La Libertad Avanza tuvo un ascenso meteórico en los últimos años, que no solo los llevó a ser gobierno nacional casi de manera inesperada sino que además, mejoraron exponencialmente sus números en el Congreso el año pasado. Este contexto y el triunfo en las legislativas del 2025 en la provincia de Buenos Aires los ilusiona con dar el golpe sobre la mesa e ir por la gobernación en 2027.

Y antes de resolver candidatos -o tal vez para justificarlos- los libertarios ya trabajan en una serie de proyectos que cimenten su campaña electoral. El objetivo de máxima es muy ambicioso: llevar adelante una reforma constitucional.

Leé también: Intendentes de todo el país marcharán al ministerio de Economía y presentarán reclamos contra el Gobierno

Y el primer paso llegó en los últimos días, con un proyecto del diputado provincial Héctor Gay para eliminar el Senado bonaerense. “La única manera de hacerlo es reformando la Constitución”, aseguró el legislador libertario -exPRO- a TN.

En la misma línea, Gay descartó que pueda tratarse este año. “El peronismo no está de acuerdo, con lo cual las chances de esto, mientras esté el gobierno peronista en la Provincia son muy escasas”, señaló.

Leé también: El titular de la Corte defendió en el Consejo de la Magistratura la reforma en la selección de jueces

Tiempo atrás, el exintendente de Bahía Blanca presentó un proyecto que hacía hincapié en las autonomías de los municipios, que también necesita una reforma constitucional.

La cuestión de fondo es que la idea libertaria es llevar a cabo una reforma constitucional, en caso de ganar la elección del año que viene. “Hay que tener el apoyo del oficialismo, si no no hay chances”, indicaron en las filas de LLA a este medio.

El primer paso: eliminar el Senado bonaerense

El proyecto legislativo propone habilitar una reforma constitucional parcial en la provincia de Buenos Aires, enfocada exclusivamente en el funcionamiento del Poder Legislativo.

La iniciativa declara la necesidad de modificar artículos de la Constitución provincial vinculados a la organización de la Legislatura y establece la convocatoria a una Convención Reformadora, que será la encargada de redactar y aprobar los cambios.

El objetivo central es avanzar hacia un sistema unicameral, en reemplazo del actual esquema de dos cámaras. De acuerdo con el texto, la Convención deberá sesionar por un plazo máximo de 120 días, aprobar la reforma con el voto de dos tercios de sus integrantes y limitarse a tratar únicamente los artículos habilitados por la ley.

Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la norma.

En ese contexto, el proyecto sostiene que avanzar hacia un sistema legislativo de una sola cámara permitiría mejorar el funcionamiento institucional. Entre los principales argumentos, menciona la posibilidad de bajar los costos de funcionamiento, reducir la estructura política y técnica, acelerar el tratamiento de leyes y hacer más claro el posicionamiento de cada legislador al momento de votar.

La iniciativa también cuestiona el esquema actual al señalar que el paso de los proyectos por ambas cámaras suele extender los tiempos parlamentarios. Según ese diagnóstico, muchas propuestas quedan demoradas en el ida y vuelta legislativo, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema político.

A partir de esa mirada, los impulsores plantean la reforma como una vía para dotar de mayor dinamismo y eficiencia al proceso de sanción de normas.

Un debate que se proyecta hacia 2027

En los fundamentos, además, se citan experiencias de otras provincias que ya funcionan con Legislaturas unicamerales, como Córdoba, San Luis y Tucumán. Esos casos son utilizados como ejemplo para sostener que el cambio es posible tanto desde el punto de vista institucional como operativo.

La propuesta, sin embargo, no se limita a un planteo aislado. Se inscribe dentro de una estrategia más amplia que La Libertad Avanza busca consolidar en la provincia de Buenos Aires, que haga las veces de campaña electoral.

En esa línea, dirigentes del espacio ya venían instalando la discusión sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado a nivel provincial. Dentro de ese paquete de reformas, la unicameralidad aparece como una de las apuestas centrales de cara al escenario electoral de 2027, junto con otros ejes como la implementación de la Boleta Única de Papel y la limitación de las reelecciones indefinidas.

La Libertad Avanza, reforma constitucional, Provincia de Buenos Aires

Hugo Moyano, el sempiterno secretario general de Camioneros, transfirió la suma de 900 millones de pesos desde este sindicato y su obra social (OSCHOCA) a tres fideicomisos vinculados a su esposa, Liliana Esther Zulet, según el medio La Nación.

La llamativa transferencia se realizó en 12 días, entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, a Zulet, quien administra el holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.

Este movimiento bancario tuvo lugar en momentos en los que había tomado fuerza la posibilidad se llamar a convocatoria de acreedores a la obra social camionera, que constituye uno de los núcleos de negocios del imperio Moyano.

A su vez, el giro se dio un mes después de la activación en la justicia de una causa por presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata.

Los movimientos bancarios

Uno de los movimientos fue de casi 50 millones de pesos hacia el fideicomiso Thoth y otro consistió en suma de 90 millones de pesos para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado asociado a Moyano en una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA.

Vale destacar que Sodini, tras su vinculación con Moyano, fue ungido director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que encabezó Daniel Scioli entre 2007 y 2015.

La tercera de las operaciones tuvo lugar el 9 de septiembre y fue por 147 millones de pesos al fideicomiso Khasis, todo con dinero de la cuenta del sindicato en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Las últimas dos transferencias se giraron desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre de 2025 se transfirieron 30 millones de pesos al fideicomiso Dhanvantari, y al día siguiente se dio el giro más voluminoso, de 590 millones de pesos, hacia ese mismo destinatario.

Dicho fideicomiso, presumiblemente, por el nombre, que responde al dios hindú de la medicina. se vincula a la industria médica, rubro al que se encuentra asociada la esposa de Hugo Moyano.

Subsanar deudas

Los tres fideicomisos se crearon entre noviembre y diciembre de 2024 y tienen todos dirección en Belgrano 1255, donde se encuentran las oficinas de las empresas Iarai, dedicada a la salud y la asistencia, Ancora (una constructora) y Dixey (especializada en industria textil). Todas compañías que conforman el holding camionero y administradas por Zulet.

Dos datos a destacar son que el único cliente de estas empresas es Camioneros y en las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y Hugo Moyano.

Presunto vaciamiento

Parte del dinero girado dinero a los fideicomisos apuntarían a subsanar una situación de deuda que afrontan dos de las empresas en cuestión: Ancora (47 millones de pesos) y Dixey (2.309.000 pesos). Mientras que los millones de pesos destinados a Dhanvantari terminarían en Iarai, que administra la obra social camionera, cuyo presente se encuentra marcado por una deuda de 60 mil millones de pesos.

La entrada Revelan que Hugo Moyano giró $900 millones al holding familiar que gestiona su esposa se publicó primero en Nexofin.

Camioneros,fideicomiso,Holding,Hugo Moyano,movimientos,Obra Social,Transferencias

La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.

La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.

Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.

Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.

Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.

“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.

El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.

“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.

La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.

Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.

Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.

El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.

Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.

La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.

Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.

En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.

En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.

Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.

La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.

La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.

Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.

El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.

Alejandro Bunge,Alejandro Nimo,Argentina,España,diplomacia,inversión,relaciones bilaterales,embajador,agregado