POLITICA
La Libertad Avanza suma territorialidad en Córdoba y se ilusiona con el desgaste peronista: las tensiones con la UCR
Hay varios factores que ilusionan a la oposición en Córdoba para terminar con 30 años de peronismo local. Mencionan un fuerte malestar social con la gestión de Martín Llaryora y del intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini; la imagen positiva de Javier Milei en la provincia; y la posibilidad de que Natalia De la Sota divida el voto del PJ. Además, Gabriel Bornoroni, el elegido por Karina Milei para encarar el armado local, sigue sumando intendentes en el interior que buscan garantizarse la reelección. Pero esos movimientos vuelven a tensionar con Rodrigo de Loredo, el único lanzado oficialmente a la candidatura para la Gobernación.
“No quiero competir contra De Loredo, quiero competir contra Llaryora”, le dice Bornoroni a su equipo, con cierto fastidio por las eternas internas radicales. Es que un sector de la UCR ya forma parte de la coalición que, como adelantó Infobae, se llamará Alianza por la Libertad. La encargada de liderar ese espacio es Soledad Carrizo, la ex diputada nacional que responde a Alfredo Cornejo y que recientemente fue nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que depende de Capital Humano.
La piedra en el zapato de Carrizo son los movimientos y declaraciones de De Loredo. Hace unas semanas encabezó un llamativo evento con música electrónica mezclada con cuarteto, en una imitación a las “Bizarrap Sessions”. También propuso subir la edad de retiro de los policías y mejorar el salario de los oficiales, y prepara más ideas para mejorar la seguridad en la provincia. Su equipo estratégico asegura que ese tipo de proyectos lo posicionan mejor en las encuestas y cree que fue un “gran acierto” haberse postulado como candidato a gobernador con tanta anticipación.
Pero De Loredo no para de recibir malas noticias. Dos concejales de Río Cuarto, Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto, y uno de la ciudad de Córdoba, Luciano Agüero Díaz, anunciaron su pase a La Libertad Avanza. Las autoridades partidarias salieron a exigir que renuncien a su afiliación y a sus bancas, pero un sector del radicalismo denuncia que se trata de una “medida selectiva”. No hicieron lo mismo con Luis Picat y con la propia Soledad Carrizo cuando se aliaron con los libertarios.
“Hay más intendentes que se quieren pasar”, confiesan los radicales que ya trabajan con Bornoroni para el armado 2027, pero dicen que evitan hacerlo público porque no tienen interés en mostrar debilitado a De Loredo. La UCR tiene unos 130 y aseguran que más de 40 ya están en plena negociación para sumarse a las filas libertarias.
Hay varios casos de jefes comunales que no pueden ser reelectos, como es el caso de Marcos Ferrer en Río Tercero. Es el presidente del partido centenario cordobés y fiel amigo de De Loredo. “¿Qué le vamos a decir el año que viene? Que se vaya a la casa un tipo con experiencia en gestión”, dicen los correligionarios que pregonan la alianza libertaria ante la oportunidad que se abre frente a un eventual triunfo para ocupar cargos ejecutivos. Saben que en La Libertad Avanza escasean los cuadros políticos para conformar un gabinete.
En el entorno de De Loredo hablan de “extorsión” a los intendentes. Se debe a que Bornoroni prometió plantar un candidato propio en los territorios en los que los radicales no se sumen a la alianza. De hecho, asegura que no “largó” en ningún momento a sus intendentes. En su estrategia, sostiene que la sociedad con La Libertad Avanza va a ser un hecho, pero cree que en este período es importante “engordar el espacio para llegar con el valor más alto posible”. “Todos saben que la marca mide. No estamos presionando a nadie, pero vamos a competir en todos lados”, responden los libertarios.
El otro frente abierto que tiene De Loredo es con Luis Juez. Ambos descartan cualquier tipo de enfrentamiento, pero quienes los conocen dicen que la relación está rota. “No se pueden ni ver”, aseguran. Según explicaron a este medio, Juez es el más interesado en que el dirigente radical no se sume al espacio para sumar chances en su lucha por volver a ser candidato. Al senador lo acusan de “cambiar de bandos” constantemente. “Primero era amigo de Karina y ahora se muestra con Patricia (Bullrich)”, le reprochan.
La ex ministra de Seguridad estuvo este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba y se mostró con Juez, Carrizo, Bornoroni y su aliada Laura Rodríguez Machado, quien fue parte del sector que le arrebató la presidencia del PRO local a Mauricio Macri. El futuro del ex mandatario también es un misterio. Como adelantó Infobae, en Provincias Unidas lo ponen en la danza para liderar la boleta a presidente, lo que, en los hechos, lo convertiría en un socio de Martín Llaryora. Contradicciones que suelen repetirse en la provincia mediterránea.
Pero también hay versiones encontradas sobre quién es el presidenciable que mejor mide en Córdoba. Hay quienes aseguran que la caída en las encuestas de Milei también tiene repercusión local y que Macri sigue representando a la derecha que no acuerda con los modos de la Casa Rosada, sobre todo con los coletazos del caso Adorni. De la que no hay dudas es de Bullrich. “Mide mejor que el Presidente y eso puede ser un problema”, reconocen los conocedores de los celos de Karina Milei.
El factor que más complica al armado opositor es el calendario electoral, una herramienta que el peronismo suele utilizar con destacada astucia. La clave está en la capital cordobesa. En 2023, las elecciones provinciales y municipales fueron desdobladas, lo que le permitió a Llaryora evitar el arrastre de Juntos por el Cambio y quedarse con ambos territorios con una diferencia ajustada. Esta vez, el gobernador enfrenta una importante insatisfacción social con la gestión del intendente. Repetir esa estrategia en 2027 podría ser contraproducente.
Mientras tanto, se espera que después del Mundial de Fútbol la Casa Rosada avance en las definiciones estratégicas electorales, sobre todo en qué provincias estarán decididos a pelear con candidatos puros. ¿Hay posibilidades de que el Gobierno acuerde con Llaryora? Nadie lo confirma, pero tampoco lo descartan, sobre todo ante la sospecha de que el Poder Ejecutivo no puede revertir la crisis económica.
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POLITICA
La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización
La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.
El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.
El Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades que conformarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV.
El organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación estatal vinculada con el eventual viaje del pontífice a la Argentina.
De acuerdo con lo dispuesto mediante el decreto 1127/2026, la estructura será encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Su nueva función será ad honorem y no implicará que deje el puesto que desempeña actualmente.
A su vez, el organismo está conformado por otras cinco áreas operativas: coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales, y apoyo legal.
En ese sentido, la coordinación ejecutiva quedará a cargo de Macarena María Orani, abogada que se desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá rango de subsecretaria y continuará con las responsabilidades que ya ejerce en esa dependencia.
El área de logística e infraestructura será conducida por Leandro Ariel Cano, quien actualmente ocupa la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.
La medida asignó a Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de seguridad y emergencias.
La coordinación de protocolo y relaciones institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, técnico que trabaja en la Jefatura de Gabinete.
A su vez, el abogado Alejandro Patricio Amaro fue nombrado coordinador de apoyo legal de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria. Al igual que los demás integrantes del equipo, sostendrá sus funciones actuales en la Jefatura de Gabinete mientras asume la nueva tarea.
La intervención de áreas de logística, seguridad, ceremonial y asesoramiento jurídico anticipa que la organización requerirá coordinación entre distintas dependencias nacionales.
Con la publicación y la comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedaron formalizadas las autoridades de la unidad creada para centralizar la preparación estatal ante la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
El Poder Ejecutivo consideró necesario cubrir la conducción y las áreas de coordinación para cumplir con las tareas asignadas al organismo. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Así quedó la agenda del papa León XIV
León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.
El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.
A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.
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