POLITICA
Con el aval de Milei, Adorni ya prepara una defensa judicial para su exposición en el Congreso
La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso para dar su informe de gestión el próximo 29 de abril ya se prepara, por estas horas, en la Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela, según confirmaron a fuentes del Ejecutivo.
Por un lado, un grupo se ocupa estrictamente con temas de gestión y, por otro, se armó una mesa que está abocada a las causas judiciales que involucran al gobierno, y al que apuntaron en sus preguntas desde diferentes espacios de la oposición.
Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al funcionario, su presentación ante la Cámara de Diputados constará de dos partes. Primero, la que está vinculada con su informe -estiman que se podría tener una extensión de media hora o cuarenta y cinco minutos-, que apuntará estrictamente a las cuestiones de gestión.
Luego será el turno de responder las preguntas que mandaron los legisladores. Llegaron más de 4800, pero en la Casa Rosada explican que ese número ya se redujo a 2100 por la cantidad de preguntas similares.
En lo que será la respuesta a buena parte de ellas ya trabaja el equipo de jefatura de Gabinete orientado a lo legal. Allí están englobados los casos por supuestos hechos de corrupción que acechan a la administración libertaria: el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la causa por la difusión de la criptomoneda $LIBRA y la investigación penal por enriquecimiento ilícito que involucra al propio jefe de ministros tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.
En los despachos oficiales afirman que intentarán “abordar las inquietudes” de los opositores, pero no dan mayores precisiones. De hecho, respecto de la situación de Adorni, aventuran que analizarán cerca de la fecha de la convocatoria en Diputados “en qué punto está la causa” y a partir de eso se decidirá qué dirá el funcionario en el recinto. “Sobre la fecha se verá”, apuntan.
El ministro coordinador había eludido hablar o dar detalles sobre su patrimonio en la conferencia de prensa del 25 de marzo pasado -su última alocución pública-. En la Casa Rosada se muestran confiados en que la causa se terminará cayendo, pese al avance de la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que recogió testimonios, y pidió el levantamiento del secreto bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para el entrecruzamiento de datos.
Hoy, reveló que Adorni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado. El funcionario recién lo agregó la semana pasada.
En Balcarce 50 insisten en que lo judicial formará parte de las respuestas a las preguntas y no del eje central del discurso de Adorni ante la Cámara de Diputados.
Pese a versiones que indicaron lo contrario, en la cúpula del poder dan por hecho que el presidente Javier Milei acompañará a Adorni al Congreso para presenciar su exposición en el recinto.
“No salimos a desmentir nada, porque no vale la pena, pero Javier va a estar ese día con Manuel”, subrayaron por estas horas en el palacio de Gobierno en referencia a versiones que dieron cuenta de que el mandatario no asistiría.
De concretarse la presencia del mandatario sería un nuevo respaldo a su jefe de ministros, en línea con lo que vino haciendo desde que comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
El apoyo del jefe del Estado y de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se materializó a lo largo de los últimos casi cuarenta días en gestos públicos y mensajes en redes sociales. “Ni Karina, ni Javier le van a soltar la mano a Manuel”, repiten en Casa Rosada.
Para preparar su exposición, Adorni se valdrá, al menos de momento, de su propio equipo. La parte vinculada a la gestión estaría en manos de Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, y la de legales, en un equipo liderado entre otros por Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa, según consignó un estrecho colaborador de Adorni.
Para la primera parte se trabaja en coordinación con información que se les requiere a los distintos ministerios. Por lo pronto, en Balcarce 50 descuentan que las 4800 preguntas enviadas por los legisladores serán reducidas a menos la mitad, ya que consideraron que muchas estaban “repetidas”.
“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue este lunes durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El titular de la Cámara Baja confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.
Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución”, enfatizó el titular de la Cámara baja, quien aludió a que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, manifestó Menem, solo exhibe un intento de la oposición de desgastar al Gobierno.
Frentes de tormenta
El de $LIBRA fue el primer caso de presunta corrupción que sacudió al gobierno nacional, en febrero de 2025. Seis meses después estalló el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en marzo de este año comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de la atención mediática y como objeto de una investigación judicial.
Por los tres hay investigaciones penales en los tribunales federales de Comodoro Py. De todas ellas, la más avanzada es la de Andis, en la que ya hay una serie de procesamientos, entre ellos a su extitular y examigo personal del Presidente, Diego Spagnuolo.
La semana pasada, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron citar nuevamente a indagatoria a Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete yDaniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la agencia.
La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Andis.
Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Desde que estalló el caso, el Gobierno intentó despegar a la hermana del Presidente o su mano derecha. De hecho, en la Casa Rosada consideraron que Spagnuolo era un “cuentapropista”.
La de $LIBRA es la causa que en febrero de 2025 dejó al propio presidente en el centro de la tormenta.
El 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”.
En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo. El caso fue denunciado por la oposición y es objeto de una de las causas que hay contra el Gobierno en los tribunales de Retiro.
En tanto el caso de Adorni comenzó el 8 de marzo pasado, luego de que se conociera que su esposa había viajado a Nueva York en el avión presidencial. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.
En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”.
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POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
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La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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