POLITICA
Pese a las tensiones entre Llaryora y Schiaretti, el PJ evita las internas por la conducción partidaria
CÓRDOBA.- Las fuerzas políticas en Córdoba empezaron sus movimientos de cara a la elección de gobernador de 2027. En el oficialismo provincial, donde se profundizó la tensión entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti, habrá internas, solo en algunos departamentos, el 3 de mayo, ya que con negociaciones lograron una “unidad” para evitar exponer las fricciones.
Por el lado de la oposición, el radical Marcos Ferrer, quien responde al exdiputado nacional Rodrigo de Loredo, propuso una interna abierta entre libertarios, la UCR, el juecismo, Pro y Encuentro Vecinal para definir candidatos. Una iniciativa que difícilmente acepten los mileístas.
Los roces entre Llaryora y Schiaretti se acrecentaron con el paso de los meses, después de que La Libertad Avanza (LLA) ganara con comodidad las elecciones legislativas del año pasado. Esas diferencias ya se exponen en las posiciones del cordobesismo en Diputados.
Schiaretti mantiene un perfil bajo, lejos del que se proyectaba cuando decidió ser candidato a legislador nacional y el impulsor de Provincias Unidas, fuerza que tampoco logró los resultados esperados. Por un problema de salud recién asumió formalmente su banca en el inicio del período extraordinario; antes había mediado para que Miguel Pichetto (quien incluso quiere que los cordobeses se sumen al armado que impulsa para el PJ nacional) y Nicolás Massot no dejaran el interbloque Unidos.
Pilar Camacho
Ya en el armado de la lista para Diputados hubo diferencias entre los dos líderes del peronismo cordobés, mientras que Llaryora intentó que Natalia de la Sota no abandonara el espacio, Schiaretti no mostró interés en retenerla. A eso se suman desacuerdos por la estrategia y la gestión del mandatario. En lo que ya es un hábito, el exgobernador no habla con la prensa y solo se pronuncia por sus redes sociales.
A mediados del año pasado, Schiaretti -siguiendo una ley no escrita de la fuerza- dejó la presidencia del partido en manos de Llaryora, quien resolvió avanzar con listas únicas en la mayoría de los distritos y evitar una confrontación abierta.
Todo ocurre en un momento en que los ciudadanos no quieren escuchar de estos temas y en que la administración provincial atraviesa una coyuntura bien complicada, con una paritaria sin cerrar con los docentes, caída de ingresos y ralentización de la obra pública. La interna, en cambio, se trasladó al terreno de las negociaciones previas, donde se definieron lugares y equilibrios.
El actual gobernador presidirá el Consejo Provincial, y el legislador Facundo Torres (que tuvo un rol clave en el ordenamiento de la tropa) se mantendrá como alterno. El schiarettismo mantuvo presencia en la estructura -tanto en cargos partidarios como en referencias departamentales-, lo hizo en un rol más acotado, cediendo centralidad frente a una nueva camada de dirigentes alineados con la gestión actual.
Para Llaryora el control del PJ no es un objetivo menor, se trata de una herramienta estratégica para gestionar la política provincial, ordenar la dirigencia y proyectar el futuro electoral. Busca construir una estructura propia que le permita no sólo sostener la gobernabilidad, sino también definir candidaturas y alianzas hacia 2027.
Desde su espacio, Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota también hará su apuesta en las elecciones del año próximo.
Los libertarios están convencidos de que, mientras la buena imagen y la intención de voto acompañen al presidente Javier Milei, es un “puro” quien debe ser el candidato a gobernador. Ahí, de manera indiscutible, las miradas convergen en Gabriel Bornoroni. El jefe de la bancada oficialista en Diputados trabaja en sumar intendentes del interior al armado para ganar territorialidad y, por el momento, no habla públicamente del 2027.
El aliado libertario Luis Juez siempre dijo que volvería a postularse, con lo que -si el contexto no cambia- deberá repensar su estrategia. Una posibilidad que algunos referentes nacionales de LLA deslizan es que podría acompañar a Bornoroni en la fórmula. “Falta mucho”, agregan inmediatamente después.
Otro anotado es el radical De Loredo. Ayer Ferrer su socio político y presidente del comité provincial de la UCR, planteó una interna abierta para definir el candidato: “Creemos que una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes: 1) es democrática; 2) permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos; 3) puede hacerse una campaña breve y austera. La unidad llevará al cambio que piden y necesitan los cordobeses. El diálogo entre los presidentes es el primer paso hacia esa unidad”.
April 16, 2026,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial
La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.
Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.
El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.
Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.
En las últimas semanas, otros sindicatos importantes llegaron a acuerdos salariales, en su mayoría alineados con la pauta del Gobierno. Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.
De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.
De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.
Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.
Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.
Hace casi tres semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.
Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.
La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.
Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.
Mientras, el Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro gremio del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta el riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.
El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.
La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial e insisten para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.
El dato que suma presión de los sindicatos para lograr mejores aumentos fue que la inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló un 27,9% en los últimos 12 meses. El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Citan a indagatoria a la exministra Vizzotti y al empresario Sigman por las vacunas contra el Covid
El juez federal Ariel Lijo citó a declarar en indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Lijo ordenó estas indagatorias a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que había presentado un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnudó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
Sigman fue citado para el 19 de mayo próximo; Cahn, para el 26 de mayo, y Vizziotti, para el 2 de junio. Junto a ellos fueron citadas otras doce personas.
En su dictamen, de 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
La fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
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POLITICA
Avanza la causa contra Adorni por el vuelo a Punta del Este: los detalles de los contratos de la productora de Grandio con la TV Pública
La TV Pública firmó al menos seis contratos de coproducción con la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío —señalado como amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni—, según información oficial difundida por Radio y Televisión Argentina (RTA).
Los acuerdos abarcan programas de entrevistas, contenidos de streaming y un ciclo radial, con distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
De acuerdo con RTA, “Grandío no se halla contratado como personal bajo relación de dependencia en la empresa en modalidad alguna”. Sin embargo, la productora que encabeza tuvo participación directa en varios contenidos emitidos por la TV Pública y Radio Nacional.
El detalle de los contratos muestra una estructura común: Imhouse asume los costos de producción —incluido personal, equipamiento técnico y derechos de autor ante entidades como Argentores, SADAIC y SADEM— y también se hace cargo de eventuales reclamos judiciales. A cambio, percibe ingresos publicitarios hasta cubrir los costos, y luego comparte ganancias con el Estado.
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El primero de los acuerdos relevados fue firmado el 17 de abril de 2024 entre el entonces interventor Diego Martín Chaher y Horacio Silva, presidente de Imhouse. Se trata del programa radial “La caja de Pandora”, emitido por AM 870. En este caso, la productora abonó a RTA $1.000.000 por todo el contrato y retuvo el 100% de los ingresos publicitarios.
Meses después, el 27 de agosto de 2024, el exinterventor Eduardo González firmó un contrato para producir “Giros en Línea Recta”, un ciclo de entrevistas conducido por Grandío. El acuerdo contemplaba 10 episodios desde septiembre de ese año, con un costo total de $5.883.995 más IVA. Según las condiciones, Imhouse explotaba la publicidad hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, los ingresos se repartían en partes iguales con RTA. Si la facturación no alcanzaba, la productora asumía la pérdida.
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Ese mismo formato se repitió en contratos posteriores. El 27 de marzo de 2025, también con González, se firmó una nueva tanda de 10 capítulos del mismo ciclo, con un costo de $900.000 más IVA por episodio. Luego, ya bajo la intervención de Carlos María Curci González, se avanzó con otros 16 capítulos desde septiembre de 2025, con un costo de $1.097.500 más IVA por programa.
En paralelo, Imhouse amplió su presencia en contenidos digitales. El 29 de agosto de 2025 se firmó un contrato para “Enredados”, un programa de streaming de 20 capítulos emitido en plataformas como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. El costo por episodio fue fijado en $900.000 más IVA, bajo el mismo esquema de recuperación vía publicidad.
Poco después, el 13 de octubre de 2025, se sumó “La Sala”, otro ciclo de streaming, esta vez por 50 capítulos, con un costo de $950.000 más IVA por programa. En todos los casos, la lógica se mantuvo: la productora asume el riesgo económico inicial y accede a los ingresos comerciales.
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Además de estos seis contratos —cinco vinculados a la TV Pública y uno a Radio Nacional—, RTA aportó infraestructura clave para la producción: aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, personal técnico, seguridad y equipos de producción.
El esquema contractual quedó bajo la lupa en medio de una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni. Días atrás, el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas de prueba en una causa por presunta malversación de fondos, en la que también aparece Grandío. Entre otras diligencias, solicitó los registros migratorios de ambos desde 2023 y el análisis de posibles vínculos en viajes al exterior.
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La causa se originó por el uso de vuelos privados para un viaje a Punta del Este y se amplió con nuevos elementos. Según una testigo, el periodista habría abonado el traslado y pedido que no se emitiera factura, lo que derivó en una investigación paralela por posibles coacciones.
En paralelo, otro expediente analiza transferencias de dinero de Imhouse a Adorni por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Esos movimientos fueron detectados tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto por la Justicia.
Manuel Adorni, TV Pública
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