El respeto al Estado de derecho y a las convenciones internacionales empieza a tener cada vez más agujeros en la Unión Europea en todo lo relacionado con la política migratoria. Si en octubre el debate (que no ha llevado a ningún sitio) se centró en la creación de campos de concentración para migrantes en países terceros, el miércoles la Comisión Europea, encargada según los tratados europeos por velar por su cumplimiento, sí dio un paso que tendrá consecuencias legales para miles de personas.

La Comisión Europea decidió este miércoles permitir que Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia dejen de aceptar solicitudes de asilo de personas que lleguen desde Rusia y Bielorrusia.

Según la vicepresidenta de la Comisión Europea (hay seis vicepresidentes) Henna Virkkunen, se trata de hacer frente a “amenazas híbridas”, el término que los políticos europeos usan para hablar de cómo regímenes como el bielorruso o el ruso usan la migración como una herramienta para desestabilizar a sus vecinos.

Desde 2021, Bielorrusia ha organizado el traslado de migrantes desde Oriente Medio a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia, mientras que Rusia ha adoptado estrategias similares con Finlandia desde finales de 2023.

Virkkunen dijo: “En situaciones excepcionales los países pueden limitar los derechos de asilo, pero debe ocurrir en condiciones estrictas y con límites legales, ser de verdad excepcional, temporal, proporcionado y para casos claramente definidos y siempre por razones de seguridad”.

Pero Virkkunen no puso plazos y no supo explicar por qué la llegada a Polonia (más de 36 millones de habitantes) de poco más de 8.000 solicitantes de asilo en un año desde Bielorrusia supone una amenaza a la seguridad nacional polaca.

El cambio normativo que anunció la Comisión Europea permite a estos cinco países no aplicar la Convención de Ginebra ni las normativas de la UE que protegen los derechos de los refugiados. Se usa la seguridad nacional como argumento para imponer ese límite legal, aunque la Comisión Europea dijera que el principio de no devolución seguía en pie.

Pero en la práctica lo deroga por tiempo ilimitado, porque no puso un límite temporal a la derogación. El argumento, que explicó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, es que Europa debe impedir que regímenes autoritarios usen la normativa europea para dañar a la UE. Se supone, en este argumento, que recibir refugiados es un daño.

Bruselas explicó también que esta medida será de aplicación únicamente para esos cinco países, pero fuentes comunitarias reconocieron que no podrán impedir que en el futuro la usen otros. Por ejemplo, España podría alegar que Marruecos usa la migración como un arma política para rechazar las solicitudes de asilo de todas las personas que llegan a España pasando por Marruecos. Lo mismo podría hacer Hungría con Serbia, Grecia con Turquía o Malta e Italia con cualquier país del norte de África.

La Comisión Europea también puso plata. Serán 170 millones para reforzar las medidas de control fronterizo, como equipos de vigilancia electrónica, equipos policiales de detección móviles, material para detectar y derribar drones llegados desde más allá de las fronteras y fondos para dotar de mejores medios a los guardafronteras.

La frontera terrestre entre Finlandia y Rusia, de más de 1.200 kilómetros, está totalmente cerrada desde hace meses porque Finlandia alegó que había detectado un aumento inusual de llegadas de refugiados. Para Helsinki constituía “un ataque híbrido” y por lo tanto estaba en su derecho de tomar decisiones relativas a su seguridad nacional.