El Gobierno reúne este martes en la Casa Rosada a su mesa política para cerrar los cambios finales del proyecto de Ley de Propiedad Privada y ordenar la agenda legislativa del semestre, con la venta de tierras rurales a extranjeros como punto más sensible antes del nuevo tratamiento de la iniciativa este jueves en el Senado.

El acuerdo que el oficialismo busca sellar con fuerzas aliadas y gobernadores dialoguistas eleva del 15% al 25% el límite para la venta de tierras, en un giro respecto de la redacción original, que procuraba eliminar casi por completo las restricciones a la compra por parte de extranjeros. El texto ya suma 16 borradores.

La reunión en Balcarce 50 está encabezada por Karina Milei. Participan el jefe de Gabinete Diego Santilli, su segundo Ignacio Devitt, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, la jefa libertaria en el Senado Patricia Bullrich, el jefe de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.

La definición central pasa por el capítulo que impacta en la ley de Tierras. El nuevo borrador mantendría un tope superior al vigente, fijado hoy en el 15% por el artículo 8 de la Ley 26.737, y lo establecería en 25% “por provincia”, con autorización del Poder Ejecutivo nacional y del gobierno provincial correspondiente.

El nuevo borrador refuerza la intervención de la Nación y de las provincias

La modificación también incorpora una prohibición para que compren tierras personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta. Solo podría haber una excepción con autorización expresa de la provincia y de la Nación.

El texto agrega además un límite sobre quién puede conceder esa autorización. Esa facultad no podrá delegarse en un funcionario con rango inferior al de secretario de Estado.

Para este martes por la tarde está prevista una conferencia de prensa de Patricia Bullrich en la Cámara Alta, donde expondrá las modificaciones de una iniciativa que fue corregida en 16 oportunidades. La senadora había empujado esos cambios frente a la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, autor de la redacción original.

La estrategia de Bullrich terminó por imponerse sobre la del ministro, que se había resistido a las incorporaciones vinculadas con la potestad de las provincias. El antecedente inmediato fue el cuarto intermedio del 16 de julio, cuando el oficialismo postergó el tratamiento en el recinto por esos reparos.

Ese movimiento respondió a una pregunta central del debate: qué cambiará en la ley de Tierras. La respuesta es que el oficialismo dejó de lado su intento de desregular casi por completo la venta a extranjeros y avanzó hacia un esquema con un límite más alto que el actual, pero sujeto a aprobación nacional y provincial y con restricciones específicas para actores con participación estatal extranjera.

La Casa Rosada ordena además la reforma del Banco Central y el resto del cronograma

La mesa política no solo discutirá la ley de Propiedad Privada. El Ejecutivo debe definir también los tiempos para otras iniciativas que buscará empujar este mes, entre ellas la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que el oficialismo considera el proyecto principal del semestre.

La hoja de ruta incluye además la reforma política para suspender las PASO, los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el BCRA. En paralelo, Martín Menem convocó este martes a las 15 a los jefes de bloque aliados para diseñar un cronograma de trabajo conjunto.

El miércoles comenzará a discutirse la reforma del BCRA en un plenario de comisiones. Esa secuencia legislativa se cruzará con el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia entre este miércoles y el viernes.

Durante esa ausencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y, por ese motivo, no presidiría la sesión del Senado sobre la ley de Propiedad Privada. Para ese mismo día se espera una movilización en las afueras del Congreso y en otros puntos del país, convocada por la oposición más dura junto con organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales.

Rosario 3,View this post on Instagram,Santa Fe,Conforme a

En pleno paro en puertos, el Gobierno defendió la desregulación del sector y advirtió que aplicará sanciones por la protesta que afecta el comercio exterior. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que los prácticos que están de huelga integran un servicio esencial y que “deben sostener” la actividad. El funcionario además alertó sobre el “costo elevado” de la logística marítima con respecto a otros países.

Ravier defendió en conferencia de prensa en Casa Rosada el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La resolución sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y cambia varios de sus aspectos centrales.

El vocero presidencial dijo: “Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos. Para que eso permita, en lo que tiene que ver con el traslado de mercaderías, podamos tener mejores precios. Y que esto, eventualmente, impacte en mejoras para empresas y consumidores».

Ravier dijo, en ese sentido que “se aprobó un decreto para este concepto, muy importante para que bajen los costos logísticos”, y criticó: “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen este paro que perjudica la logística». El funcionario reclamó: “Este es un servicio esencial, que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones».

Las claves del paro en los puertos en rechazo a los cambios en el régimen que regula la actividad de prácticos 

• El paro en los puertos es en rechazo al Decreto 690/2026, que quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.
• Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación en tramos complejos, como ríos, canales y accesos portuarios, porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona. Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.
• La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó de inconstitucional al decreto. Anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, argumentan que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.

Adrián Ravier, PUERTOS