POLITICA
La militante K investigada por un contrato con la UOM: sumó dos casas en Campana, 114 viajes y un sugestivo apodo

La investigación judicial sobre el manejo de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó nuevos elementos alrededor de María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora que fue denunciada junto al exjefe del gremio, Abel Furlán, por la presunta administración fraudulenta de recursos sindicales.
En los últimos días, los denunciantes incorporaron información sobre dos propiedades que la dirigente tendría en Campana y 114 viajes al exterior registrados entre 2010 y 2026. Los datos se sumaron después de que trascendiera que la joven adquirió el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de la calle San José al 1100, por unos USD 189.000.
La operación inmobiliaria generó un nuevo pedido de los opositores a Furlán para que la Justicia avance con una investigación patrimonial sobre ella y el resto de los involucrados.
Echaron de la UOM a la militante K que compró un departamento en el edificio de Cristina Kirchner
Calle no fue dirigente electa de la UOM, pero durante los últimos años ocupó distintos lugares vinculados con el gremio. Fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y trabajó como empleada de la organización sindical.
También tuvo funciones de representación internacional en organismos vinculados al movimiento sindical. Al mismo tiempo, aparece como una de las accionistas de USEM, la empresa que fue contratada por la UOM para administrar parte de sus recursos.
Según la denuncia presentada por dirigentes opositores a Furlán a la que accedió Infobae, Calle y Adalberto Raúl Braconi figuran como accionistas de USEM.
El contrato comenzó a regir en febrero de 2023 y le otorgó a la empresa facultades para administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias a nombre del gremio, realizar pagos y manejar fondos de la organización.
Además, USEM recibía un honorario equivalente al 0,5% de todo lo recaudado mediante la cuota sindical. El acuerdo tenía una duración de diez años y, según los denunciantes, establecía condiciones que dejaban al sindicato en una posición de dependencia frente a la empresa.
María Soledad Calle y Abel Furlán.
La denuncia que terminó en un allanamiento a la UOM
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en febrero por Ángel Derosso, dirigente que había enfrentado a Furlán en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Esos comicios fueron posteriormente anulados por la Justicia debido a irregularidades.
A raíz de la denuncia, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenó en marzo un allanamiento en la sede nacional de la UOM, ubicada en Alsina al 400.
La investigación busca establecer cómo se manejaron los fondos del sindicato y qué papel tuvieron Furlán, Calle, Braconi y USEM en ese esquema.
Los denunciantes también pusieron el foco sobre la relación entre Calle y Furlán. En una ampliación de la presentación judicial señalaron que algunas personas vinculadas con USEM la identificaban con el apodo de “la primera dama”.
Para los denunciantes, esa denominación podría aportar información sobre el nivel de influencia que Calle tenía dentro de la empresa y su relación con Furlán. De todos modos, se trata de una interpretación de quienes impulsaron la denuncia y no de una conclusión judicial.
Calle rechazó las acusaciones. En declaraciones a La Nación, negó haber comprado el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner y aseguró que es víctima de una disputa interna dentro del gremio.
“No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó.
Las dos propiedades que figuran a su nombre en Campana
La información patrimonial incorporada al expediente, al que accedió Infobae, no se limita al departamento de San José 1111.
Los denunciantes aportaron documentación sobre dos inmuebles registrados a nombre de Calle en Campana. Uno está ubicado sobre la calle Belgrano y el otro se encuentra dentro de un country de esa ciudad.
A partir de esos datos, pidieron que la Justicia realice una investigación patrimonial más amplia sobre los principales involucrados.
El planteo incluye inmuebles, vehículos, participaciones en sociedades, inversiones, pólizas y movimientos de tarjetas de crédito, entre otros bienes y operaciones.

La intención de los denunciantes es que se pueda comparar el patrimonio de los investigados con sus ingresos y con los movimientos de dinero relacionados con la UOM y USEM.
Los 114 viajes al exterior
Según la información presentada, registró 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, México, Alemania, Panamá, Colombia, Holanda y Turquía.
La mayor cantidad de viajes se produjo en los últimos años.
En 2023 realizó 22 viajes; en 2024, 25; y en 2025, otros 24. En 2026, hasta el 27 de junio, aparecen nueve movimientos, cinco de ellos hacia Francia.
En total, entre 2023 y 2026 se contabilizaron 80 viajes, más de dos tercios de todo el registro relevado.
El dato, por sí solo, no constituye una prueba de un delito. Por eso, los denunciantes pidieron que Migraciones entregue el detalle completo de los ingresos y egresos del país de los principales investigados.
El objetivo es cruzar esos movimientos con las fechas de transferencias, pagos y otras operaciones relacionadas con el contrato entre la UOM y USEM.
Qué pasó con Calle después de la intervención de la UOM
La situación de Calle dentro del sindicato cambió luego de la intervención judicial de la UOM.
Alberto Biglieri asumió como interventor el 22 de mayo, después de que la Justicia detectara irregularidades en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Una de sus primeras medidas fue desvincular a Calle, junto con otros colaboradores vinculados al sector de Furlán.

Biglieri también comenzó una auditoría sobre las cuentas de la UOM y puso bajo revisión los contratos firmados por el sindicato.
El 30 de julio, con el aval de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resolvió suspender preventivamente los contratos entre la UOM y USEM que involucraban fondos del sindicato y de la obra social de los metalúrgicos.
La decisión fue adoptada mientras avanza la auditoría sobre el manejo de los recursos.
La entrada La militante K investigada por un contrato con la UOM: sumó dos casas en Campana, 114 viajes y un sugestivo apodo se publicó primero en Nexofin.
Abel Furlán,Bomba del día,La Campora,maria soledad calle,UOM
POLITICA
El fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras descomprimió las tensiones entre el Gobierno y sus aliados y podría cambiar la agenda legislativa

La Corte Suprema le dio un salvavidas político al Gobierno al restablecer, de manera provisoria, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión llegó cuando el oficialismo enfrentaba la posibilidad de que sus aliados habituales acompañaran a la oposición en el Congreso para recuperar esos límites.
El problema para la Casa Rosada estaba en el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Con esa disposición, quedaron eliminadas las restricciones específicas que la norma establecía para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Ese aspecto de la política libertaria no convencía al PRO, a la Unión Cívica Radical y a otros sectores que suelen votar con el Gobierno. Los aliados estaban dispuestos a dar quórum en la sesión convocada por la oposición para la semana próxima, con el objetivo de avanzar contra la derogación y restablecer límites a esas operaciones.
La amenaza había obligado al oficialismo a preparar una respuesta. La estrategia consistía en avanzar con una norma que recuperara ciertas restricciones y permitiera acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, estaba dispuesto a ceder para evitar que esa diferencia terminara en una nueva derrota parlamentaria.
Ahora, la Corte le simplificó el trabajo. Con una medida cautelar interina, suspendió los efectos del artículo que derogaba la ley y repuso sus restricciones. La resolución tiene carácter provisional: no constituye una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación.
Sin embargo, su efecto político es inmediato. El Gobierno encuentra una salida para una discusión que amenazaba con dividirlo de sus aliados y facilitarle a la oposición los votos necesarios para avanzar en el recinto.
Una salida para concentrarse en la eliminación de las PASO
La prioridad de la Casa Rosada es evitar quedar trabada en este tipo de controversias. La compra de tierras por extranjeros era uno de esos frentes; la discapacidad es otro asunto en el que el oficialismo también está dispuesto a hacer concesiones.
El objetivo central del Gobierno es avanzar con la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso, necesita ordenar su relación con los aliados y reducir las discusiones que consumen su margen de negociación parlamentaria.
En ese escenario, el fallo descomprime el conflicto por las tierras. La restitución provisoria de las restricciones atiende el punto que preocupaba a los dialoguistas y reduce la presión sobre el oficialismo para ofrecer una solución legislativa inmediata.
Los votos de la Corte y la lectura política sobre Mahiques
La decisión se tomó por cuatro votos contra uno. La mayoría estuvo integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El expediente fue enviado al juzgado federal de Bariloche para que continúe su trámite.
Según pudo saber TN, Rosenkrantz diferenció la situación de la asociación ambiental demandante de la del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), pero consideró que la Corte no estaba habilitada para disponer una cautelar, aunque fuera transitoria. Su posición era remitir la causa a Bariloche sin establecer una protección mientras se tramitaba el reclamo. En la práctica, esa alternativa habría mantenido operativa la derogación de la Ley de Tierras.
POLITICA
La Justicia suspende el fallo que declara inconstitucional el decreto de Milei, pero no la obligación de pagar

El Gobierno apeló la sentencia que lo obliga a cumplir de inmediato la ley de financiamiento universitario. Lo hizo con un escrito de 42 páginas en el que reiteró su postura sobre la necesidad de indicar con qué ingresos se va a solventar el aumento del gasto público que provocará su implementación.
El juez Diego Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno y, por lo tanto, quedó suspendida su decisión anterior que declaraba inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenaba el pago a las universidades.
Sin embargo, la obligación de pagar por parte del Estado sigue vigente porque aún queda en pie la medida cautelar que había dispuesto el propio juez y que exigía recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y girar los fondos de funcionamiento a las universidades.
Efectivamente, en su decisión, Cormick informó a las partes del juicio que se dará “continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento” sobre las obligaciones de pagar.
El recurso enviado al juez fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, y apunta contra el fallo del 6 de octubre que hizo lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los rectores de universidades públicas. Esa sentencia declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir “de inmediato” la ley de financiamiento, con las normas reglamentarias necesarias.
Esto suma un nuevo capítulo a la historia del financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei, que no solo acumula episodios en Tribunales y en el Congreso, sino también movilizaciones en las calles. La apelación del Gobierno recuerda esa historia, cuando en octubre del año pasado el Parlamento aprobó la normativa. Sus artículos 3 y 4, según la apelación presentada, aluden a una “recomposición presupuestaria” correspondiente al ejercicio 2024, así como una “actualización presupuestaria bimestral” de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para el ejercicio de 2025.
“Por su parte, el artículo 7 prevé –sin brindar mayores precisiones– la asignación de una partida especial destinada a la carrera de Investigador Científico”, continúa el racconto realizado por el Gobierno. Y agrega que el noveno artículo de la ley sostiene que el Poder Ejecutivo adecuará partidas.
Menos de un mes después de que se aprobara la ley de financiamiento universitario, el Gobierno firmó el Decreto 759/2025, que es el declarado inconstitucional por la sentencia que ordenó el cumplimiento de la ley. El Ejecutivo citó en su apelación contra esa sentencia que el texto de este decreto menciona que “la ley se ejecutará cuando el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
El Gobierno señaló “no “condicionó” o “suspendió” la vigencia de la Ley», sino que, según su punto de vista, quedó supeditada a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 24.629. Esta normativa establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”.
No es la primera vez que el Gobierno sale a defender el decreto sobre la ley de financiamiento universitario en los Tribunales. En diciembre del año pasado, según manifestó en su apelación, el juzgado a cargo de Martín Cormick había resuelto “inaplicar” el decreto.
El Gobierno cuestionó esa decisión y entonces debió intervenir la Cámara, que en marzo de este año mantuvo lo decidido en primera instancia. Entonces, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que el máximo tribunal desestimó.
Luego de ese periplo judicial se llegó al fallo del pasado 6 de octubre que ordena al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario, lo que fue recientemente apelado por el oficialismo.
recurrió a la Corte Suprema,Conforme a
POLITICA
Nuevo estallido interno en el PJ: el kirchnerismo acusó a Kicillof de querer que Cristina Kirchner continúe presa

La posibilidad de lograr la unidad entre el sector Axel Kicillof y el que conduce Cristina Kirchner es cada vez más difícil. Por momentos, parece imposible. Inviable. Ya no solo se trata de la desconfianza que impera en ese vínculo tortuoso, sino que también está atravesada por acusaciones cada vez más espesas.
Lo que desató el último capítulo de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires fue la definición que brindó el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en el canal de streaming Cenital.
“Se hablaba de un dictamen en octubre (del consejo de Derechos Humanos de la ONU), ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, sostuvo el funcionario bonaerense.
Al ser consultado por la posibilidad de alienearse a una eventual candidatura de CFK, en el caso de que haya un cambio en su situación judicial, Bianco fue contundente: “No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”.
La mano derecha de Kicillof dejó en claro que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) será muy cauto en sus movimientos, más allá de si Cristina Kirchner puede ser candidata o no. No cambian la postura. Se definirá el año que viene y se verá, cuando se reúnan todos alrededor de la mesa, quién tiene más espalda para ser el candidato del peronismo.
Las expresiones de Bianco desataron el enojo en el corazón de La Cámpora, que le contestaron a través de las redes sociales. El primero en hacerlo fue el ex senador nacional Martín Doñate, quien hizo un recuento de los motivos por los que es importante lo que diga la ONU y dejó entrever que el funcionario bonaerense pretende que la ex presidenta no quede libre.
“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, sostuvo el dirigente de Río Negro. En ese sentido, agregó: “Se trata de la proscripción y persecución a Cristina, conductora de nuestro movimiento, dos veces presidenta y amada por millones de argentinos, a la que intentaron asesinar y hoy someten a la muerte civil mediante el escarnio mediático y judicial”.

Acto seguido a esa definición, Doñate precisó: “Pese a todo eso, Cristina aun conserva un enorme respaldo popular y electoral. Defender su libertad es defender el derecho del pueblo a elegirla. Frente a eso, tu posición pública es, como mínimo, irresponsable e ingrata. Y la porfiada ingratitud, como enseña la secular historia, repta en el subsuelo de la traición y el olvido”. El contenido del mensaje fue extremadamente duro.
“Poner en duda todo esto es un grave daño para la democracia y para el Estado de derecho. Hablamos de compromisos internacionales que la Argentina asumió y debe honrar, aunque sus consecuencias incomoden, y hay dudas jurídicas que dicen más de una posición política que del derecho”, sostuvo el rionegrino respecto a la postura de Bianco sobre si es o no vinculante.
En esa línea, agregó: “La Argentina ya conoció elecciones con el peronismo y sus líderes proscriptos, y quienes ganaron así gobernaron con la legitimidad prestada. Llegar a 2027 con Cristina presa e inhabilitada sería repetir ese simulacro de democracia, con el agravante de que esta vez habría quienes, desde nuestras filas, estarían dispuestos a ser parte de esa coreografía”

Otro que apuntó contra Bianco, aunque sin nombrarlo, fue el diputado provincial Facundo Tignanelli, hombre fuerte de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. “Al final la corte si revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana. Por lo tanto la conclusión política es que los que hablan de “imposibilidad jurídica de participación electoral” son aquellos a los que les conviene que este presa», aseguró.
En el cristinismo están convencidos que Bianco expresó en público lo que Kicillof piensa en privado. Y ellos lo traducen como la conveniencia de que Cristina Kirchner siga presa para que su condición judicial le abra paso a una candidatura presidencial del gobernador bonaerense. En los hechos, el Jefe de Gabinete explicó lo que distintos abogados han dicho en público respecto a la influencia de lo que pueda decir la ONU. El problema es su nombre, su rol y la interna, que genera otra dimensión en sus expresiones.
El clima está caldeado desde ayer, cuando desde un sector del kicillofismo dejaron entrever que no estaba asegurado el acuerdo con el cristinismo para que Máximo Kirchner sea el presidente del congreso en el PJ Bonaerense. La información generó ruido en las arterias del sector de CFK y el enojo empezó a crecer. Sin embargo, Kicillof bajó una orden rápida, dejó sin efecto cualquier especulación y aseguró que el acuerdo se cumplirá tal cuál estaba hablado.
“Jugó bien Axel ahí”, reconocen en La Cámpora. Un día después, la tensión volvió a aumentar a la máxima expresión y desató un ola de cuestionamientos a Bianco y, en consecuencia, a Kicillof. La interna nunca termina. Y, difícilmente, pueda culminar el año que viene.
Axel Kicillof,Carlos Bianco,conferencia,Buenos Aires,gobierno,provincia,política,funcionarios,prensa,Argentina
DEPORTE2 días agoEscándalo total en la AFA: reventa millonaria, un homenaje paupérrimo a Messi y el pedido urgente de renuncia a Chiqui Tapia
INTERNACIONAL3 días agoDespués de su prohibición, las plataformas de apuestas deportivas y los casinos en línea ya están fuera de servicio en Brasil
POLITICA3 días agoMarcha contra la Corte: sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros protestan por el fallo que libera la venta de tierras para extranjeros

















