POLITICA
La Iglesia homenajeará al papa Francisco, a un año de su muerte: gesto pastoral y fuerte señal política

La Iglesia Católica argentina celebrará el próximo 21 de abril, a las 17, en la Basílica de Luján una misa en memoria del papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, en un encuentro que combinará una dimensión espiritual de alto impacto simbólico con una marcada densidad política, por la convocatoria transversal a dirigentes de todos los niveles del Estado, el sindicalismo y el ámbito social.
La ceremonia será oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, quien encabezará la concelebración junto a todos los obispos del país, reunidos en Asamblea Plenaria. La elección del santuario nacional y la coincidencia con la cumbre episcopal refuerzan el carácter institucional y estratégico del homenaje.

La escena tendrá una doble lectura. Por un lado, la Iglesia buscará reconstruir, desde el plano litúrgico, el legado pastoral, político y cultural de Jorge Bergoglio, el primer Papa argentino y latinoamericano, cuya figura marcó durante más de una década la agenda global del catolicismo. Por otro, el evento se proyecta como una postal política de alto voltaje: una convocatoria amplia, plural y cuidadosamente diseñada para reunir en un mismo espacio a representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores, legisladores, dirigentes sindicales y referentes sociales, en un contexto de reconfiguración del poder político bajo la administración de Javier Milei.
Según pudo saber Infobae de fuentes eclesiásticas, la invitación fue cursada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se extendió a la totalidad del Gabinete nacional. También confirmaron su presencia la vicepresidenta Victoria Villarruel, así como dirigentes de distintos espacios políticos y actores relevantes del entramado social. En la misma línea, fueron invitados todos los gobernadores del país, lo que anticipa una concurrencia federal que reforzará el carácter institucional del encuentro.
Además, la misa tendrá un componente interreligioso explícito: participarán autoridades de otros credos que realizarán una invocación conjunta en homenaje al Papa. Estarán representados referentes del mundo evangélico, así como de la comunidad judía y musulmana de la Argentina, en un gesto que busca reflejar el perfil de diálogo interreligioso que caracterizó el pontificado de Francisco y que la Iglesia local busca proyectar en este homenaje.

La ausencia más significativa será la del propio Milei. El Presidente no participará de la ceremonia porque estará de viaje en Israel, donde tiene previsto asistir a los actos por el Día de la Independencia de Israel y avanzar en una agenda bilateral que incluye definiciones de alto impacto geopolítico, como el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén. La simultaneidad de ambos eventos —la misa en Luján y la presencia presidencial en Israel— introduce un contraste político y simbólico que no pasa inadvertido en la lectura que hacen tanto en la Iglesia como en el sistema político.
En términos estrictamente eclesiales, la misa en Luján se inscribe en el calendario litúrgico y pastoral de la Iglesia argentina como uno de los momentos más relevantes del año. La Basílica de Luján, principal centro de peregrinación del país, ha sido históricamente un espacio donde confluyen fe y política, con celebraciones que, en distintos momentos, funcionaron como instancias de articulación entre la Iglesia y el poder institucional.
La figura de Francisco amplifica esa dimensión. Durante su pontificado, Bergoglio mantuvo una relación compleja y oscilante con la dirigencia argentina, atravesada por tensiones ideológicas, diferencias políticas y, al mismo tiempo, un reconocimiento transversal a su liderazgo global. Su muerte, hace un año, reconfiguró ese vínculo y abrió una etapa de reinterpretación de su legado, tanto dentro como fuera de la Iglesia.
En ese contexto, la misa en Luján funcionará como un punto de convergencia. Para la Iglesia, será una oportunidad de reafirmar la centralidad de Francisco como referencia doctrinal y pastoral, en un momento en que el catolicismo global enfrenta desafíos estructurales, desde la secularización hasta las tensiones internas. Para la política, en cambio, el evento ofrece un escenario de visibilidad y posicionamiento: un espacio donde confluyen oficialismo y oposición, en una suerte de tregua simbólica bajo el paraguas de una figura que, aun después de su muerte, conserva una capacidad singular de interpelación.
La presencia de Victoria Villarruel adquiere, en ese marco, una relevancia particular. La Vicepresidenta ha construido, desde el inicio de la gestión, un perfil propio en materia institucional y simbólica, con gestos que la diferencian del Presidente en algunos planos. En ese momento, la vicepresidente estará, por el viaje de Javier Milei a Israel, a cargo del Ejecutivo nacional.
La invitación a Adorni y al Gabinete, por su parte, refleja la voluntad de la Iglesia de mantener canales de diálogo abiertos con el Gobierno, aun en un contexto de tensiones y diferencias. El oficialismo, atravesado por una agenda de reformas estructurales y un discurso crítico hacia distintos actores tradicionales, encuentra en este tipo de eventos una instancia de interacción con instituciones que conservan capacidad de influencia social y territorial.
En paralelo, la convocatoria a los gobernadores introduce otro eje de análisis. En un sistema político donde las provincias mantienen un rol decisivo en la gobernabilidad —especialmente en el Congreso—, la presencia de mandatarios provinciales en Luján puede derivar en encuentros informales, intercambios y señales políticas que trascienden el marco estrictamente religioso. La Iglesia, consciente de esa dinámica, suele actuar como espacio de mediación y articulación.
El componente sindical y social completa el cuadro. La participación de dirigentes gremiales y referentes de organizaciones sociales refuerza la idea de una convocatoria amplia, que busca integrar a distintos sectores en torno a una figura común. En un país atravesado por tensiones económicas y sociales, esa convergencia adquiere un valor adicional, tanto en términos simbólicos como políticos.
En ese plano, la presencia sindical adquiere una lectura adicional. Fueron invitados dirigentes gremiales en un encuentro que se realizará nueve días antes de la movilización convocada por la CGT para el 30 de abril en Plaza de Mayo, una marcha de claro signo opositor. En esa jornada, además de las reivindicaciones laborales y políticas, la central obrera anticipó que se realizará también un homenaje al Papa Francisco. Incluso, desde la conducción cegetista hicieron saber su intención de que la Iglesia participe de esa manifestación. Sin embargo, fuentes eclesiásticas aclararon que no habrá una intervención institucional formal, más allá de que eventualmente pueda registrarse la presencia individual de algún sacerdote que brinde un homenaje al pontífice, al cumplirse un año de su fallecimiento.
La ausencia de Milei introduce, sin embargo, un matiz central. Su decisión de priorizar la agenda internacional —con foco en Israel y en la relación con Estados Unidos— se inscribe en una estrategia más amplia de alineamiento geopolítico. Pero, al mismo tiempo, genera un contraste con la centralidad que la figura de Francisco tiene para amplios sectores de la sociedad argentina.
Ese contraste no implica necesariamente una ruptura, pero sí vuelve a poner en escena la relación entre el Gobierno y la Iglesia. Durante la campaña y en los primeros meses de gestión, Milei mantuvo posiciones críticas hacia el Papa, que luego moderó en el ejercicio del poder. La misa en Luján, sin su presencia, reintroduce esa tensión en un escenario cargado de simbolismo.
En términos de narrativa política, la imagen de Luján ofrecerá múltiples capas de lectura. La liturgia convivirá con gestos, presencias y ausencias que serán observadas con atención por el sistema político. Cada actor que asista —o que decida no hacerlo— estará enviando una señal.
La Iglesia, por su parte, parece haber diseñado el evento con esa lógica. La convocatoria amplia, la elección del lugar, la centralidad de la figura de Francisco y el momento político configuran un escenario que excede lo estrictamente religioso. Se trata de una intervención en el espacio público, donde la institución busca reafirmar su rol como actor relevante.
La Asamblea Plenaria de los obispos, en cuyo marco se realizará la misa, añade otro elemento de contexto. Se trata del principal ámbito de deliberación de la Iglesia argentina, donde se definen líneas pastorales y posicionamientos institucionales. La coincidencia con el homenaje refuerza el carácter estratégico del encuentro.
No se descarta que, más allá de la ceremonia, surjan mensajes vinculados a la coyuntura nacional. El legado de Francisco —con su énfasis en la justicia social, la inclusión y el diálogo— atraviesa buena parte de las discusiones actuales sobre el rumbo económico y social del país.
La postal final condensará esa complejidad: una basílica colmada, obispos en concelebración, dirigentes políticos de distintos signos compartiendo el mismo espacio, sindicalistas y referentes sociales, representantes de distintos credos en una invocación interreligiosa y la ausencia del Presidente en medio de una gira internacional de alto perfil. Una escena que sintetiza, en clave simbólica, las tensiones y dinámicas de la Argentina actual.
POLITICA
Adorni no había declarado ante la OA la casa del country: la agregó ahora a su presentación, un año tarde

Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Fuentes oficiales informaron a que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.
Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.
Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, la semana pasada, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informó a un funcionario al tanto de estos movimientos.
dio cuenta, el mes pasado, de la adquisición de la casa de Indio Cua a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.
La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró el miércoles pasado ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió , el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.
Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua. Dijo también que ella le presentó las prestamistas a Adorni porque él le había pedido que le consiguiera el crédito.
El jefe de Gabinete y su esposa se comprometieron a devolver el dinero en 24 meses, con un interés del 11% anual, declaró la escribana y ratificaron en Comodoro Py las prestamistas, Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija. Según fuentes con acceso a lo declarado por las testigos, ellas dijeron que era la primera vez que hacían una operación así con Nechevenko, con quien tienen una relación escribana-clientas desde hace muchos años. Tanto Nechevenko como las acreedoras de Adorni y Angeletti informaron que hasta ahora les pagaron 30.000 dólares.
El hecho de que un funcionario omita declarar los bienes de su cónyuge en su presentación ante la Oficina Anticorrupción puede tener consecuencias administrativas y penales.
La regla es que si la OA advierte que alguien presentó una declaración incompleta, debe intimarlo a que la rectifique y, si no lo hace, puede abrir un expediente o incluso denunciarlo ante la Justicia.
El Código Penal establece, en el artículo 268 (3) que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Que “el delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”. Y que “en la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Según la ley, no basta entonces la omisión, sino que esta debe ser “maliciosa” para que se constituya un delito.
En este caso, Adorni podría alegar que él rectificó su declaración original y que agregó lo que no había informado. se comunicó con el estudio jurídico que lo defiende, donde declinaron hacer declaraciones sobre la causa.
En cualquier caso esta omisión será un elemento a tener en cuenta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento apreciable de su patrimonio que no puede justificar.
Los investigadores tienen en su poder pruebas de que, desde que es funcionario, Adorni y su mujer sumaron a sus bienes la casa del country en Indio Cua, un nuevo departamento en el que viven, en Caballito, y una camioneta. Los ingresos declarados de él son los de funcionario y ella, hasta el año pasado, era monotributista.
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POLITICA
Intendentes marcharon al Ministerio de Economía por fondos y obras paralizadas

Intendentes de distintas partes del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), realizaron una movilización este mediodía hacia el Ministerio de Economía, frente a Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue entregar un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo. La convocatoria responde a la exigencia de fondos, obras y la distribución de recursos retenidos.
La movilización involucró a intendentes de diversos partidos, aunque predominó la representación del peronismo bonaerense. Los jefes comunales se agruparon en la puerta del Ministerio de Economía y se prepararon para entregar en mano un documento que detalla los principales reclamos. Según informaron voceros de la FAM, el petitorio no fue recibido por Caputo, debido a que se encuentra en la disertación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Fernando Espinosa, intendente de La Matanza y presidente de la FAM, encabezaron la delegación junto a referentes como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y diputada electa de la Provincia de Buenos Aires. Asimimo, asistieron autoridades bonaerenses como Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense.
Qué reclaman los intendentes en la protesta frente al Ministerio de Economía
De acuerdo con el borrador del documento, la principal demanda de los intendentes consiste en el pedido al Gobierno nacional de transferencias de fondos pendientes vinculadas a obras públicas. Solicitan también el restablecimiento del precio de los combustibles al nivel del primero de marzo y la distribución de fondos retenidos por el impuesto a los combustibles líquidos.
El texto especifica: “La suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos”, precisó Federico Mayol, periodista de Infobae en Vivo Al Mediodia. La cifra solicitada por los intendentes tienen como destino la infraestructura y obras en municipios de todo el país. Este monto, según los jefes comunales, corresponde a fondos cuya finalidad original era financiar obras federales a través de la coparticipación.
Desde la FAM enfatizan la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros de fondos. Además, advierten: “Existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios”.
Quiénes participan de la movilización y qué motivó la medida
De acuerdo con el análisis de la FAM, es la primera vez en más de dos años que intendentes de todo el país se congregan para reclamar directamente ante el Ministerio de Economía, evitando canalizar su demanda a través de los gobernadores provinciales. Esto se debe, según los protagonistas, a que los mandatarios provinciales suelen recibir reclamos que dependen en realidad del Gobierno nacional, como la demora en la entrega de alimentos y medicamentos, y la falta de ejecución de obras públicas.
Según lo transmitido pro Mayol, los funcionarios municipales puntualizan en el mensaje transmitido que tiene como principal receptor al Gobierno Nacional. “Queremos que quede claro que el reclamo es directo a la Nación y no a los gobernadores, para evitar confusiones y costos políticos injustos. Esto es lo que dicen los intendentes”, transmitió el periodista.
Antecedentes y contexto del reclamo por fondos federales
Este reclamo nace en el marco de una política del Gobierno nacional orientada a recortar transferencias y paralizar la obra pública, según sostuvieron los intendentes movilizados. En 2023 se presentó en el Congreso un proyecto para actualizar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; sin embargo, este quedó sin tratamiento y genera uno de los principales puntos de reclamo en la protesta. La FAM considera que la situación se agrava por la retracción en la recaudación, lo que limita el flujo de fondos destinados a las provincias y municipios.
Los intendentes sostuvieron que la caída en la coparticipación afecta la gestión local y el financiamiento de servicios básicos, sobre todo ante el inminente pago de aguinaldos a mitad de año. El petitorio entregado este mediodía reclama medidas “urgentes” para liberar los fondos retenidos, actualizar los valores para compra de combustibles y reactivar las transferencias extraordinarias, conocidas como ATN.
En las puertas del Ministerio de Economía, los representantes municipales posaron para los medios tras la lectura del documento y reiteraron el pedido de una instancia formal de diálogo.
“No vamos a irnos sin dejar constancia formal de nuestro reclamo en la mesa de entradas del Ministerio”, señalaron desde la conducción de la FAM. La movilización permanece frente a la sede de Economía y las autoridades comunales esperan una respuesta a sus demandas.
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intendentes marcharon por obras (captura de pantalla)
POLITICA
La crisis del PAMI: deuda millonaria, cortocircuitos en el Gobierno y un conflicto gremial que podría extenderse

El paro por 72 horas que activaron los médicos de cabecera en reclamo de mejoras salariales puso de relieve la crisis del PAMI, el organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones.
El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a . El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.
Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.
La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos en el Gabinete.
El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero hoy no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Legúizamo, cuya gestión quedó recientemente en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de de lentes intraoculares.
La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo advirtiéndole que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.
El paro es impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), pero cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como ATE y UPCN, que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.
Desde el organismo, en tanto, sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto.
Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.
Desde el Instituto defienden la medida. Fuentes de PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.
Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.
“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90″, dijo a Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el organismo.
En el PAMI hay 10.500 empleados. Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que podría activarse en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.
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