De acuerdo al Fondo, las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté “firmemente consolidado”.

El staff report de agosto del año pasado estipulaba que la nueva medición entre en vigencia a fines de 2025, “con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

Además, en su Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA había admitido: “Se prevé que el nuevo IPC aumente significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando así su representatividad”.

En octubre del año pasado, el Indec había comunicado oficialmente que en enero se empezaría a aplicar el IPC actualizado. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió y la disputa con el Ejecutivo derivó en la salida de Lavagna a principios de febrero, más precisamente a 8 días de la publicación.

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Caputo, aseguró que “el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024”.

Como referencia, con el nuevo IPC, la inflación de abril habría sido de 3% en lugar de 2,6%, como se informó oficialmente, según estimaciones de Equilibra. La diferencia responde al aumento de combustibles y el peso que este tiene en ambas mediciones.

En otro orden, el FMI remarcó que “las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a granularidad y precisión, en parte debido al uso de un año base desactualizado”.

Las estadísticas del sector externo, a criterio del organismo, también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados fuera del comercio de bienes solo están disponibles trimestralmente y con un rezago de tres meses.

Por último, el FMI enfatizó: “El marco institucional que regula al INDEC necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades destinados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”.