Con la licitación para la explotación y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay entrando en la recta final, el consorcio belga Deme, en conjunto con empresas de Estados Unidos, decidió blanquear lo que decía en privado.

Para representantes de esa compañía, su competidora Jan de Nul, que maneja la Hidrovía desde 1995, “esconde” la participación de capitales y socios chinos, en su intento por retener por otros 25 años el control de la vía troncal, de 1300 kilómetros de extensión, por la que pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, entre ellos soja, granos y minerales raros, codiciados por Washington.

La cuestión no quedó sólo en la retórica: según pudo saber , el jueves pasado, representantes norteamericanos del consorcio que encabeza la dragadora Deme estuvieron en la embajada de Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas para transmitirle su preocupación. La licitación de la Hidrovía está bajo la órbita controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a través de su director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que maneja su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.

“Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, experto en esquemas offshore, lavado de dinero y delitos ambientales y asesor de Deme, en declaraciones que la compañía hizo llegar a .

“El riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal durante 25 años: la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego.”, agregó el experto, en línea con la política de competencia con China que emana desde la administración Trump.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Lamelas afirmó en la defensa de su pliego ante el Senado norteamericano, que “hablaría con los gobernadores” para que limiten la influencia “maligna” del gigante asiático y sus proyectos regionales. Aunque el alineamiento con Washington es total, algunos proyectos previos- como la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años- siguen adelante, en este caso con promesa de pronto financiamiento de la banca china.

A través del decreto 5/2026, el Gobierno limitó en enero pasado la participación de empresas sancionadas por organismos multilaterales por distintos incumplimientos, otra manera de limitar el acceso de China –la mayoría de sus empresas tienen participación estatal- a las obras de infraestructura en el país. La empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación por la Hidrovía en sus fases premilinares. Para Deme, China busca intervenir, ahora de manera indirecta.

El gigante asiático gobernado por Xi Jinping se sostiene, sin embargo, como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, con la soja como producto principal, y está vigente el swap de monedas, que maneja el Banco Central, por unos U$S 5000 millones.

Un paso más dio Esteban Bovo, ex diputado por el Estado de Florida, vinculado al consorcio que lidera Deme y cuya esposa Vivian, es asesora del secretario de Estado, Marco Rubio. “La presencia de importantes inversionistas estadounidenses asumiendo un riesgo de 25 años en la Vía Navegable Troncal sin garantía estatal es una clara muestra de confianza en la economía argentina y en la visión de Milei”, dijo Bovo, y agregó: “Milei debe enviar un mensaje contundente: más allá de la retórica, los inversionistas estadounidenses son bienvenidos en Argentina”, sostuvo.

Luego de meses de demora, el Gobierno inició la licitación de la vía troncal. El primer paso fue la selección de los candidatos, en la quedó en el camino el consorcio brasileño DTA. Deme (asociada con la dragadora norteamericana Great Lakes, de las más importantes del mundo, y la también estadounidense Clear Street) y Jan de Nul están en carrera para el segundo paso, con el análisis que desde el Gobierno están haciendo de su propuesta técnica y metodológica. En una tercera instancia, se evaluará la propuesta financiera de cada empresa, incluido el cobro de peaje, que deja ganancias por unos U$S 200 millones por año. “Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor cuando quedaron en pie las dos empresas belgas.

Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos por las denuncias de Deme. “Hay que ir y ganar por precio y calidad de oferta. Si ganan, ganan y si pierden, pierden”, afirmaron influyentes funcionarios con diálogo directo con la dirección de Puertos, que hizo silencio. Agregaron que se trató de una licitación internacional, con pliegos aprobados por ONU, y destacaron que “no hay mucho más que inventar”. Una manera de rechazar las quejas de la competidora belga, a quien el propio Arreseygor vinculó el año pasado con el expresidente Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

El año pasado, el funcionario los acusó a ambos en el Congreso de “boicotear” una licitación que fue anulada, luego de que Deme se presentara en soledad para los trabajos de dragado de la Hidrovía. En aquel momento, Dietrich desmintió las acusaciones y le pidió a Arreseygor que “recapacite, tome en cuenta las sugerencias y haga un próximo llamado de licitación competitiva”. Un año después, la licitación está en marcha, pero la polémica aún no cesa.

La oposición en la Cámara de Diputados intenta activar una agenda propia enfocada en la situación económica y pone el foco en el problema del sobreendeudamiento familiar. Este miércoles comenzó a debatirse una batería de proyectos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), donde se acumulan al menos 18 iniciativas vinculadas al crédito, la morosidad y la protección de los consumidores.

Según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4.818.440 personas con deudas impagas por más de tres meses, un aumento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998.

“Nos va a servir para continuar con el debate de un tema que ahora es necesario retomar porque la situación se va tornando acuciante”, dijo Yasky al introducir a los invitados a exponer en la Comisión.

El canal oficial de la Cámara -Diputados TV- definió no transmitir la Comisión en vivo. En su lugar, pasó una programación repetida. “Se prioriza la reunión conjunta entre Relaciones Exteriores y Legislación Penal”, respondió a uno de los responsables del canal, cercanos a Martín Menem. Ese plenario fue conducido por la oficialista Juliana Santillán.

El informe económico también muestra un cambio en la composición del endeudamiento. Disminuye la proporción de personas que deben únicamente a bancos (577.809) y crece con fuerza el número de quienes acumulan deudas con entidades no financieras y también con prestamistas no financieros (2,2 millones). El informe atribuye esta situación a un agotamiento del crédito formal: ante la mayor morosidad, los bancos restringen préstamos y los consumidores migran hacia formas alternativas de financiamiento.

Los datos evidencian además un impacto particularmente fuerte en los jóvenes. Entre las personas de 15 a 24 años, cerca del 33% del crédito está en situación de mora, lo que equivale a que uno de cada tres pesos adeudados por ese grupo etario se encuentra impago.

La agenda parlamentaria se activa luego de que el Indec informara que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi el mismo nivel que el proyectado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo el año en el presupuesto. El incremento interanual llegó al 32,6%.

El dato generó incluso una reacción poco habitual del presidente Javier Milei, quien reconoció ayer en redes sociales y en su discurso en Amcham que “el dato es malo” aunque sostuvo que existen factores que permitirían retomar la desaceleración inflacionaria.

Frente a ese escenario, la Comisión comenzó a ordenar una agenda que abarca distintos enfoques para abordar el problema del endeudamiento.

Un primer grupo de proyectos apunta a fortalecer las reglas del crédito responsable. Entre ellos figura una iniciativa de la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) que propone establecer un marco federal para el otorgamiento de préstamos y fijar un límite máximo de endeudamiento equivalente al 35% de los ingresos netos del solicitante. Otros proyectos impulsan evaluaciones más estrictas de solvencia por parte de las entidades antes de conceder financiamiento, con especial foco en sectores considerados más vulnerables, como jóvenes y adultos mayores.

Otra línea de trabajo se centra en los costos financieros asociados a tarjetas de crédito y medios de pago. Algunas propuestas, una de Fabiola Aubone (UP) y otra que agrupa a los peronistas Kelly Olmos, Guillermo Michel, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, buscan establecer topes a las comisiones que pagan los comercios por las operaciones con tarjeta y limitar la tasa de interés que pueden cobrar las entidades emisoras.

“Las tasas no pueden tener que ver con tasas de mercado sino que tienen que estar fijadas en relación a los ingresos y al costo de vida”, señaló la socióloga Lucía Cavallero como especialista invitada a la Comisión.

También aparece una iniciativa del diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) orientada a mejorar la transparencia de los resúmenes de cuenta, para que los consumidores puedan identificar con claridad el origen de cada cargo.

La batería legislativa incluye además proyectos destinados a aliviar la situación de quienes ya se encuentran sobreendeudados. Entre las alternativas se analizan programas de refinanciación obligatoria, esquemas de reestructuración de pasivos y la prohibición de ciertas prácticas que agravan el peso de la deuda, como la capitalización automática de intereses. Algunas iniciativas incluso plantean condonaciones parciales de punitorios o regímenes especiales de reorganización judicial para consumidores insolventes.

Alejandra Fernández Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado alcanzó su máximo histórico en enero de 2026, con 6,4%. En noviembre de 2023 estaba en 2,7%. Es decir: hoy hay más del doble de préstamos con atrasos o problemas de pago que hace dos años.

La protección frente a prácticas abusivas de cobranza también aparece en la agenda. Un proyecto de la fueguina Carolina Yutrovic (UP), diputada mandato cumplido, propone regular las gestiones extrajudiciales para evitar situaciones de hostigamiento, como llamadas reiteradas, contactos con terceros o comunicaciones en horarios inapropiados.

“Los bancos venden las deudas a los estudios que se dedican a las cobranzas y eso se hace de una forma muy irregular. Cuando la persona quiere pagar no sabe a quién le está pagando y cómo certificar que pagó y no tiene garantías de que la deuda en el banco desaparecerá”, dijo Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Público de la Ciudad. La morosidad está pasando del 7% al 22%, señaló Pozzali, que es doctor en economía. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras, cosa que ya sucedió en este país y no debería volver a pasar”, cerró.

Finalmente, varios proyectos buscan actualizar la regulación frente al crecimiento del crédito digital, en particular los préstamos rápidos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas fintech. Las iniciativas apuntan a que estas operaciones queden registradas en la Central de Deudores del Banco Central y a reforzar la supervisión sobre los proveedores de servicios de pago, ante el riesgo de que el acceso inmediato al crédito favorezca un endeudamiento difícil de detectar.

Scarano señaló que la morosidad en entidades financieras es del 11,2% mientras que aquella en entidades no financieras es del 29,9%.

Desde el oficialismo, el diputado Marcos Patiño Brizuela (LLA) sostuvo que el debate debería abordarse de manera más integral. Recordó que el Código Civil incorporó la defensa del consumidor en 2015 y que desde 2019 hay en la Cámara un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que nunca se trató y que contempla, entre otros puntos, un proceso de saneamiento para deudas de consumo. A su entender, el Congreso debería “afinar el lápiz” para dar soluciones duraderas y no solo respuestas para los próximos meses.