POLITICA
Misiones disolvió la empresa provincial de cannabis medicinal a fin de “apuntalar la eficiencia del Estado”
El gobierno de la provincia de Misiones tomó la decisión de cerrar la empresa provincial de cannabis medicinal con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado. “He decidido avanzar en la disolución de MisioPharma, disponiendo el cese de sus funciones operativas”, informó este lunes por la mañana el mandatario provincial Hugo Passalacqua a través de su cuenta de X.
La definición había tomado estado público horas antes. En el Boletín Oficial de Misiones figuraba el decreto 539. Allí se enumeraban las razones y las consecuencias del cierre. La medida había sido anticipada a Infobae por una alta fuente semanas atrás. Está en sintonía con la privatización del puerto de Posadas.
El gobernador explicó que el paso dado por su administración se ubica en la “necesaria evolución ante un mercado mundial que, a diferencia de hace seis años, hoy se encuentra normalizado y maduro”. Este nuevo escenario, adujo, permite “acceso a insumos de manera más ágil y económica”. Para ello se utilizan “técnicas productivas privadas más eficientes que las de una estructura estatal propia”, agregó.
La normativa dictada por el Poder Ejecutivo misionero sumó otras razones. Entre ellas, “la prolongada y profunda recesión que sufre nuestro país”. En ese contexto, se ha producido “la virtual ruptura de las cadenas de pago”. El quiebre “opera a su vez como un factor de retroalimentación en el proceso de deterioro del nivel de actividad económica”. Estas circunstancias potencian “el riesgo de que las sociedades del Estado registren pérdidas de su capital social”, precisó el decreto.
Luego, agregó que existe una situación “crítica de emergencia económica y financiera” en el país. Así, se configura una “circunstancia excepcional”. En ese marco, se torna “imposible la consecución de los objetivos fijados para MisioPharma”.
Passalacqua puntualizó en su publicación que la gran mayoría de los empleados de la firma no perderán su fuente laboral. Serán reacomodados en Biofábrica Misiones. Se trata de otra empresa estatal, destinada al desarrollo de biotecnología agrícola.
“Nuestra prioridad es la optimización absoluta de los recursos públicos”, subrayó el gobernador. Por eso, se han eliminado “costos operativos innecesarios”. La meta es “redirigir el presupuesto hacia áreas críticas”, añadió. Se garantiza así “un Estado eficiente y responsable”, precisó.
Fuentes de primera línea confiaron a este medio que el cierre de la empresa representará un ahorro anual de $1,5 mil millones.
Qué era MisioPharma
La sociedad fue creada por el propio Passalacqua en las postrimerías de su primer mandato (2015/2019).
MisioPharma tenía que ocuparse de la producción, industrialización y comercialización de cannabis y derivados. La norma de creación la autorizaba a su vez a la instalación y explotación de establecimientos, equipamientos y plantas industriales necesarias a esos fines.
MisioPharma podía también adquirir, elaborar y fabricar todos los productos relacionados. En esa lista se incluían semillas y plantas abonos. Además, material fitosanitario, fertilizantes y otros recursos necesarios.
Estaba autorizada a transportarlos, almacenarlos y distribuirlos. Asimismo, se encontraba habilitada a comercializar, exportar e importar.
Cuáles son los próximos pasos
En el articulado del decreto 539 se fija una serie de etapas para proceder al cierre y a la liquidación de MisioPharma.
La normativa establece que continuará en funcionamiento hasta el jueves 16 de abril a las 9 de la mañana. Ese día, el Fiscal de Estado Eduardo Duarte dará los pasos formales necesarios para la disolución.
La firma es una sociedad del Estado. Por tanto, el 100 % de las acciones están en manos del Gobierno. En representación de ese capital, el funcionario rubricará el acta de cierre. Acto seguido, nombrará liquidador a Francisco Malica.
Esta persona será la responsable de realizar el activo de la firma (cobrar acreencias y vender equipamiento y demás) y cancelar el pasivo (deudas y compromisos existentes).
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Tensión en Diputados: el Gobierno rechaza dividir el proyecto de Malvinas y envió a una funcionaria clave a defenderlo
En un intento por avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, desembarcó este miércoles en el Congreso para defender la iniciativa oficialista ante los diputados en un plenario de comisiones. La presencia de la funcionaria se contraponía a la ausencia de otros miembros del Gobierno requeridos por los legisladores, como el canciller Pablo Quirno.
La exposición de Ibarzábal Murphy, ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó contener los reclamos de varios diputados que habían exigido la presencia de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Quirno, para precisar los detalles del proyecto en la tercera jornada informativa en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
“Este es un tema que nos convoca a todos y se trata de defender nuestra soberanía. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, planteó la titular de Legal y Técnica al comienzo de su exposición, lo que suscitó críticas por lo bajo, y no tanto, por parte de los bloques críticos. En ese momento, según pudo constatar , se elevó notoriamente la tensión en la sala.
Acto seguido, la funcionaria admitió que la iniciativa no está exenta de “fallas técnicas” y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. En ese sentido, anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que establece el proyecto y que estará integrado por representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei.
De esta forma, según el Ejecutivo, se contemplaría “la coordinación de los tres poderes” en lo que refiere a los temas de seguridad nacional. Sin embargo, Ibarzábal Murphy ratificó que el Gobierno no dividirá el texto, como reclama el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, mientras que otras bancadas como Provincias Unidas ya adelantaron que irán con un dictamen propio que solo reconoce el Título I de la iniciativa, que refiere a la defensa del territorio de Malvinas.
La secretaria Legal y Técnica sostuvo que el proyecto forma parte de “una estrategia más integral” basada en tres pilares: “castigar a quienes explotan de manera ilegítima, incentivar a los involucrados para que cesen en esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse de esas amenazas externas”, según detalló.
De todas formas, desde la bancada peronista ya anticiparon que impulsarán una reformulación del Título I que reafirme su “compromiso con el reclamo de soberanía de Malvinas”, pero que incorpore modificaciones a la propuesta oficial.
Sectores de la oposición tildaron la iniciativa de “engañosa” y “difusa” y acusaron al Gobierno de intentar “monopolizar el poder” a través de una nueva “ley ómnibus”.
Facultades ampliadas
Cuestionan que solo 40 de sus 133 artículos estén directamente vinculados con Malvinas y advierten que el resto amplía las facultades del Ejecutivo para avanzar en reformas de fondo en materia de defensa, seguridad nacional e interior y política antiterrorista.
“Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
“Hay varios proyectos dentro de uno”, repitieron los legisladores de UP al tomar la palabra en el plenario. El debate quedó prácticamente concentrado en los cuestionamientos del PJ sobre distintos puntos del articulado, a los que atribuyen problemas de constitucionalidad y efectos sobre la concentración del poder y la libertad de expresión.
“Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, apuntó el diputado de UP Eduardo Valdés.
Noticia en desarrollo
Delfina Galarza,Congreso Nacional,Malvinas,Conforme a
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Senado: cruce de Patricia Bullrich con una fiscal que intervino en el caso del policía Chocobar
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este miércoles un fuerte cruce con la candidata a fiscal general ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal Susana Marta Pernas, quien intervino en el caso del policía Luis Chocobar y solicitó penas mayores para el agente de seguridad. “Me deja grandes dudas su actuación”, señaló la porteña, mientras que la funcionaria judicial consideró “injusto” el planteo tras 50 años de carrera.
El intercambio se produjo este mediodía, durante una reunión de la comisión de Acuerdos, que no tuvo quorum y, por ende, no pudo avanzar con la firma de dictámenes. De hecho, ni siquiera se avanzó con el reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), quien murió la semana pasada y comandaba el cuerpo legislativo encargado de analizar las propuestas judiciales. Esta situación no pasó desapercibida y generó malestar en algunos despachos de la Cámara alta.
“Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas. Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y, cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”, ratificó esta tarde Bullrich en la red social X.
A pesar de un pliego enviado desde el propio Poder Ejecutivo, la presidenta de la bancada oficialista en la Cámara alta advirtió: “Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia. Por eso, aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”. Y sentenció: “Del lado de la gente, siempre”.
Cómo fue el cruce
Bullrich pidió “entender cómo piensa un fiscal en relación a un policía que estaba paseando y ve un turista que recibe nueve puñaladas” y que, a pesar de la pena -1 año- contra el agente de seguridad, “le manchan su carrera”.
“¿A quién defiende? ¿A las víctimas? ¿Entiende el rol de la policía? ¿Quién va a defender a la sociedad si una fiscal va a la Corte e insiste en un aumento de la pena?“, preguntó la legisladora.
Por su parte, Pernas buscó ser prudente por un expediente aún en trámite, aclaró que no tiene “ningún problema con ninguna fuerza de seguridad” y que, durante su intervención, ratificó que el caso nunca fue considerado -según su visión- de “gatillo fácil”, pero que sí fue corroborado un “exceso”, lo cual fue validado por el tribunal interviniente.
“La doctrina tiene que cambiar o la Policía nunca va a tener respaldo”, arremetió Bullrich. Y le consultó: “¿Chocobar actuó como policía o delincuente?“. ”Yo no puedo decir que actuara como delincuente porque sería un homicidio por gatillo fácil y en ningún momento lo consideré“, replicó Pernas.
Además, la fiscal reiteró la imposibilidad de ”eludir» la cuestión del “exceso” en el accionar del efectivo de seguridad y advirtió: “Parecería que se quiere juzgar una posición por un caso concreto. Me parece una total injusticia”.
“Injusticia sufrió Chocobar”, lanzó la senadora, y observó: “La Cámara bajó la pena y usted la subió. Fue injustamente condenado por haber salvado la vida de una persona”. “Él no lo salvó”, manifestó -sin dudar- la fiscal.
En agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el ex policía enfrente un nuevo juicio oral, al confirmar lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal.
La decisión rechaza el recurso presentado por su abogado, Luis Jorge Cevasco, quien cuestionaba la constitucionalidad de volver a juzgar a su defendido. No obstante, el TSJ sostuvo que no se vulnera el principio que impide ser juzgado dos veces por la misma causa, dado que Chocobar no fue absuelto, sino condenado en primera instancia.
El expediente se originó tras los sucesos del 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, cuando Juan Pablo Kukoc y otro menor de edad -J.M.P.R.- intentaron robarle la cámara de fotos al turista estadounidense Frank Wolek, quien se resistió al robo, fue apuñalado y quedó malherido. Luego, el policía Chocobar salió a perseguir a los atacantes y, en ese contexto, disparó y mató al menor que había participado de los hechos.
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