En la Justicia hay dudas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda justificar su patrimonio, en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La estrategia del funcionario fue presentar una declaración jurada realizada por contadores, con supervisión de su abogado, documento que la Justicia dejó trascender que le resulta insuficiente, que se trata de “un dibujo”.

El funcionario deberá probar con documentación sus declaraciones, en las que dijo que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas junto a su esposa.

La situación del funcionario es muy complicada, porque tendrá que justificar su patrimonio, como el origen de los US$200.000 que dijo que invirtió en criptomonedas junto a su pareja, por el que ganaron, según su versión, US$300.000 entre 2014 y 2018. El funcionario también reconoció que se trataba de ahorros “de toda la vida, en negro”. Entre las justificaciones deberá presentar las claves de acceso a las cripto, y demostrar si eran de él.

El fiscal trabaja en una medida clave para avanzar con a invstigación: el requerimiento de justificación de bienes de Adorni, una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria, que solo se concretará en el caso de que el jefe de Gabinete no pueda probar su crecimiento patrimonial.

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La redacción de este escrito, que está casi listo, avanzado, tiene más de 150 páginas. Previo a la concreción de este procedimiento se deben analizar las declaraciones juradas del funcionario, que incluyen rectificativas de presentaciones anteriores. Sumado a la declaración de carácter reservado, donde deben figurar, por ejemplo, todos los detalles para acceder a las cripto en cuestión. Declaración que todavía el funcionario no presentó.

La semana pasada, Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, como anticipó TN, con el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si el funcionario y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía, además de las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El fiscal solicitó además que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Manuel Adorni

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su esposa, Milagros Maylin, tuvieron a su primer hijo este miércoles en el Sanatorio Otamendi, según confirmaron fuentes cercanas del entorno de la pareja a Infobae.

De acuerdo a lo que se conoció, el nacimiento fue producto de una cesárea programada que se llevó a cabo en el sanatorio en la mañana de este miércoles a las 8:30 y se llama Justo Larreta. Se trata del primer hijo de la pareja que se casó en noviembre de 2024.

Este medio había adelantado la noticia del embarazo, en medio de una etapa en la que el actual legislador porteño estaba redefiniendo su futuro político. En ese sentido, relanzó su proyecto político propio con la intención de volver a participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde supo tener dos mandatos representando al PRO.

Sin embargo, tras su fallido proyecto presidencial, Larreta rompió con el partido amarillo y, tras estar casi un año sin aparecer, se relanzó para las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el año pasado en la Capital Federal y pudo volver a la Legislatura porteña.

Tras conseguir una banca, el propio Larreta aseguró que tiene intenciones de volver a disputar un lugar para volver a las oficinas de Uspallata con fuertes críticas a la gestión de Jorge Macri. “Lo digo con tristeza y motivación porque en cada barrio que voy me imagino lo que podría hacer. La Ciudad está sucia y el olor a pis es un símbolo“, dijo en diálogo con Luis Novaresio.

A pesar de las idas y vueltas políticas, Larreta consolidó su relación con Maylin que comenzó en 2022, después de la separación del ex alcalde porteño. Finalmente, se casaron en noviembre de 2024 en una boda privada a la que tuvieron acceso solo allegados y familiares.

Milagros Maylin, licenciada en Ciencias de la Comunicación y con amplia experiencia en gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires, acompañó a Rodríguez Larreta tanto en su vida personal como en el ámbito político en los últimos años.

La esposa del diputado porteño tiene 38 años, es egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se otorga al mejor promedio). Además, cuenta con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE.

Rodríguez Larreta (60) ya es padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su vínculo con la organizadora de eventos, Bárbara Diez.

El día de su casamiento, que se realizó en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño, Milagros Maylin contó cómo se desarrolló su vínculo: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”.

“Pasó mucho tiempo, porque la campaña, que esto, que lo otro, así que hubo otra nueva charla: ‘Bueno, nos casamos’. Y ahí renovó la propuesta que me había hecho un año antes”, recordó.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para proponer cambios al proyecto de ley de Lobby que impulsa el Gobierno. Si bien todos reconocieron la importancia de regular la gestión de intereses, a lo largo de la jornada se repitieron las críticas a la redacción del texto.

“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”, resumió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.

Además, el proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.

El régimen sancionatorio combina las vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que seguramente acepten modificaciones, principalmente en la parte de las sanciones penales. “Vamos a hacer todo para poder dictaminar la semana que viene”, aseguraron. Por su lado, algunos espacios de la oposición, como Unión por la Patria o la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.

En la previa del plenario de comisiones, organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Protestante Hora de Obrar, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Poder Ciudadano y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundieron un documento conjunto con sus cuestionamientos al proyecto.

“El proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”, plantearon en el documento titulado “Participación vigilada”.

En términos concretos, señalaron que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia. Por lo que actividades normales en una democracia (como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público) quedan sujetas a “supervisión estatal permanente sin importar el sujeto que las impulse”.

En ese sentido, explicaron que la participación social en la construcción de políticas públicas es una forma muy valiosa de democratización del Estado. “Los procesos de toma de decisión incorporan perspectivas, saberes y demandas que de otro modo quedarían ausentes. Al equiparar esa participación con el lobby comercial y someterla a idénticos mecanismos de registro, control y sanción, el proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática”, advirtieron.

Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto meta “en la misma bolsa” al que se reúne con un funcionario para que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública.

“A nadie hay que pedirle permiso para ejercer la participación ciudadana. Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón; Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo murió tras un secuestro; o María Luján Rey, que buscó a su hijo entre los escombros de la tragedia de Once, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, detalló.

Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia, porque si todos somos lobbistas, nadie lo es”.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, destacó que Argentina necesita una ley de lobby desde hace tiempo, pero aclaró que la ley “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan; para desalentar la corrupción, no para criminalizar la participación democrática; para regular la actividad del lobbista profesional, no para colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados que defienden a sus clientes, al académico que opina sobre una norma o al colegio que defiende a sus representados” y llamó no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.

“Desde ACIJ, creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, dijo Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ.

Otros puntos cuestionados por las asociaciones civiles

• Se exige la inscripción previa en un registro público para cualquier gestión de intereses, especialmente si hay financiamiento o representación de “intereses extranjeros”. Esto puede resultar en barreras burocráticas significativas para organizaciones pequeñas y limita la libertad de asociación y la participación política.
• El proyecto asocia a organizaciones que reciben fondos internacionales con la representación de intereses extranjeros, permitiendo al Estado calificarlas como “gestoras de interés extranjero” incluso sin vínculo directo. Esto facilita procesos de estigmatización y presión política sobre actores críticos del gobierno.
• La autoridad de aplicación designada carece de independencia y dispone de amplias facultades discrecionales para reglamentar, fiscalizar y sancionar, lo que habilita riesgos de aplicación selectiva y arbitraria de la ley contra voces disidentes.
• Se establecen sanciones administrativas y penales severas, incluyendo multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspensión e inhabilitación definitiva. Estas sanciones pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para organizaciones sin fines de lucro.
• La redacción ambigua de las excepciones (como para actividades periodísticas) y la falta de diferenciación entre tipos de gestión de intereses pueden afectar la labor periodística, el acceso a la información y el periodismo de investigación.