La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.

Según pudo saber , autoridades del Episcopado se reunieron por la tarde con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.

La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

Aun con este panorama, el oficialismo confía en conseguir el aval del Ejecutivo para avanzar con su propio dictamen. El objetivo es evitar que la oposición apruebe una nueva emergencia en discapacidad durante la sesión maratónica de mañana al mediodía, que tendrá un temario variopinto. Entre los proyectos se destacan el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los que buscan dar respuesta a la creciente morosidad y al endeudamiento familiar.

Sin embargo, son pocos los que se animan a decir que el texto, tras meses de negociaciones y sucesivos cambios, esté completamente cerrado y tenga el visto bueno de la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Economía, dos áreas clave donde mandan los Caputo: el asesor presidencial y el ministro, respectivamente.

“Nunca se sabe con la Casa Rosada”, ironiza un diputado aliado que esta tarde participó de la reunión de jefes de bloque, donde buena parte de la discusión giró en torno a la versión final del proyecto de discapacidad, con la que el oficialismo busca dar una respuesta “superadora” a los reclamos de los bloques dialoguistas.

En teoría, esta vez no habría “peros” del Ejecutivo que hagan caer el proyecto que viene negociando Laura Rodríguez Machado, la diputada exPro y una de las espadas legislativas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Pero la cautela es extrema. Todavía está fresco el derrotero que significó la publicación del Presupuesto en el que echaba por tierra todas las concesiones que la cordobesa le había dado al Pro y la UCR.

La amenaza de un veto

Un antecedente que volvió a cobrar fuerza la semana pasada, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió durante su exposición sobre el Presupuesto ante los diputados, en una suerte de sincericidio, que “el Ejecutivo hubiera querido otra cosa”, en referencia al propuesta legislativa impulsado por Martín Menem.

Desde entonces, en la oposición crecieron las sospechas sobre un eventual veto a la prórroga de la emergencia en discapacidad, ante el difícil escenario que la oposición logre avanzar con su dictamen de minoría. O más insólito aún, un rechazo del Gobierno a su propia iniciativa.

No es casualidad. Hasta ayer, había quienes en la bancada libertaria no descartaban la posibilidad de un veto total o parcial del Presidente, según pudo saber . Esta tarde, sin embargo, esa alternativa fue desestimada desde las más altas esferas del oficialismo. Una decisión de ese calibre dejaría muy mal parado a Menem y, por extensión, a Rodríguez Machado y otros diputados involucrados en la discusión.

Más aún cuando desde el universo libertario admiten que, en materia de discapacidad, el Gobierno ya perdió terreno en el plano discursivo. De ahí, la necesidad del oficialismo de desactivar la amenaza de la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Las demandas de los aliados

Más temprano, durante la reunión de jefes de bloque, los libertarios se abocaron a revisar en detalle las modificaciones reclamadas por los espacios dialoguistas, en particular las exigencias del misionero Oscar Herrera Ahuad, quien habría consiguido incorporar varios de sus planteos al dictamen oficial.

“Se convalidó todo lo que pidieron los aliados”, se jactó otro de los presentes durante el encuentro. “Esta vez parece que está todo encaminado”, sostuvo otra fuente que recorre los pasillos del Congreso.

Según pudo saber , el oficialismo habría asegurado la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación y un cronograma de pago de las comensaciones adeudades, este último un reclamo expreso del PRO.

Pero la letra chica del dictamen motivó una nueva reunión por la noche entre representantes de LLA y Herrera Ahuad, finalizado el encuentro con Episcopado, que continuó hasta altas horas de la noche.

Si bien impera el optimismo entre varios bloques y en el propio oficialismo, quienes están más involucrados en las negociaciones saben que el acuerdo todavía debe superar el último filtro de la Casa Rosada. Por eso, no se pueden descartar ajustes sobre la marcha durante la sesión.

En línea con la resistencia de sus antecesores a exponer ante los legisladores, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sigue sin asistir al Congreso a cumplir con su obligación constitucional de brindar informes sobre la marcha del Gobierno desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio de 2026 en reemplazo de Manuel Adorni.

La contumacia de Santilli provocó la reacción del bloque de senadores kirchneristas, que presentó una nota ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, reclamando la presencia del funcionario y destacando que el último jefe de Gabinete que pisó el recinto de la Cámara alta fue Guillermo Francos.

Aquella exposición ocurrió el 26 de junio de 2025, por lo que ya van a ser 16 meses sin que un ministro coordinador exponga ante el Senado.

La nota del kirchnerismo lleva las firmas de José Mayans (Formosa), presidente del bloque Justicialista, y de los senadores Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis), quienes le exigieron a la Presidencia del Senado que determine de inmediato la fecha del mes en curso en la que Santilli deberá concurrir al recinto.

En la nota los legisladores calificaron la prolongada ausencia del jefe de Gabinete como “una burla a nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, la bancada remarcó con severa preocupación que han transcurrido casi quince meses seguidos sin que ningún jefe de Ministros se apersone ante la Cámara alta para brindar el correspondiente informe de gestión.

El reclamo de la oposición se fundamenta directamente en el artículo 101 de la Constitución Nacional, norma que establece de manera taxativa que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras.

“La continuada inasistencia del jefe de Gabinete evidencia una notoria falta de apego a la Carta Magna y degrada las facultades de fiscalización del Poder Legislativo”, sentencian los legisladores.

El último informe de un jefe de Gabinete ante el Senado fue el número 143, presentado por Francos el 26 de junio de 2025, y terminó de manera abrupta y provocó polémica.

Aquella comparecencia de forma intempestiva cuando el entonces funcionario interrumpió su exposición disconforme con un comentario de la senadora kirchnerista Cándida López (Tierra del Fuego), quien había acusado de mentiroso al jefe de ministros.

Si bien el cuerpo había votado pasar a un cuarto intermedio para que el funcionario pudiera tomarse un breve descanso, Francos se negó rotundamente arguyendo sentirse ofendido por la intervención de la legisladora. Lo concreto es que ese mismo día, horas más tarde, había una presentación del presidente Javier Milei en La Plata, el Congreso de La Libertad Avanza, a la que asistió el gabinete en pleno.

Tras aquella situación, Francos permaneció en el cargo más de cuatro meses -hasta el 31 de octubre de 2025-, pero no volvió a rendir cuentas ante el Senado.

Tras la salida de Francos, la jefatura de Gabinete fue asumida el 5 de noviembre de 2025 por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien optó directamente por no concurrir jamás al Senado durante sus casi ocho meses de gestión.

Aunque Adorni brindó una única exposición ante la Cámara de Diputados en abril de 2026, en medio del escándalo por su presunto enriquecimiento ilícito, esquivó de forma sistemática la rendición de cuentas ante los senadores.

De hecho, en mayo último estuvo a punto de ser citado al recinto del Senado, pero el agravamiento del escándalo por sus avatares patrimoniales obligaron a Adorni a esquivar su obligación constitucional y darle la espalda al Senado.

Así lo destaca el kirchnerismo en su misiva, que recuerda que el exfuncionario renunció a su cargo el 27 de junio de 2026 “en medio de un escándalo de público conocimiento”, impulsado por investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre su patrimonio, sus viajes al exterior y denuncias públicas.

Los senadores enfatizaron en su nota que las advertencias a la conducción del Senado no son novedosas, ya que el pasado 8 de mayo habían presentado una solicitud similar exigiendo que se fije fecha para el informe del Gabinete.

Ahora, ante la falta de respuesta institucional y el cambio de ministro coordinador, que mantiene la postura de eludir la Cámara alta tras haber asumido el 30 de junio de 2026, el kirchnerismo decidió volver a la carga.

Mientras desde el entorno de Santilli y sectores oficialistas se busca atenuar la demora argumentando el reciente desembarco en el ministerio, la presión política en el Senado va en aumento.