POLITICA
La militante K investigada por un contrato con la UOM: sumó dos casas en Campana, 114 viajes y un sugestivo apodo
La investigación judicial sobre el manejo de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó nuevos elementos alrededor de María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora que fue denunciada junto al exjefe del gremio, Abel Furlán, por la presunta administración fraudulenta de recursos sindicales.
En los últimos días, los denunciantes incorporaron información sobre dos propiedades que la dirigente tendría en Campana y 114 viajes al exterior registrados entre 2010 y 2026. Los datos se sumaron después de que trascendiera que la joven adquirió el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de la calle San José al 1100, por unos USD 189.000.
La operación inmobiliaria generó un nuevo pedido de los opositores a Furlán para que la Justicia avance con una investigación patrimonial sobre ella y el resto de los involucrados.
Echaron de la UOM a la militante K que compró un departamento en el edificio de Cristina Kirchner
Calle no fue dirigente electa de la UOM, pero durante los últimos años ocupó distintos lugares vinculados con el gremio. Fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y trabajó como empleada de la organización sindical.
También tuvo funciones de representación internacional en organismos vinculados al movimiento sindical. Al mismo tiempo, aparece como una de las accionistas de USEM, la empresa que fue contratada por la UOM para administrar parte de sus recursos.
Según la denuncia presentada por dirigentes opositores a Furlán a la que accedió Infobae, Calle y Adalberto Raúl Braconi figuran como accionistas de USEM.
El contrato comenzó a regir en febrero de 2023 y le otorgó a la empresa facultades para administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias a nombre del gremio, realizar pagos y manejar fondos de la organización.
Además, USEM recibía un honorario equivalente al 0,5% de todo lo recaudado mediante la cuota sindical. El acuerdo tenía una duración de diez años y, según los denunciantes, establecía condiciones que dejaban al sindicato en una posición de dependencia frente a la empresa.
María Soledad Calle y Abel Furlán.
La denuncia que terminó en un allanamiento a la UOM
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en febrero por Ángel Derosso, dirigente que había enfrentado a Furlán en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Esos comicios fueron posteriormente anulados por la Justicia debido a irregularidades.
A raíz de la denuncia, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenó en marzo un allanamiento en la sede nacional de la UOM, ubicada en Alsina al 400.
La investigación busca establecer cómo se manejaron los fondos del sindicato y qué papel tuvieron Furlán, Calle, Braconi y USEM en ese esquema.
Los denunciantes también pusieron el foco sobre la relación entre Calle y Furlán. En una ampliación de la presentación judicial señalaron que algunas personas vinculadas con USEM la identificaban con el apodo de “la primera dama”.
Para los denunciantes, esa denominación podría aportar información sobre el nivel de influencia que Calle tenía dentro de la empresa y su relación con Furlán. De todos modos, se trata de una interpretación de quienes impulsaron la denuncia y no de una conclusión judicial.
Calle rechazó las acusaciones. En declaraciones a La Nación, negó haber comprado el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner y aseguró que es víctima de una disputa interna dentro del gremio.
“No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó.
Las dos propiedades que figuran a su nombre en Campana
La información patrimonial incorporada al expediente, al que accedió Infobae, no se limita al departamento de San José 1111.
Los denunciantes aportaron documentación sobre dos inmuebles registrados a nombre de Calle en Campana. Uno está ubicado sobre la calle Belgrano y el otro se encuentra dentro de un country de esa ciudad.
A partir de esos datos, pidieron que la Justicia realice una investigación patrimonial más amplia sobre los principales involucrados.
El planteo incluye inmuebles, vehículos, participaciones en sociedades, inversiones, pólizas y movimientos de tarjetas de crédito, entre otros bienes y operaciones.
La intención de los denunciantes es que se pueda comparar el patrimonio de los investigados con sus ingresos y con los movimientos de dinero relacionados con la UOM y USEM.
Los 114 viajes al exterior
Según la información presentada, registró 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, México, Alemania, Panamá, Colombia, Holanda y Turquía.
La mayor cantidad de viajes se produjo en los últimos años.
En 2023 realizó 22 viajes; en 2024, 25; y en 2025, otros 24. En 2026, hasta el 27 de junio, aparecen nueve movimientos, cinco de ellos hacia Francia.
En total, entre 2023 y 2026 se contabilizaron 80 viajes, más de dos tercios de todo el registro relevado.
El dato, por sí solo, no constituye una prueba de un delito. Por eso, los denunciantes pidieron que Migraciones entregue el detalle completo de los ingresos y egresos del país de los principales investigados.
El objetivo es cruzar esos movimientos con las fechas de transferencias, pagos y otras operaciones relacionadas con el contrato entre la UOM y USEM.
Qué pasó con Calle después de la intervención de la UOM
La situación de Calle dentro del sindicato cambió luego de la intervención judicial de la UOM.
Alberto Biglieri asumió como interventor el 22 de mayo, después de que la Justicia detectara irregularidades en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Una de sus primeras medidas fue desvincular a Calle, junto con otros colaboradores vinculados al sector de Furlán.
Biglieri también comenzó una auditoría sobre las cuentas de la UOM y puso bajo revisión los contratos firmados por el sindicato.
El 30 de julio, con el aval de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resolvió suspender preventivamente los contratos entre la UOM y USEM que involucraban fondos del sindicato y de la obra social de los metalúrgicos.
La decisión fue adoptada mientras avanza la auditoría sobre el manejo de los recursos.
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POLITICA
Tras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa
Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir una reunión formal este lunes en la Casa Rosada, después de una semana marcada por las tensiones en torno a los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. El encuentro de Gabinete está previsto para las 10 y, hasta ahora, ambos mantienen su asistencia.
Bullrich no volvió a hablar con Milei sobre el conflicto desde que hizo públicas sus diferencias con el Gobierno. La senadora tiene previsto participar de la reunión, mientras en Balcarce 50 sostienen que el encuentro sigue programado pese al viaje presidencial a Estados Unidos
El clima interno continúa tenso. Funcionarios cercanos al Presidente cuestionan la decisión de la exministra de exponer públicamente los problemas de coordinación y aseguran que Milei busca evitar una confrontación abierta. La estrategia oficial fue bajar el tono frente a cada declaración y no responder directamente.
En la Casa Rosada rechazan además que exista una estrategia acordada para que Bullrich se diferencie del Gobierno y absorba parte del malestar social. Cerca del Presidente sostienen que Milei no quiere disidencias públicas dentro del oficialismo y que los últimos movimientos de la senadora no fueron coordinados con él.
El conflicto comenzó cuando Bullrich reveló que no había sido informada sobre las modificaciones en Discapacidad que el Ejecutivo incorporó al Presupuesto 2027. La senadora había participado un día antes de la mesa política, en la que se repasaron variables económicas del proyecto, pero aseguró que esos artículos no habían sido mencionados durante la discusión.
Las críticas escalaron después. Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía, pidió que “no la tomen por tonta” y sostuvo que la falta de información afectó las negociaciones que mantenía el oficialismo con sus aliados. El viernes publicó además un video musicalizado con una canción de Lali Espósito, después de los cuestionamientos que había realizado durante toda la jornada anterior.
Milei eligió desdramatizar públicamente ese último episodio. Ante una consulta sobre el video, evitó confrontar con Bullrich y sostuvo que no tenía un problema con la elección de la artista; al contrario, reconoció: “Escuché algunas canciones y me gustaron”. Puertas adentro, sin embargo, distintos funcionarios reconocen malestar por la sucesión de diferencias que la senadora viene haciendo públicas.
POLITICA
Villa La Angostura: mapuches desalojados tenían luz, internet y otros servicios provistos por organismos públicos
Las familias que integraban la lof Melo, desalojada el 19 de agosto del predio que ocupaba en El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura, contaban con energía eléctrica, conectividad y otros recursos provistos por organismos estatales, tanto de la provincia de Neuquén como del gobierno nacional, a través de Parques Nacionales.
La comunidad mantenía un prolongado litigio judicial por las tierras que ocupaba. La propietaria del predio, María Cristina Broers, inició en 2012 una causa por desahucio y, luego de años de proceso judicial, logró recuperar una fracción de las hectáreas ubicadas en ese paraje.
Broers es titular de 624 hectáreas que, según las resoluciones judiciales vinculadas al caso, eran ocupadas por la lof Melo y la lof Kinxikew, integrada por miembros de la familia Quintriqueo. A pesar de la disputa territorial, la propietaria continuó pagando regularmente los impuestos correspondientes al inmueble.
El desalojo ejecutado en agosto alcanzó únicamente la fracción en la que residía la lof Melo, por lo que Broers recuperó el control de ese sector. En tanto, el juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para completar la medida judicial en el espacio donde permanece la otra comunidad.
Paneles solares y baterías
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo provincial, había instalado en el predio varios paneles solares destinados a proporcionar energía eléctrica a las familias de la comunidad.
Luego de que se concretara el desalojo, operarios del organismo regresaron al lugar para retirar los equipos, debido a que la comunidad ya no residía allí. Antes de hacerlo, solicitaron autorización a Broers, propietaria del predio.
De acuerdo con información a la que accedió Infobae, la mujer planteó que los equipos permanecieran instalados y manifestó su disposición a asumir los costos operativos vinculados con su funcionamiento. Sin embargo, desde el organismo rechazaron la propuesta y argumentaron que los equipos habían sido colocados exclusivamente para beneficiar a la comunidad mapuche.
El sistema no estaba compuesto únicamente por los paneles solares. El EPEN también había instalado baterías para almacenar la energía, que eran renovadas periódicamente por el organismo.
Fuentes del organismo confirmaron que los equipos de generación de energía alternativa forman parte de un programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén para asistir a comunidades mapuches, independientemente de la situación dominial de los terrenos en los que se encuentren.
Además de los sistemas de energía, distintos organismos estatales otorgan a comunidades recursos como redes de agua, financiamiento no reintegrable y otros elementos destinados a garantizar las condiciones de residencia.
“Lo grave no es que el Estado, provincial o nacional, acompañe a las comunidades mapuches, sino que lo haga sabiendo que residen en tierras que son objeto de un litigio por ocupación, como ocurrió con la lof Melo o con la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi”, señalaron a Infobae fuentes vinculadas al conflicto territorial.
La conectividad, a cargo de Parques Nacionales
La asistencia estatal no se limitaba a la provisión de energía. Parques Nacionales también había garantizado la conectividad de la comunidad mediante conexiones satelitales y había puesto a disposición distintos elementos para el abastecimiento de agua, entre ellos tanques, mangueras y bombas.
De esta manera, mientras avanzaba el proceso judicial iniciado por la propietaria del predio, las familias que residían en el lugar contaban con infraestructura y recursos aportados por organismos públicos.
La personería jurídica, en medio del conflicto territorial
A este esquema de asistencia se sumó otra decisión del gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa otorgó personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402, firmado también por Jorge Tobares, ministro de Gobierno de la provincia.
El reconocimiento administrativo se produjo pocos días después de la ejecución del desalojo parcial y mientras continúa el conflicto judicial por las tierras.
Desde el gobierno neuquino defendieron la decisión y señalaron que se trata de un trámite que corresponde ante el cumplimiento de los requisitos establecidos. El pedido de reconocimiento, según consta en los antecedentes del caso, llevaba 14 años en trámite.
La resolución, sin embargo, se produjo durante la gestión de Figueroa, quien asumió la gobernación en diciembre de 2023, y en un contexto marcado por la disputa judicial por el territorio.
El reconocimiento de la comunidad se suma así a una serie de decisiones administrativas y de asistencia estatal que alcanzaron a la lof Melo mientras se desarrollaba el litigio por la ocupación del predio.
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En una semana marcada por los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este sábado por la mañana e intentó despejar tensiones respecto del vínculo con la exministra de Seguridad. En diálogo con la prensa, se refirió al video que su excompañero en Pro publicó el viernes en sus redes sociales en el que se la ve cantar una canción de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente.
El jefe de Gabinete minimizó el impacto del spot en el que Bullrich tararea No me importa.
“Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, dijo el funcionario respecto de ese posteo en medio de tensiones internas por la discusión del Presupuesto 2027 y las críticas de la senadora por los recortes en el área de Discapacidad.
Las declaraciones de Santilli van en línea con lo expresado por el presidente Javier Milei, quien consideró una “tontería mayúscula politizar el arte” al ser consultado sobre la publicación de Bullrich.
Tras la viralización del video, el jefe de Estado le restó trascendencia al asunto y reveló que incluso escuchó temas de la artista luego de los cruces públicos. “Para mí no representa ningún problema. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, sostuvo el mandatario en un mensaje leído por la periodista Marcia Frisciotti en televisión.
Por su parte, respecto de los despidos recientes en la quinta presidencial, el ministro declaró: “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó”.
Noticia en desarrollo
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