El oficialismo de La Libertad Avanza es muy optimista y cree que la oposición no logrará el quórum para sesionar en la Cámara de Diputados el próximo 15 de octubre, cuando pretende tratar y derogar el DNU 70/2023. La expectativa positiva creció luego de conocerse que la Corte Suprema suspendió este viernes el artículo del megadecreto que derogaba la Ley de Tierras, por lo que se restablecieron los límites sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.

La decisión del Máximo Tribunal coincide temporalmente con las gestiones que está realizando la Casa Rosada para dar de baja la pretensión de la oposición de derogar el DNU 70, algo a lo que aspira desde el momento mismo en el que fue publicado —diciembre de 2023—, pero que no consiguió apoyo de bloques provinciales y aliados que son fundamentales para conseguir la mayoría absoluta.

Esta iniciativa de la oposición más dura había vuelto a tener alguna posibilidad luego de que la Corte rechazara la judicialización del artículo 154 del DNU por parte del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata. Los jueces alegaron que no tenían legitimación para invocar la protección de soberanía, por lo que la derogación de la Ley de Tierras había vuelto a quedar vigente. Por eso, los legisladores contrarios al Gobierno propusieron voltear la totalidad del decreto y que las restricciones volvieran a estar vigentes.

“Si eso se produce, prácticamente se cae el Gobierno”, dijo tajantemente una altísima fuente de la Casa Rosada a Infobae. Y es que la medida resulta la base de la desregulación económica que inició la administración nacional que comanda Javier Milei. En total, la normativa contempla 366 artículos con derogaciones en leyes varias y nuevas reglamentaciones.

Como el artículo 154 del DNU se trata de un proceso colectivo, la Corte debió resolver primero el caso del CECIM, pero una organización ambiental (Asociación Civil Árbol de Pie) también había judicializado esa misma cuestión bajo un argumento diferente: se invocaba el derecho a un ambiente sano. Finalmente, esta mañana se conoció que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar interina hasta que los tribunales inferiores analicen la cuestión.

Esto le da tiempo al oficialismo para resolver la cuestión de la Ley de Tierras por una vía política. Es por ese mismo motivo que hay bloques aliados que ya les comunicaron a los espacios más opositores que no darán número para el quórum. “Está realmente muy difícil”, se sinceró uno de los diputados que más se está moviendo para que el DNU 70 sea tratado en sesión y sea volteado.

Como lo adelantó Infobae la semana pasada, el oficialismo ya había desplegado una estrategia para separar la discusión de la Ley de Tierras de la del DNU y, así, darles una vía de escape a los aliados que no tienen intención de anular el megadecreto desregulador. Esta decisión implicaba revivir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e incluir la limitación de la venta de terrenos rurales a extranjeros nuevamente. Se trata de una postura contraria a la que tenían meses atrás, cuando buscaban desregularlo por completo. Pero la presión social por no reducir las restricciones hizo que el oficialismo cediera.

Ayer se conoció la convocatoria de ese proyecto a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. “Con eso algunos de los aliados se nos bajaron. Nosotros ya estábamos sin número antes de eso, así que después de conocer esa noticia el panorama se hizo más difícil”, comentó a Infobae uno de los legisladores opositores.

A esta altura, quienes siguen pujando por la realización de la sesión del 15 de octubre comenzaron a proponer que se saque el DNU 70 del temario. El objetivo es que ese tema no impida que se consiga quórum y que se puedan votar en el recinto los proyectos de Discapacidad y de Morosidad.

En la Casa Rosada reaccionaron con alivio a la noticia de la Corte Suprema. “Nos saca un quilombo de encima”, afirmó un funcionario de primera línea con despacho en Balcarce 50. Aunque no veían que fuera a prosperar la avanzada opositora, les configuraba un escollo de cara a otras negociaciones significativas que el oficialismo debe encarar en ambas cámaras del Congreso.

El ala política del Gobierno intenta sumar votos para dos de sus iniciativas prioritarias: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.

La estrategia del Ejecutivo para la reforma política no pasa por un entendimiento colectivo con los 13 gobernadores que viajaron a Francia. En cambio, la Casa Rosada optará por una negociación caso por caso, atendiendo los reclamos, las necesidades electorales y el peso parlamentario de cada distrito.

Santilli tendrá a cargo profundizar esos contactos individuales, tanto con los mandatarios provinciales como con los enviados del PRO, con quienes se mantienen reuniones periódicas cada dos semanas en la Casa Rosada. La semana pasada ese encuentro estuvo en riesgo por tensiones entre el partido fundado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, aunque finalmente se concretó.

La eliminación de las PASO figura como el punto de mayor resistencia, porque concentra objeciones incluso dentro del propio arco aliado. Por eso, en el oficialismo no descartan aceptar una contrapropuesta que permita construir un texto de consenso. Algunos dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) aseguran que los votos ya están, aunque voces internas expresan dudas sobre esa certeza.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a cuestionar el uso de tecnología china y advirtió sobre los riesgos que, según su planteo, implica elegir proveedores únicamente por sus precios.

En X, compartió una publicación de su cuenta oficial sobre una reunión con un ejecutivo de Oracle. “Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, escribió el diplomático.

A continuación, reforzó su advertencia: “Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”.

Lamelas sostuvo que la libertad de mercado debe ir acompañada de una evaluación de las condiciones de seguridad de los productos y servicios que se contratan. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!”, cerró el mensaje.

El Gobierno de Javier Milei comenzó a delinear su estrategia electoral de cara a 2027 en un escenario marcado por el avance de los desdoblamientos provinciales. En la Casa Rosada sostienen que se trata de un escenario que ya esperaban y que la separación de los comicios locales de la elección nacional no necesariamente perjudica al oficialismo.

La estrategia libertaria combina dos objetivos: competir con candidatos propios por las gobernaciones y, al mismo tiempo, alcanzar acuerdos con distintos mandatarios para garantizar apoyos a la candidatura presidencial del líder libertario.

“Es algo que ya sabíamos que iba a suceder”, resumen cerca del Gobierno, donde consideran que cada gobernador define su calendario electoral de acuerdo con su propia estrategia. En ese sentido, diferencian la discusión sobre los comicios provinciales de la negociación nacional por la reforma política y la eventual suspensión de las PASO.

Uno de los casos más recientes fue el de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que las PASO provinciales serán en abril y las elecciones generales en junio de 2027. Tucumán, Salta, Chubut, Chaco y otras provincias también avanzaron con calendarios separados o anticiparon que seguirán ese camino.

En Balcarce 50 calculan que serán pocos los distritos que terminarán votando sus autoridades provinciales el mismo día que la elección presidencial. Entre las excepciones aparece Catamarca, donde el gobernador Raúl Jalil confirmó que los comicios locales coincidirán con los nacionales.

El Gobierno relativiza el impacto de las derrotas provinciales

En la Casa Rosada también intentan quitarle dramatismo a la posibilidad de atravesar una serie de elecciones provinciales antes de los comicios nacionales.

La evaluación oficial es que el impacto político de una eventual derrota dependerá del vínculo que Milei mantenga con el gobernador de cada distrito. Para el Gobierno, no tendría el mismo efecto perder frente a un mandatario con el que existe un acuerdo de gobernabilidad que hacerlo frente a un adversario directo de La Libertad Avanza.

En paralelo, la Casa Rosada analiza incorporar dentro de la reforma política un esquema de colectoras o adhesiones electorales.

La alternativa permitiría que fuerzas provinciales que no tengan un candidato presidencial propio puedan adherir a la candidatura nacional de Milei y mantener sus propias listas legislativas, sin trasladar necesariamente ese acuerdo a las categorías provinciales.

El oficialismo considera que este mecanismo podría facilitar los denominados “acuerdos de competencia” con los gobernadores. El objetivo es evitar una alianza uniforme en todo el país: La Libertad Avanza podría competir contra un gobernador por el control de una provincia y, meses después, compartir un esquema electoral con ese mismo mandatario para la elección presidencial y las categorías nacionales.

La negociación que preocupa al Gobierno: el Senado

La estrategia electoral todavía está atada a la negociación parlamentaria. En el Gobierno existe expectativa por la posibilidad de suspender las PASO nacionales, aunque reconocen que todavía no tienen asegurados los votos necesarios en el Senado.

La Casa Rosada necesita 37 votos para avanzar con la modificación del régimen electoral. Por eso, la discusión ya no pasa solamente por conseguir el respaldo de los gobernadores, sino por garantizar el acompañamiento individual de los senadores.

“Más que cerrar gobernadores, falta cerrar senadores”, resumen cerca de la negociación en diálogo con TN.

En Nación advierten además que los gobernadores no controlan automáticamente todos los votos de los legisladores de sus provincias. Por eso, el oficialismo deberá negociar también con senadores de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales.

Santilli continúa las negociaciones

El encargado de continuar parte de esas conversaciones es Diego Santilli, quien mantiene reuniones con gobernadores para avanzar en la agenda parlamentaria y electoral.

Este jueves recibió en la Casa Rosada al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, mientras que este viernes está previsto un encuentro con Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes.

La reforma electoral y la agenda parlamentaria aparecen entre los principales temas de esas reuniones. Sin embargo, en la Jefatura de Gabinete todavía no dan por confirmada una nueva tanda de encuentros para la próxima semana.

Dentro del Gobierno tampoco existe una postura uniforme sobre cuánto debe ceder el oficialismo para alcanzar acuerdos. Mientras algunos funcionarios promueven entendimientos amplios que permitan garantizar apoyos para la boleta nacional, otros sectores consideran que no conviene resignar posiciones provinciales y prefieren competir por una mayor cantidad de gobernaciones.

Milei busca preservar margen para competir en las provincias

La prioridad de la conducción libertaria continúa siendo la reelección de Javier Milei, pero el oficialismo también busca aprovechar 2027 para consolidar su estructura territorial.

Por eso, en la Casa Rosada sostienen que no conviene entregar ahora posiciones provinciales a cambio de respaldos legislativos y plantean esperar hasta el final del año parlamentario para avanzar con los acuerdos electorales definitivos.

Las negociaciones podrían incluir lugares en listas legislativas, participación en eventuales gabinetes, vicegobernaciones, intendencias y otras condiciones territoriales.

El Gobierno insiste en que no existe una negociación general y que cada distrito tendrá su propio esquema de acuerdo.

La atención está puesta especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo considera clave evitar una fragmentación del espacio que respalda a Milei. Una elección unificada en ambos distritos podría permitirle al Presidente aprovechar el peso de su candidatura nacional, aunque las definiciones dependerán de los acuerdos con el PRO y del calendario que adopte el peronismo bonaerense.

Por ahora, la Casa Rosada opta por evitar una confrontación general con los gobernadores, aceptar que habrá múltiples elecciones provinciales antes de octubre de 2027 y analizar cada distrito según su vínculo político y electoral.

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