POLITICA
Víctor Pesino, el juez que salvó la reforma laboral de Milei, presentó un amparo para no perder su cargo
Víctor Pesino, el juez de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que falló en favor de la reforma laboral de Javier Milei, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años, edad máxima que la Constitución Nacional establece para que los jueces se jubilen, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.
Pesino logró el aval del Presidente, que envió su pliego al Senado un día después del fallo que suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral, lo que motivó todo tipo de suspicacias y fuertes críticas de la oposición y la CGT.
El 9 de junio, a su vez, acudió al Senado para defender su pliego, que luego de un acalorado debate por las críticas que le realizaron los senadores peronistas, logró dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados.
Pero los ecos del caso Adorni impusieron un freno en la actividad del Senado y el pliego de Pesino no llegó al recinto. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa una sesión en la Cámara alta el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.
Ante el riesgo de que esa sesión no se realice, el camarista decidió presentarse en la Justicia para obtener una cautelar que frene el cese en sus funciones y “le ordene al Ministerio de Justicia de la Nación que se abstenga de comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación la vacancia del cargo” que actualmente ocupa, hasta “que finalicen las sesiones ordinarias de este 2026″ en el Senado, según el escrito al que accedió .
Además, el juez indicó que reclamará la inconstitucionalidad del inciso 4º del artículo 99 de la Constitución Nacional −que fija el límite de los 75 años− y de un artículo de la resolución 226/2024 del Ministerio de Justicia que ordena abrir la vacancia de un cargo judicial cuando se alcanza la edad máxima.
En su presentación, Pesino relata las reuniones que mantuvo con el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el trámite de su pliego en el Senado, que quedó en condiciones de ser tratado en la sesión del 25 de junio pasado.
El camarista evita mencionar que el oficialismo dejó caer esa sesión para evitar la interpelación de Manuel Adorni. “Razones políticas no justiciables, y ajenas totalmente a quien suscribe”, comenta con decoro. E insiste: “Desde ese entonces no hubo más sesiones. Y siempre por cuestiones políticas ajenas a mí”.
Acto seguido, Pesino sostiene que no objeta la validez del límite de los 75 años que impone la Constitución, pero ataca al inciso 4 del artículo 99. “Carece de toda precisión instrumental o de autoejecutabilidad procesal pues no fija plazos ni términos de anticipación para que el magistrado solicite el nuevo acuerdo, no regula plazos de remisión del pliego por parte del Poder Ejecutivo, y no contempla las consecuencias jurídicas o la situación de revista del juez ante el silencio del Senado de la Nación o ante la imposibilidad material de sesionar por razones ajenas a la idoneidad del magistrado”, argumentó.
Pesino también se diferenció de los precedentes en los que la Corte ya ratificó los 75 años como límite de edad: los casos de los camaristas Leopoldo Schiffrin, de 2017, y de Ana María Figueroa, de 2023.
El antecedente Figueroa
La Corte Suprema fijó un claro precedente ante la jueza de la Casación Penal que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.
El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.
Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.
La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.
Resistencia del kirchnerismo
El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.
El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.
En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.
Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.
Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. Poco antes de la salida de Cristina Kirchner del Senado, el 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.
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POLITICA
Senado: el oficialismo acordó sesionar la semana próxima para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Con la reforma política y la denominada ley de zonas frías todavía en el freezer legislativo por falta de votos, el oficialismo buscará sesionar la semana próxima para aprobar el polémico proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que pretende levantar la prohibición que pesa sobre la venta de tierras rurales a personas físicas o capitales extranjeros.
El temario de la sesión, convocada para el jueves 16 a las 12, incluirá una treintena de pliegos judiciales que tienen dictamen desde hace varias semanas.
Entre ellos se encuentran el del camarista Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio próximo y por quien el Poder Ejecutivo pidió darle un nuevo acuerdo por cinco años más.
También tiene dictamen y estará incluido su tratamiento el pliego que nomina a Juan Tomás Rodríguez Ponte , exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene a su cargo la causa por la que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio.
Si bien la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se mostró confiada, lo cierto es que por lo bajo varios senadores le reconocieron a que todavía no está asegurado el número para abrir el recinto la semana próxima por la ausencia de varios legisladores.
El cronograma de funcionamiento del Senado para los próximos días se tomó este mediodía en una reunión de Labor parlamentaria en la que también se acordó una cita posterior para el 6 de agosto.
En esa sesión, se trataría la denominada ley hojarasca -proyecto que deroga leyes perimidas o en desuso y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados-, y el controvertido proyecto que agrava penas por el delito de falsa denuncia.
La decisión de postergar hojarasca para una sesión posterior se explicó en la necesidad de evitar la dispersión de temas la semana próxima, en particular ante la previsión de que inviolabilidad de la propiedad privada demandará un extenso debate.
Esto es así porque el proyecto genera fuertes resistencias en diferentes sectores políticos y sociales. De hecho, fuentes legislativas contaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó su rechazo a la iniciativa durante el encuentro de los jefes de bloque.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de comisión el pasado 20 de mayo. Desde entonces, el despacho ha recibido sucesivas modificaciones. Tantas que el borrador con los cambios que se han ido introduciendo ya lleva 14 versiones.
El principal escollo y motivo de debate es la eliminación de la prohibición de la venta de tierras rurales a extranjeros.
Tal como informó , la última versión habilita la venta de tierras a extranjeros y sólo limita la adquisición por parte de empresas que cuente con la participación en su capital accionario de otros estados. En este caso, la operación deberá requerir la aprobación de la provincia en el que se encuentre el predio y la Nación.
Este capítulo del proyecto es el que más ajustado está en materia de votos y, por lo tanto, se erigirá en la vara que le servirá a Bullrich para ver si puede o no sesionar la semana próxima.
El texto también contempla cambios para facilitar y apurar los desalojos en caso de usurpación de tierras o viviendas, una nueva regulación para la expropiación por parte del Estado y cambios en la ley de manejo del fuego.
La reunión de este mediodía no estuvo exenta de polémica. Los peronistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis) le reprocharon en fuertes términos al oficialismo y sus aliados el haber roto el compromiso asumido en la Labor Parlamentaria de hace tres semanas atrás, cuando habían acordado debatir la interpelación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Luego de que la Casa Rosada pusiera el grito en el cielo, Bullrich se vio obligada a convocar a una nueva reunión de jefes de bloque para cambiar las reglas de juego y endurecer las condiciones para habilitar la discusión de la interpelación de Adorni. Aquella sesión al final fracasó a la espera de una renuncia que llegó 48 horas después, para alivio del oficialismo en el Senado.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Causa por los videos de los dólares: la Justicia abrió el celular de Jesica Cirio y comenzó a analizar su contenido
La Justicia logró abrir el teléfono celular de Jesica Cirio y ya comenzó a analizar su contenido en el marco de la causa en la que la modelo es investigada junto a su exesposo, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron a TN que el dispositivo pudo ser desbloqueado y aclararon que recién ahora empezó el estudio de la información almacenada.
El acceso al celular representa una nueva medida de prueba. Entre otros puntos, los investigadores buscan determinar si en el teléfono se encuentra el video del vestidor en el que aparecen fajos de dólares y que dio un nuevo impulso al expediente.
El análisis del dispositivo quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que también tiene la tarea de peritar el video para establecer si es auténtico o presenta algún tipo de manipulación. Además, el organismo deberá intentar determinar cuándo fue grabado el material y si fue registrado en la vivienda que Cirio e Insaurralde compartían en el country Fincas de San Vicente.
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La investigación procura despejar varias incógnitas. Entre ellas, establecer la fecha de grabación del video, identificar el lugar dónde fue filmado el vestidor y determinar qué cantidad de dinero había en las bolsas herméticas que se observan en las imágenes.
En paralelo con el análisis del celular, el juez federal Luis Armella ordenó inspecciones oculares tanto en la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente como en el actual departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. El objetivo de esos procedimientos fue tomar medidas, registrar imágenes y comparar ambos vestidores con el que aparece en el video.
Las primeras observaciones realizadas durante la inspección en el departamento de Cirio arrojaron un dato preliminar. Según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que se observa en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita arribar a una conclusión definitiva.
El ambiente inspeccionado en Las Cañitas era el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video. Sin embargo, esa hipótesis quedó ahora bajo revisión.
Mientras avanzan las pericias, la defensa de Insaurralde pidió que el video no sea utilizado como prueba. Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el exfuncionario sostiene que el material es de “origen ilícito”. Su planteo replica el presentado previamente por Cirio en el expediente.
Los abogados del exintendente argumentaron que el video se originó a partir de un hackeo y del desapoderamiento de los dispositivos personales de Cirio. También sostuvieron que existen sospechas de que las imágenes fueron editadas y alteradas después de esa sustracción, por lo que solicitaron que se aplique la regla de exclusión probatoria al considerar que no existe una cadena de custodia forense que permita certificar su autenticidad.
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La investigación integra el expediente por presunta corrupción que tiene como principal acusado a Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En ese expediente, el fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque el juez Armella rechazó ese planteo y dispuso la prohibición de salida del país para ambos.
Jesica Cirio, Martín Insaurralde
POLITICA
Caso $LIBRA: un inversor apeló su exclusión “arbitraria” como querellante y acusó al juez de recurir a “premisas falsas”
Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante, y ahora la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli al considerar que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes. Y sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en el marco de un mercado de activos digitales caracterizado por su elevada volatilidad y que la documentación aportada no resultaba suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
En su apelación, sin embargo, Martín Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi tomó una decisión “arbitraria”, surgida de un planteo “extemporáneo” de uno de los acusados, el lobista Mauricio Novelli, “a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”.
Con el patrocinio de Nicolás Oszust, Romeo sostuvo que el juez basó su decisión “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, pero además “ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó de manera deliberada la doctrina firme emanada por el Superior”.
En ese sentido, Romeo afirmó que la decisión de apartarlo se basó en premisas falsas. La primera, la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”, a lo que se sumó que el juez omitió “valorar la maniobra de ‘calidad simulada’” y las maniobras de “insider trading”.
El rol del Presidente
Según el recurso, el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de ese tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. Y que incluyó, sostuvo, “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación [por Javier Milei] como garante máximo de confianza” con su posteo en la red social X, lo que sirvió para un “lavado de prestigio”, precisó.
Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio exigido por el magistrado. Romeo sostuvo que la decisión de Martínez de Giorgi fija requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal, lo que, de consolidarse ese criterio, dificultaría que las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos puedan acceder al proceso como querellantes.
A eso se sumó, según Romeo, que el magistrado incurrió en una “falsedad” al sostener que no existían pruebas de que él era titular de dinero afectado. “Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostuvo su letrado, Oszust, que recordó que aportaron actas notariales para sostenerlo. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, remarcó.
En otro tramo del recurso, Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi también incurrió en un “absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain, la identificación de las víctimas y la irrazonable exigencia probatoria sobre el origen de los fondos”.
“El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta. Ese supuesto ‘pseudoanonimato’ de la red fue levantado y unido inescindiblemente a la identidad humana de Martín Romeo a través de las actas notariales referidas en el agravio anterior, donde una funcionaria pública dio fe de la tenencia y control de las billeteras”, remarcó. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema que, por su propia naturaleza, es descentralizado, constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.
El recurso también sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, afirmó, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores. La Excma. Cámara de Apelaciones ya había reconocido la legitimación de las querellas y dicha decisión quedó firme. El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”.
Por ese motivo, Romeo estimó que “no hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”.
En la apelación, además, Romeo dejó planteada la denominada cuestión federal y efectuó reserva de acudir, en caso de un fallo adverso, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— quienes deberán evaluar si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución también podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.
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