Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, salió al cruce este jueves de abogados y organismos de Derechos Humanos ante los 52 hábeas corpus presentados por las defensas de detenidos narco de alto perfil en las cárceles de la provincia.

Fue en un acto cuyo escenario estuvo conformado por una larga fila de patrulleros y policías. En la presentación de 30 patrulleros para la ciudad de Santa Fe, Pullaro dijo, enojado: «Aquellos que vienen a hablar de los Derechos Humanos y que los presos son pobrecitos… llévenselos a su casa«.

«Llévenselos a su casa a los presos, si tan buenos son. Llévenselos a su casa», reiteró haciendo ademanes con sus brazos y elevando cada vez el volumen de su voz.

Luego, rechazó de plano que en los servicios penitenciarios se incumplan derechos y garantías de los internos y explicó por qué no se le permite a familiares y allegados ingresar comida para ellos.

«Mentira», exclamó ante los cuestionamientos por tratos fuera de la ley a los presos.

«A nosotros la ley nos faculta a hacer lo que estamos haciendo en la cárcel. Y lo que hacemos es que claramente cumplan con la ley y que cumplan con la Constitución. Y eso no lo vamos a dejar de hacer nunca», continuó el gobernador.

«No van a cometer más delitos desde la cárcel. No van a tener celular y no es que no entra comida porque nosotros somos malos acá. No entra comida porque ahí entran elementos ilegales y todos lo saben, los abogados defensores, las familias y los organismos de Derechos Humanos», expuso y remató: «Ahí entraba droga, ahí entraban elementos prohibidos, ahí entraban celulares. Se terminó».

Al principio de su discurso, aún sin elevar el tono, admitió que se administración actúa con dureza en las cárceles para impedir que desde allí se gesten delitos afuera «porque era lo que había que hacer», en el marco de la crisis narco en Rosario.

«No podemos permitir que los presos desde allí manejen las organizaciones criminales«, enfatizó Pullaro. «No podemos permitir que desde la cárcel manden a matar, que desde la cárcel que manden a extorsionar. El Estado dejó de ser el Estado bobo en la provincia de Santa Fe», añadió para luego anunciar que desde su gestión no se participará «en esos debates estériles«.

Y en ese sentido se preguntó «¿quiénes se creen que son?».

«Vamos a trabajar para garantizar que todos y todas puedan vivir mejor y discúlpenme, pero me da mucha bronca porque no es justo lo que pasó en la provincia de Santa Fe. No es justo», dijo al recordar las olas de violencia vinculadas al narcotráfico que causaron, entre otros casos, asesinatos de choferes de colectivos, taxistas, escuelas y comisarias baleadas y demás tiroteos.

Sobre el cierre de su discurso, Pullaro contó sobre la mutación de las formas de pensar cuando «se choca con la realidad».

«Cuando uno ve a una persona que un familiar fue víctima de un delito violento y un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar. Y cuando a uno le toca estar al frente de la Policía y del Servicio Penitenciario durante cuatro años, le cambia la forma de pensar y pone como prioridad resolver los problemas», contrastó Pullaro contra discursos de abogados y organizaciones garantistas.

Desde principios de año, la Justicia santafesina tiene en sus escritorios 52 hábeas corpus presentados por las defensas de presos de alto perfil, los cuales fueron todos rechazados. El recurso es un procedimiento «que protege la libertad cuando es amenazada de forma ilegal por una autoridad» a un preso y «se agravan las condiciones de encierro».

Las razones de presentación de recursos de hábeas corpus fueron las requisas y las condiciones a las que se sometió a presos de alta peligrosidad en el penal de Piñero desde que asumió la gestión de Pullaro. Las imágenes de operativos al estilo Bukele en ese penal, y que se difundieron a comienzos de marzo, parecieron haber enfurecido a varios cabecillas de las organizaciones.

Aquellas imágenes fueron la antesala para la serie de asesinatos de trabajadores del transporte y múltiples amenazas a diversos destinatarios para infundir terror.

Casi 600 presos de alto perfil son los que alberga actualmente el sistema penitenciario santafesino, 70 de ellos de máxima peligrosidad, lo que se conoce como “nivel 1”.