La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.

Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.

Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.

Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.

Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares

• Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
• Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”. Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
• Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
• Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
• Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
• Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
• Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

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En los últimos días, los intendentes bonaerenses alertaron sobre la situación económica en sus municipios. Desde hace tiempo reclaman por la caída en la recaudación, en parte por la crisis económica y en parte por la baja en la coparticipación.

Al respecto, un grupo de intendentes de la UCR se reunió en las últimas horas con el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, a quien reiteraron sus quejas por las deudas que la Provincia mantiene con los municipios.

Además, pidieron que los fondos del endeudamiento provincial aprobado en los últimos meses no queden atados a programas específicos. Los intendentes aseguraron que la situación es crítica y que está en juego el pago de sueldos por la caída de la recaudación.

Sucede que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado en la ley de endeudamiento por US$ 3685 millones, que fue impulsada por el gobernador Axel Kicillof a fines del 2025, se fijan límites claros para su uso.

Al respecto, se establece que un 70% irá destinado a los distritos de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD); y el 30% restante estará afectado a infraestructura, transporte y cultura.

Ahora, los intendentes radicales exigieron a Bianco que los fondos del endeudamiento sean de libre disponibilidad, es decir, que se puedan utilizar para gastos corrientes de los distritos.

Leé también: Intendentes de todo el país marcharán al Ministerio de Economía y presentarán reclamos contra el Gobierno

Según pudo saber TN, los intendentes pidieron avanzar en la conformación de una mesa de trabajo con el Gobernador, que permita establecer una agenda conjunta y generar un canal de diálogo permanente entre el Gobierno y los municipios.

Bianco recibió los reclamos de la comitiva del Foro de Intendentes Radicales, que estuvo representada por Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Pablo Barrena (Lobería) y Franco Flexas (General Viamonte).

Intendentes de todo el país marcharán a Economía

La tensión entre los intendentes y el gobierno de Javier Milei sumará en los próximos días un nuevo capítulo. En medio de una caída de recursos y mayores demandas sociales, un grupo de alcaldes de todo el país prepara una movilización hacia las oficinas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con el objetivo de exigir respuestas por el impacto del ajuste en las finanzas locales.

La cita será el martes que viene y los intendentes planean llegar con un documento escrito para presentarle a Caputo. La movilización surge de la Federación Argentina de Municipios, que encabeza el peronista Fernando Espinoza, pero que la conforman dirigentes de distintos partidos políticos.

“Hay un desinterés nacional respecto de los municipios”, remarcó a TN el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Además, aseguró que reclamarán mayores ingresos por coparticipación.

“El abandono con Santa Cruz es total”, añadió, al tiempo que señaló que “somos la primera mesa de atención de la gente, que la está pasando muy mal”. “El Gobierno no paga un mango de la coparticipación a combustibles y el subsidio a transporte público”, aseguró otro jefe comunal del interior del país a este medio.

“La situación comienza a ser crítica”, indicó un intendente bonaerense a TN. “La coparticipación hace 8 meses seguidos que baja, entonces ya pone en peligro la funcionalidad de la municipalidad”, añadió.

“Creemos en la gestión y en la respuesta directa al vecino, y si el Ministro no nos escucha en sus oficinas, nos va a escuchar en la calle, porque los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo”, resaltaron fuentes que asistieron a la reunión virtual. Y sentenciaron: “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas”.

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Manuel Adorni les ha avisado a varios funcionarios del Gobierno que está preparando las pruebas que podrían explicar que las compras de los inmuebles y los viajes que realizó en los últimos dos años se ajustan a su situación patrimonial. “Ya lo voy a demostrar”, le dijo recientemente a un integrante que frecuenta las reuniones de Gabinete, según pudo saber Infobae.

El jefe de Gabinete ya se encuentra con el patrocinio legal del abogado penalista Matías Ledesma, con quien elabora los últimos ajustes de su estrategia para salir a hablar en público. No es algo que le fuera habilitado para las últimas semanas: lo que comenzó como un desliz casi de carácter ético -la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial-, finalizó con revelaciones de compras de propiedades de las que no se tenía registro público.

En el entorno de Adorni dan a entender que no deberían haber más sorpresas de movimientos patrimoniales hacia adelante, por lo que consideran que solo están expuestos a las declaraciones judiciales de las personas que sean convocadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo las causas por presunto enriquecimiento ilícito y por irregularidades en el marco de su viaje en avión privado a Punta del Este.

Con eso como marco, el jefe de Gabinete tendría intenciones de recuperar, poco a poco, sus funciones de vocero presidencial. “Es probable que pueda haber una conferencia de prensa antes de que se tenga que presentar en el Congreso”, confirmó una fuente de su círculo íntimo.

En ese sentido, se baraja hacer una rueda de cinco preguntas antes de que Adorni deba ir a presentar presencialmente su Informe de Gestión al recinto de la Cámara de Diputados el 29 de abril. Es altamente probable que ante las consultas periodísticas sobre sus causas penales, el jefe de Gabinete se limite a responder que no emitirá palabra alguna ante procesos judiciales en curso.

“Si le hacen cinco preguntas sobre ese tema, en las cinco les va a decir lo mismo. Van a perder la posibilidad de consultarle sobre otros aspectos de la gestión”, avisan quienes conversaron con el vocero presidencial por estas horas.

¿Será la misma estrategia que prevé desplegar para su presentación en el Congreso? Los legisladores de la oposición están preparando diferentes tipos de preguntas sobre las operaciones inmobiliarias que se conocieron en las últimas semanas y sobre los viajes que el funcionario realizó en los últimos años, en particular el que hizo en febrero de este año hacia Uruguay junto a su familia y Marcelo Grandío, su periodista amigo. Adorni podría no hacer aclaraciones sobre esos asuntos ante los diputados.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete ya se encuentra tratando de responder las 4.800 consultas que los bloques de diputados le realizaron para su Informe de Gestión. El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.

Luego de que Adorni anunciara dos semanas atrás que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta. “Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo”, explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla.

Mientras tanto, en la Casa Rosada permanecen atentos a las novedades que puedan surgir de las declaraciones de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien escrituró las dos propiedades que adquirió la familia Adorni-Angeletti en el último año y medio.

Nechevenko compareció este martes ante la fiscalía federal y aseguró que las transacciones inmobiliarias vinculadas a Adorni se realizaron con normalidad y sin irregularidades. El motivo de su declaración fue la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la evolución patrimonial del funcionario. Durante casi tres horas, Nechevenko respondió bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita y exhibió documentación que respalda su actuación profesional.

Al ser consultada sobre el origen de los fondos que Adorni utilizó para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, Nechevenko fue tajante: “Eso pregúntenle a él”. En su encuentro con la prensa tras la declaración, la escribana enfatizó que “todas las operaciones están explicadas” y sostuvo que la compraventa del departamento —certificada el 18 de noviembre de 2025— se realizó a través de una hipoteca convencional, sin préstamos de efectivo, por un total de USD 230.000.

La operación en cuestión involucró a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes accedieron a financiar USD 200.000, equivalente al 90 % del precio, mediante una hipoteca con saldo de precio, una práctica habitual según explicó Nechevenko a la fiscalía. Ambas vendedoras fueron citadas para declarar como testigos al día siguiente, con el objetivo de esclarecer los términos de la transacción.

En uno de los ejes de la investigación, la fiscalía también detectó que Adorni había contraído una hipoteca previa de USD 100.000 para la adquisición de una vivienda familiar en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. En esa operación, las prestamistas fueron la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, también agente de la fuerza, quienes deberán presentarse a declarar el lunes 13 de abril.