El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional un paquete de reformas económicas que en las próximas horas el Ejecutivo deberá enviar al Congreso: se trata de una nueva carta orgánica del Banco Central, un proyecto de “grillete fiscal” para evitar un presupuesto deficitario, así como una ley para reformar el mercado de capitales y otra para los seguros.

El mandatario presentó en su exposición los lineamientos conceptuales de las cuatro iniciativas parlamentarias, pero aún se desconoce la letra chica de cada una. Tras la cadena nacional, la Casa Rosada formalizará el envío de cada proyecto a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem.

Una vez que los proyectos ingresan por mesa de entrada, comienza el derrotero parlamentario en sí, que contempla una serie de instancias clave antes de su sanción definitiva. Dada la transversalidad de las leyes, se descuenta que el oficialismo hará su “giro” a distintas comisiones especializadas: al menos la de Presupuesto y Hacienda —hoy encabezada por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch— y Legislación General —conducida por el oficialista Santiago Santurio—.

Las leyes que enviará el Gobierno al Congreso

Sin conocer aún los detalles de cada iniciativa, Milei anunció que el paquete de reformas económicas contempla cuatro iniciativas distintas.

La primera es la reforma del Banco Central que contempla restringir su misión a la de “preservar el valor de la moneda”. La iniciativa también contempla una prohibición al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, y a la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

La nueva carta orgánica estipula que el presidente del Banco Central y al directorio solo podrá ser removidos con dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso (Senado y Diputados). Este cambio es significativo porque actualmente el titular del BCRA, Santiago Bausili, está designado en comisión: su nombramiento no fue aún aprobado por el Senado, que nombra dicho cargo por seis años.

Un último punto del proyecto prevé restringir pagos de dividendos “por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez” y eliminar lo que Milei llamó “la estafa de las letras intransferibles.”

La segunda ley que Milei presentó fue la de “Grillete fiscal”, que contempla si el resultado fiscal es deficitario entrará en vigencia automática un shutdown estatal que solo garantizará los servicios básicos: salud, defensa, educación y asistencia social y previsional.

La ley de Mercado de capitales que propone el Gobierno buscará desregular el mercado de capitales y la ley de Mercado de seguros permitirá que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa.

El derrotero parlamentario

No hay plazos formales para que las leyes se debatan en primera instancia en las comisiones, pero el oficialismo buscará apurar su tratamiento, sobre todo porque en septiembre se abre otro frente parlamentario clave: el Presupuesto del próximo año. Por ley, el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año. La iniciativa de gastos públicos también es discutida en el ámbito de la comisión especializada, aunque suele votarse hacia fin de año o incluso en sesiones extraordinarias en el verano. Además en el Congeso el oficialismo tiene otros tema de peso en agenda: la denominada ley de “inocencia fiscal” y la ley de Propiedad Privada, que aún no pudo avanzar en el Senado.

También se desconoce formalmente si el paquete de leyes económicas serán cuatro leyes separadas o una misma reforma económica integral. En todo caso, en el ámbito de comisiones el Gobierno enviará a funcionarios para defender los cambios.

Sin tener mayoría propia, La Libertad Avanza buscará acordar la letra final de cada ley con sus aliados habituales: el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. Eso quiere decir que las iniciativas de leyes puede sufrir modificaciones. Recién con una mayoría de firmas en las comisiones las leyes pueden ser giradas para su votación en el recinto de la cámara.

Para lograr la media sanción LLA necesita la mayoría de los votos. Tras su aprobación, las leyes tienen que ser giradas al Senado para su sanción definitiva. Si en la Cámara alta se incorporan modificaciones a los textos aprobados en Diputados, las iniciativas tienen que volver a su cámara de origen para la sanción definitiva.

Así, el calendario parlamentarios del Gobierno depende de distintas variables: el ritmo de la negociación con los bloques dialoguistas —claves para garantizar el quórum y una mayoría cómoda— y la agenda de sesiones que definan sus espadas, desde Martín Menem en Diputados a Patricia Bullrich en el Senado, pasando por la negociación que pueda entablar el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli. La aspiración máxima del Gobierno es terminar el año con las reformas aprobadas. “Confío en que el Congreso acompañe las reformas que cambiarán a la Argentina para siempre”, enfatizó Milei en su cadena nacional.

Banco Central, Javier Milei, Congreso

El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.

Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.

En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.

“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.

En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.

“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.

Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.

El Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país y habilitar la expulsión de extranjeros que promuevan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra la Argentina.

Rápidamente, la medida presentada como respuesta a una supuesta “campaña anti-Argentina” despertó cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sobre la potestad del Presidente para modificar una ley a través de un DNU.

En dialogó con TN, Diego Armesto, abogado constitucionalista, aseguró que la medida es inconstitucional, ya que “el Decreto de Necesidad y Urgencia debe reunir los requisitos establecidos por la Corte Suprema, que son dos: que el Congreso no pueda reunirse y que la necesidad y urgencia sea tal que no pueda utilizarse el proceso de formación y sanción de la ley”.

“Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si estas circunstancias, ¿se dan en este caso? No“, agregó el profesional.

El debate por los “mensajes de odio”

Sobre el punto que habilita la expulsión o la restricción del acceso al país por un “mensaje de odio”, Armesto explicó la dificultad de determinar cuál sería un mensaje de este tipo: “Lo que pasa es que, al no existir un procedimiento establecido dentro del decreto para poder encuadrarlos; solo hay una palabra: odio. Es decir, a vos no te identifica la acción por la cual vos podés tachar que existe odio, entonces te desconfigura la acción y, principalmente, te desconfigura el verbo, porque el verbo es odiar. Entonces, yo tengo que aplicar el diccionario y tratar de encontrar qué quiere decir y qué es odio”.

“Entonces, ¿qué acción encuadra dentro de esa definición? ¿Quemar una camiseta de Messi, gritar en contra de Argentina? Bueno, ese es un problema grave que tiene y adolece el decreto”, reiteró Armesto.

En esa línea, el abogado constitucionalista Mariano Bär agregó que esa falta de definición choca con otras leyes: “Cuando está en juego la libertad de expresión, siempre se entra en tensión con otros derechos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo el ejercicio de la libertad de expresión donde yo puedo decir cualquier cosa de la política pública o de temas de agenda pública, respecto de personas particulares donde el escrutinio es más estricto”.

En esa línea, el letrado agregó que “sí hay una diferencia en que uno pueda tender a decir barbaridades de, por ejemplo, los políticos, sin que eso traiga una sanción aparejada. Eso es lo que entra en tensión. Pero, igual, habría que ver qué sería discursos de odio contra el pueblo argentino”.

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Ambos expertos coincidieron en la falta de precisiones sobre cómo se cumpliría la norma. “No sé. Por ejemplo, no sé si será la persona que te recibe en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en migraciones, van a resolver un reglamento de migraciones. La verdad, la norma no termina de resolver cómo se va a aplicar esto del odio. Esto es un un signo de interrogación”, dijo Armesto.

“Es un tema delicado de cómo se va a determinar que es un discurso de odio. Y si, por supuesto que choca con el derecho a expresarse libremente que tenemos todos en en el país. ¿Y cómo garantizar el cumplimiento? No lo sé. A través de de migraciones, pero no hay especificaciones», añadió Bär al respecto.

El abogado constitucionalista Félix Lonigro cuestionó el instrumento elegido por el Gobierno para modificar la legislación migratoria.

“Lo que es muy cuestionable es el instrumento. El Presidente, para poder meter mano en esta materia, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar su sanción. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales“, afirmó en declaraciones a Clarín.

No obstante, Lonigro diferenció el mecanismo utilizado del contenido de la norma. A su entender, la incorporación de una causal para revocar la residencia de extranjeros que agredan al pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios resulta, en términos generales, “lógica” y “adecuada“.

Sin embargo, advirtió que la aplicación de esa sanción plantea otro problema constitucional, ya que la decisión queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que depende del Poder Ejecutivo.

“Debería ser un juez quien evalúe si se produjo esa ofensa antiargentina o no“, sostuvo el constitucionalista. En ese sentido, consideró que una medida de esa naturaleza requiere control judicial para garantizar el debido proceso.

Javier Milei, Migraciones, Gobierno