POLITICA
La Libertad Avanza suma territorialidad en Córdoba y se ilusiona con el desgaste peronista: las tensiones con la UCR
Hay varios factores que ilusionan a la oposición en Córdoba para terminar con 30 años de peronismo local. Mencionan un fuerte malestar social con la gestión de Martín Llaryora y del intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini; la imagen positiva de Javier Milei en la provincia; y la posibilidad de que Natalia De la Sota divida el voto del PJ. Además, Gabriel Bornoroni, el elegido por Karina Milei para encarar el armado local, sigue sumando intendentes en el interior que buscan garantizarse la reelección. Pero esos movimientos vuelven a tensionar con Rodrigo de Loredo, el único lanzado oficialmente a la candidatura para la Gobernación.
“No quiero competir contra De Loredo, quiero competir contra Llaryora”, le dice Bornoroni a su equipo, con cierto fastidio por las eternas internas radicales. Es que un sector de la UCR ya forma parte de la coalición que, como adelantó Infobae, se llamará Alianza por la Libertad. La encargada de liderar ese espacio es Soledad Carrizo, la ex diputada nacional que responde a Alfredo Cornejo y que recientemente fue nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que depende de Capital Humano.
La piedra en el zapato de Carrizo son los movimientos y declaraciones de De Loredo. Hace unas semanas encabezó un llamativo evento con música electrónica mezclada con cuarteto, en una imitación a las “Bizarrap Sessions”. También propuso subir la edad de retiro de los policías y mejorar el salario de los oficiales, y prepara más ideas para mejorar la seguridad en la provincia. Su equipo estratégico asegura que ese tipo de proyectos lo posicionan mejor en las encuestas y cree que fue un “gran acierto” haberse postulado como candidato a gobernador con tanta anticipación.
Pero De Loredo no para de recibir malas noticias. Dos concejales de Río Cuarto, Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto, y uno de la ciudad de Córdoba, Luciano Agüero Díaz, anunciaron su pase a La Libertad Avanza. Las autoridades partidarias salieron a exigir que renuncien a su afiliación y a sus bancas, pero un sector del radicalismo denuncia que se trata de una “medida selectiva”. No hicieron lo mismo con Luis Picat y con la propia Soledad Carrizo cuando se aliaron con los libertarios.
“Hay más intendentes que se quieren pasar”, confiesan los radicales que ya trabajan con Bornoroni para el armado 2027, pero dicen que evitan hacerlo público porque no tienen interés en mostrar debilitado a De Loredo. La UCR tiene unos 130 y aseguran que más de 40 ya están en plena negociación para sumarse a las filas libertarias.
Hay varios casos de jefes comunales que no pueden ser reelectos, como es el caso de Marcos Ferrer en Río Tercero. Es el presidente del partido centenario cordobés y fiel amigo de De Loredo. “¿Qué le vamos a decir el año que viene? Que se vaya a la casa un tipo con experiencia en gestión”, dicen los correligionarios que pregonan la alianza libertaria ante la oportunidad que se abre frente a un eventual triunfo para ocupar cargos ejecutivos. Saben que en La Libertad Avanza escasean los cuadros políticos para conformar un gabinete.
En el entorno de De Loredo hablan de “extorsión” a los intendentes. Se debe a que Bornoroni prometió plantar un candidato propio en los territorios en los que los radicales no se sumen a la alianza. De hecho, asegura que no “largó” en ningún momento a sus intendentes. En su estrategia, sostiene que la sociedad con La Libertad Avanza va a ser un hecho, pero cree que en este período es importante “engordar el espacio para llegar con el valor más alto posible”. “Todos saben que la marca mide. No estamos presionando a nadie, pero vamos a competir en todos lados”, responden los libertarios.
El otro frente abierto que tiene De Loredo es con Luis Juez. Ambos descartan cualquier tipo de enfrentamiento, pero quienes los conocen dicen que la relación está rota. “No se pueden ni ver”, aseguran. Según explicaron a este medio, Juez es el más interesado en que el dirigente radical no se sume al espacio para sumar chances en su lucha por volver a ser candidato. Al senador lo acusan de “cambiar de bandos” constantemente. “Primero era amigo de Karina y ahora se muestra con Patricia (Bullrich)”, le reprochan.
La ex ministra de Seguridad estuvo este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba y se mostró con Juez, Carrizo, Bornoroni y su aliada Laura Rodríguez Machado, quien fue parte del sector que le arrebató la presidencia del PRO local a Mauricio Macri. El futuro del ex mandatario también es un misterio. Como adelantó Infobae, en Provincias Unidas lo ponen en la danza para liderar la boleta a presidente, lo que, en los hechos, lo convertiría en un socio de Martín Llaryora. Contradicciones que suelen repetirse en la provincia mediterránea.
Pero también hay versiones encontradas sobre quién es el presidenciable que mejor mide en Córdoba. Hay quienes aseguran que la caída en las encuestas de Milei también tiene repercusión local y que Macri sigue representando a la derecha que no acuerda con los modos de la Casa Rosada, sobre todo con los coletazos del caso Adorni. De la que no hay dudas es de Bullrich. “Mide mejor que el Presidente y eso puede ser un problema”, reconocen los conocedores de los celos de Karina Milei.
El factor que más complica al armado opositor es el calendario electoral, una herramienta que el peronismo suele utilizar con destacada astucia. La clave está en la capital cordobesa. En 2023, las elecciones provinciales y municipales fueron desdobladas, lo que le permitió a Llaryora evitar el arrastre de Juntos por el Cambio y quedarse con ambos territorios con una diferencia ajustada. Esta vez, el gobernador enfrenta una importante insatisfacción social con la gestión del intendente. Repetir esa estrategia en 2027 podría ser contraproducente.
Mientras tanto, se espera que después del Mundial de Fútbol la Casa Rosada avance en las definiciones estratégicas electorales, sobre todo en qué provincias estarán decididos a pelear con candidatos puros. ¿Hay posibilidades de que el Gobierno acuerde con Llaryora? Nadie lo confirma, pero tampoco lo descartan, sobre todo ante la sospecha de que el Poder Ejecutivo no puede revertir la crisis económica.
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POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
Leé también: El PRO presiona a Javier Milei: “Queremos que defienda el cambio en vez de defender a Manuel Adorni”
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
Manuel Adorni, Senado, Patricia Bullrich
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
reconoció el miércoles pasado,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Análisis. La “ocultación” como política de Estado,,Minuto a minuto. Santilli, ministro del Interior, se reunió con los gobernadores de Chaco y San Juan,,Repercusiones del caso Adorni. La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción
POLITICA
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
Alicia López, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la incorporación de activos no declarados en sus declaraciones patrimoniales.
En diálogo con Infobae al Amanecer, advirtió sobre dificultades técnicas y legales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y señaló una posible derivación hacia lavado de activos.
La exposición pública de Adorni, quien admitió haber ahorrado en negro y justificó la existencia de fondos sin declarar a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, motivó la presentación de nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La rectificación patrimonial incorpora USD 513.000 en criptomonedas y concentra el eje de la investigación judicial.
La extitular de la UIF sostuvo que la estrategia declarativa de Adorni implica riesgos penales más graves que los discutidos al inicio. Según López, “es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario”.
La especialista explicó que, como las inversiones declaradas por Adorni corresponden a un período anterior a su desempeño como funcionario público, la figura de enriquecimiento ilícito pierde peso y la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos. “En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos”, indicó.
También planteó que la situación procesal de Adorni y del fiscal a cargo se vuelve más compleja por la necesidad de demostrar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado, en especial por la naturaleza de las inversiones en criptomonedas.
Las dudas sobre el relato patrimonial
Para la exfuncionaria, el argumento de Adorni resulta poco verosímil desde el punto de vista técnico y de la experiencia del mercado. “Me da la impresión que Adorni se metió en un tema que está mal asesorado. Primero porque habla de colocaciones que hizo en un periodo, 2013-2018, yo soy contadora y en el 2013 poco y nada podía saber de las inversiones en criptomonedas, bitcoin fundamentalmente, y tampoco me hubiera atrevido a utilizar mis ahorros en algo que desconocía. La conclusión es poco creíble, esa es la realidad”, sentenció.
López consideró que las inconsistencias en los relatos de Adorni se suman a otras declaraciones previas cuestionadas y que la rectificación patrimonial no despeja las sospechas. “Es poco creíble todo lo que dijo antes. O sea que esto es algo que viene a acompañar todas las cosas que dijo antes con dos jubiladas, con mutuos, exactamente”.
López advirtió que la operatoria con criptomonedas dificulta la posibilidad de probar el origen de los fondos y su titularidad real. “Cuando vos iniciaste el ahorro en cripto, tuviste que tener cash. No hay forma de iniciar ninguna inversión si no es a través de cash. Hay que encontrar a dónde lo depositó”, explicó.
La extitular de la UIF detalló que, para acreditar la legitimidad de la inversión, Adorni debería presentar comprobantes financieros de una entidad reconocida que respalden el movimiento inicial de fondos. “Lo que sirve es el comprobante financiero de una entidad en la cual él puso el dinero cash y que le otorgó ese algoritmo”, señaló.
López agregó que las criptomonedas adquiridas en negro y la ausencia de regulación en 2013 dificultan la reconstrucción documental. “El primer problema es encontrar en dónde se puso el dinero. Si es que se transforma en lavado de activos, como yo pienso, porque no era funcionario público, ya ahora queda en manos de la Justicia empezar a demostrar toda esta trazabilidad”, afirmó.
Además, mencionó la posibilidad de simular titularidad mediante la compra de billeteras virtuales ajenas. “Una persona que tenía una billetera en 2013, son algoritmos y tienen una clave secreta, o sea, no dice que es Adorni. Él perfectamente le pueden dar una de aquella época y decir: ‘Es esta’”.
En su intervención, López también repasó el uso de instrumentos como los mutuos y las operaciones back to back en maniobras de lavado de dinero. “Los mutuos son muy utilizados por los lavadores. Porque es un instrumento válido para el back to back. Yo te doy la plata y vos me prestás algo. Y se registra todo en un mutuo”, comentó.
La exfuncionaria expresó su escepticismo sobre la transparencia y el control de los nuevos instrumentos financieros no regulados, y sostuvo que las explicaciones de Adorni resultan insuficientes para sostener su versión. “Me parece que realmente cada vez la va empeorando más”, cerró.
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