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Texto de Cristina Kirchner sobre Milei: advirtió que no tiene dólares para pagar la deuda y le dijo “exlibertario”

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Este viernes por la mañana la expresidenta Cristina Kirchner publicó a través de sus redes sociales un documento en el que hace su repaso y análisis de los nueve meses que lleva el libertario Javier Milei al frente de la Casa Rosada. En un texto que tiene como destacada una frase del exmandatario estadounidense John Adams que indica: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda”, la también exvicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández remarca detalles de la política económica liderada por el Gobierno y alerta sobre sus consecuencias, como así también manda una serie de mensajes hacia adentro de su partido. Advierte que el país no tiene los dólares necesarios para pagar la deuda, tilda a Milei de “exlibertario” y habla de un peronismo que “se torció”.

En la primera parte de su escrito de ocho hojas, Cristina Kirchner realiza un “cuadro de situación” sobre el gobierno de Milei y “las fuerzas del cielo”, la frase que suelen utilizar los libertarios. “A nueve meses de la llegada al gobierno de la primera experiencia global anarcocapitalista, una vez más y como siempre, la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marketineras”, introdujo la líder de Unión por la Patria (UP) y dijo que el Presidente -a quien definió como un “ultralibertario” que en campaña prometía eliminar el peso del Estado sobre la vida de los argentinos- ya en la Casa Rosada interviene y controla tres de los cuatro precios “fundamentales” de la economía.

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Con eso se refirió al precio del dólar (”a través de la tablita de crawling peg de 2% mensual”); al del dinero (”mediante la fijación de una tasa de interés de referencia ultra negativa”), y al del trabajo (“al fijar tope para los acuerdos salariales”). Analizó, por el contrario, que el único valor que liberó fue el de los bienes y servicios, aunque con ciertas limitaciones porque, según su visión, las tarifas de luz, gas y el transporte todavía conservan exiguos subsidios para algunos usuarios y, a la vez, el Estado todavía no tiene datos certeros sobre los costos reales de esos sectores.

“Si a esta forma de administrar los cuatro precios de la economía le sumamos el ajuste fiscal de Milei -que es inconsistente e insostenible porque lo logra a partir del no pago de deudas exigibles para la administración central y del retiro del Estado de las funciones imprescindibles para la subsistencia misma del país como Nación-, se produce un combo letal”, sentenció la exvice, que refirió que ese escenario en el marco de una economía bimonetaria como la Argentina, un tema que la dirigente suele abordar en sus escritos, llevó a una caída “brutal” de la actividad económica y provocó que el país sea más caro en dólares que los desarrollados.

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“Esto convierte la tasa de inflación de 3% o 4% mensual, que Milei y su inefable ministro de economía quieren hacernos creer que es un éxito, en una verdadera tragedia social, al producirse en el marco de una profunda recesión económica”, sostuvo Cristina Kirchner sobre la variable que esta gestión presenta como uno de sus mayores logros y en un achaque directo a Luis “Toto” Caputo. “Esa tragedia ya es inocultable”, consideró la expresidenta, que habló de un rápido crecimiento de la desocupación, de los más de un millón de niños que todas las noches se van a dormir sin un plato de comida (de acuerdo al último estudio de Unicef), del avance del narcotráfico en los barrios y de una “caída vertiginosa” en el nivel de vida de la clase media.

Acto seguido, la titular del Instituto Patria marcó: “Y como siempre sucede en la Argentina: al ajuste le siguen los palos. Las imágenes de argentinos apaleados y gaseados -en esta oportunidad jubilados– no hacen más que confirmar la violencia que engendran ideologías donde los ciudadanos solo son una variable de ajuste. Todo se ha puesto muy feo. Todo está muy mal”. Esto con respecto a las dos últimas protestas de jubilados, que terminaron en violencia debido a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió aplicar el protocolo antipiquetes con las fuerzas federales y los manifestantes intentaron resistirse.

Dijo también Cristina Kirchner que el Gobierno, en la práctica, “abandonó el discurso liberal de ant-intervencionismo estatal” y que “dejó de lado” la teoría monetarista de que la emisión es la única causa de la inflación, mantra reiterado por Milei. “En efecto, en reiteradas oportunidades los funcionarios han señalado que no van a devaluar porque sube la inflación. O sea: la inflación en nuestro país está atada al movimiento del dólar. Bienvenidos a la Argentina”, ironizó, basada en este concepto que suele repetir en sus discursos.

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“Estas no son las únicas novedades del país en el que suelen morir todas las teorías”, dijo, sin embargo, y destacó que las calificadoras extranjeras y “hasta algunos economistas vernáculos” expusieron una “creciente inquietud” acerca de la capacidad de pago de la Argentina respecto de su deuda soberana.

Después recordó su documento del 14 de febrero, donde había dejado plasmado que en la Argentina la inflación se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en esa moneda extranjera agrava la situación. “Que nadie se confunda. No pasa por decir ‘te lo dije’, pero es necesario abordar el verdadero problema de la economía argentina desde el rigor que impone la experiencia concreta frente a cualquier ejercicio teórico. Hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben”, marcó.

Incluso dijo que esa falta es la que también impidió llevar a cabo la dolarización tan pregonada por Milei durante la campaña y que, según Cristina Kirchner, el Presidente “imaginaba como plan de estabilización para cristalizar la formidable transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía producida después de la brutal devaluación y el ajuste fiscal”.

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Curiosa paradoja de quien se cree líder amado y admirado a nivel global, pero al que nadie le presta un dólar. A esta altura de la soirée casi, casi que tenemos que hablar de Milei, el ex libertario”, dijo contra el Presidente.

La economía bimonetaria

En el segundo tramo de su escrito, que denominó Es la economía bimonetaria, estúpido, la expresidenta se quejó del término “cepo”, porque dijo que nació para “estigmatizar” la medida que adoptó su gestión en 2012. Hizo también un repaso por las 54 corridas cambiarias que la Argentina atravesó desde 1972, parte de ellas en sus dos administraciones. “Tampoco el gobierno de Macri, que fue market-friendly, se salvó de las corridas cambiarias. No solo tuvo una fuerte salida de capitales sino que debió reinstalar el ‘cepo’ que tanto había criticado y que había levantado en 2016 con bombos y platillos, y gracias a un feroz endeudamiento externo. Se vio obligado a poner un tope de compra mensual de apenas 200 dólares. Vale recordar que en el período 2012-2015 el límite que establecimos fue de 2500 dólares mensuales. Cabe señalar también que dicha regulación no pudo ser eliminada hasta el día de la fecha y continúa con el tope de 200 dólares. Y eso que pasaron macristas, peronistas y ahora hasta libertarios, todo bajo el estricto control del FMI. Esto no significa santificar el ‘cepo’, sino entender a partir de la experiencia y no desde la teoría, el funcionamiento de la economía en la Argentina frente a la cuestión del dólar”, reiteró, para marcarle la cancha al Gobierno.

Asimismo, retomó sus ideas sobre la economía bimonetaria como un fenómeno que sucede “únicamente” en la Argentina. Al respecto dijo que la moneda que el país no emite, o sea el dólar, es la más requerida para atesorar “legal o ilegalmente” y la única que se puede usar para pagar las importaciones. “Esta situación permite explicar las dificultades de la macroeconomía argentina. Si a este fenómeno le agregamos el endeudamiento geométrico -en esa misma moneda que no emitimos- producido durante el gobierno de Macri, no hace falta explicar más nada. Aunque, ya se sabe, la Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado”, ironizó.

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Dijo, también, contrario a quienes entienden que el cepo frena las inversiones, que en su segundo mandato la Inversión Extranjera Directa (IED) fue la más alta en los 40 años de democracia, sin privatizaciones, mientras que en el macrismo no se produjo ninguna. “Abordar el problema de la economía bimonetaria y su correlato, la carencia de una moneda fuerte, es lo que debería movilizar a las fuerzas políticas y sociales que siguen creyendo en la Nación. Sin embargo, cuando la antipolítica se quede sin respuestas por el fracaso de teorías extravagantes que solo causan odio y dolor, no solamente deberemos reconstruir la moneda, sino también la política”, sentenció.

El peronismo “torcido”

Luego Cristina Kirchner entró en la tercera etapa de su documento: El peronismo se torció. Así hizo una enumeración con la cual justificó su planteo inicial. Allí criticó la convalidación del préstamo “multimillonario e irregular” que tomó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se renegoció con Fernández; que se haya permitido al organismo marcar las políticas nacionales, lo que dio -según ella- paso a un “proceso inflacionario”; que con una gestión justicialista los trabajadores registrados hayan sido pobres; que las políticas sociales no hayan sido universales (como la AUH) y se haya habilitado “el surgimiento de clientelismos que enfrentan a los sectores populares e irritan a las clases medias”; que se hayan “mal administrado” las divisas; y que, pese a la pandemia, se haya “anulado la palabra presidencial por la aparición de un documento fotográfico donde se comprobaba la violación de las normas de aislamiento por parte de quien las había firmado”.

Todos fueron dardos a Fernández, más que nada este último, vinculado a la publicación de la fiesta de Olivos.

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Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Dijo también la expresidenta que el peronismo “se desordenó” y que lo hizo, por ejemplo, cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales, donde los trabajadores registrados en la actividad privada son minoría y solo 40% está sindicalizado (esto cuando Milei está por publicar la reglamentación para el mundo del trabajo que habilitó la Ley Bases). La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo, ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, dijo en lo que pareció un desliz contra la actual conducción cegetista.

Consideró además la exvice que el peronismo se perdió cuando no avanzó sobre el viejo modelo de “Estado omnipresente”. “La ineficiencia e ineficacia que deriva en burocracia es observada por el resto de la sociedad no solo con mirada crítica por la falta de resultados o de calidad de los servicios en la vida cotidiana, sino porque se termina viendo el empleo estatal como un privilegio frente al resto y, por lo tanto, un ‘gasto innecesario’ que debe ser suprimido”, enfatizó.

Además, criticó que su fuerza no haya impulsado la reversión del déficit yendo contra las “eximiciones, exenciones o promociones a sectores concentrados de la economía”, como que tampoco haya acelerado una reforma tributaria que permitiera tener un sistema “más racional y equitativo”.

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Cuestionó, asimismo, que el peronismo no haya planteado “una revisión y reforma profunda de la educación pública”, que no haya superado el “consignismo de la desigualdad social y el gatillo fácil” para abordar un plan de seguridad de carácter integral y que no haya reparado en las “profundas modificaciones” ante el avance de la tecnología en la comunicación social (”una trasformación de magnitudes similares a la imprenta de Gutenberg”).

“Hay que poder enderezar las experiencias y ordenar las nuevas demandas para poder alinear pensamiento, palabra y acción: una trilogía indispensable a la hora de formular propuesta y estrategia que permitan organizar una fuerza política que vuelva a representar mayoritariamente, para pasar de ser oposición a alternativa de gobierno”, concluyó y agregó una posdata: “Texto y contexto. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos y la cita del comienzo de este documento debe ser comprendida en el contexto de la discusión interna de ese país en su etapa fundacional, acerca del modelo económico que debían asumir como Nación. En esa discusión el rol de Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro y padre del modelo de acumulación y manejo de deuda de ese país, fue fundamental. Ellos pudieron resolver correctamente ese problema”.

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Guillermo Francos tomó más distancia de Victoria Villarruel: «Tiene un error conceptual de la democracia»

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó nuevamente este jueves por la noche a Victoria Villarruel, luego de que la vicepresidenta tomara distancia de la visión del Gobierno sobre la denuncia de un intento de «golpe de Estado», en el marco de los incidentes que se produjeron el miércoles en la marcha en apoyo a los jubilados, en las afueras del Congreso.

De hecho, fue el mismo Francos quien durante la mañana apuntó contra la oposición: “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios, la generalización de la violencia».

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Horas después, Villarruel descartó la hipótesis de un plan de desestabilización: «Simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa», afirmó.

En la misma línea, añadió: «Por supuesto me solidarizo con todos los heridos, sean aquellos que fueron a manifestar como, principalmente, los de las fuerzas federales que también ponen en el cuerpo en situaciones de mucha violencia»,

Hacia la noche, el jefe de Gabinete profundizó aún más las diferencias y señaló: «Ella expresó su solidaridad con las personas que fueron afectadas por la violencia del lado de las fuerzas de seguridad, luego dijo que fue (causada) de los dos lados. Y después hizo una mención a la democracia, que me parece que es un error conceptual porque la democracia se ejerce cuando se vota».

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De inmediato, el funcionario agregó: «Lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución Nacional. Para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos y garantías”

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El jefe de Gabinete rechazó los dichos de la vicepresidenta, quien expresó su solidaridad con los todos los heridos durante los incidentes en las afueras del Congreso, además de descartar un plan de intento de desestabilización del Gobierno.

Sobre el mismo tema, Francos completó: «Una cosa es la democracia y otra es cuando se abusa de los derechos particulares como fue en este caso (en alusión los disturbios)».

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Acerca de los incidentes, el ministro insistió: “La intención destituyente de la oposición política, de Unión por la Patria, es tratar de voltear de alguna manera un Gobierno que tiene un apoyo popular muy fuerte”.

Luego también cuestionó a la jueza Karina Andrade, quien este jueves ordenó la liberación de más de 100 detenidos por los disturbios. “En una especie de zaffaronismo garantista, que sin mirar y sin analizar las causas de las detenciones, resolvió que no había fundamentos suficientes”

Francos calificó de «oportunista» la convocatoria al paro general que anunció la CGT

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En otro tramo de la entrevista con LN+, Francos calificó como “decisión oportunista” el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril.

“No están claros los motivos. La CGT siempre había buscado acercarse al gobierno para encontrar caminos de entendimientos pero ahora se encuentran con que hay un motivo para oponerse”, lanzó.

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Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos

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Tras los incidentes ocurridos en una protesta frente al Congreso, el Gobierno anunció que avanza en un proyecto de ley para combatir la violencia de las barras bravas en el fútbol. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aún requiere el visto bueno del presidente Javier Milei, pero ya cuenta con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich. Según fuentes oficiales, la normativa buscará declarar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y establecer sanciones tanto para los violentos como para los dirigentes de los clubes que los financien.

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Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la pertenencia a una barra brava podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. Además, se prevé que las sanciones no solo alcancen a quienes operen dentro de los estadios, sino también a quienes actúen fuera de ellos, como los denominados “trapitos”. También se aplicarán penas a hinchas violentos que ataquen a la autoridad o bloqueen la vía pública, en línea con medidas ya publicadas en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la protesta frente al Congreso dejó en evidencia los vínculos entre estos grupos y sectores políticos opositores. “Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese contexto, el Gobierno busca acelerar la implementación de esta ley para desarticular lo que consideran “organizaciones criminales” dentro del fútbol.

Una de las novedades del proyecto es la sanción a los dirigentes de los clubes que provean entradas a los barras, una práctica que les permite generar ingresos para sostener su estructura delictiva. Además, se contempla la inhabilitación administrativa automática para ingresar a los estadios cuando exista un proceso judicial abierto por violaciones a la futura “Ley Antibarras”.

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El plan del Gobierno toma elementos de la recientemente promulgada “Ley Antimafia”, que endurece penas y permite el decomiso de bienes de organizaciones criminales. Incluso se evalúa incluir la figura de la “responsabilidad compartida”, lo que implicaría que todos los integrantes de una barra sean imputados por los delitos más graves cometidos por cualquiera de sus miembros. Aunque el proyecto aún está en fase de borrador, desde el Ejecutivo aseguran que se presentará públicamente en cuanto reciba el aval definitivo del presidente Milei.

La entrada Ley Antibarras: el Gobierno acelera el proyecto para imponer penas a los hinchas violentos se publicó primero en Nexofin.

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El condado de California que aprobó un proyecto para ayudar a los migrantes frente a las redadas de ICE

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En un contexto de refuerzo en las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el condado de Alameda, en California, tomó medidas para brindar asistencia a los inmigrantes que residen en su jurisdicción. La Junta de Supervisores votó de manera unánime a favor de destinar recursos para programas legales y de apoyo comunitario, en un esfuerzo por mitigar el impacto de los operativos migratorios en la región.

Asignación de fondos para asistencia legal y comunitaria en Alameda, California

El plan, impulsado por el Comité ad hoc Juntos para Todos del Condado de Alameda, canalizará los recursos a organizaciones especializadas en brindar apoyo legal y comunitario a los migrantes. Según detallaron las supervisoras Nikki Fortunato Bas y Elisa Márquez, quienes presentaron la propuesta ante la junta, el objetivo es fortalecer la respuesta ante las políticas migratorias federales.

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De acuerdo con NBC Bay Area, dentro del presupuesto aprobado, se asignaron:

  • US$700 mil para la Asociación de Educación y Asesoría Legal para Inmigrantes del Condado de Alameda. Estos fondos se utilizarán para la implementación de una línea de respuesta rápida, capacitaciones sobre derechos y asesoramiento preventivo.
  • US$500 mil para la organización Trabajadores Unidos, con el fin de proporcionar capacitaciones, ayuda mutua y apoyo comunitario a las poblaciones inmigrantes.
  • US$1 millón para la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, destinada a fortalecer servicios legales para personas en riesgo de deportación.
  • US$50.000 para el programa de Extensión Legal para Isleños del Pacífico Asiático, enfocado en la defensa legal de comunidades marginadas.

El financiamiento provendrá de una combinación de recursos del Condado de Alameda y fondos privados. “Este proyecto permitirá expandir la capacidad de atención y aumentar el personal disponible para estos programas”, señaló Fortunato Bas, según lo retomado por NBC Bay Area.

Impacto de la medida en la comunidad migrante de Alameda

El supervisor David Haubert destacó que el esfuerzo por proteger a los inmigrantes es parte de un modelo de cooperación público-privada y que es fundamental que no toda la carga recaiga en el condado.

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Fortunato Bas subrayó que un tercio de los residentes del Condado de Alameda son inmigrantes, y que la mitad de los niños crecen en hogares donde al menos uno de los padres es extranjero. “Somos un condado diverso y nuestra comunidad necesita protección. Las políticas del gobierno federal generan temor entre nuestros residentes”, destacó en una publicación de Facebook.

Por su parte, el Defensor Público del Condado de Alameda, Brendon Woods, señaló que el financiamiento adicional fortalecerá la Unidad de Inmigración de la oficina que lidera. “Estos fondos marcarán una diferencia significativa en la vida de muchas personas al fortalecer los servicios que ofrecemos a esta comunidad vulnerable durante estos tiempos difíciles”, indicó.

La Junta de Supervisores del Condado de Alameda destinará fondos para ayudar a inmigrantes frente a los operativos del ICE

Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, su administración intensificó los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La estrategia incluye la ampliación del uso de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo como centro de detención, así como la eliminación de ciertas protecciones para grupos que anteriormente tenían autorización temporal para permanecer en ese país.

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El presidente estadounidense argumentó que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y reducir costos asociados con la inmigración ilegal.

El financiamiento aprobado en Alameda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los efectos de la política migratoria federal. En febrero, la Junta de Supervisores destinó US$1,3 millones para fortalecer la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público, lo que permite la contratación de más abogados especializados en defensa contra la deportación.

Las organizaciones que recibirán financiamiento ya han comenzado a implementar estrategias para ampliar su alcance. La línea de respuesta rápida está en proceso de integración con otras redes de asistencia, y se prevé que en los próximos meses aumente la capacidad de atención en casos de emergencia migratoria.

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Con esta iniciativa, el Condado de Alameda se suma a otras jurisdicciones de California que han adoptado medidas para brindar apoyo a los inmigrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas a nivel nacional.

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