ECONOMIA
Una reciente norma de la CNV reabrió un debate en el mercado: ¿puede usarse una cuenta de inversión para evitar el impuesto al cheque?
El 14 de mayo se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 1139 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), vigente desde el día siguiente.
Apenas se conoció la norma, parte del mercado bursátil comenzó a ofrecer servicios de gestión financiera para empresas —cobranzas y pagos a proveedores— con un mensaje explícito: “evitar el impuesto al cheque”. La reacción no solo fue inmediata; también abrió un debate tan sensible como controvertido.
El origen de ese “producto” radica en que la CNV eliminó una restricción de la normativa anterior: las ALyC no podían efectuar más de dos pagos diarios a sus clientes mediante cheques.
La RG 1139 fue dictada en el marco del proceso de desregulación y simplificación normativa que la CNV viene impulsando
Además, la resolución estableció expresamente que, cuando los cobros o pagos con clientes se realicen mediante cheques electrónicos (eCheq), no habrá límites en la cantidad de endosos, siempre que se garantice la trazabilidad tanto en la recepción como en la entrega de los fondos.
A partir de esa lectura, algunos operadores del mercado entendieron que las cuentas de inversión podrían convertirse en una herramienta de gestión de pagos empresariales y, por esa vía, en un mecanismo para eludir el impuesto al cheque. A nuestro juicio, esa conclusión desnaturaliza el alcance de la medida.
No debería perderse de vista que la RG 1139 fue dictada en el marco del proceso de desregulación y simplificación normativa que la CNV viene impulsando. Su objetivo principal es flexibilizar y ordenar aspectos regulatorios, especialmente en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
No hay elementos para sostener que la norma haya sido dictada para habilitar que las cuentas de inversión funcionen como cuentas bancarias. Tampoco para concluir que ahora puedan utilizarse, en forma general, como instrumentos de tesorería empresaria o como una vía legítima para “evitar el impuesto al cheque”.
Una cosa es reconocer una exención prevista por la ley y otra pretender convertir una cuenta de inversión en una cuenta para cancelar obligaciones comerciales
En ese punto, el status quo no cambió.
Dicho esto, también es cierto que el endoso de cheques está exento del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (IDCB). Esa exención no admite mayor discusión: en materia tributaria rige el principio de legalidad, por lo que los impuestos deben analizarse según lo que la ley efectivamente dispone.
Por ejemplo, una empresa que cobra mediante cheques puede endosarlos a su cuenta de inversión sin necesidad de depositarlos previamente en su cuenta bancaria. Ese endoso se encuentra exento del IDCB, lo que puede generar una eficiencia fiscal del 0,6%.
Atención, por favor: una cosa es reconocer una exención prevista por la ley y otra, muy distinta, pretender convertir una cuenta de inversión en una cuenta operativa para cancelar obligaciones comerciales. Ese límite —a nuestro entender— sigue vigente. Y para las empresas, confundir ambos planos puede traducirse en contingencias fiscales y regulatorias innecesarias.
En definitiva, la discusión no pasa por negar la existencia de determinadas eficiencias fiscales, sino por evitar interpretaciones forzadas de una norma que no fue concebida para rediseñar la operatoria de tesorería de las empresas.
El autor es socio de Lisicki Litvin & Abelovich
ECONOMIA
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- La primera: “Lograr más superávit fiscal, que requiere más ajuste fiscal en un año electoral y en el corto plazo a veces no funciona”.
- La segunda: aplicar una devaluación discrecional, opción que descartó porque “la devaluación pasa a precios muy rápido y se pierde rápido la ganancia de tipo real”.
- La tercera, y la que presentó con mayor potencial estructural: encarar reformas que eleven la productividad, lo que aprecia el tipo real de equilibrio y reduce la brecha con el tipo real de mercado.
ECONOMIA
Terminó el Coloquio IDEA: «El cambio más importante es dejar de pensar en el próximo año y pensar en los próximos 20»
- El primero apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica mediante políticas económicas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con los estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda.
- El segundo exige honrar los compromisos asumidos por el Estado, sin importar quién ni cuándo los haya contraído. Mignone lo repitió con énfasis: “Cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos, independientemente de quién, ni cuándo, los haya asumido”.
- El tercero reclama impulsar una economía competitiva y de alta productividad, con un sistema impositivo que acompañe a quienes producen y generan empleo. En ese punto, Mignone reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita eliminar los impuestos distorsivos, y recordó que se trata de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 30 años. “Los mandatos constitucionales no son optativos”, afirmó.
- El cuarto compromiso apunta a fortalecer la formalidad y combatir la evasión.
- El quinto, a promover la integración internacional a través de acuerdos comerciales alineados con las megatendencias globales.
- El sexto llama a asegurar una transición con inclusión social, con políticas de capacitación para los sectores más vulnerables e incorporación de la tecnología como herramienta.
- El séptimo plantea establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, con consensos entre actores políticos, económicos y sociales sobre el respeto institucional y la propiedad privada.
- El octavo exige avanzar en el fortalecimiento de la calidad institucional, con foco en la justicia: Mignone pidió un servicio judicial independiente, que resuelva en tiempos razonables y que destierre la discrecionalidad en la selección de jueces. “El Consejo de la Magistratura tiene para su tratamiento una propuesta de reforma del reglamento de selección de jueces, presentada por la Corte Suprema de Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló.
- El noveno y último compromiso convoca a promover una ética empresaria centrada en las personas, que priorice la transparencia y desterrar la corrupción, especialmente en el contexto de disrupción tecnológica e inteligencia artificial.
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