POLITICA
Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
-¿Usted conoce a Manuel Adorni?
-No, la verdad que no.
Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, atiende a por el portero eléctrico de su departamento del barrio de Flores. La primera pregunta la sorprende. La segunda la hace cortar la comunicación.
-¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca?
-Ay, no, no, no. Gracias.
La consulta estaba vinculada a un dato: Viegas figura como una de las dos personas que le vendió al jefe de Gabinete el departamento en el que vive, en el barrio de Caballito. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación. La compraventa, firmada en noviembre del año pasado, se inscribió por un valor total de 230.000 dólares.
La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.
llamó a Sbabo a su celular. Respondió una mujer. Ante la consulta periodística, dijo: “En este momento no está ella. Yo tengo el teléfono de ella ahora. ¿Qué necesita?”.
-¿Sabe si conoce a Manuel Adorni y si alguna vez compró un departamento en la calle Miró al 500?
-Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella.
-¿Sabe si Claudia le cedió dinero en forma de hipoteca a Manuel Adorni?
-No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando.
Los datos de la operación inmobiliaria surgen de un informe de dominio que obtuvo en un trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
La escritura del 18 de noviembre asienta que los dueños pasaron a ser en ese momento Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en un 50% cada uno. Es una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados (de los que 120 son cubiertos y el resto un patio), a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.
Adorni sumó esta propiedad sin haberse desprendido de la vivienda donde residía antes de entrar al Gobierno, sobre la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco, según consta también en el Registro de la Propiedad.
Un año antes, la familia Adorni había adquirido una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese caso, el registro consigna que la única titular es Angeletti. La escribana, Adriana Nechevenko, es la misma en las dos operaciones.
En la misma escritura se consigna la hipoteca con las dos acreedoras, Viegas y Sbabo, con 100.000 dólares cada una. Es decir, a juzgar por los papeles los compradores solo habrían puesto 30.000 dólares al concretarse la operación.
Viegas y Sbabo habían anotado en mayo de 2025 el condominio con el que le compraron la propiedad a Hugo Alberto Morales, el primer dueño, un exjugador de fútbol que brilló en Huracán, Lanús y selecciones juveniles argentinas en los años 90.
Ellas declararon la adquisición en 200.000 dólares. Y la venta, seis meses después, quedo registrada a un precio 15% más alto.
consultó a Adorni sobre los detalles de la compra de la vivienda, pero al cierre de esta publicación no había respondido.
“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el miércoles pasado Adorni, en la conferencia que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y las posteriores revelaciones sobre la casa en el country.
La Justicia investiga el potencial enriquecimiento ilícito del funcionario de confianza de Javier Milei.
Que es el dueño del departamento en la calle Miró se supo unas horas después de la conferencia en la que Adorni dijo que todas las explicaciones sobre su patrimonio pensaba darlas en la Justicia y no ante el periodismo. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. Con eso pareció anticipar que sí lo incluirá en la declaración correspondiente a 2025, que es el año en que lo adquirió. No está claro si la casa de Exaltación de la Cruz la declaró en el apartado reservado correspondiente a los bienes de su esposa. Esa operación sí ocurrió en el período que abarca su última presentación obligatoria.
De todos modos, la Justicia buscará determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio en los dos años que lleva en la función pública.
Las prestamistas registradas en la escritura son dos mujeres que tienen o tuvieron actividad económica en distintos sectores. Una de ellas estuvo ligada a la construcción. Viegas, viuda y de 72 años, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Dicha composición societaria, en conjunto con otras personas, decía “plazo: 7 años”. La fecha de esa documentación es 17 de agosto de 2017. Es decir, su vigencia se prolongaría hasta el 2024.
Esta compañía declaró entre sus objetos “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas, quedando incluidas todas las actividades de mantenimiento, construcción, reciclaje, remodelación, reparación de infraestructura, señalización, montaje”. La sociedad también incluyó actividades inmobiliarias dentro de su objeto, tales como “compra, venta, permuta, hipoteca”. El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires consigna también dos operaciones en las que Viegas transfirió la habilitación de sendos “hoteles sin servicio de comida”, en los barrios de Flores y de Almagro.
Sbabo, de 64 años, no registra actividad empresarial. Figura a su nombre una relación de dependencia con una editorial y está afiliada al PAMI. Está casada y su esposo aparece en registros públicos como el vendedor, 15 años atrás, de un taller mecánico en Villa Lugano del que fue dueño junto con un familiar.
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POLITICA
El Gobierno avanza en Diputados con su proyecto de soberanía sobre las Islas Malvinas: el objetivo es aprobarlo en octubre
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que se realizará desde las 12. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
Este viernes, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, diagramó el cronograma para el tratamiento del proyecto. La primera reunión será informativa: habrá expositores invitados, pero no se firmarán dictámenes.
Las tres comisiones que abordarán la iniciativa están conducidas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
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El oficialismo prevé una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre. Allí buscará cerrar el debate, firmar los dictámenes correspondientes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
El proyecto por debatir
La propuesta ingresó a la Cámara baja el pasado 17 de septiembre. El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
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Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Los cuestionamientos al proyecto
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas de las normas contenidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo debate comenzará el próximo miércoles.
En un primer análisis, la entidad estableció que la defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Sin embargo, señaló que los instrumentos destinados a alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.
“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, planteó la entidad.
Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no serían compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Según el Colegio, algunos de los comportamientos mencionados como merecedores de graves sanciones penales o administrativas presentan tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance.
El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.
La presidenta del Colegio de Abogados, Alejandra García, señaló: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.
El documento del MID
En la previa al debate por la soberanía en Malvinas, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que está representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su posición frente al proyecto enviado por el Gobierno y planteó la necesidad de combinar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional.
Entre los principales puntos, el MID afirma que la soberanía no se sostiene únicamente mediante declaraciones y que requiere ampliar las capacidades materiales de la Nación en materia de inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal.
También advierte que el alcance integral del proyecto debe ser explicado con transparencia y reclama no desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso.
Malvinas Argentinas, proyecto, Diputados
POLITICA
Preocupa en sectores de la Iglesia un megaoperativo de seguridad simultáneo en 15 villas porteñas
Los curas de villas y barrios populares expresaron su preocupación por la espectacularidad del megaoperativo simultáneo de seguridad llevado adelante en la noche del jueves por el gobierno porteño. Con el nombre de Tormenta Negra, la operación comprendió el envío de 1500 policías a unos quince asentamientos informales en la ciudad, con 17 detenciones y secuestro de vehículos, a lo que se sumó la clausura de locales y confiscación de mercaderías que constituyen en muchos casos fuentes de trabajo para los vecinos.
El operativo se realizó dos días después de la misa que los curas villeros oficiaron en la Plaza Constitución, en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, dijeron a fuentes de la Iglesia porteña.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue policial e informó que se llevó adelante en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Y explicó que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.
En sectores de la Iglesia llamó la atención que el despliegue policial se produjo dos días después de la misa celebrada en Constitución por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Con un llamado a la reivindicación del “trabajo digno”, Cannavó llamó a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie”.
En la celebración religiosa se leyó un pronunciamiento de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que expresaron su preocupación por las necesidades y situaciones que se viven en los asentamientos informales.
“Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana. Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo, la falta de espacio en las viviendas, muchas de las cuales son precarias”, alertó el equipo de sacerdotes.
Y concluyeron: “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos. Nuestros barrios tienen centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden ayudar a fortalecer esta comunicación y participación. En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales”.
Iglesia,Jorge Macri,Conforme a
POLITICA
“Apreciaciones desde el Obelisco”: el cruce entre el gobernador de Neuquén y Prat Gay por Vaca Muerta
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respondió a las declaraciones de Alfonso Prat Gay sobre el impacto de Vaca Muerta en la economía provincial y sostuvo que sus apreciaciones no reflejan la situación local. El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el mensaje del mandatario neuquino.
Figueroa publicó su respuesta luego de que el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri afirmara, en una entrevista con Ahora Play, que la actividad vinculada al petróleo y el gas todavía no genera un derrame amplio en la provincia.
“No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, escribió el gobernador neuquino. En el mismo mensaje, le reprochó a Prat Gay no haber recorrido el territorio provincial y le propuso realizar una visita conjunta.
“Cómo estás, Alfonso Prat Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco. Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea”, expresó Figueroa en sus redes sociales.
El gobernador agregó: “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia”, y señaló que Neuquén logró resultados que, según su planteo, otras administraciones del país no consiguieron “cuando tuvieron su oportunidad”.
El economista relató que realizó una recorrida por pequeñas y medianas empresas y otros sectores de la economía neuquina, aunque aclaró que no llegó a Añelo, la localidad cercana a la formación de Vaca Muerta.
“Porque no derrama ni en Neuquén”, afirmó Prat Gay durante la entrevista. “Me tomé el trabajo de hacer una recorrida. No llegué hasta Añelo para ver Vaca Muerta propiamente dicha, pero hice una recorrida entre pymes, distintos sectores y demás”.
El exfuncionario sostuvo que su impresión fue diferente de la que esperaba antes de viajar. “Me llevé una imagen distinta de la que yo pensaba”, dijo. Según describió, no percibió un clima económico de expansión generalizada pese al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.
Prat Gay remarcó que Neuquén fue “la única provincia en la que aumentó el empleo desde que asumió Milei”, pero contrastó ese dato con las conversaciones que mantuvo durante su visita. “El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión y la fiebre del oro negro y todo eso”, señaló.
También diferenció la situación de las operadoras petroleras de la de otras actividades. “Sí, les está yendo muy bien a las operadoras. Pero de ahí para abajo, las pymes, bueno, ni hay que hablar; el comercio, la construcción un poco mejor”, enumeró.
Como respaldo de su respuesta, Figueroa adjuntó un análisis de la Fundación Mediterránea sobre la economía neuquina. El texto presentó a la provincia como “el caso más claro” de un crecimiento que alcanza a distintas actividades.
“Neuquén: derrame amplio”, indicó el informe difundido por el gobernador. El documento sostuvo que no solo mejoran los sectores de petróleo y gas, sino que “el resto de los bienes transables crecen incluso más”.
El análisis agregó que “los demás sectores de la economía provincial también avanzan”. Figueroa utilizó esa evaluación para rebatir la idea de que la expansión vinculada a Vaca Muerta queda concentrada en las empresas operadoras.
Prat Gay, por su parte, reconoció el alcance limitado de su experiencia durante la recorrida. “Por supuesto, es una muestra muy pequeña”, aclaró. Sin embargo, explicó que tomó a Neuquén como referencia para evaluar los efectos de uno de los sectores que el Gobierno nacional identifica entre los beneficiados por su programa económico.
“Voy a la provincia donde claramente está concentrada toda la acción de ese sector y la verdad que todavía no derrama”, concluyó el exministro.
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