POLITICA
Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Stornelli presentó un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnuda una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
En 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según consta en el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El titular del Grupo Insud y de empresas como Elea Phoenix y mAbxience fue el ganador de los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La fiscalía dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
Por su parte, con respecto a la exministra Vizzotti, Stornelli detalló que prestó funciones profesionales para la Fundación Huésped y para la empresa Vacunar SA entre 2017 y 2020.
Fue la Fundación Huésped −fundada por el entonces asesor presidencial Pedro Cahn− subcontratada por el laboratorio Elea Phoenix (de Sigman) para realizar los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en Argentina. Además, Huésped subcontrató para estas tareas a Vacunar SA, sostuvo Stornelli.
Otro de los “socios locales” beneficiados fue Laboratorios Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, que obtuvo la concesión del Fondo Ruso de Inversión Directa para fabricar el componente de la Sputnik V.
El fiscal señaló que la celeridad administrativa para aprobar los contratos de AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm contrasta con el letargo burocrático aplicado a Pfizer.
El documento incluye una mención al exministro de Salud Ginés González García, a quien Stornelli señala en relación con las graves denuncias públicas realizadas en su momento por Patricia Bullrich, quien lo acusó de frenar a Pfizer porque pretendía utilizar un intermediario nacional para obtener un “retorno” financiero.
Sin embargo, debido al fallecimiento de González García el 18 de octubre de 2024, el fiscal solicitó a Lijo que declare formalmente extinguida la acción penal en su contra.
Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal) para una larga lista de implicados.
Las personas incluidas en el pedido de declaración indagatoria son Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini, asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas.
Del lado del sector privado y los laboratorios, los acusados son Sigman, Juan Manuel Artola (apoderado de Richmond), los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Cahn.
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MENDOZA.- Se cerró hoy un nuevo capítulo de la guerra entre Mendoza y La Pampa. Luego de más de 50 años de reclamos, el gobierno nacional decidió este viernes, a través de un decreto, otorgarle a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles, en San Rafael, sobre el río Atuel. Sin embargo, el conflicto entre ambas jurisdicciones se profundizará y ya amenaza con seguir en los tribunales.
Es que ambas provincias aseguran que irán a la Justicia. Por un lado, Mendoza solicitará recuperar el dinero de los años no percibidos, que se estima en unos US$700 millones. La Pampa, bajo la conducción del peronista Sergio Ziliotto, asegura que su tierra vecina “ya se robó un río”, por el Atuel, y que la demandará para que no la siga perjudicando y pueda seguir percibiendo el 50% de las regalías.
Así las cosas, en la provincia del oeste argentino, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, celebran la decisión 982/2026 del Ejecutivo, que deroga un decreto de 1973, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, Mendoza pasará a percibir el canon del 12% en regalías por ser dueña del complejo hidroeléctrico, y no del 6% como venía cobrando desde hace décadas, sobre el importe correspondiente a la energía vendida.
“Mendoza recibirá el 100% de las regalías de Los Nihuiles. Esta decisión reafirma un principio que sostuvimos desde el primer día: nuestros recursos estratégicos no se negocian”, expresó Cornejo, y agregó: “Defender el patrimonio de los mendocinos es una obligación de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar”.
En este sentido, el mandatario cargó contra quienes cuestionaban el histórico reclamo mendocino. “Mientras algunos ponían en duda ese camino, los hechos demuestran que actuar con firmeza, con argumentos y defendiendo los intereses de Mendoza fue la decisión correcta. Vamos a seguir haciendo valer los derechos de la provincia y defendiendo su patrimonio y su futuro cada vez que sea necesario”, sostuvo el radical.
Su par pampeano también se despachó con todo en sus perfiles públicos, principalmente en X, donde dejó asentado su malestar con lo dispuesto por las autoridades nacionales, hoy aliadas con el mendocino. “No solo Mendoza nos robó un río. Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!“, expresó el gobernador justicialista, anticipando la presentación de un recurso en los tribunales para que se revierta la medida.
Más allá de las diferencias pampeanas por lo actuado por Nación, los ojos se posan sobre los alcances de las normativas, que estipula el beneficio donde se encuentra la fuente hidroeléctrica, dejando atrás el régimen específico de paridad para Los Nihuiles, firmado durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, y aplicar el marco general previsto por la legislación energética.
“Era la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia, y no como es el criterio y la jurisprudencia, de que cobran las provincias donde está la caída del agua que genera finalmente la energía”, explicó Cornejo.
Así, el nuevo decreto establece que el criterio para determinar sobre el derecho a las regalías debe estar asociado con la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y no simplemente con el recorrido del río, más allá de su caracter interjurisdiccional, como ocurre con el Atuel.
Así, en base a los considerandos de la norma, tanto la ubicación de las instalaciones como los antecedentes de la Corte Suprema avalan el criterio de que las regalías deben ser para la provincia donde se halla efectivamente el aprovechamiento hidroeléctrico.
El Gobierno nacional tomó la decisión en las vísperas del proceso de licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, convocado mediante el decreto 667/2026, con el objetivo de que el nuevo proceso de concesión tenga un marco regulatorio definido.
La disputa también tiene vinculación con otro reclamo histórico de La Pampa, lo que exaspera los ánimos: el carácter interjurisdiccional del Atuel, determinado por la Corte en 1987, y el posterior incumplimiento de Mendoza de un caudal mínimo fluvioecológico.
Por estas horas, el gobierno mendocino festeja el reconocimiento nacional del derecho de Mendoza sobre las regalías de Los Nihuiles, ya que considera que marca un “punto de inflexión” en un reclamo iniciado hace más de 50 años. En ese sentido, indicaron que la provincia continuará ahora con el proceso judicial para recuperar los recursos correspondientes a períodos anteriores, que llegaría a los US$700 millones de dólares.
Además, avanzará con la nueva concesión para impulsar inversiones que permitan “recuperar y ampliar la generación hidroeléctrica, de modo que el mayor aprovechamiento de los recursos estratégicos se traduzca en más infraestructura, desarrollo y mejores servicios para los mendocinos”, indicaron desde el gobierno provincial.
deroga un decreto de 1973,,pic.twitter.com/VyPQVZL3Fh,September 11, 2026,https://t.co/hQn91esVXU,pic.twitter.com/ZORkeXUIXH,September 11, 2026,licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles,,incumplimiento de Mendoza de un caudal mínimo fluvioecológico.,Pablo Mannino,Conforme a
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.
Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.
El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.
Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.
El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.
El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.
El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.
El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.
Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.
Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.
La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) renovó sus autoridades este viernes, en la última jornada de la 64ª Asamblea General de la entidad, que se realiza desde el miércoles en esta ciudad.
Daniel Dessein, titular de La Gaceta de Tucumán, es el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027, cargo que hasta hoy ocupaba Martín Etchevers (Clarín). En tanto, Etchevers fue elegido para conducir la Comisión de Libertad de Prensa e Información –una de las más relevantes de la institución–, que hasta esta jornada estaba a cargo de Dessein.
En tanto, Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) asumió como vicepresidenta primera del Consejo Ejecutivo y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), como vicepresidente segundo. Pablo Deluca (Infobae) se hará cargo de la secretaría General y Tomás Vio (Diario Olé) tomó la secretaría de Organización.
Agustino Fontevecchia (Perfil) revalidó su lugar en la secretaría de Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) fue elegido para la secretaría de Actas. Completan el equipo Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas), quienes siguen como tesorero y protesorero, respectivamente.
La nómina de vocales titulares quedó integrada por Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).
Como vocales suplentes fueron elegidos Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro, General Roca).
Comisiones
La asamblea también definió la integración de las comisiones de ADEPA para el próximo período. Además de la Comisión de Libertad de Prensa, ahora en manos de Etchevers, la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones será presidida por José Santa María (Página 12), con Valentini, de El Diario de Pringles, como vicepresidente, mientras que en el Comité Estratégico seguirá al frente Guillermo Ignacio (TSN Necochea).
José Claudio Escribano () continuará en la presidencia de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.
Por su parte, Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de Adepa, coordinará la Comisión de Capacitación Multiplataforma, mientras que la Comisión de Desarrollo Digital será presidida por Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan), con Vio, de Olé, como vicepresidente. La Comisión de Desarrollo de Medios Locales quedó en manos de Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia), acompañada por Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) como vicepresidente y Muñoz, de OPI Santa Cruz, como secretario.
La Comisión de Relaciones Internacionales será conducida por Ick, de El Liberal, con Ignacio Fidanza (La Política Online) como vicepresidente. La Comisión de Bien Público quedó a cargo de Roberto Suárez (Mendoza Today), secundado por Terán, de La Capital, mientras que la de Propiedad Intelectual será presidida por Garazzi, de Hola Argentina, con Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) como vicepresidente.
Por su parte, la Comisión de Socios quedó en manos de Dillenberger, de Imagen, con Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza) como vicepresidente, y la de Difusión será presidida por Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).
La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Gaíta, Sergio Ducca y Garazzi como titulares, y Gargatagli como suplente.
Entretanto, Carlos Laplacette estará a cargo del servicio de orientación legal en libertad de prensa, y Nicolás Novoa, en el servicio de orientación legal en propiedad intelectual, mientras que Ducca será titular del servicio de orientación tributaria.
Finalmente, D’Alessandro continúa como director ejecutivo de ADEPA y Gabriel Matijas como gerente general.
El foro anual en el que se renovaron las autoridades de ADEPA se realizó en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán y tuvo, entre sus principales actividades, un encuentro entre Joaquín Morales Solá, columnista de , y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; capacitaciones vinculadas al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la industria periodística; y la presentación del informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país.
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