POLITICA
Video: el fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y el nieto de un dirigente de izquierda por las tomas de los colegios porteños
Mientras continúan las protestas universitarias y en medio del inicio de una nueva toma en el Colegio Nacional Buenos Aires para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, Eduardo Feinmann protagonizó un tenso intercambio televisivo con Francisco Pitrola, dirigente estudiantil y nieto del diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola.
El cruce ocurrió durante una entrevista en A24. Apenas comenzó la charla, Feinmann puso el foco en el apellido del joven y le preguntó directamente si tenía vínculo con el histórico referente del Partido Obrero. Francisco confirmó que era su abuelo y el periodista avanzó con otra consulta: “¿Lo admirás?”.
“Sí, lo admiro, es un gran luchador. Más allá de que tengamos diferencias ideológicas, me parece que es una persona que luchó durante toda su vida por el derecho de los trabajadores”, respondió el estudiante.
A partir de esa definición, Feinmann redobló la apuesta y quiso profundizar sobre su posicionamiento político. “¿Vos sos más trosko que él o menos trosko?”, le preguntó.
El joven intentó llevar la conversación hacia el conflicto educativo y respondió: “Yo soy presidente de una agrupación independiente, me considero menos trosko que mi abuelo, pero más allá de eso vengo a hablar de la ley de Financiamiento Universitario”.
La respuesta derivó en uno de los primeros momentos de tensión del intercambio. “Está bien, pero a mí me interesa también hablar de eso, disculpame, pero el que entrevista soy yo”, retrucó Feinmann.
Sin embargo, lejos de cortar la conversación, Francisco Pitrola siguió el ida y vuelta y volvió a referirse a su abuelo: “Si querés hablamos de mi abuelo, hablamos de las cosas más importantes. Mi abuelo es una persona que trabajó toda su vida, tiene 50 años de aportes, es una persona que merece respeto, luchó toda la vida por los derechos de sus pares con todos los problemas que eso puede significar, se la bancó siempre”.
Ante esto, Feinmann respondió: “Más importante que tu abuelo hay muchas cosas. Pero me encanta esto de que seas menos trosko que tu abuelo”.
Con el correr de la entrevista, el debate pasó directamente al conflicto por las tomas estudiantiles y el reclamo presupuestario.
Francisco Pitrola defendió la decisión de ocupar nuevamente el Nacional Buenos Aires y cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
En ese contexto le hizo una pregunta directa al conductor: “El Presidente, al poner por encima un decreto de una ley que se sancionó en el Congreso, ¿no está cometiendo un delito también?”.
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Feinmann respondió que el tema se encuentra judicializado y pidió esperar una resolución de la Corte Suprema. “Hay que respetar los tiempos de la Justicia”, sostuvo.
Pese a ello, el estudiante rechazó esa postura y argumentó que la situación salarial de docentes y trabajadores educativos no permite esperar.
“La Corte no tiene plazos. Un profesor gana 600 mil pesos y no le alcanza para nada. Yo no sé lo que ganás vos, Feinmann, pero con 600 mil pesos no alcanza para llenar un plato de comida”, lanzó.
En otro tramo del intercambio, el periodista cuestionó la legalidad de las tomas. “Están cometiendo un delito, están tomando un colegio, es una cosa muy grave”, afirmó.
Pitrola insistió entonces con su planteo sobre el Gobierno Nacional y volvió a señalar: “¿El presidente, no cumpliendo la ley de Financiamiento Universitario y poniendo por encima un decreto presidencial de una ley sancionada en el Congreso, no está cometiendo un delito también?”.
Sobre ello, el conductor reiteró que el conflicto debe resolverse en la Justicia y expresó además que comparte parte del reclamo estudiantil. “Estoy de acuerdo con que lo tiene que cumplir, estoy del lado de los estudiantes porque yo también fui a la UBA, me recibí en la UBA. Pero si el tema está en la Justicia, ¿no hay que respetar los tiempos o ustedes se c… en la Justicia?”, preguntó.
La respuesta del dirigente estudiantil fue todavía más extensa y crítica. Allí volvió a remarcar la situación salarial y defendió la radicalización de las medidas de protesta.
“No nos c… en la Justicia, pero la Corte no tiene plazos. Un preceptor contó que gana 600 mil pesos y no alcanza para nada. No alcanza para llenar un plato de comida y no nos podemos quedar esperando a ver si la Corte falla”, sostuvo.
Luego enumeró las medidas que ya realizaron antes de llegar a la toma. “Venimos agotando las medidas de lucha porque marchamos y el Gobierno sigue sin cumplir la ley igualmente. Tuvimos un montón de marchas y medidas anteriores. Hay que empezar a tomar medidas más radicales porque la situación es crítica”.
Además, señaló que el conflicto afecta particularmente al Colegio Nacional Buenos Aires. “Este es un colegio histórico que formó a un montón de dirigentes y hoy los profesores no pueden llenar un plato de comida. Los docentes del Nacional cobran un 30% menos que los de los colegios de la Ciudad. Históricamente no fue así, siempre ganaron un 30% más”.
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En la misma línea, acusó al Ejecutivo de impulsar un deterioro deliberado de la educación pública. “Esto es un ataque estratégico a las universidades porque el Gobierno quiere deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla”, afirmó y agregó: “Nosotros como estudiantes nos vamos a encargar de que eso no pase. Si no defendemos nosotros la educación pública no la defiende nadie y si tenemos que hacer una toma vamos a hacerla”.
Sobre la duración de la medida, explicó que la ocupación no tiene un plazo fijo y que será evaluada diariamente en asambleas. “La toma por tiempo indeterminado significa que cada día tiene que haber una nueva asamblea para revalidar la medida. Puede pasar que mañana se levante o puede seguir más tiempo. La idea es visibilizar e informar a la sociedad”, detalló.
Hacia el final de la entrevista volvió a mencionar a su abuelo y cerró con otra definición personal: “Yo frente a los profesores que no pueden pagar un plato de comida no me voy a quedar parado, Feinmann, porque como mi abuelo soy una persona que lucha por los suyos, que lucha por sus derechos y que nunca se va a cansar de hacer eso”.
La respuesta de Néstor Pitrola a Eduardo Feinamnn
Después de que el cruce se viralizara en redes sociales, Néstor Pitrola salió a respaldar públicamente a su nieto y apuntó contra el periodista desde su cuenta de X.
“Fran te tapó la boca Feinmann, cuando quieras saber algo de mi pensamiento sobre cualquier tema llamame a mí, cobarde”, escribió el dirigente de izquierda junto al video del intercambio televisivo.
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POLITICA
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.
El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.
Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.
La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.
El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.
Ley Antitrapitos
Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.
La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.
Las propuestas de la oposición
La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.
El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.
Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.
El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.
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La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.
Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.
El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.
Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.
El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.
También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.
En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.
La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
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El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.
También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.
La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.
Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura porteña, Subte, PRO
El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Conforme a
El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.
La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.
El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.
Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento
El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.
Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.
El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.
Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.
Eventos masivos y responsabilidad institucional
El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.
Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.
La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.
Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.
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