La inminente discontinuación del Citroën Berlingo en la planta bonaerense de Palomar, representa el cierre, al menos por el momento, de una historia de producción nacional de vehículos de la marca francesa comenzó en 1960, y en la que se fabricaron modelos icónicos como el 2CV y 3CV, hasta el moderno C4 Lounge como último vehículo de pasajeros.

No será, sin embargo, la primera vez Citroën interrumpe sus operaciones industriales en el país, ya que desde 1979 a 1990, entre la finalización del ciclo productivo de los populares 3CV y Ami 8, hasta el retorno con la fusión entre Citroën y Peugeot en PSA, tampoco se fabricaron vehículos de la marca en el país.

Con el advenimiento de Stellantis, la fabricación local quedó reservada exclusivamente al Citroën Berlingo furgón y pasajeros, en una planta en la que tomó mayor relevancia Peugeot, que además del furgón equivalente de la línea Partner, se focalizó fuertemente en los modelos 208 y 2008 como principales productos.

La finalización del ciclo de los actuales utilitarios livianos de Stellantis en la planta de Palomar, que Infobae adelantó en abril, se deba a dos razones de peso tan fuertes una como la otra. Por un lado está la antigüedad de los dos modelos, que data de 1998 en su primera generación, y que requería una inversión de grandes proporciones para un segmento de nicho, de poco volumen de ventas, que pesaba un 5,5% hace tres años y hoy apenas está en un 2,5% del total de autos patentados en el mercado local.

La segunda es la posibilidad de renovar los actuales furgones de ambas marcas por la nueva generación europea que gracias al acuerdo comercial entre los mercados del Mercosur y la Unión Europea, ahora pueden ser importados con un arancel extrazona del 17,5% en lugar del 35% normal que rige para todos los vehículos extrazona fuera de algún tipo de cupo.

Stellantis confirmó la semana pasada la convivencia de ambos modelos por algún tiempo, debido a que todavía queda un remanente de unidades en el giro industrial que ocuparán parte de junio, y quedan unidades en el stock de la fábrica y la red de concesionarios. Esa convivencia también se debe a que el nuevo modelo tiene un mayor equipamiento y tecnológica, y pertenece a un segmento superior, ya que el viejo Berlingo es un furgón B y el nuevo pertenece al segmento C.

Los nuevos Berlingo y Partner se fabrican en España, están montados sobre la plataforma EMP2 de Stellantis que también se usa en modelos de DS y Opel en Europa, serán presentados oficialmente el próximo mes en Argentina, ya que el primer embarque de unidades ya está en el puerto de Zárate en proceso de nacionalización.

Mientras Peugeot seguirá fabricando en Argentina los modelos de dos segmentos como b-Hatch con el Peugeot 208 y B-SUV con el Peugeot 2008, Citroën ya no ofrecerá modelos de producción local y combinará autos provenientes de Brasil con los europeos de reciente lanzamiento.

El portafolio de productos Citroën quedará conformado por los actuales C3, Basalt y Aircross que se producen en Brasil dentro del programa CCubo que le posibilitaron a la marca pasar de un 2,8 a un 4% de participación en el mercado argentino como tiene actualmente, a los que se sumaron dos modelos franceses de la franja media y media alta de precios, con los tecnológicos Citroën C4 Hybrid y el recientemente lanzado Citroën C5 Aircross.

La otra novedad del segmento de los utilitarios livianos tipo furgón es que en agosto se producirá el lanzamiento otro modelo, aunque solo de Peuegot, y también proveniente de Brasil. Es el Peugeot Partner Rapid, que comparte la plataforma y motorización con el actual Fiat Fiorino, y que le permitirá a la marca ofrecer un modelo de menor porte que permitirá a los usuarios que no necesiten un utilitario de mayor capacidad que el nuevo modelo europeo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último staff report, hizo referencia a la decisión del Gobierno de postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, en medio de la salida de su ex titular Marco Lavagna; y consideró que existen “deficiencias” en otras mediciones.

En ese marco, el organismo sostuvo que es necesario adoptar nuevas regulaciones para el instituto estadístico, en línea con las mejores prácticas internacionales.

“La calidad de los datos es, en términos generales, adecuada para las tareas de supervisión, aunque presenta algunas deficiencias”, indicó.

En primer lugar, el documento del Fondo apuntó que una mayor transparencia en el balance del BCRA y en la presentación de información financiera constituye un paso positivo hacia el fortalecimiento de las estadísticas monetarias y financieras, a medida que la autoridad monetaria avanza en la alineación de sus prácticas con las normas contables nacionales e internacionales.

“Las estadísticas fiscales también son adecuadas para la supervisión, aunque podría mejorarse la información sobre las operaciones ‘por debajo de la línea’ (pagos de intereses de bonos cupón cero)”, señaló el FMI.

En ese sentido, el reporte señaló que, si el componente real de los intereses capitalizados de los bonos cupón cero se registrara dentro del resultado fiscal (“por encima de la línea”), el déficit total ascendería a aproximadamente 0,8% del PBI.

En tanto, el FMI remarcó que “a pesar de que la cobertura es en general adecuada, persisten brechas en varias áreas que dificultan la supervisión”.

Mencionaron que “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado desactualizada la metodología y menos representativa de la actual canasta de consumo”.

Cabe recordar que en febrero pasado se conoció que la actualización de las ponderaciones y categorías del IPC basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que le da mayor peso a los servicios como vivienda, transporte y comunicaciones y reduce la incidencia de alimentos, sería postergada hasta nuevo aviso.

De acuerdo al Fondo, las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté “firmemente consolidado”.

El staff report de agosto del año pasado estipulaba que la nueva medición entre en vigencia a fines de 2025, “con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

Además, en su Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA había admitido: “Se prevé que el nuevo IPC aumente significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando así su representatividad”.

En octubre del año pasado, el Indec había comunicado oficialmente que en enero se empezaría a aplicar el IPC actualizado. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió y la disputa con el Ejecutivo derivó en la salida de Lavagna a principios de febrero, más precisamente a 8 días de la publicación.

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Caputo, aseguró que “el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024”.

Como referencia, con el nuevo IPC, la inflación de abril habría sido de 3% en lugar de 2,6%, como se informó oficialmente, según estimaciones de Equilibra. La diferencia responde al aumento de combustibles y el peso que este tiene en ambas mediciones.

En otro orden, el FMI remarcó que “las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a granularidad y precisión, en parte debido al uso de un año base desactualizado”.

Las estadísticas del sector externo, a criterio del organismo, también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados fuera del comercio de bienes solo están disponibles trimestralmente y con un rezago de tres meses.

Por último, el FMI enfatizó: “El marco institucional que regula al INDEC necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades destinados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”.

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 genera consultas y expectativas entre los trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado. Según la normativa argentina, la fecha límite para la acreditación del aguinaldo es el 30 de junio. Sin embargo, la legislación ofrece un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, lo que permite que algunas empresas efectúen el depósito hasta los primeros días de julio sin incurrir en infracción inmediata. Esta particularidad suele provocar dudas sobre cuándo y cómo proceder ante una demora.

El aguinaldo representa un ingreso adicional clave para millones de empleados. Quienes no lo perciban en tiempo y forma cuentan con instancias formales de reclamo y mecanismos administrativos y judiciales para exigir el pago. El proceso inicia con una consulta interna y puede escalar hasta una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o una demanda judicial.

La normativa vigente establece que el SAC debe acreditarse como fecha tope el 30 de junio. No obstante, el marco legal contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, lo que habilita a que el depósito se concrete en los primeros días de julio sin que la empresa quede automáticamente en mora. Esta flexibilidad busca contemplar situaciones administrativas o bancarias que puedan retrasar la operación, pero no habilita incumplimientos prolongados.

Para los jubilados y pensionados de ANSES, el cronograma difiere. El pago del aguinaldo se realiza junto con los haberes mensuales, en una ventana que va del 8 al 29 de junio, según el calendario oficial. Esta modalidad responde a la lógica de liquidación de haberes que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social y se ajusta a fechas predeterminadas para cada grupo de beneficiarios.

Ante la ausencia del depósito en la fecha límite—considerando el plazo de gracia—, los especialistas aconsejan agotar primero las instancias informales. El primer paso consiste en realizar una consulta con el área de Recursos Humanos o administración de la empresa. Muchas veces, las demoras responden a inconvenientes bancarios o administrativos que pueden resolverse en pocos días. Esta instancia permite obtener información sobre el estado del pago y detectar posibles errores sin necesidad de iniciar reclamos formales.

Cuando el pago no aparece transcurridos los cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio, el trabajador puede considerar que existe mora por parte del empleador. La siguiente acción recomendada implica enviar un telegrama laboral o carta documento intimando al empleador a abonar el monto adeudado. El telegrama laboral es gratuito y se gestiona a través del Correo Argentino. Los especialistas sugieren redactar este documento con asesoramiento de un abogado laboralista o del sindicato correspondiente, para evitar errores formales que puedan debilitar el reclamo.

El procedimiento requiere guardar comprobantes y constancias de todos los pasos realizados. Esta documentación resulta fundamental en caso de que el conflicto escale a instancias administrativas o judiciales. El proceso de reclamo formal debe seguir una secuencia clara: primero la consulta interna, luego la intimación formal y, de persistir el incumplimiento, la denuncia ante la autoridad laboral.

Si el empleador no regulariza la situación tras la intimación formal, la normativa habilita al trabajador a presentar una denuncia ante la Secretaría o Ministerio de Trabajo. Estos organismos pueden convocar a una audiencia de conciliación entre las partes o disponer inspecciones laborales. En estos casos, el empleador puede recibir sanciones y multas si se verifica el incumplimiento del pago del SAC dentro de los plazos legales.

El reclamo administrativo busca agotar las vías de solución antes de recurrir a la justicia. Si las gestiones ante el Ministerio de Trabajo no logran destrabar el pago, el trabajador tiene la opción de iniciar una demanda judicial a través de un abogado laboralista. En este escenario, la Justicia puede ordenar el pago del aguinaldo adeudado, sumar intereses por mora y establecer otras compensaciones económicas en favor del trabajador. Además, la falta de pago del SAC puede considerarse una falta grave del empleador y habilitar un reclamo por despido indirecto.

El telegrama laboral, como herramienta de intimación, representa una herramienta fundamental para el trabajador en la defensa de sus derechos. La gratuidad del trámite y su carácter formal permiten dejar constancia fehaciente del reclamo y constituyen una prueba válida ante las autoridades administrativas y judiciales.

El proceso para reclamar el aguinaldo exige rigor en el cumplimiento de los plazos y en la conservación de documentación. La consulta con Recursos Humanos o administración, la gestión formal del telegrama laboral y el seguimiento del proceso ante el Ministerio de Trabajo forman parte del circuito recomendado por especialistas.

El rol de los sindicatos y de los abogados laboralistas resulta relevante para orientar a los trabajadores en cada instancia del reclamo. La intervención de estos actores contribuye a evitar errores formales y a fortalecer la posición del trabajador ante eventuales conflictos con el empleador.

El aguinaldo se paga, por ley, durante junio o en los primeros días de julio. La normativa contempla situaciones excepcionales de demora, pero establece mecanismos claros para exigir el cumplimiento. El cobro del SAC representa un derecho adquirido para los trabajadores registrados y cuenta con herramientas legales y administrativas para garantizar su percepción.