POLITICA
Crece la incomodidad en el Gobierno: Adorni limita su rol de vocero y su caso bloquea los anuncios de otras áreas de gestión
“Manuel [Adorni] sigue siendo el vocero”. La frase, pronunciada en la tarde gris de este martes, corresponde a un funcionario de alto rango de la Casa Rosada. “Va a volver a dar conferencias. No está previsto por ahora, pero en algún momento va a dar”, completó.
Enseguida advirtió que el jefe de Gabinete de Javier Milei tampoco planea responder, al menos en lo inmediato, sobre las investigaciones periodísticas que pusieron en la mira el crecimiento de su patrimonio y sus viajes, y que derivaron en una causa penal. “Cada pregunta que se haga por el tema será una pregunta perdida, porque no va a responder por eso”, insistieron puertas adentro de palacio de gobierno.
La última vez que Adorni se expuso a preguntas fue en la conferencia de prensa del miércoles 25 de marzo, donde se negó a dar explicaciones con el argumento de que podría entorpecer la causa judicial, y que solo hablaría ante un juez. “Si le vuelven a preguntar, se va a remitir a que esas respuestas serán dadas ante la Justicia”, reafirmaron en el Gobierno. Adorni no volvió a dar una conferencia de prensa. Tampoco está en agenda, al menos por el momento, que dé entrevistas.
En el equipo de ministros de Milei se extiende la sensación de que Adorni quedó corrido de hecho, a lo largo del último mes, de su rol de vocero. Se trata del primer cargo que ocupó en el gobierno y desde el que se proyectó a la Jefatura de Gabinete, en noviembre pasado.
“Es lo que hay”, se resignó, levantando las palmas, un funcionario que visita periódicamente la Casa Rosada. Pero de inmediato aclaró: “Creo que puede volver a ser vocero”, para explicarse: “Es cierto eso de que todo pasa”.
En el Gobierno reconocen el corrimiento de Adorni desde el pasado 8 de marzo, cuando se conoció que su esposa voló junto a la comitiva oficial a Nueva York. Luego se conoció que viajó en avión privado a Punta del Este por el feriado de carnaval, en un vuelo facturado por una productora de su amigo Marcelo Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. Más tarde, que su esposa registró en 2024 una casa en un country de Exaltación de la Cruz y que ambos adquirieron al año siguiente un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito, sin vender sus propiedades anteriores. Los bienes no aparecen en las declaraciones juradas de acceso público del funcionario, que son analizadas ahora por la Justicia, junto a una serie de hipotecas que tomó.
Todo eso garantiza que el caso y el jefe de Gabinete “seguirán siendo noticia”, como advirtió uno de los consultados.
Adorni debería presentarse públicamente el próximo 29 de abril, cuando presente el informe de gestión del Gobierno ante el Congreso. Allí lo esperan unas 5000 preguntas, la mayoría de la oposición, cuyas respuestas “ya se están preparando”, según aseguran cerca de la jefatura de Gabinete.
Pero mucho antes, este miércoles, la Cámara de Diputados volverá a hacerse eco de las revelaciones cuando abra el recinto para intentar sancionar las modificaciones en la Ley de Glaciares. “La sesión va a estar teñida por eso”, reconocen en la Casa Rosada.
Adorni goza desde que se desató la polémica del total respaldo de Javier y Karina Milei, quienes le han dado reiterados gestos de apoyo en público y privado, que fueron seguidos por los ministros y otros funcionarios.
Sin embargo, en las distintas terminales libertarias comenzaron a cristalizar síntomas de incomodidad. El caso divide aguas y la principal percepción es que el manejo de lo sucedido, al menos desde lo comunicacional, fue “errado”.
“Hubo una estrategia inadecuada”, evaluó una de las fuentes consultadas. Consideró también, en esa línea, que “el goteo” diario con noticias sobre Adorni “tendría que haberse controlado” desde el principio.
“La estrategia fue mala y tarde. Mucho daño autoinfligido por desaciertos que podrían haberse evitado”, acotó otro funcionario, bajo reserva de su nombre.
El manejo del caso estuvo casi exclusivamente bajo el control del equipo de Adorni, a excepción de los preparativos para la conferencia de prensa. Allí hubo una suerte de “mesa de crisis” en la que participó el asesor presidencial Santiago Caputo. Los equipos no volvieron a interactuar luego del 25 de marzo.
La convicción generalizada, en distintas áreas y carteras, fue que la conferencia “no terminó sirviendo”. Estaba prevista una nueva edición el pasado miércoles, pero terminó cancelándose.
Las distintas tribus libertarias coinciden en reconocer que están cada vez más incómodas con la situación. “La mayoría de los ministros prácticamente no salen a hablar desde que empezó el tema”, reconoció una fuente oficial. Y eso desató un nuevo problema para el Gobierno.
“Se nos dieron cosas que esperábamos hace mucho, como el fallo de YPF o la noticia de la baja de la pobreza, y no se pudieron hacer conferencias de prensa para capitalizarlos. Eso es porque el tema no se controló de entrada y creció como creció”, apuntó otro. “Hay como un hastío total. La sensación es que no se puede salir del tema”, reconoció otro de ellos.
Este martes, Adorni comunicó a través de la red social X el envío al Congreso de una nueva ley de salud mental y por esa misma vía hizo alusión a novedades que en otro momento hubieran motivado conferencias de prensa.
“Manuel va a poder explicar, pero el tema es el costo que tendrá todo esto”, intentó resumir uno de los consultados. “Se llegó a una escalada que debería haberse frenado apenas empezó. Son tiros en los pies que no nos podemos pegar”, completó otro.
April 7, 2026,Cecilia Devanna,Manuel Adorni,Javier Milei,Karina Milei,Conforme a,Manuel Adorni,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,,“Peor que Karina Milei”. Elisa Carrió cargó contra la escribana de Adorni por su forma de vestirse,,Comodoro Py. Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses
POLITICA
Causa SIRA: un hotel de lujo en Tandil aparece como presunto destino de los millones obtenidos con el dólar oficial
La causa judicial sobre las presuntas maniobras con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández podría abrir una nueva línea de investigación centrada en el destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.
TN accedió en exclusiva a la declaración de un testigo que aporta nuevas pruebas sobre una presunta segunda etapa de la maniobra investigada por la Justicia: el blanqueo de fondos obtenidos a través de operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023, una trama que comprometería al menos a exfuncionarios del Banco Central (BCRA).
Este testimonio coincide con Francisco Hauque, el financista y exsocio de Elías Piccirillo, también imputado en esta causa, reveló el viernes en ¿La Ves? (TN) algunos detalles sobre los supuestos vínculos políticos detrás de la causa.
Hauque y el testigo coinciden que un desarrollo turístico iba a ser utilizado para absorber parte de los fondos generados por las maniobras investigadas en la causa del “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen vinculados la exfuncionaria del BCRA Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.
“Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil», aseguró el financista.
Otra vez hoteles y bolsos con dólares
El emprendimiento está ubicado sobre la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, según pudo saber TN. Se trata de una construcción que permanecía abandonada y que habría sido adquirida por Valeria Fernández y Agra, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y propietario de la agencia de cambio Mega Latina, investigada por la Justicia. Según el expediente, esa financiera retiró por ventanilla, entre 2022 y 2023, al menos $237 millones de dólares en efectivo.
El esquema de blanqueo de ese dinero incluía la compra y remodelación de este hotel de lujo, con el que solo se avanzó hasta la firma del boleto de compra-venta. La escrituración, según esta fuente, quedó pendiente por el cambio de escenario político generado por la derrota electoral del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
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De hecho, el exministro de economía aparece mencionado como parte de la operatoria. De acuerdo al relato del testigo, Agra “me dijo que trabajaba para Massa”.
Los encuentros se realizaban en una oficina de Agra y Valeria Fernández, ubicada sobre la calle San Martín, frente al Banco Provincia.
“Eran muy desprolijos. Estaban desbordados por la cantidad de dólares que les entraban a través de financieras por el rulo del dólar y las SIRA. Era común ver bolsos con dólares. Un día llegué y había fajos acomodados en el piso porque no había más lugar para guardarlos”, sostuvo el testigo y agregó: “La oficina era muy lujosa, pero nunca había movimiento”.
Por el momento, estas afirmaciones forman parte de declaraciones que deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, la aparición de un desarrollo inmobiliario de gran magnitud como presunto destino de fondos vinculados a la causa incorpora un nuevo elemento a una investigación que busca reconstruir tanto el origen del dinero como su recorrido posterior.
El origen de la causa
La investigación intenta esclarecer los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión Fernández y el entonces ministro Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando los trámites demoraban hasta seis meses.
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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Piccirillo y Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. En paralelo, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
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POLITICA
El Gobierno modificará por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques firmaron decreto que modifica el régimen de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.
La medida modifica lo establecido en el decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner, y reduce instancias administrativas previas a la elevación de pliegos al Senado para su aprobación.
Entre los cambios más significativos, se elimina la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos, suprime la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, y quita la etapa de recepción de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.
El objetivo del gobierno es acortar los plazos y evitar superposiciones con el procedimiento que se desarrolla en la Cámara alta. Desde que asumió, Milei no pudo nombrar jueces en la Corte.
Según pudo saber TN, la reforma unifica los requisitos de información patrimonial y de cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas de bienes conforme a la Ley de Ética Pública y fija un mecanismo específico para que ARCA informe sobre el estado de esas obligaciones.
En lugar de la publicación tradicional en el Boletín Oficial y dos diarios nacionales, los antecedentes se difundirán ahora en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más breves. Desde el Ejecutivo aseguraron que estas modificaciones no afectan los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana.
Cómo será el nuevo proceso
La normativa vigente hasta este decreto establecía un procedimiento que incluía la publicación del nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días. También preveía un plazo de 15 días para que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones fundadas ante el Ministerio de Justicia.
Tras esa etapa de evaluación, el Poder Ejecutivo elevaba el pliego al Senado, donde el candidato debía enfrentar otra ronda de impugnaciones y apoyos, además de una audiencia pública, y obtener el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes.
El nuevo decreto elimina la etapa de impugnaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia por considerar que constituye una duplicación con el procedimiento que ya se desarrolla en el Senado. También suprime la obligación de publicar los antecedentes en medios gráficos de circulación nacional y moderniza la difusión de la información, que se realizará exclusivamente a través de la página web oficial del Ministerio de Justicia con plazos más reducidos.
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La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras las vacantes generadas por la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
Los intentos previos del Ejecutivo para cubrir las vacantes, como los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enfrentaron extensos procesos de impugnaciones y no alcanzaron el respaldo de dos tercios necesario en el Senado. En ese marco, el nuevo decreto busca reducir los tiempos administrativos que, según fuentes oficiales, generaban duplicaciones sin agregar valor sustancial al control institucional.
Gobierno, Corte Suprema de Justicia, decreto
POLITICA
Casanello apela a la “ignorancia deliberada” y vuelve a procesar a dos “facilitadores profesionales” de la corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a dos “facilitadores profesionales” uruguayos acusados de intermediar en el lavado de sobornos en una trama de corrupción vial. Luego de tres intentos fallidos revocados por la Cámara Federal, el magistrado adoptó otro camino: reconfiguró el elemento subjetivo del delito y aplicó la doctrina de la “ignorancia deliberada”, que permite inferir el dolo aun sin prueba directa de conocimiento.
Los procesados son los uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, que por cuarta vez fueron procesados, acusados de actuar como engranajes técnicos que permitieron que un soborno de un millón de dólares que habría cobrado el titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, adquirieran apariencia de legalidad.
Tanto Pérez Montero como Ribeiro Ricci permanecerán en libertad, pero deberán afrontar embargos por $900 millones cada uno, a la espera de que la Cámara Federal porteña defina si revoca, por cuarta vez, los procesamientos que dictó Casanello, quien se apoyó en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo.
Al frente del Occovi, Gentili controló −o debió controlar− los peajes en rutas nacionales durante años. Es decir, un circuito que movía miles de millones de pesos. Y desde allí, según reconstruyó la investigación judicial, habría cobrado retornos en licitaciones de los concesionarios de corredores viales, motivo por el que convocó intermediarios especializados en mover dinero negro.
Con procesamientos confirmados, tanto Gentili como otros acusados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral, a diferencia de Pérez Montero y Ribeiro Ricci. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal consideró, repetidas veces, que no había evidencia directa suficiente para sostener que ambos conocieran el origen ilícito de los fondos.
Para sortear ese escollo, el juez Casanello sostuvo que no es necesario probar que los “facilitadores profesionales” conocían de modo directo el origen espurio del dinero que ayudaron a mover para Gentili cuando existen indicios contundentes de que ambos eligieron no saberlo. Es decir, que actuaron bajo una “ignorancia deliberada”, bajo una suerte de ceguera voluntaria.
Para la defensa de los acusados, el juez no aportó ningún argumento novedoso que justifique que la Cámara Federal cambie de parecer, además de calificar el planteo de la “ignorancia deliberada” como una categoría “experimental e incompatible” con el Derecho Penal y Constitucional argentino, “cuya aplicación al caso requeriría en todo caso de una base fáctica que, simplemente, no existe”.
El antecedente narco
El juez y el fiscal Carlos Rívolo disintieron con esa postura, para lo cual invocaron al antecedente de “Carbón Blanco”. Es decir, una investigación sobre narcotráfico donde la Justicia impuso condenas por lavado de activos con base en el dolo eventual y conocimiento inferido a partir de indicios objetivos.
Aplicado a la operatoria que tuvo a Gentili como protagonista central, Casanello remarcó, por ejemplo, que en julio de 2013, tres días antes de que se acreditaran un millón de dólares, la firma Aspen Trading Corp, que controlaban Pérez Montero y Rebeiro Ricci, firmó un recibo donde reconocía que a otra sociedad vehículo, Febaro SA, que no le adeudaba nada. Es decir, que se reconoció el pago antes de que el dinero existiera, lo que el juez interpretó como la evidencia misma de una simulación dirigida a facilitar el movimiento y blanqueo de fondos delictivos.
Los correos electrónicos secuestrados durante la investigación judicial revelan, además, la mecánica interna del esquema. En ellos, los involucrados hablaban de “la tarasca” y “los alfajores” para referirse al dinero. Y en uno de esos emails, Ricardo López Naón, otro de los acusados que colaboró con las maniobras bajo sospecha, alertó al resto: “Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, ¡explota todo!”.
Las inspecciones que el Banco Central del Uruguay desarrolló sobre la sociedad de Pérez Montero y Ribeiro Ricci reforzaron, para el juez Casanello, la hipótesis de la “ignorancia deliberada”. ¿Por qué? Porque Pérez Montero −que trató a Gentili durante más de quince años− se negó en 2023 a entregar sus correos personales a los inspectores del BCU.
Ese no fue un hecho aislado. Años antes, en 2016, la sociedad de los facilitadores profesionales, Aspen Trading Corp, ya había sido sancionada por dificultar tareas de supervisión y carecer de controles antilavado adecuados. Y para Casanello, esa reiteración demuestra un patrón: se abocaron a borrar rastros supervisables como condición de funcionamiento del esquema.
Ahora, la Cámara Federal -con la integración de Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico- deberá definir si acepta el planteo de Casanello, con derivaciones que podrían ser sistémicas para abogados, contadores, financistas, escribanos, entre otros, sospechados de actuar como “sherpas” de la corrupción. La sofisticación técnica ya no protegería a los intermediarios; los expondría.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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